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Los niños que llegaron a Ceuta para quedarse

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Rabea junto a sus dos nietos llegados a Ceuta desde Marruecos en mayo de 2021.
Rabea junto a sus dos nietos llegados a Ceuta desde Marruecos en mayo de 2021.PACO PUENTES

Hamza (nombre ficticio, como los de todos los niños de esta historia) mira atentamente cuando alguien le pregunta en castellano. Antes de contestar, casi se pueden oír los pequeños engranajes de su cerebro funcionando.

—¿Vas al cole?

—Sí

—¿Te gusta?

—Sí. El español es más fácil que el árabe—, sentencia el pequeño de ocho años.

Frente a él ríe su primo Tareq, seis años mayor y mucho más tímido. Ambos menores marroquíes, que han pasado su último cumpleaños en Ceuta, echan la tarde juntos jugando en el atardecer del barrio de El Príncipe al cuidado de su abuela.

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Hamza y Tareq llegaron a la ciudad autónoma el 17 de mayo de 2021 cruzando a nado desde la ribera junto al paso internacional de El Tarajal, en el lado marroquí, hasta la playa ceutí de la Almadraba durante la crisis fronteriza que mantuvo a la ciudad en vilo durante cuatro días. Entre 10.000 y 14.500 personas, según los últimos cálculos del Gobierno local, entraron durante aquellas interminables jornadas en las que los guardias marroquíes hicieron la vista gorda, mientras el Ejército español se desplegaba en la costa; hasta 1.400 menores de edad pudieron llegar solos o acompañados por familiares. El episodio, desatado tras la acogida humanitaria en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, fue el arranque de una crisis diplomática que solo se ha resuelto casi un año después con el cambio de postura de Madrid sobre el plan de autonomía para el Sáhara Occidental.

Se desconoce el número de niños, niñas y adolescentes devueltos en caliente por las fuerzas de seguridad según pisaban la arena de la playa (solo hay un caso investigado y archivado por la Fiscalía). Otros pequeños regresaron por su propio pie, muchos otros malvivieron durante meses en las calles de la ciudad hasta conseguir escapar a la Península, pero también hubo a quienes sus familiares los recibieron con los brazos abiertos al llegar a la orilla.

“Mi hijo me llamó [desde Marruecos], me dijo que no podía quedarse con los niños y los echó al mar”, rememora Rabea, empleada de hogar transfronteriza de 61 años, que se quedó en Ceuta en 2020 para seguir manteniendo a su marido, enfermo de cáncer. El hijo, tío de los pequeños, le espetó: “La responsabilidad es tuya, ve a recogerlos”. Tareq y sus dos hermanas mayores, Aisha, de 16 años, y Zeinab, de 18, se habían quedado en Marruecos a cargo de su tío. Rabea, la abuela, los esperaba en Ceuta. El padre de Hamza aprovechó también el mismo 17 para dejar su casa: cogió a su hijo y juntos llegaron nadando al encuentro de su mujer, hermana de la madre de Tareq, Aisha y Zeinab, a quien no veían desde hacía más de un año y que aguardaba al otro lado con amigas que trajeron toallas y ropa seca para que se cambiaran y nadie les señalara por la calle en aquella tarde de caos.

“Yo no tuve miedo porque sabía que mi madre estaba allí”, cuenta Hamza: “Al principio, aunque veíamos a la policía intentando asustarnos, yo no me asusté, el único momento fue cuando un policía se acercó a darme la mano para ayudarme, pero con mala cara”. El periplo de los dos primos, que cruzaron por separado, es el de muchos hijos que quedaron en Marruecos separados de sus padres, que trabajaban en casas y negocios de Ceuta para mantener la economía familiar y, en buena parte, la de la propia ciudad autónoma española. Los sucesos de mayo de 2021 no se entienden sin un cierre fronterizo que se inició un año antes con el pretexto de la emergencia sanitaria, pero que se perpetuó, aunque nunca de manera oficial, por la crisis diplomática entre España y Marruecos por el contencioso del Sáhara.

La apertura total del paso fronterizo aún está por definirse. Este martes, la frontera de El Tarajal, al igual que la melillense de Beni Enzar, volverán a abrirse únicamente para los ciudadanos y residentes de la Unión Europea y para aquellas personas autorizadas a circular en el espacio Schengen. El día 31, los pasos quedarán expeditos para el tránsito de los llamados “transfronterizos”, ciudadanos marroquíes con autorizaciones de trabajo en ambas ciudades autónomos.

