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Los secretos de la larga búsqueda de un ermitaño llamado ‘Josu Ternera’

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Durante casi siete años, desde septiembre de 2006 a julio de 2013, José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, residió escondido y de incógnito en una casa de piedra, a la falda de un monte, al pie de los Pirineos franceses. El lugar, al que se accede por un camino de tierra en cuesta, se denomina Ordas, y está dentro del término municipal de Durban-sur-Arize, un pueblecito de montaña de 100 habitantes sin bar ni mucha cobertura, aposentado en un valle atravesado por un río. El vecino que ocupa la casa de al lado, y que vive, entre otras cosas, de vender por los pueblos de la zona los pollos que cría y que asa en una parrilla ambulante, recuerda ver a Ternera casi cada mañana de todos esos años levantarse muy temprano para salir a correr o a caminar por la montaña, montar en bici, partir leña o dedicarse a la jardinería. Al principio se limitaban a saludarse a distancia, porque Daniel Martín, que era la identidad que Ternera utilizaba en ese lugar, era, según el vecino, un profesor retirado, reservado y poco hablador. Después se hicieron amigos. Durante todo ese tiempo, Ternera permaneció solo en la casa de esa granja remota sin hablar con nadie más que con un par de vecinos, sin recibir más visitas que las de su pareja y sin abandonar apenas los alrededores. Él asegura que por entonces ya no pertenecía a ETA.

El 15 de julio de 2013, a las seis de la mañana, el vecino, que prefiere no dar su nombre, se despertó con una explosión y los gritos y las carreras de medio centenar de policías franceses encapuchados y armados con metralletas y fusiles que buscaban algo o a alguien en la casa de Daniel. Poco después, se enteraba de tres cosas: que Daniel no era quien decía que era, que no se llamaba como decía que se llamaba y que se había escapado.

Bomberos y voluntarios, en tareas de desescombro tras el atentado de ETA en Zaragoza, el 11 de diciembre de 1987.
Bomberos y voluntarios, en tareas de desescombro tras el atentado de ETA en Zaragoza, el 11 de diciembre de 1987. EFE

La biografía de Urruticoechea, de 71 años, actualmente en libertad vigilada en Francia, se confunde con la de ETA. Entró con 20 años y participó en el robo de la dinamita utilizada en el asesinato de Carrero Blanco en 1973. La policía considera que se convirtió en 1987 en el jefe máximo de la banda, en una etapa especialmente sangrienta por el uso de los coches-bomba. En 1989 fue encarcelado en Francia y trasladado a España en 1996. En octubre de 1998 fue elegido parlamentario vasco y en 2000 el Tribunal Supremo archivó sus causas por estar ya juzgadas en Francia. Sin embargo, en 2002 la justicia le abrió un nuevo proceso, acusándole, precisamente, de formar parte de la dirección etarra que tomó la decisión de poner el coche bomba en la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza el 11 de diciembre de 1987 que mató a 11 personas, cinco de ellas niños. Ternera huyó entonces de España. Comenzaba un largo periodo de jugar al gato y al ratón con la policía que duró 17 años, hasta mayo de 2019. Todo ese tiempo vivió oculto, en lugares apartados, siempre enmascarado en identidades falsas, aunque no hay constancia de que usara documentación fraudulenta.

Jacques Palusci, también vecino de la granja de Ordas, es quien le prestó la casa. “Yo conocía a su mujer, Agnès Cerlo, desde hacía mucho. Yo entonces vivía en Toulouse y venía a los Pirineos solo los fines de semana. Ella me pidió si podía dejarle la casa a su amigo, para pasar unos días de reposo”, contaba Palusci la semana pasada a EL PAÍS. Al nuevo inquilino, el lugar, según explica Palusci, le gustó tanto que quiso llegar a un acuerdo con el dueño: se encargaría de cuidar la casa, de mantenerla limpia, de cortar leña y de arreglar el jardín a cambio de poder vivir ahí sin pagar nada. “Acepté. Cuando yo iba los viernes o los sábados, le llevaba comida por encargo de Agnès. Él no compraba nada. No salía nunca de la granja o de sus alrededores. No tenía coche, ni moto. No respondía al teléfono fijo de la casa. Ni tenía correo electrónico. Ni tarjeta de banco. Me inculcó el vicio del deporte, de la bicicleta. Hablábamos de política. Yo le tenía por una persona de izquierdas, pero nunca pensé que podía ser un delincuente. Recuerdo también que a los dos nos gustaba mucho Paco Ibáñez”, cuenta.

