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La representante de Acnur en España: “Los recursos para pedir asilo no están a la altura”

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La representante de ACNUR en España, Sophie Muller, el pasado miércoles, durante las jornadas del Consejo General del Poder Judicial sobre inmigración, celebradas en Tenerife.
La representante de ACNUR en España, Sophie Muller, el pasado miércoles, durante las jornadas del Consejo General del Poder Judicial sobre inmigración, celebradas en Tenerife.Miguel Barreto (EFE)

La representante de Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, en España, Sophie Muller, ha vuelto a Canarias. Le preocupa la situación de los más de 2.300 menores extranjeros no acompañados que tutela la comunidad autónoma. Más allá de las condiciones de acogida, los niños, lamenta, tienen bastantes dificultades para pedir asilo en las islas, aun siendo refugiados de conflictos como el de Malí. Muller habla en esta entrevista, realizada en Tenerife, sobre la respuesta de España ante la guerra de Ucrania y los desafíos de una solidaridad que empieza a diluirse. También de la falta de recursos del sistema.

Pregunta. ¿Por qué le preocupa a Acnur la situación de los niños en Canarias?

Respuesta. Hay más de 2.000 niños no acompañados que están en Canarias desde hace más de dos años y para los que no se encuentra solución. Preocupa, en primer lugar, la situación de su propia estancia, de su acogida, la cuestión humanitaria. Pero identificamos también necesidades de protección internacional y que los niños tienen dificultades para formalizar su solicitud. Uno de los impedimentos es que se exige confirmar su edad antes de poder dar acceso al procedimiento, pero a partir del momento en que el menor dice que es menor, tiene que tener acceso a pedir asilo. Son prioritarios. No se puede retrasar su solicitud porque se está valorando su edad, cada día que pasa, para un menor, cuenta.

P. No es el único lugar con dificultades para pedir asilo. Hay esperas de meses solo para pedir una cita en muchas provincias.

R. La dificultad de acceso al procedimiento es un tema de todo territorio. Los recursos no están a la altura y se lo hemos comunicado a las autoridades. De momento, no hemos tenido respuesta.

P. Ha elogiado varias veces la respuesta española ante la llegada de refugiados ucranios. ¿En qué se ha diferenciado de otros países? ¿Qué le preocupa, una vez superada la fase de emergencia?

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R. España está acogiendo un número muy alto de refugiados teniendo en cuenta que no es un país fronterizo. La diáspora, más de 100.000 ucranios, ha sido un factor importante. España ha tenido una reacción mejor y más rápida que otros países. Ahora hay un movimiento pendular, hay 1,5 millones de refugiados que están volviendo a Ucrania, entre ellos madres que dejan a sus niños en España para ir a apoyar a sus maridos, pero no pensamos que sea un momento estable, hay que esperar a ver qué sucede. Por eso es importante una visión de más largo plazo y no dejar que esta solidaridad decaiga, para que haya una respuesta sostenible en el tiempo. Hemos visto empresas que estaban dispuestas a dar trabajo a todos, pero ahora ¿dónde está el trabajo? Y, poco a poco, lo estamos viendo también en la caída de las donaciones o en los medios de comunicación, que ya no hablan de la guerra de una manera tan frecuente.

P. La eficiencia de España con la gestión de la llegada de miles de ucranios ha demostrado que cuando hay voluntad es posible. ¿Hay refugiados de primera y de segunda?

R. Eso no puede ser. Se entiende el trato diferenciado con los ucranios, desde el punto de vista de la gestión, porque desde el 24 de febrero hay casi seis millones de personas huyendo de la brutalidad de la guerra, una guerra sobrevenida que no esperábamos. Por eso se entiende la activación de la protección temporal, pero una vez que están reconocidos como refugiados, son refugiados como cualquier otro. Lo que nosotros vemos es que este es un momento, tristemente, de oportunidad, porque hay que analizar estas buenas prácticas y velar por que sirvan para apoyar a otros colectivos de refugiados que tienen los mismos derechos.

P. La policía de Canarias suele hablar de forma recurrente de “solicitudes de asilo fraudulentas” con el objetivo de evitar expulsiones. ¿Cuál es su lectura?