Tareq, el pequeño, es ahora el único de los tres hermanos que vive con su abuela. Ambos duermen solos en las camas dispuestas en un garaje que una conocida alquila a la mujer por 150 euros al mes. Allí han instalado buenos electrodomésticos de segunda mano para poder cocinar e ingresar algo más por servicios de comidas. La mediana está alojada en un centro bajo tutela de la ciudad autónoma, como otros 280 menores que entraron entonces y que aún están a cargo de la Administración. Muchísimos, como la hermana mayor, se han marchado; otros han muerto o desaparecido intentando llegar a la Península. Fuentes de los servicios de acogida denuncian una “desbandada” de chavales desde el pasado verano que provocó la drástica caída de las cifras, desde unos 1.000 niños, en una ciudad de 85.000 habitantes, hasta niveles anteriores a la crisis.

La desbandada se aceleró en agosto, cuando el Ministerio del Interior, la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo local ejecutaron la repatriación de 55 menores. Estas devoluciones, aun amparadas por un acuerdo de 2007 entre Rabat y Madrid, no cumplieron con las debidas garantías legales. La Justicia acabó frenando el plan. Ahora, ambas administraciones siguen inmersas en el proceso de repatriación que marca la ley de Extranjería y que requiere informes individualizados que ya han sido remitidos en su totalidad, según la vicepresidenta ceutí, Mabel Deu. “Todo esto es un entramado un poco complicado; es verdad que la repatriación existe, ¿pero cuándo se ha cumplido? Si desde mayo estamos trabajando en eso”, clama la consejera con competencias en menores. “De todo ese procedimiento, hasta el momento, todavía no tenemos ni una sola resolución, hemos hecho la primera fase y todavía no tenemos nada avanzado, ¿dónde está esa repatriación?”, concluye.

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Un hombre mata a otro de un disparo y se atrinchera con un rehén en un pueblo de Valladolid

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La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, el pasado febrero.
La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, el pasado febrero.Photogenic/Claudia Alba (Europa Press)

Un hombre de 45 años ha sido asesinado en la madrugada de este viernes en Santovenia de Pisuerga (Valladolid, 4.300 habitantes) por un hombre que lo disparó con un arma de fuego y que se ha atrincherado con un rehén en una vivienda. La Guardia Civil se ha desplegado en torno al domicilio y lo ha acordonado para intentar detener al individuo y evitar que haya más víctimas de un suceso del que hasta el momento se desconocen las causas.

El primer aviso recibido por el 112 de Castilla y León llegó a la 1.43 de esta pasada madrugada, en la que la Guardia Civil “solicita asistencia médica para un varón que se halla inconsciente tras haber sido herido con un arma de fuego en el cruce de la calle Alfredo Martín con la calle Marqués de San Felices de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), donde ya se encuentran agentes de la citada fuerza de seguridad atendiendo al herido”. Los servicios centrales enviaron una ambulancia y personal sanitario que no pudieron hacer más que confirmar que el fallecimiento del herido por el arma de fuego.

La subdelegación del Gobierno en Valladolid ha detallado que el disparo mortal se produjo en el portal del inmueble donde residía la víctima. A continuación, el autor huyó y se refugió en otra vivienda, donde permanece encerrado.

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Melilla exige el reforzamiento de la frontera con Marruecos

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Un gendarme marroquí junto a la valla que separa Marruecos de Melilla, el pasado 26 de junio.
Un gendarme marroquí junto a la valla que separa Marruecos de Melilla, el pasado 26 de junio.FADEL SENNA (AFP)

La valla entre Melilla y Marruecos sigue siendo escenario de dramas sin visos de fin. El presidente de la ciudad, Eduardo de Castro, pide más medios personales y materiales “para proteger la frontera” ante una situación “poco halagüeña en el sentido de que estos migrantes están desesperados”. La misma reivindicación resonaba en las filas del PP melillense horas después del intento de entrada y entre sindicatos de las fuerzas de seguridad. El último intento de entrada el pasado viernes dejó al menos 23 muertos en Barrio Chino (pedanía del municipio marroquí de Beni Enzar), una cifra que varias organizaciones no gubernamentales suben hasta 37. En el lado español, 57 jóvenes y 49 agentes sufrieron lesiones y heridas.