Ternera ni siquiera se acercaba al pueblo. Los habitantes de Durban-sur-Arize no lo reconocen. Agnès, su pareja, con la que tiene una hija, le iba a visitar una vez al mes como mucho, según Palusci. “No eran una pareja común, de las que se ve a menudo”, comenta. El médico jubilado insiste en que Ternera pasaba todo su tiempo en las inmediaciones de esa granja remota, pero recuerda una larga ausencia, desde noviembre de 2011 a febrero 2013. Ternera le dijo a Palusci que iba a París a hacer una tesis doctoral. En realidad, se encontraba en Oslo e integraba la delegación etarra que, tras el anuncio del “cese definitivo de la violencia”, aspiraba a reunirse con el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy para negociar el desarme y la situación de los presos. Las negociaciones nunca se iniciaron y fue expulsado de Noruega. Volvió entonces a su vida de falso profesor en la granja de los Pirineos. Poco después fue descubierto.

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Portillo del jardín trasero de la casa de Ternera en Ordas por donde, según un vecino, escapó de noche de la policía.
Portillo del jardín trasero de la casa de Ternera en Ordas por donde, según un vecino, escapó de noche de la policía.©Toni Ferragut

La policía española había comunicado el 14 de julio de 2013 a sus colegas franceses que Urrutikoetxea podía esconderse en Durban-sur-Arize. Un juez francés autorizó la entrada y registro de la vivienda para el día siguiente. “Oímos una explosión en la puerta”, recuerda el vecino. “Nos sacaron a todos de nuestra casa. Nos apuntaron. Nos pusieron contra la pared. Incluso a mi madre”, recuerda el vecino. Y añade: “Luego los oficiales nos explicaron qué pasaba, quién era en realidad Daniel. Yo ya sospechaba que algo debía haber, porque aquí viene a esconderse mucha gente que tiene cuentas pendientes con la justicia, pero nunca me imaginé algo así”.

Tras entrar en la casa, los agentes solo encontraron a la mujer y a la pequeña. En el acta del registro, se destacaba que inspeccionaron “minuciosamente todas las habitaciones de la casa en busca de un posible habitáculo oculto” sin éxito. La policía concluyó que Ternera, al salir a correr o a caminar antes de amanecer, como era su costumbre, se había percatado de la presencia policial y había huido. El vecino asegura que Ternera le ha explicado que lo que ocurrió fue que escuchó o vio a las 11 o a las 12 de la noche a los policías y se escapó a esa hora por la parte de atrás de la casa, que da a un camino que comunica con una senda que se pierde en el bosque.

El juez francés ordenó entonces estrechar la vigilancia sobre el entorno del exjefe etarra. Una serie de documentos judiciales franceses permiten ahora reconstruir las investigaciones y las pistas seguidas a partir de ese momento por la policía francesa para dar con él. A Agnès Cerlo se le intervino el teléfono, se rastrearon sus cuentas bancarias y se colocaron balizas de geolocalización tanto en su automóvil ―denunció en 2017 haber encontrado una ― como en el carrito de paseo de su hija. Pese a ello, la policía francesa admitió en sus informes que Cerlo burló en siete ocasiones las vigilancias para poder encontrarse con Urrutikoetxea.

Vista frontal de la casa donde vivió el exjefe de ETA Josu Ternera en Ordas, en los Pirineos franceses.
Vista frontal de la casa donde vivió el exjefe de ETA Josu Ternera en Ordas, en los Pirineos franceses.©Toni Ferragut

Los agentes también controlaron el teléfono de la anterior pareja de Ternera, María del Carmen Laskibar, ―sin resultados “relevantes”― y de la mujer de su hijo Egoitz. Pero fue a este último, quien también estuvo vinculado con ETA, al que la policía francesa sometió a un mayor control, que se intensificó en septiembre y octubre de 2015, cuando el joven estudiaba en una universidad de París. Su teléfono fue intervenido y se controlaron las cabinas cercanas a su domicilio por si las usaba. También fueron vigilados seis amigos suyos. Finalmente, el hijo de Ternera fue detenido el 6 de octubre en su domicilio, donde no se le intervinieron documentos valiosos, salvo varias “fotografías familiares” de Ternera de años anteriores. Cuando fue interrogado, Egoitz dijo no conocer el paradero de su padre.