R. Esta queja tendría que ser respondida con más recursos para poder tramitar las solicitudes de una manera más rápida. Es decir, si hay una persona que quiere pedir asilo y se cuenta con herramientas más desarrolladas, se puede identificar mejor si su solicitud es manifiestamente infundada y así darle una respuesta inmediata. Pero hay que escuchar su historia, ver cuál es su perfil y darle el tiempo necesario para recuperarse físicamente.

R. Las nuevas relaciones de España con Marruecos sugieren que habrá un mayor control para evitar la salida de pateras. ¿Tienen constancia de que se haya intensificado la persecución de potenciales refugiados en Marruecos y en el Sáhara Occidental? ¿Qué consecuencias tiene para los refugiados ese mayor control?

R. Estamos trabajando muy de cerca con el equipo de Acnur en Marruecos. Trabajamos caso a caso, ellos hacen el monitoreo, se ponen en contacto con las personas para valorar lo que ha pasado, si son personas que han intentado venir y que han sido devueltas, por quién… e ir documentando situaciones para trabajarlas con las autoridades. Parece que sí, hay menos llegadas, pero hay que ver si es una situación puntual o una tendencia, si se mantiene el control y con qué garantías.

P. Hace dos meses, coincidiendo con el estallido de la guerra de Ucrania, vivimos el mayor salto a la valla de Melilla. La ultraderecha usó ese salto para diferenciarlos de los que, a su criterio, son verdaderos refugiados, y las autoridades resaltaron la extrema violencia usada en el salto. ¿Pero qué perfiles tenían esas personas?

R. Había 800 personas y entre ellas personas de Sudán, Yemen y Malí, países que, para nosotros, pueden generar situaciones de necesidad de protección internacional. De hecho, han pasado por el procedimiento de frontera de forma excepcional, en condiciones muy difíciles, haciendo entrevistas día y noche, y, al final, no ha habido ninguna denegación. Todos han sido admitidos a trámite.

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Un hombre mata a otro de un disparo y se atrinchera con un rehén en un pueblo de Valladolid

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La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, el pasado febrero.
La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, el pasado febrero.Photogenic/Claudia Alba (Europa Press)

Un hombre de 45 años ha sido asesinado en la madrugada de este viernes en Santovenia de Pisuerga (Valladolid, 4.300 habitantes) por un hombre que lo disparó con un arma de fuego y que se ha atrincherado con un rehén en una vivienda. La Guardia Civil se ha desplegado en torno al domicilio y lo ha acordonado para intentar detener al individuo y evitar que haya más víctimas de un suceso del que hasta el momento se desconocen las causas.

El primer aviso recibido por el 112 de Castilla y León llegó a la 1.43 de esta pasada madrugada, en la que la Guardia Civil “solicita asistencia médica para un varón que se halla inconsciente tras haber sido herido con un arma de fuego en el cruce de la calle Alfredo Martín con la calle Marqués de San Felices de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), donde ya se encuentran agentes de la citada fuerza de seguridad atendiendo al herido”. Los servicios centrales enviaron una ambulancia y personal sanitario que no pudieron hacer más que confirmar que el fallecimiento del herido por el arma de fuego.

La subdelegación del Gobierno en Valladolid ha detallado que el disparo mortal se produjo en el portal del inmueble donde residía la víctima. A continuación, el autor huyó y se refugió en otra vivienda, donde permanece encerrado.

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Melilla exige el reforzamiento de la frontera con Marruecos

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Un gendarme marroquí junto a la valla que separa Marruecos de Melilla, el pasado 26 de junio.
Un gendarme marroquí junto a la valla que separa Marruecos de Melilla, el pasado 26 de junio.FADEL SENNA (AFP)

La valla entre Melilla y Marruecos sigue siendo escenario de dramas sin visos de fin. El presidente de la ciudad, Eduardo de Castro, pide más medios personales y materiales “para proteger la frontera” ante una situación “poco halagüeña en el sentido de que estos migrantes están desesperados”. La misma reivindicación resonaba en las filas del PP melillense horas después del intento de entrada y entre sindicatos de las fuerzas de seguridad. El último intento de entrada el pasado viernes dejó al menos 23 muertos en Barrio Chino (pedanía del municipio marroquí de Beni Enzar), una cifra que varias organizaciones no gubernamentales suben hasta 37. En el lado español, 57 jóvenes y 49 agentes sufrieron lesiones y heridas.