“La valla se puede poner más alta, pero ellos van a buscar siempre una alternativa”, apunta el presidente melillense en una conversación con EL PAÍS. Y destaca que “esos saltos masivos, violentos, en algunos casos, no pueden ser la opción para solventar la desesperación de los migrantes; esta no es una situación admisible en un Estado de Derecho”.

Fuentes de Interior aseguran que se tiene bien en cuenta la ciudad. “Nunca había habido tantos agentes”, señala una de ellas. En marzo llegaron a Melilla 70 guardias civiles como refuerzo a los 720 que ya había en la localidad. Este verano se espera que se incorporen nuevos efectivos tanto de la Policía Nacional como del instituto armado Civil y continúan las obras en el perímetro fronterizo para terminar de instalar los peines invertidos que han sustituido a las concertinas.

La vista está ahora puesta en Marruecos. “Es la primera vez que se ha visto tan claro el apoyo de la Gendarmería, otras veces, no estaba ni se la esperaba”, reivindica De Castro, en referencia al penúltimo salto en la valla, en marzo, el mayor de los registrados, con unas 2.500 personas intentando rebasar el perímetro. Hasta 954 consiguieron entrar en dos días consecutivos, a plena luz del día y ante cierta pasividad de las fuerzas marroquíes. Dos semanas después, se hizo público el viraje del Gobierno español con respecto al Sáhara Occidental como región autónoma dentro de Marruecos. La maniobra permitió restablecer las relaciones diplomáticas entre Madrid y Rabat con especial atención a la reapertura de la frontera, cerrada desde 2020, y al control migratorio.

“Sería importante destacar que esto no ha sucedido en Melilla, sino al otro lado de la frontera, Marruecos, sin perjuicio de que sea necesario reforzar nuestro lado y una mayor colaboración”, resalta Sofía Acedo, senadora del PP por Melilla, “actualmente, y llevamos años así, se viene reforzando el perímetro con grupos especiales de intervención, de manera puntual, ante períodos en los que se cree que aumenta la amenaza de asalto”. Para Acedo, esa estrategia no es efectiva porque “los asaltos se producen en cualquier momento”. “Es necesario tener custodiada nuestra frontera siempre”, puntualiza.

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Esa “mayor cooperación” entre España y Marruecos, que también han destacado el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha cobrado un precio muy alto a las puertas de la ciudad. Las imágenes de cuerpos amontonados, inertes, junto al paso fronterizo son estremecedoras. “Las relaciones de la Guardia Civil con la Gendarmería [marroquí] son estrechas y es bueno que se recuperen”, esgrime el presidente local, “cuestión distinta es lo que pasa después, y en territorio de Marruecos. Al final, el resultado no ha sido tan bueno”.

“España y Europa están pagando ese tipo de violencia”, lamenta Josep Buades, responsable del Servicio Jesuita a Migrantes, una organización que da asistencia legal a solicitantes de asilo y migrantes en Melilla, “si queremos que se respeten los Derechos Humanos, nos toca a nosotros dar un paso adelante”. Para Buades, el cierre fronterizo decretado en 2020 por la pandemia y la reforma en la valla han supuesto un cambio de dinámica: “Los números han bajado mucho”.

En lo que llevamos de año, se han producido en Melilla 1.150 entradas irregulares: 954 en los dos saltos de marzo y 133 el pasado viernes. De estos últimos, todos han solicitado asilo. Las cifras están aún lejos de las registradas antes de la pandemia. En 2019 entraron 2.212 personas desde el 1 de enero al 15 de junio; 2.652, en 2018. El perfil también es distinto: con las restricciones a los transeúntes en la frontera reabierta, yemeníes, sirios, tunecinos y otras nacionalidades árabes llegan a Melilla solo por goteo y a menudo por mar. Solo los subsaharianos se aventuran a sobrepasar el vallado, ya que no pueden siquiera acercase a la oficina de asilo en la frontera de Beni Enzar.

“Si las personas subsaharianas pudieran acceder [a la oficina de asilo], igualmente no se arriesgarían a tener que saltar una valla o a tener que montarse en una patera”, recrimina Estrella Galán, directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. “Si el Gobierno quiere evitar situaciones dramáticas en la frontera sur, lo que tendrá que articular vías legales y seguras”, insiste, “no hay que inventar nada nuevo, esos elementos existen [en la legislación española]”.