En mayo de 2016, es decir, casi tres años después de escapar al cerco de Los Pirineos, una denuncia anónima puso a la policía sobre la pista de un número de móvil supuestamente utilizado por Urrutikoetxea. Se trataba de una tarjeta prepago adquirida en 2014 en Saint-Herblain, cerca de Nantes. La tarjeta solo había sido utilizada en la zona de Las Landas y para muy pocas llamadas. El análisis de la tarjeta llevó hasta Philippe Lassalle, un ciudadano francés con antecedentes penales por haber ejercido como intermediario de ETA en el mercado negro de armas. Un posterior rastreo del teléfono llevó a otro número, activado en Marsella, que, a su vez, recondujo a un cuarto, vendido de nuevo cerca de Nantes. Pero tampoco esta vez se llegó más lejos. “Los usuarios de estas conversaciones tomaban precauciones para evitar ser vigilados”, reza el informe policial.

Otra información anónima afirmaba que Ternera se había alojado, en 2013, en la casa del alcalde de Thoux, una localidad de 250 habitantes cerca de Toulouse, a un centenar de kilómetros de la granja donde había vivido. Pero la información resultó errónea. En agosto de 2017, otra fuente anónima lo situó en un hotel-restaurante de la región de la Alsacia. Los policías desplazados hasta allí mostraron a los trabajadores del hotel fotografías del fugitivo, pero nadie lo reconoció. Sin embargo, en el registro de huéspedes figuraba que meses antes se había alojado un tal Daniel Martín, el nombre falso utilizado los años de Durban-sur-Arize.

Josu Ternera, momentos antes de su detención en la puerta del hospital de Sallanches, el 16 de mayo de 2019.
Josu Ternera, momentos antes de su detención en la puerta del hospital de Sallanches, el 16 de mayo de 2019.

Ese mismo año, la policía española había trasladado a las autoridades francesas informaciones periodísticas que apuntaban a que Ternera padecía ciertos problemas de salud de los que, previsiblemente, se estaba tratando en una clínica privada francesa cerca de la frontera suiza, siempre bajo una identidad falsa. Tampoco se pudo avanzar entonces, pero, dos años después, a principios de mayo de 2019, la policía obtuvo otra información que casaba con la anterior. Una persona, bajo un nombre falso, trataba de concertar una cita médica en la zona de Los Alpes. La Guardia Civil desplegó un dispositivo por los centros médicos de la zona, excluyendo solo a dentistas y podólogos. El 19 de mayo lo vieron bajarse de un coche para entrar en el hospital de Salanches, en la región de Ródano-Alpes. Los últimos seis meses había vivido en una aislada cabaña de montaña en el Plateau de la Croix, una zona casi deshabitada al pie del Mont Blanc.

En el pueblo de 250 habitantes más cercano a la cabaña, Saint-Nicolas-de-Véroce, conocían a Ternera por Bruno Martí, un reservado y amable escritor venezolano que se había refugiado allí en busca de inspiración. Le veían con frecuencia salir a caminar, siempre muy temprano, por rutas apartadas de montaña. El dueño de la cabaña, Francis C., aseguró a la policía que conoció a Ternera mientras hacían senderismo, pero las investigaciones revelaron que había sido presidente de la asociación que gestionaba un refugio de montaña en el que Egoitz, el hijo de Ternera, había trabajado hacía tiempo. Un pequeño hilo del que la policía no tiró.

Las causas pendientes del exjefe etarra

Encarcelado en la prisión parisina de La Santé tras su detención, José Antonio Urrutikoetxea consiguió, en julio de 2020, que un tribunal francés le concediera la libertad vigilada bajo el control de una pulsera telemática. Pasó a residir en la sede de una comunidad religiosa en el centro de París, la Congregación del Santo Espíritu, de la que salía a estudiar en la universidad. Un año después, la justicia gala le retiró la pulsera y le permitió residir en la localidad vascofrancesa de Anglet, junto a su pareja, con la única obligación de comparecer periódicamente ante la comisaría más cercana a su domicilio. Allí residía cuando, en septiembre del año pasado, fue absuelto por un tribunal francés de un delito de pertenencia a ETA entre 2011 y 2013 en el primer juicio celebrado contra él tras su arresto en 2019. El histórico dirigente etarra tiene todavía pendiente otra causa en Francia. Hasta que se celebre esta vista, haya sentencia firme y, si es condenado, cumpla la condena, no será entregado a la justicia española.

