El presidente chino, Xi Jinping, ha invitado a Pedro Sánchez a un viaje oficial a Pekín la próxima semana, el día 31, en un momento especialmente relevante porque el líder de la superpotencia asiática acaba de volver de un viaje de tres días a Moscú donde se ha ofrecido como mediador para buscar una salida a la guerra de Ucrania y ha planteado un plan de paz. Sánchez está claramente instalado en las posiciones europeas y de la OTAN, y por tanto más cercano a EEUU. De hecho el presidente español visitó recientemente a Volodímir Zelenski en Kiev y le trasladó su apoyo incondicional. Incluso llegó a hablar entre grandes aplausos en el parlamento ucranio.

La posición es por tanto distinta a la de China, que ha mantenido una importante cercanía con Moscú aunque sin enviarle armas y por tanto sin entrar formalmanente en el conflicto. Sin embargo, el Gobierno español siempre ha destacado el papel clave que tiene China para influir sobre Vladímir Putin y buscar una salida a la guerra que ya ha cumplido un año. Sánchez cada vez habla más de planes de paz, aunque él respalda el que ha planteado Zelenski, que incluye la recuperación de todo el territorio de Ucrania, incluida la ocupada península de Crimea. Sánchez tendrá ocasión de conocer de primera mano el plan de Xi y logrará información de la posición de Moscú. Como es habitual y dada la buena relación entre dos aliados de la OTAN, EE UU ha sido informado del viaje, según fuentes gubernamentales.

Sánchez ya se vio con Xi en una reunión bilateral en la última cumbre del G-20 en Bali en noviembre de 2022. Y ya entonces el Gobierno español destacó el papel de China como posible mediador. Ese fue el corazón del mensaje que Sánchez trasladó a Xi en Bali, donde también se habló de la presidencia española de la UE, que llegará en el segundo semestre de este año, y de cuestiones comerciales. Ahora, cuatro meses después, el papel de China ha cobrado aún mayor importancia.

El hecho de que Xi invite a Sánchez en un momento así es visto desde el Gobierno como una prueba del creciente peso internacional de España y del propio presidente, que se ha volcado en la agenda exterior. De hecho, Sánchez viajará a China casi nada más volver de la cumbre iberoamericana de Santo Domingo de este fin de semana, y a esta última viajará directamente desde la cumbre de la UE en Bruselas del jueves y viernes. Entre medias de ambos viajes llegará probablemente la minicrisis de Gobierno para sustituir a las dos ministras que son candidatas, Reyes Maroto (Industria) y Carolina Darias (Sanidad).

La agenda internacional del presidente complica en ocasiones la nacional, de hecho en La Moncloa tuvieron que buscar un hueco a la moción de censura esta semana en medio de los compromisos internacionales. Estos harán que la próxima semana el presidente se salte dos sesiones de control, la que tenía prevista el martes en el Senado con Alberto Núñez Feijóo y la habitual del miércoles en el Congreso.

China ha dado categoría prácticamente de visita de Estado al viaje, y eso implica no solo que Sánchez se reunirá con Xi, la cita más relevante en un régimen férreo donde el presidente ocupa todo el poder y acaba de consagrarse con un tercer mandato de cinco años, sino también con el primer ministro Li Qiang y el presidente de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Leji. Antes de llegar a Pekín, el 30, Sánchez participará en la inauguración del Foro de Boao, una especie de Davos chino, que se celebrará en la provincia de Hainan. El presidente de este foro es el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon. Xi estuvo en España de visita de Estado en 2018.

