Los anuncios sobre nuevas medidas para controlar la brecha cambiaria y obtener financiamiento en pesos mediante la venta de títulos públicos impactaron negativamente en el mercado de bonos, que antes de la apertura oficial se desplomaban hasta 5%.

Luego de la reunión del Ministro de Economía con los agentes del mercado local, los títulos en dólares moderaron sus bajas, que de todas formas llegan al 3,5% pasado el mediodía.

La iniciativa oficial, que fue dada a conocer el martes a la noche, aún no se plasmó en un Decreto, por lo que los inversores tratan de comprender la medida y reaccionan con ventas.

Esto impacta en las cotizaciones financieras también. aunque el consenso de los analistas espera que la caída de los precios en este frente sea temporal. El dólar contado con liquidación cede 0,3% y opera a $ 398,38. En la calle también cae el precio del blue: pierde $ 3 y se consigue a $ 391.

En un día clave para los mercados globales, en el que se conocerá la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés en Estados Unidos, los bonos en dólares iniciaron la rueda con profundas caídas. Los bonos de más largo plazo son los que más sufren: el Global 2046 cede 3,5%.

​En el Gobierno insisten en que la medida apunta a «darle más profundidad al mercado de bonos en dólares bajo ley local». Según el Secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, la compra de tenencias de bonos globales de entes públicos, «permitirán bajar la deuda pública ley extranjera (globales), en unos u$s 4,000 millones inicialmente».

Sin embargo, en el mercado dudan de la efectividad de la medida y cuestionan los «efectos colaterales» que puede tener sobre el frente financiero. Un colega de Rubinstein  señaló antes de la apertura de las bolsas, las caídas en los precios se deben a las dudas que genera el plan de contingencia que presentaría este miércoles el Gobierno.

«Es una operación mala, no es lo que necesita la economía en este momento y habla de la falta de rumbo que tiene la dirigencia», opinó otro actor del mercado local, que planteó que en materia de control de la brecha cambiaria y la presión inflacionaria los resultados de esta medida serán «inocuos».

La caída de los precios de los bonos dolarizados hace que el riesgo país se dispare 4,8% y vuelva a coquetear con los 2.500 puntos: pasado el mediodía el indicador de JP Morgan se ubica en 2.447 unidades.

«Las autoridades comienzan a buscar alternativas para continuar ganando tiempo al costo que sea necesario. Inversores locales que están atados al cepo ya no demandan títulos en pesos, mientras que inversores extranjeros desarman continuamente posiciones de bonos hard-dollar», señalaron en el banco corporativo CMF.

«A priori los efectos serán negativos para las paridades e inconcluso para la brecha y el CCL (con Guzmán las ventas e intervenciones tuvieron prácticamente nulo efecto positivo), y los saldos netos marcarán ciertamente un deterioro dados los precios de compra de enero contra potenciales precios de venta actuales», añadieron en la entidad, que tiene como portfolio manager al ex vicepresidente del Central, Gustavo Cañonero.

En un reporte para sus clientes, analistas de Delphos señalaron:  «El cabo suelto (o desconocido aún) de esta operación que estaría por presentar el Ministerio de Economía reside en lograr una demanda genuina o regulatoria de los Bonares de manera de evitar un desplome de sus paridades que aborte la operación incluso antes de lanzarse».

«Se trata de una emisión ‘encubierta’ de nuevos bonos (aunque son ‘viejos’) para conseguir nuevo financiamiento para el Tesoro. Si los compradores de Bonares surgen de ventas previas de bonos en pesos que termine finalmente comprando el Banco Central en el mercado secundario, entonces será indirectamente el Central el que financie al Tesoro.»

En el mercado de acciones, las empresas argentinas que cotizan en Wall Street se mueven en su mayoría en baja, con caídas que llegan hasta casi 3%. Esto impacta en el índice Merval y la bolsa porteña cede 0,2%.

Rodeada por expresidentes y juristas de Iberoamérica, y ante un auditorio colmado por funcionarios que le pidieron con cánticos, una y otra vez, que sea candidata a la presidencia, Cristina Kirchner cerró este martes el foro del Grupo de Puebla afirmando que su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad y los otros expedientes que enfrenta en la Justicia no tienen que ver con hechos de corrupción, sino con que su gobierno “redistribuyó el ingreso” e “igualó la sociedad”. Y advirtió: “No nos van a perdonar nunca”.