Cuando fue detenido, la Audiencia Nacional reclamó a Francia su entrega por cuatro causas. Por dos de ellas -el atentado de la casa cuartel de Zaragoza y la financiación de ETA mediante las herriko tabernas-, la justicia francesa ya ha autorizado su extradición a España. En la primera de ellas, la fiscalía pide para él 2.354 años de cárcel por 99 delitos de asesinato consumados o frustrados. De las otras dos, una fue por el sumario abierto por un delito de crímenes de lesa humanidad en el que también están encausados otros exjefes de ETA. La justicia francesa rechazó esta petición al estimar que ese delito no existe en el código penal galo. La cuarta causa es por el atentado de 1980 en Vitoria que costó la vida a Luis María Hergueta, directivo de la empresa Michelin. Francia aceptó en primera instancia concederla, pero Ternera recurrió la decisión y los jueces franceses aún debe pronunciarse. Además, el pasado enero, el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal admitió a trámite la querella interpuesta contra él y otros tres exjefes de ETA por su supuesta participación en la decisión de atentar en la T-4 del aeropuerto de Barajas en diciembre de 2006.

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Mercedes González, de soñar con ser alcaldesa de Madrid a dirigir la Guardia Civil en medio de la tormenta

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―Ya sabes que cuando me dan, respondo.

El bautizado como “encuentro Pimpinela” quedará en el recuerdo como una muestra del carácter firme de la todavía delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González. Acababa de acceder a un puesto que tradicionalmente ha supuesto un trampolín para el que lo ha ostentado y tenía al lado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que en ese momento era también portavoz nacional del PP. Era su primera rueda de prensa conjunta y ella no se calló cuando el regidor criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ella tildó de “cachondeo” la respuesta de Almeida. Va a necesitar mucha de esa firmeza para el reto que se dibuja en su horizonte, el de dirigir la Guardia Civil en medio de una tempestad. González, nacida en Madrid hace 47 años, será la nueva directora general de la Guardia Civil tras la dimisión este miércoles de María Gámez tras la imputación de su marido por corrupción. Su nombramiento deja en el aire muchas cosas en Madrid.

A principios de diciembre de 2021, Mercedes González reunió a gran parte de los socialistas madrileños en una nave en el barrio popular de Villaverde para empezar a vestirse de alcaldesa. Se trataba del acto de presentación de la agrupación de Madrid Ciudad, un nuevo órgano para agrupar a los 5.000 militantes socialistas de la capital y su puesta de largo no oficial como candidata a la alcaldía. Ese proyecto se truncó menos de un año después, cuando Reyes Maroto fue designada como la cabeza de lista del PSOE. González, mujer “de carácter”, como la definen muchos de los que la han tratado, nunca expresó públicamente su decepción, pero sí lo hizo en su entorno.

Allá por 2019, González fue la persona elegida por el PSOE para facilitar el aterrizaje de José Vicente Pepu Hernández en el Ayuntamiento de Madrid, cuando fue designado candidato sorpresa de Pedro Sánchez. Número dos del exseleccionador de baloncesto, ella fue la brújula del recién llegado ante los pasillos del poder y los problemas de los ciudadanos en una ciudad tan grande y compleja como la de Madrid. Desde entonces, su peso político no hizo más que crecer.

Primero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la eligió en 2021 como delegada del Gobierno, un puesto que los partidos ven como un trampolín para la política de primera línea desde que Cristina Cifuentes lo utilizó para darse a conocer al gran público. Luego, trabajó internamente para que triunfara la tesis de que el próximo candidato municipal debía ser alguien que llevara años de trabajo en la agrupación madrileña, y no un fichaje estrella (“Se acabaron los experimentos”, decían en su entorno. “Los paracaidistas no han funcionado, se ha demostrado en reiteradas ocasiones”). Y, finalmente, dio un paso que parecía definitivo: liderar la agrupación capitalina de nueva creación para dinamizar al PSOE en la ciudad.

Aquel camino estuvo acompañado de curvas. Con Juan Lobato elegido como nuevo secretario general, González, la portavoz capitalina Mar Espinar y la edil Enma López empezaron a acaparar los focos. Eso provocó tensiones internas. Primero, cuando López se quedó fuera de la dirección regional. Luego, cuando González y Espinar parecieron optar a la candidatura municipal. Y, finalmente, cuando llegó el momento de elaborar la lista electoral para los comicios del 28 de mayo.