Para Sánchez es especialmente relevante un viaje así en este momento. El presidente está volcado en su perfil internacional y quiere aprovechar al máximo la oportunidad de la presidencia española de la UE, que llegará en un decisivo momento electoral. La UE mantiene tensiones comerciales importantes con China, y el propio Sánchez admitió en una rueda de prensa en Bruselas que es “un rival”, un competidor, y más ahora que, después de la pandemia, Europa quiere profundizar en su autonomía estratégica porque la crisis del covid demostró que dependía de China para casi todo, incluso para algo tan sencillo técnicamente como fabricar mascarillas o respiradores. Pero esa rivalidad no implica que la UE no quiera buenas relaciones con China, la gran potencia industrial y clave en cuestiones geoestratégicas como la guerra de Ucrania o la lucha contra el cambio climático. Por eso Sánchez intentará buscar algún acuerdo con Xi para la presidencia española de la UE, para impulsar las relaciones en ese semestre.

La excusa formal del viaje es que se cumplen 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Pero el interés es sobre todo político, en ese contexto de la guerra de Ucrania. Sánchez está entre los presidentes europeos, con el alemán Olaf Scholz —que también visitó Pekín— o el francés Emmanuel Macron, que más claramente apuestan por buscar cuanto antes un acuerdo de paz siempre que lo apoye Ucrania, frente a los países del Este, como Polonia, que tienen posiciones más duras y plantean un rearme completo de Ucrania para ganarle la guerra a Rusia cueste lo que cueste.

El viaje también tendrá un contenido económico y además de participar en el Davos chino, Sánchez se reunirá en Pekin con empresarios de este país que quieren invertir en España y con españoles que ya están instalados en China, el lugar donde se fabrican buena parte de los productos de las grandes empresas españolas. En la última cita con Xi, en Bali, el presidente chino se quejó ante Sánchez de las barreras que pone la UE a algunos productos chinos. “Acogemos la entrada de más empresas y productos españoles en el mercado chino, esperando al mismo tiempo que España brinde a las empresas chinas un trato equitativo, justo, transparente y no discriminatorio en su mercado”, decía la nota oficial China después de la reunión entre los dos mandatarios. China quiere evitar a toda costa que países de la UE le pongan barreras comerciales. Encima de la mesa como asunto a discutir está el contrato de 30.000 millones de euros que Airbus, participada por España, ha cerrado en China para construir casi 300 aviones comerciales.

La moción de censura le ha sentado bien a la coalición, incluso mejor de lo esperado. En la última jornada, donde ya no habló Yolanda Díaz, Pedro Sánchez aprovechó para reivindicar en varias ocasiones la coalición. De nuevo, todos los ministros y diputados que apoyan al Ejecutivo, incluidos los de Podemos, aplaudieron en pie la intervención del presidente, un gesto repetido que tiene su relevancia política. “España no está al borde de la ruptura, la apocalipsis que pronostica la derecha no llega. España cuenta con un Gobierno de coalición progresista que protege a la mayoría social y hace reformas con paz social”, dijo Sánchez tal vez con Francia y su revuelta contra la reforma de las pensiones en la cabeza, aunque sin citarla. El presidente insistió en lanzar mensajes positivos y de “esperanza”.

Luego, en los pasillos, las ministras de Podemos se concentraron como es habitual en los problemas que aún tiene la coalición, sobre todo en la discrepancia por la reforma de la ley del solo sí es sí. Ahí el acuerdo parece imposible, pero hay otra norma que sí puede ser una prueba de fuego para ver si la coalición logra superar los momentos difíciles que vivió en las últimas semanas o se instala en el bloqueo.

La reforma de las pensiones, acordada entre el PSOE y Unidas Podemos, pactada con Bruselas y con los sindicatos, ha sido un hito muy importante que demuestra que la coalición sigue negociando pese a la tensión y saca adelante leyes relevantes que marcan claramente su perfil progresista. El contraste entre este texto sin ajustes —al contrario, con mejoras en las pensiones mínimas y sin perjudicar a las demás— con la reforma francesa, contestada en la calle, es muy claro.