“La valla se puede poner más alta, pero ellos van a buscar siempre una alternativa”, apunta el presidente melillense en una conversación con EL PAÍS. Y destaca que “esos saltos masivos, violentos, en algunos casos, no pueden ser la opción para solventar la desesperación de los migrantes; esta no es una situación admisible en un Estado de Derecho”.

Fuentes de Interior aseguran que se tiene bien en cuenta la ciudad. “Nunca había habido tantos agentes”, señala una de ellas. En marzo llegaron a Melilla 70 guardias civiles como refuerzo a los 720 que ya había en la localidad. Este verano se espera que se incorporen nuevos efectivos tanto de la Policía Nacional como del instituto armado Civil y continúan las obras en el perímetro fronterizo para terminar de instalar los peines invertidos que han sustituido a las concertinas.

La vista está ahora puesta en Marruecos. “Es la primera vez que se ha visto tan claro el apoyo de la Gendarmería, otras veces, no estaba ni se la esperaba”, reivindica De Castro, en referencia al penúltimo salto en la valla, en marzo, el mayor de los registrados, con unas 2.500 personas intentando rebasar el perímetro. Hasta 954 consiguieron entrar en dos días consecutivos, a plena luz del día y ante cierta pasividad de las fuerzas marroquíes. Dos semanas después, se hizo público el viraje del Gobierno español con respecto al Sáhara Occidental como región autónoma dentro de Marruecos. La maniobra permitió restablecer las relaciones diplomáticas entre Madrid y Rabat con especial atención a la reapertura de la frontera, cerrada desde 2020, y al control migratorio.

“Sería importante destacar que esto no ha sucedido en Melilla, sino al otro lado de la frontera, Marruecos, sin perjuicio de que sea necesario reforzar nuestro lado y una mayor colaboración”, resalta Sofía Acedo, senadora del PP por Melilla, “actualmente, y llevamos años así, se viene reforzando el perímetro con grupos especiales de intervención, de manera puntual, ante períodos en los que se cree que aumenta la amenaza de asalto”. Para Acedo, esa estrategia no es efectiva porque “los asaltos se producen en cualquier momento”. “Es necesario tener custodiada nuestra frontera siempre”, puntualiza.

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Esa “mayor cooperación” entre España y Marruecos, que también han destacado el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha cobrado un precio muy alto a las puertas de la ciudad. Las imágenes de cuerpos amontonados, inertes, junto al paso fronterizo son estremecedoras. “Las relaciones de la Guardia Civil con la Gendarmería [marroquí] son estrechas y es bueno que se recuperen”, esgrime el presidente local, “cuestión distinta es lo que pasa después, y en territorio de Marruecos. Al final, el resultado no ha sido tan bueno”.

“España y Europa están pagando ese tipo de violencia”, lamenta Josep Buades, responsable del Servicio Jesuita a Migrantes, una organización que da asistencia legal a solicitantes de asilo y migrantes en Melilla, “si queremos que se respeten los Derechos Humanos, nos toca a nosotros dar un paso adelante”. Para Buades, el cierre fronterizo decretado en 2020 por la pandemia y la reforma en la valla han supuesto un cambio de dinámica: “Los números han bajado mucho”.

En lo que llevamos de año, se han producido en Melilla 1.150 entradas irregulares: 954 en los dos saltos de marzo y 133 el pasado viernes. De estos últimos, todos han solicitado asilo. Las cifras están aún lejos de las registradas antes de la pandemia. En 2019 entraron 2.212 personas desde el 1 de enero al 15 de junio; 2.652, en 2018. El perfil también es distinto: con las restricciones a los transeúntes en la frontera reabierta, yemeníes, sirios, tunecinos y otras nacionalidades árabes llegan a Melilla solo por goteo y a menudo por mar. Solo los subsaharianos se aventuran a sobrepasar el vallado, ya que no pueden siquiera acercase a la oficina de asilo en la frontera de Beni Enzar.

“Si las personas subsaharianas pudieran acceder [a la oficina de asilo], igualmente no se arriesgarían a tener que saltar una valla o a tener que montarse en una patera”, recrimina Estrella Galán, directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. “Si el Gobierno quiere evitar situaciones dramáticas en la frontera sur, lo que tendrá que articular vías legales y seguras”, insiste, “no hay que inventar nada nuevo, esos elementos existen [en la legislación española]”.