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Para entonces, González ya sabía que la elegida de Sánchez para aspirar a la alcaldía era la ministra Reyes Maroto. Pero quiso hacer valer su peso específico como líder de la agrupación de Madrid capital para que la lista electoral reflejara sus galones, sirviendo de protección a aspirantes que no conocía la nueva líder. Las dos políticas llegaron a un acuerdo, según una fuente con galones del PSOE. El organigrama fue incluso comunicado a los integrantes de la lista. Pero todo saltó horas después por los aires: Maroto quería a más gente de su confianza, y hubo que reordenar la lista.

Tras la designación de Maroto, González ha seguido exprimiendo sus funciones como delegada del Gobierno, con una agenda repleta de reuniones con todo tipo de colectivos. Hace un año comenzó una ronda por los distritos para hablar con representantes vecinales sobre los problemas de seguridad de los barrios. Iba acompañada del jefe superior de Policía, Manuel Soto, y en cada encuentro estaba presente el comisario de la zona. La ocupación ilegal de viviendas y el trapicheo de drogas, junto con la publicidad desmedida de prostitución en las calles, son las reclamaciones más habituales que González ha escuchado en estas reuniones más o menos informales. También ha recorrido a pie barrios como Puente de Vallecas, después de que las agrupaciones vecinales la invitaran a conocer de primera mano los problemas con los que conviven y hace unos meses paseó por Lavapiés, en un momento en el que arreciaban las críticas por la presencia del tráfico de drogas y otra delincuencia en sus calles.

Su caballo de batalla como delegada han sido las bandas juveniles, que el año pasado dejaron en la Comunidad de Madrid al menos cinco fallecidos y que este año ya se han cobrado su primera víctima. Este problema ha representado una de sus obsesiones, especialmente después del primer fin de semana de febrero de 2022, una noche trágica en la que murieron dos jóvenes y otros tantos resultaron heridos en una decena de reyertas en toda la región. “Nosotros podemos reforzar la seguridad y la prevención, pero el arma principal para batallar esta lacra es la integración y la educación”, ha repetido numerosas veces. Bajo su mandato se ha activado el conocido como plan antibandas, que ha dejado centenares de detenidos e identificados en apenas dos años, pero al que le resulta difícil frenar la captación de menores. González también puso desde el principio el foco en la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral. Mantiene una relación fluida con las representantes de las asociaciones que trabajan en este ámbito y la primera rueda de prensa que ofreció como delegada fue con motivo de la desarticulación de una red de narcotráfico que explotaba a ciudadanos colombianos.

Mercedes González “duerme muy poco y está constantemente pendiente de todo lo que se publica”, cuenta un colaborador cercano. En el acto de presentación de la nueva agrupación socialista, González, madre de una hija, habló públicamente de la enfermedad que atravesó su marido, que requirió de un trasplante. “Gracias por cuidarme y por cuidarte todo este tiempo”, le dijo ante el micrófono.

Tras nombrar a cinco delegados del Gobierno en cuatro años, Sánchez envía ahora a González a la Guardia Civil. Eso marca un antes y un después en su carrera política. No solo por el paso que da, sino por lo que deja atrás. Vinculada a la política madrileña desde siempre, no es seguro que la exedil siga al frente de la agrupación capitalina, según una fuente con conocimiento de las dudas de la dirección regional. Esa organización tiene un papel clave en los planes del PSOE para las elecciones madrileñas del 28-M. Y la continuidad de González al frente no está asegurada.

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Policía Nacional y Guardia Civil hallan más de 100.000 pastillas de éxtasis en una casa de Mijas

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Paquetes del desalijo en Mijas (Málaga).
Paquetes del desalijo en Mijas (Málaga).guardia civil

Un paquete sospechoso, un chalé en Mijas (Málaga, 89.502 habitantes) y miles de pastillas de colores. Son algunos de los ingredientes de una operación policial que ha acabado con la intervención de 53 kilos de éxtasis repartidos en unos 100.000 comprimidos. Es una de las mayores incautaciones de esta droga en la Costa del Sol, cuyo precio total supera el millón de euros en el mercado negro. Cuatro personas de nacionalidad británica han sido detenidas en la provincia malagueña como parte de una organización dedicada a adquirir, preparar y vender distintos estupefacientes. También se han incautado de casi una tonelada de hachís, 91 kilos de sustancia de corte para adulterar cocaína y medio kilo de este compuesto.