Pero ahora llega el turno de la ley de vivienda. Después del fiasco de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, que decayó por el rechazo de ERC y Bildu, la de vivienda es el punto de discusión interno de la coalición más relevante. Fuentes del Gobierno de los dos sectores insisten en que la coalición no puede permitirse el lujo de no aprobar la ley de vivienda, algo que se viene arrastrando prácticamente desde el principio de la legislatura con intensas discusiones.

A diferencia de la ley mordaza, que llegaba a través de una reforma planteada por el PNV, esta es una ley estrictamente del Gobierno. De hecho, el problema inicial en esta reforma no era la coalición, que pactó la norma después de intensas negociaciones. El conflicto estaba en ERC y Bildu, que no consideraban suficiente lo que llegó al Congreso y exigían mejoras, sobre todo en el control de los alquileres para poner coto a las subidas desenfrenadas. Pero ahora que el acuerdo con ERC y Bildu parece más cercano, aunque no está ni mucho menos cerrado, Podemos plantea que el PSOE no es suficientemente ambicioso en esta reforma.

Los socialistas están molestos con esta actitud porque sostienen que la ley ya se pactó en la coalición, y es la que ha llegado al Congreso, y Podemos no puede reabrirla. Pero el grupo de Ione Belarra señala que las cosas han cambiado desde que se pactó la norma, hace más de un año, y la situación ha empeorado y por tanto hay que ir más lejos. Podemos se ha colocado así al lado de ERC y Bildu, algo que molesta especialmente al PSOE porque creen que el grupo de Belarra debería actuar como Gobierno y por tanto defender la norma que está presentada.

Lo cierto es que por estas tensiones de la coalición y por la agenda parlamentaria intensa de las últimas semanas, con una moción de censura que concluyó este miércoles, ha retrasado cualquier avance en la negociación. ERC y Bildu están esperando la respuesta a una contrapropuesta que enviaron al Gobierno con los puntos más delicados. Se esperaba que esta semana pudiera haber una reunión, pero las últimas noticias indican que como pronto se dejará para la próxima.

Las posiciones no están tan alejadas, según coinciden distintas fuentes negociadoras de todos los sectores, pero falta el remate final, y eso es casi más una decisión política que una negociación técnica. Ya está bastante claro hasta dónde llega cada uno.

El Gobierno fue bastante lejos en las negociaciones, y propuso un límite del 3% de aumento anual para todos los alquileres. Ahora mismo está en el 2% por la situación excepcional de la guerra de Ucrania y la inflación, pero este tope decae a finales de año. Después de poner esa idea encima de la mesa, el Gobierno la retiró porque Nadia Calviño, máxima responsable del área económica, la vetó claramente, según diversas fuentes. Calviño no quería ningún tope definitivo.

Podemos se indignó ante este movimiento de la vicepresidenta, y eso enrareció el ambiente en la coalición. ERC y Bildu dejaron claro entonces que sin 3% no habría acuerdo. El Gobierno cedió y planteó un 3% de tope pero solo para 2024, y a partir de ahí se elaboraría un índice específico para establecer límites que haría el Instituto de Estadística. Esta idea ya se acerca más a lo que piden ERC y Bildu, pero la negociación no avanza y el índice específico no queda muy aclarado en las conversaciones.

Límites

El otro gran asunto delicado es qué hacer con las viviendas que entren nuevas en el mercado. ERC y Bildu, con el respaldo de Podemos, quieren establecer ahí también límites, para impedir que las nuevas viviendas que se ponen en alquiler tiren hacia arriba de los precios o se generen fraudes sacando las casas un tiempo y volviéndolas a meter como nuevas.

Esa discusión es más difícil de resolver porque tanto Calviño como otros dirigentes del área económica del Gobierno temen que si se ponen muchas dificultades, algunos propietarios no meterán sus viviendas en el mercado del alquiler o las sacarán, y el efecto será aún peor del buscado, con una subida de precios aún mayor. En esa discusión sigue el debate interno, a falta ya de una decisión política final.