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La alusión a la ley de Amnistía y el sello de Cataluña y País Vasco: las novedades en la futura ley de memoria democrática

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Exhumación en las inmediaciones del Fuerte de San Cristóbal (Pamplona), antiguo penal franquista donde las víctimas fueron enterradas con una botella de vídrio en cuyo interior se introducía su nombre y apellidos.
Exhumación en las inmediaciones del Fuerte de San Cristóbal (Pamplona), antiguo penal franquista donde las víctimas fueron enterradas con una botella de vídrio en cuyo interior se introducía su nombre y apellidos.Aranzadi

La ley de memoria democrática llegará pronto al Congreso para su aprobación tras el debate y la inclusión de enmiendas presentadas por los distintos grupos, aunque ya se ha tergiversado su contenido y objetivos. Estas son las claves de la ponencia antes de que llegue a la comisión del Congreso para su debate y aprobación definitiva.

Ley de Amnistía: el Estado asume la interpretación de Baltasar Garzón. El texto de la ponencia incluye varias referencias a la ley que ERC pedía derogar. La primera es una alabanza: “El primer Parlamento elegido democráticamente desde el final de la Guerra aprobó la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, una reclamación histórica de la oposición antifranquista (…). Esta ley tuvo por virtud amnistiar todos los delitos de intencionalidad política e infracciones de naturaleza laboral y sindical”. La ley de amnistía no se deroga, pero a continuación, el texto recuerda “la obligación de los poderes públicos” de interpretarla “conforme al Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles”. Esa fue, precisamente, la premisa de Baltasar Garzón cuando abrió una causa contra los crímenes del franquismo en la Audiencia Nacional, uno de los motivos por los que fue suspendido, juzgado y finalmente absuelto del delito de prevaricación en el Tribunal Supremo.

Reconocimiento de violaciones de derechos humanos hasta 1983. No es cierto, como sostiene parte de la derecha, que se incluya a José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala como víctimas del franquismo o que se vaya a investigar de nuevo a los GAL. El concepto de víctima es el mismo y tampoco ha cambiado el apartado que se refiere a la investigación de los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura, que abarca hasta 1978. Lo que añade el texto tras la negociación con los grupos es lo siguiente: “Como se ha dado en otros procesos transicionales de muy diversos países, aún después de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y la indudable importancia que supuso para el nuevo ordenamiento jurídico democrático, pudieran persistir elementos que ocasionaran supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia los derechos fundamentales y los valores democráticos”. Por ese motivo, una disposición adicional contempla “la designación de una comisión técnica que elabore un estudio sobre dichos supuestos entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983 para “señalar posibles vías de reconocimiento y reparación”.

El sello de catalanes, vascos y gallegos. El texto añade, en el apartado que enumera a las diferentes víctimas del franquismo con derecho a medidas específicas de reconocimiento y reparación, a “las instituciones de autogobierno catalanas y vasca y las corporaciones locales”. Así, “se consideran víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega” y se reconoce la “política de persecución” contra ellas perpetrada durante el franquismo.

Además, se abre un nuevo plazo de reclamaciones para la restitución a personas naturales o jurídicas de documentos de conformidad a lo dispuesto en la ley de restitución a la Generalitat de Cataluña de documentos incautados con motivo de la Guerra Civil.

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Oficina de víctimas y recogida de testimonios. El departamento competente en materia de memoria democrática contará con una oficina de víctimas para “la recogida de los testimonios de las personas que padecieron persecución y de sus familiares, así como para realizar labores de divulgación y sensibilización”. Además, en el seno del Consejo de la Memoria Democrática se constituirá una Comisión de ámbito estatal, de carácter “académico, temporal y no judicial, independiente”, para contribuir al “esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura, como forma de favorecer la convivencia democrática, mediante la recepción de testimonios, información y recopilación de documentos”.

Un régimen ilegal… Además de condenar el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, el nuevo texto declara “ilegal el régimen surgido de la contienda militar”.

…Que impuso sentencias ilegales. La palabra “ilegal” se añade igualmente a la ahora de referirse al carácter “radicalmente nulo de todas las condenas y sanciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura, independientemente de la calificación jurídica utilizada para establecer dichas condenas y sanciones”.