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La alusión a la ley de Amnistía y el sello de Cataluña y País Vasco: las novedades en la futura ley de memoria democrática

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Exhumación en las inmediaciones del Fuerte de San Cristóbal (Pamplona), antiguo penal franquista donde las víctimas fueron enterradas con una botella de vídrio en cuyo interior se introducía su nombre y apellidos.
Exhumación en las inmediaciones del Fuerte de San Cristóbal (Pamplona), antiguo penal franquista donde las víctimas fueron enterradas con una botella de vídrio en cuyo interior se introducía su nombre y apellidos.Aranzadi

La ley de memoria democrática llegará pronto al Congreso para su aprobación tras el debate y la inclusión de enmiendas presentadas por los distintos grupos, aunque ya se ha tergiversado su contenido y objetivos. Estas son las claves de la ponencia antes de que llegue a la comisión del Congreso para su debate y aprobación definitiva.

Ley de Amnistía: el Estado asume la interpretación de Baltasar Garzón. El texto de la ponencia incluye varias referencias a la ley que ERC pedía derogar. La primera es una alabanza: “El primer Parlamento elegido democráticamente desde el final de la Guerra aprobó la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, una reclamación histórica de la oposición antifranquista (…). Esta ley tuvo por virtud amnistiar todos los delitos de intencionalidad política e infracciones de naturaleza laboral y sindical”. La ley de amnistía no se deroga, pero a continuación, el texto recuerda “la obligación de los poderes públicos” de interpretarla “conforme al Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles”. Esa fue, precisamente, la premisa de Baltasar Garzón cuando abrió una causa contra los crímenes del franquismo en la Audiencia Nacional, uno de los motivos por los que fue suspendido, juzgado y finalmente absuelto del delito de prevaricación en el Tribunal Supremo.

Reconocimiento de violaciones de derechos humanos hasta 1983. No es cierto, como sostiene parte de la derecha, que se incluya a José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala como víctimas del franquismo o que se vaya a investigar de nuevo a los GAL. El concepto de víctima es el mismo y tampoco ha cambiado el apartado que se refiere a la investigación de los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura, que abarca hasta 1978. Lo que añade el texto tras la negociación con los grupos es lo siguiente: “Como se ha dado en otros procesos transicionales de muy diversos países, aún después de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y la indudable importancia que supuso para el nuevo ordenamiento jurídico democrático, pudieran persistir elementos que ocasionaran supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia los derechos fundamentales y los valores democráticos”. Por ese motivo, una disposición adicional contempla “la designación de una comisión técnica que elabore un estudio sobre dichos supuestos entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983 para “señalar posibles vías de reconocimiento y reparación”.

El sello de catalanes, vascos y gallegos. El texto añade, en el apartado que enumera a las diferentes víctimas del franquismo con derecho a medidas específicas de reconocimiento y reparación, a “las instituciones de autogobierno catalanas y vasca y las corporaciones locales”. Así, “se consideran víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega” y se reconoce la “política de persecución” contra ellas perpetrada durante el franquismo.

Además, se abre un nuevo plazo de reclamaciones para la restitución a personas naturales o jurídicas de documentos de conformidad a lo dispuesto en la ley de restitución a la Generalitat de Cataluña de documentos incautados con motivo de la Guerra Civil.

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Oficina de víctimas y recogida de testimonios. El departamento competente en materia de memoria democrática contará con una oficina de víctimas para “la recogida de los testimonios de las personas que padecieron persecución y de sus familiares, así como para realizar labores de divulgación y sensibilización”. Además, en el seno del Consejo de la Memoria Democrática se constituirá una Comisión de ámbito estatal, de carácter “académico, temporal y no judicial, independiente”, para contribuir al “esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura, como forma de favorecer la convivencia democrática, mediante la recepción de testimonios, información y recopilación de documentos”.

Un régimen ilegal… Además de condenar el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, el nuevo texto declara “ilegal el régimen surgido de la contienda militar”.

…Que impuso sentencias ilegales. La palabra “ilegal” se añade igualmente a la ahora de referirse al carácter “radicalmente nulo de todas las condenas y sanciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura, independientemente de la calificación jurídica utilizada para establecer dichas condenas y sanciones”.