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz tienen una conversación pendiente sobre este asunto, según aseguró la vicepresidenta, lo que deja claro que el desbloqueo será político. Pero a estas alturas, todas las fuentes consultadas insisten en que confían en que habrá un acuerdo tarde o temprano. No queda mucho tiempo, tendría que ser en abril para que pueda aprobarse. Y esa sería la gran prueba de que la coalición sigue adelante pese a las tensiones.

Díaz llegó a decir en el Congreso que hay coalición “para muchos años”. En La Moncloa ya están diciendo que Sánchez necesitará al menos dos legislaturas para “deshacer todos los destrozos del PP”. Para eso antes tendrán que ganar las elecciones. Pero mucho antes, tienen que resolver el asunto de la ley de vivienda como prueba de que la coalición sigue funcionando bien pese al ruido.

El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Rafael Mozo, ha renunciado este miércoles al sueldo de 145.361 euros al año que percibía desde que, en octubre pasado, fue elegido para ese cargo. Mozo, según un comunicado difundido por el órgano de gobierno de los jueces, cobrará desde ahora la misma retribución que el resto de vocales que pertenecen a la comisión permanente del CGPJ (126.366 euros). Mozo asegura haber tomado esta decisión “para evitar cualquier menoscabo” a su “honorabilidad” y “a la imagen del Consejo”, después de que El Español haya publicado este miércoles que el presidente suplente estaba cobrando el sueldo íntegro fijado para el cargo de presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, pese a que él solo preside el segundo de estos órganos.

Mozo legó al cargo, tras la dimisión de Carlos Lesmes, gracias a un acuerdo entre los vocales conservadores y progresistas del CGPJ, que impusieron su criterio sobre el que había establecido el gabinete jurídico del órgano, que consideraba que la presidencia debía recaer, para ambos órganos, en Francisco Marín Castán, en el vicepresidente en funciones del Supremo y presidente de la Sala Primera. Los técnicos defendían que la presidencia del alto tribunal y la del órgano de gobierno de los jueces debía ejercerla una misma persona y que este debía ser el vicepresidente del alto tribunal. Los vocales, sin embargo, esgrimieron que la competencia para designar al presidente del CGPJ solo podía ser del pleno de este órgano y acordaron que el puesto lo ocupara el vocal de más edad, que era el progresista Mozo.

La Ley de Presupuestos recoge una sola partida para el cargo de presidente del Supremo y del CGPJ y esa es la que ha estado cobrando Mozo desde octubre, mientras que el presidente en funciones del Supremo ha seguido percibiendo lo mismo que ya ingresaba como vicepresidente de ese órgano y presidente de la Sala Primera. En el comunicado difundido este miércoles, el presidente del Consejo alega que la percepción de ese sueldo deriva directamente del acuerdo del pleno por el que se le otorgó a él la presidencia. Ese acuerdo, defiende Mozo, recoge que el suplente del presidente “ejercerá las funciones de este en el ámbito estricto del Consejo General del Poder Judicial de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás normativa aplicable y dispondrá de los medios atribuidos a ese cargo”. “Y en su apartado tercero determina que durante el tiempo que desempeñe la suplencia recibirá los honores y tratamiento y consideración y demás atribuciones propias del cargo”, añade el escrito.

Mozo subraya también, y así lo han confirmado fuentes del CGPJ, que el sueldo que ha cobrado estos meses en su condición de suplente del presidente del órgano de gobierno de los jueces han sido previamente fiscalizadas por la Intervención del Consejo. Mozo asegura, además, que consultó “personalmente y mediante correo electrónico” a la Gerencia del Consejo cuál era la retribución que le correspondía y este servicio le confirmó que eran las establecidas en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. La Gerencia, según las explicaciones difundidas por Mozo, argumentó que se trataba de “una partida inescindible, la única prevista por la ley y la única, por tanto, que el CGPJ puede abonar”.