Los responsables de una empresa de paquetería dieron la primera pista a la Policía Nacional el pasado mes de septiembre. Avisaron entonces de que había un envío sospechoso en su oficina. Los agentes del equipo de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) en Fuengirola se acercaron hasta las instalaciones para comprobarlo y la unidad canina detectó droga. Tras solicitar autorización judicial, los policías comprobaron que el sobre contaba en su interior con medio kilo de cocaína. Tras identificar al remitente, decidieron no arrestarlo pero sí poner en marcha un dispositivo de vigilancia para conocer si era algo puntual o había más movimientos similares. Poco después, la Guardia Civil interceptaba en el aeropuerto de Madrid dos nuevos envíos con el mismo origen, aunque en este caso llevaban cuatro kilos de hachís cada uno.

Los seguimientos posteriores llevaron a los policías hasta un chalé ubicado en los alrededores de la urbanización Torrenueva, al oeste de Mijas, ya camino de Marbella. Vestidos con pantalones de trabajo y chalecos reflectantes, varios hombres salían y entraban del inmueble en furgonetas de manera constante. “Habían sido identificados y en su vida laboral no había registro de ningún trabajo”, explican fuentes de la investigación, así que todo apuntaba a que se dedicaban a adquirir, preparar y distribuir distintas sustancias estupefacientes en los alredeodres pero, sobre todo, en distintos puntos de Europa, especialmente en Países Bajos. “Tenía contactos de todas las nacionalidades”, subraya uno de los agentes que ha participado en la operación. Los investigadores comprobaron también que esas personas tomaban aviones con rumbo al centro de Europa y que volvían a la Costa del Sol en vehículos cargados.

En uno de estos viajes las autoridades francesas —a petición de las españolas— intervinieron un cargamento de 91 kilos de sustancia de corte, es decir, productos químicos para alterar la cocaína. Además, hace unas semanas, los policías observaron cómo las mismas personas que simulaban ser repartidores transportaban varias maletas hasta el interior de la vivienda en Mijas, que ejercía de sede de la organización, de guardería —almacén— de la droga y de residencia de su líder. Decidieron entonces pedir la autorización judicial para el registro y, tras entrar, comprobaron que había varias cajas repletas de pastillas de éxtasis. Estaban repartidas en bolsas de plástico que guardaban entre 5.000 y 10.000, cifra que tenían escrita en rotulador. En total había más de 100.000 unidades, que sumaban 53 kilos de peso. También había 937 kilogramos de hachís y se intervinieron cinco coches, varios teléfonos móviles y 1.390 euros en efectivo. Cuatro personas fueron arrestadas por su presunta implicación en los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Uno de los detenidos en la operación.
Uno de los detenidos en la operación.guardia civil

Los investigadores se han llevado una sorpresa por la gran cantidad de éxtasis incautado en esta operación conjunta entre Policía Nacional y Guardia Civil denominada Milo-Bucle 22. El valor de esta mercancía en el mercado negro supera el millón de euros: cada pastilla tiene un precio medio de 10,5 euros, según los datos del Observatorio español de las drogas y las adicciones correspondientes al año 2022. Muchas de las unidades eran azules mientras otras eran amarillas, verdes o blancas, colores que corresponden, según fuentes policiales, a cada distribuidor. También había otras de mayor tamaño y tonalidad rosa, que los investigadores creen que podría ser cocaína, aunque aún falta la confirmación del laboratorio. Fuentes policiales aseguran que las incautaciones de éxtasis han aumentado en los últimos años en la Costa del Sol, una zona más habituada al tráfico de hachís y cocaína. El pasado mes de diciembre la Policía Nacional incautaba 56 kilos de MDMA escondidos en un velero y con destino a Argentina.