“No nos persiguen porque somos populistas, de izquierda, de derecha, de abajo o de arriba: no, [nos persiguen] porque igualamos a las sociedades”, postuló la vicepresidenta desde el auditorio principal del Centro Cultural Kirchner, y agregó: “El verdadero objetivo del lawfare es la criminalización de una política que tiene que ver con la redistribución del ingreso, con la movilidad social ascendente para que nuestras sociedades no queden cristalizadas entre ricos y pobres”.

Para la vicepresidenta, el “lawfare” vino a sustituir la doctrina de seguridad nacional y al partido militar, con un nuevo protagonista: “El lawfare no se explica sin los medios de comunicación. Las sentencias se escriben en los medios y después un juez y un fiscal las suscriben”, dijo.

Como en sus últimas intervenciones, la vicepresidenta planteó que con la dictadura de 1976 se instauró “la economía bimonetaria en la Argentina” y destacó que, al llegar al poder Néstor Kirchner, la agenda de derechos humanos “no figuraba en ninguna encuesta”.

Además algunas críticas sin nombre hacia Javier Milei y Gerardo Morales, la vicepresidenta se ocupó del presente también al alertar por la urgencia del combate al narcotráfico y señalar que la verdadera batalla se debe dar en el entramado financiero que “lava la guita” de las bandas. En ese caso, no dio cuenta de qué se hizo al respecto durante las cuatro gestiones kirchneristas.

Luego cuestionar la gestión económica de Cambiemos, Cristina Kirchner volvió sobre el lawfare. Dijo que “la persecución política no solo busca reimponer otro modelo económico, sino disciplinar a los dirigentes del campo nacional y popular”.

“¿Quién se va a animar, a por ejemplo, a nacionalizar las AFJP?”, preguntó Cristina. El auditorio le respondió con su nombre. “No, no, no, esto es tarea de una sociedad, no de una persona”, escapó rápido a la presión la vicepresidenta, y volvió a la senda del lawfare. “No me interesa si me van a condenar, lo que me interesa es construir un estado democrático en el que las garantías de la Constitución no sean cartón pintado”, cerró.

El panel final del Grupo de Puebla, pensado inicialmente para celebrarse luego de que se conociera la condena por el caso vialidad, pero pospuesto luego del atentado a la vicepresidenta, fue moderado por el diputado Eduardo Valdés e integrado por los expresidentes José Rodríguez Zapatero (España), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia) y Evo Morales (Bolivia), además del exjuez español Baltasar Garzón, la abogada brasileña Gisele Ribocom y el coordinador del Grupo de Puebla, Marcos Enríquez-Ominami (Chile). Entre el público, Pepe Mujica (Uruguay) captó también atenciones y elogios.

Baltasar Garzón definió al fallo de la causa Vialidad como un “engendro de 1600 páginas que no llamaría sentencia”. Agregó que “no existe esa prueba” en el fallo, que a los jueces “le faltó la fuerza de la convicción” y que lo que se persigue es “la proscripción” de Cristina.

“No necesitamos leer la sentencia para que tus amigos sepamos que eres inocente”, le dijo Samper a la vicepresidenta. “Cuando no nos derrotan política, electoral o culturalmente intentan judicialmente, y es el caso de la hermana Cristina”, agregó Morales.

Rodríguez Zapatero se mostró aún conmovido por el atentado contra Cristina Kirchner y confiado en que la Justicia finalmente pondrá las cosas en su lugar. “Jamás inicié una acción judicial contra mis adversarios, porque sabía que les iba a ganar en las urnas”, arengó el español. Recibió un aplauso cerrado del panel y el auditorio, colmado por dirigentes del oficialismo, que impulsó denuncias no solo contra los exfuncionarios de Cambiemos, sino también el actual juicio político contra la Corte Suprema.