Retirada de 33 títulos nobiliarios. El texto que el Gobierno llevó al Congreso preveía elaborar “un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978 que representen la exaltación de la Guerra y Dictadura” para proceder a su supresión. A petición del PSOE y Unidas Podemos, se incluirá en la ley los 33 que serán directamente eliminados, relativos a Franco, Primo de Rivera, Calvo Sotelo, Mola y Carrero Blanco, entre otros.

Apoyo a los investigadores. “Se tendrá en cuenta el papel esencial que desempeña el debate histórico para la formación de una conciencia histórica adecuada a la dignidad de los ciudadanos de una sociedad libre y democrática y la contribución al mismo de las conclusiones que sean resultado de la aplicación en la verificación e interpretación de los hechos de los usos y métodos característicos de la ciencia historiográfica. Ello se entenderá sin perjuicio de la incertidumbre consustancial al citado debate que deriva del hecho de referirse a sucesos del pasado sobre los que el investigador puede formular hipótesis o conjeturas al amparo de la libertad de creación científica reconocida en el artículo 20.1 b) del Texto Fundamental.

Banco de ADN también para los bebés robados La base de datos de ADN estatal con perfiles de las víctimas del franquismo incluirá a “las personas afectadas por la sustracción de recién nacidos cuya denuncia haya sido admitida” por los hechos objeto de la ley de memoria. En esa base de datos de ADN también se conservarán las muestras de restos óseos de las distintas exhumaciones.

Archivos en manos de la Fundación Franco. La Administración General del Estado se compromete a habilitar dotaciones presupuestarias específicas para la catalogación y el acceso a los archivos. Además, el texto añade: “Los archivos y documentación del gobierno de la Dictadura, en particular del Jefe del Estado, que se encuentren en poder de entidades privadas o personas físicas”, como la Fundación Franco, se incorporarán, una vez superados los trámites legales, al Centro Documental de la Memoria Histórica o al archivo del organismo público que se determine de manera motivada”.

Un año para la auditoría de incautaciones. El texto reconoce “el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura”, en los términos que se establezcan legalmente en la normativa de desarrollo. La auditoría de bienes incautados que contempla la ley deberá realizarse “en el plazo de un año” desde su entrada en vigor.

Nacionalidad española para descendientes de brigadistas. El texto incluye a los “descendientes de los brigadistas que acrediten una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendientes y la defensa de la democracia en España” a la hora de conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza sin necesidad de renunciar a si anterior nacionalidad.

Prohibidos retratos franquistas en el despacho. La ley prohíbe la exhibición de “retratos u otras manifestaciones artísticas de militares y ministros asociados a la sublevación militar o al sistema represivo de la Dictadura” en “lugares representativos y, en particular, despachos u otras estancias de altos cargos, espacios comunes de uso, ni en áreas de acceso al público”.

Educación. A la previsión de incluir entre “los fines” del sistema educativo español “el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas”, se desarrollará “en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la Guerra y la Dictadura” en la educación secundaria obligatoria, formación profesional y bachillerato.

Persecución cultural. El texto añade el compromiso de las administraciones competentes de articular “todos los mecanismos, procedimientos y recursos necesarios para realizar una evaluación exhaustiva y profunda de la represión y persecución cultural y lingüística del franquismo, así como de sus efectos sobre la realidad sociolingüística del Estado”.

Nuevas infracciones. Se añade como infracción muy grave “la destrucción de documentos públicos o privados” para la recuperación de la memoria histórica así como la “apropiación indebida de documentos de carácter público por parte de personas físicas o instituciones privadas que ejercieron cargos públicos durante la Guerra, la Dictadura y hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978″.

Medallas sin pensión. La anulación y la revocación de las resoluciones por las que se concedieron las recompensas franquistas determinará “la pérdida de los derechos anejos correspondientes, incluso los económicos”.

Nuevos lugares de memoria. El Fuerte de San Cristóbal, penal franquista ubicado en Pamplona (Navarra), será declarado lugar de memoria y recibirá “financiación” para celebrar “actividades acordes con la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática”. en los términos que asimismo se recojan en la normativa foral correspondiente. Con el mismo fin y en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, se promoverá un “convenio de cesión del Palacio de la Cumbre de Donostia al Ayuntamiento de Donostia”, que ahora usa como sede veraniega el Ministerio de Asuntos Exteriores. El Valle de los Caídos pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros.

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