Retirada de 33 títulos nobiliarios. El texto que el Gobierno llevó al Congreso preveía elaborar “un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978 que representen la exaltación de la Guerra y Dictadura” para proceder a su supresión. A petición del PSOE y Unidas Podemos, se incluirá en la ley los 33 que serán directamente eliminados, relativos a Franco, Primo de Rivera, Calvo Sotelo, Mola y Carrero Blanco, entre otros.

Apoyo a los investigadores. “Se tendrá en cuenta el papel esencial que desempeña el debate histórico para la formación de una conciencia histórica adecuada a la dignidad de los ciudadanos de una sociedad libre y democrática y la contribución al mismo de las conclusiones que sean resultado de la aplicación en la verificación e interpretación de los hechos de los usos y métodos característicos de la ciencia historiográfica. Ello se entenderá sin perjuicio de la incertidumbre consustancial al citado debate que deriva del hecho de referirse a sucesos del pasado sobre los que el investigador puede formular hipótesis o conjeturas al amparo de la libertad de creación científica reconocida en el artículo 20.1 b) del Texto Fundamental.

Banco de ADN también para los bebés robados La base de datos de ADN estatal con perfiles de las víctimas del franquismo incluirá a “las personas afectadas por la sustracción de recién nacidos cuya denuncia haya sido admitida” por los hechos objeto de la ley de memoria. En esa base de datos de ADN también se conservarán las muestras de restos óseos de las distintas exhumaciones.

Archivos en manos de la Fundación Franco. La Administración General del Estado se compromete a habilitar dotaciones presupuestarias específicas para la catalogación y el acceso a los archivos. Además, el texto añade: “Los archivos y documentación del gobierno de la Dictadura, en particular del Jefe del Estado, que se encuentren en poder de entidades privadas o personas físicas”, como la Fundación Franco, se incorporarán, una vez superados los trámites legales, al Centro Documental de la Memoria Histórica o al archivo del organismo público que se determine de manera motivada”.

Un año para la auditoría de incautaciones. El texto reconoce “el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura”, en los términos que se establezcan legalmente en la normativa de desarrollo. La auditoría de bienes incautados que contempla la ley deberá realizarse “en el plazo de un año” desde su entrada en vigor.

Nacionalidad española para descendientes de brigadistas. El texto incluye a los “descendientes de los brigadistas que acrediten una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendientes y la defensa de la democracia en España” a la hora de conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza sin necesidad de renunciar a si anterior nacionalidad.

Prohibidos retratos franquistas en el despacho. La ley prohíbe la exhibición de “retratos u otras manifestaciones artísticas de militares y ministros asociados a la sublevación militar o al sistema represivo de la Dictadura” en “lugares representativos y, en particular, despachos u otras estancias de altos cargos, espacios comunes de uso, ni en áreas de acceso al público”.

Educación. A la previsión de incluir entre “los fines” del sistema educativo español “el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas”, se desarrollará “en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la Guerra y la Dictadura” en la educación secundaria obligatoria, formación profesional y bachillerato.

Persecución cultural. El texto añade el compromiso de las administraciones competentes de articular “todos los mecanismos, procedimientos y recursos necesarios para realizar una evaluación exhaustiva y profunda de la represión y persecución cultural y lingüística del franquismo, así como de sus efectos sobre la realidad sociolingüística del Estado”.

Nuevas infracciones. Se añade como infracción muy grave “la destrucción de documentos públicos o privados” para la recuperación de la memoria histórica así como la “apropiación indebida de documentos de carácter público por parte de personas físicas o instituciones privadas que ejercieron cargos públicos durante la Guerra, la Dictadura y hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978″.

Medallas sin pensión. La anulación y la revocación de las resoluciones por las que se concedieron las recompensas franquistas determinará “la pérdida de los derechos anejos correspondientes, incluso los económicos”.

Nuevos lugares de memoria. El Fuerte de San Cristóbal, penal franquista ubicado en Pamplona (Navarra), será declarado lugar de memoria y recibirá “financiación” para celebrar “actividades acordes con la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática”. en los términos que asimismo se recojan en la normativa foral correspondiente. Con el mismo fin y en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, se promoverá un “convenio de cesión del Palacio de la Cumbre de Donostia al Ayuntamiento de Donostia”, que ahora usa como sede veraniega el Ministerio de Asuntos Exteriores. El Valle de los Caídos pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros.

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