“Como juristas, nosotros vamos a denunciar a la Justicia argentina, que por un lado no muestra interés en investigar el atentado, y a la vez muestra saña contra la vicepresidenta”, dijo Ribocom, que comparó la inhabilitación perpetua con un “magnicidio civil” a Cristina. Para volver a animar los cánticos del auditorio, recordó que en su país, Lula da Silva, volvió al poder tras ser condenado. “Cristina presidenta”, estalló la tribuna.

En los paneles anteriores se había destacado por su vehemencia el discurso de Correa, que más allá de un enojo pasajero por fallas técnicas durante su presentación, apuntó contra los fiscales y jueces que lo investigaron y condenaron por corrupción en su país. También la exposición del senador Oscar Parrilli (Neuquén), que disparó munición gruesa contra los magistrados que el kirchnerismo tiene en la mira: la lista, expuesta con fotos, incluyó a los jueces Julián Ercolini, Martín Irurzun, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Gustavo Hornos y Jorge Gorini, a los fiscales Eduardo Casal, Carlos Stornelli, Juan Bautista Mahiques, Diego Luciani y Carlos Rívolo, además de los cortesanos Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

Siguen los idas y vueltas entre Nación y la Provincia de Buenos Aires por despliegue de gendarmes en el Conurbano. Tras haber pedido explicaciones a la Casa Rosada en una carta y en un mensaje claramente dirigido al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo este martes que no está “para la polémica” sino “para la coordinación”.

El conflicto nació la semana pasada, cuando se dio a conocer que por decisión del Gobierno nacional se crearán cinco unidades con fuerzas federales en La Plata, La Matanza, Tigre, Pilar y Avellaneda, para lo cual el Ministerio de Seguridad enviará unos mil gendarmes en los próximos días al distrito más poblado del país.

Tras surgir la noticia, el gobernador Kicillof le envió una carta al ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, en la que le pidió que informe si la propuesta fue coordinada con algún funcionario provincial, como también las funciones, responsabilidades y capacidades operativas que tendrán dichas bases.

“Yo no voy a polemizar con el ministro Aníbal Fernández. Creo que no vale la pena. Venimos solicitando el envío de gendarmes desde que estaba como ministra Sabina Frederic. Siempre solicitamos enfáticamente el envío de 6 mil gendarmes. Hubo muchas conversaciones, incluso con el Presidente, sobre este tema, pero todavía no mandaron ninguno de esos 6 mil”, dijo Kicillof esta mañana en declaraciones a radio Provincia.

Luego, el mandatario provincial planteó que “si los gendarmes son para el narcotráfico, es una atribución y una tarea de Nación que no deben coordinar con nosotros; pero si despliegan gendarmes por temas de seguridad ciudadana, hay que coordinar con el Ministerio de seguridad bonaerense”.

“Estamos pidiendo coordinación. No estamos para la polémica, sino para la coordinación: cuándo, dónde y con qué fin los van a desplegar”, reiteró Kicillof, y añadió que “nunca quiso entrar en polémicas”. “Quiero resultados y hace 3 años que pujamos por esto. Sigo esperando que haya un despliegue de gendarmes en la provincia de Buenos Aires”, agregó.

El lunes, luego de que estallara la polémica, Aníbal salió a justificarse. En declaraciones a CNN radio, el funcionario dio una detallada explicación sobre las reuniones que se hicieron con los secretarios de Seguridad de todos los distritos del conurbano bonaerense para coordinar la medida.

“¿Por qué no lo saben? Muchachos, si ustedes están viendo otro canal, yo no tengo la culpa. Nosotros trabajamos todos los días de la misma manera”, agregó en referencia al desconocimiento por parte del mandatario bonaerense y de Berni sobre la medida. Consultado sobre la carta de Kicillof, respondió: “La respuesta tiene que ser inmediata, por eso me da bronca lo de la carta”.

Respecto de si fue el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, quién le pidió el envío de fuerzas federales, Fernández usó una ironía que deja en claro que la relación entre ambos no atraviesa un buen momento: “No, el señor es muy importante para hablar con nosotros, no habla con terrenales, habla con semidioses como la mitología griega”.

Por último, más calmado, el ministro de Seguridad agregó que los cinco comandos unificados van a permitir “actuar con rapidez” y también “estar presentes” en zonas azotadas por la inseguridad y la violencia.