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Detenidos seis de los contrabandistas que hirieron a pedradas a dos aduaneros y provocaron un incidente con Gibraltar

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La madrugada del 2 de febrero, una persecución policial por mar a unos contrabandistas de tabaco en la bahía de Algeciras acabó con dos agentes de Vigilancia Aduanera heridos a pedradas y un agrio incidente diplomático con Gibraltar. Varios de los agresores, cuya imagen aparecía en un vídeo que circuló como la pólvora en redes sociales, han sido ahora detenidos. La Policía Nacional ha comunicado este miércoles que ha arrestado en La Línea de la Concepción (Cádiz) a seis de los supuestos traficantes, acusados de atentado grave a agente de la autoridad y lesiones. Además, mantiene una orden de busca y captura para el resto de presuntos responsables. Los hechos, ocurridos en territorio gibraltareño, motivaron una queja del Peñón, que habló de una “grave violación de la soberanía y jurisdicción británicas”.

Los investigadores de la comisaría de La Línea han arrestado a los presuntos agresores entre el martes y hoy, y está previsto que en las próximas horas los pongan a disposición judicial. Los seis detenidos son españoles, residentes en la localidad gaditana o sus inmediaciones, y tienen entre 19 y 34 años. Tres de ellos cuentan con antecedentes por delitos contra la salud pública, contrabando y blanqueo. La investigación, que dirige el Juzgado de Instrucción 3 de La Línea, se ha desarrollado con el apoyo de la Fiscalía del Campo de Gibraltar.

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha celebrado que “se vayan a producir acciones judiciales” y ha asegurado que la policía de la Roca ha estado en contaco con sus colegas de la Policía Nacional española, en un comunicado oficial en el que se señala que las fuerzas de orden gibraltareñas “estarán encantadas de colaborar” si se solicitan pruebas para el proceso.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 2 de febrero, en el transcurso de una persecución que acabó en la playa de Levante de Gibraltar. Los dos agentes de Vigilancia Aduanera llegaron allí después de que la lancha en la que perseguían a la embarcación de los contrabandistas se quedase sin motor y el fuerte oleaje les llevase hasta la playa. Allí, los perseguidos se liaron a pedradas contra los dos aduaneros y les provocaron heridas de gravedad en el rostro: uno tuvo que ser operado por fracturas en los huesos del pómulo y el otro sufrió rotura del tabique nasal. Amedrentados por la presencia en la playa de más de 20 contrabandistas que les golpeaban y gritaban, los agentes efectuaron disparos al aire.

La violencia contra los agentes quedó documentada por los propios agresores, que grabaron un vídeo que acabó difundido en redes sociales. En él se escucha cómo les gritan: “¡Esto es Gibraltar, este no es tu trabajo!”. Cuando los agredidos piden ayuda para volver a su patrullera, les responden: “Ahora quieres ayuda, ¿no, chivato? Búscate la vida”. Al día siguiente, Gibraltar informó de que hasta la playa acudieron cuatro agentes gibraltareños que solo separaron a los contrabandistas de los dos agentes españoles y no llegaron a detener a nadie, dada la disparidad de fuerzas, según argumentó el Gobierno gibraltareño.

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El suceso generó un incidente diplomático entre España y Reino Unido, ya que Gibraltar emitió un comunicado en el que denunciaba la “grave violación de la soberanía y jurisdicción británica” por parte de los agentes españoles, después de condenar la agresión y asegurar que se les ofreció atención médica y que ellos la rechazaron. “Las pruebas que rodean este incidente revelan una grave violación de la soberanía británica y, potencialmente, el incidente más grave y peligroso desde hace muchos años. Antes de reaccionar debemos, por supuesto, estar seguros de los hechos, pero los acontecimientos indican que la actuación de los funcionarios españoles es intolerable”, llegó a decir el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español rechazó “tajantemente” los términos de esa declaración de Picardo, “así como las pretensiones sobre una supuesta soberanía británica sobre el territorio y aguas de Gibraltar recogidas en ella”. El Ministerio de Exteriores británico aseguró que había solicitado “aclaraciones” al Gobierno español sobre el suceso.

Tras ese agrio enfrentamiento justo cuando se estaban produciendo las negociaciones para cerrar el tratado que debe regir las relaciones post Brexit entre Gibraltar y la Unión Europea —y que lleva meses sin llegar a un desenlace—, la actitud del Peñón ha sido distinta en la investigación de los ahora detenidos. Fuentes policiales españolas confirman que la operación de esta semana, denominada Revenge, ha contado con la “colaboración” gibraltareña para dar con la identidad de los culpables. Ahora los investigadores esperan poder culminar el operativo con la localización de un número no determinado de personas también implicadas en los hechos de esa noche y contra los que ya hay orden de busca y captura.

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