La dimisión en bloque de los ocho vocales que forman el grupo progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —siete habituales más Enrique Lucas, propuesto por el PNV y que en ocasiones se ha desmarcado— conduciría a una situación de práctica parálisis al órgano de gobierno de los jueces, que ya no estaría en condiciones de tomar decisión importante alguna, por falta de quórum. Ésta sería la consecuencia más relevante de esas renuncias en bloque, si llegaran a producirse, porque la institución quedaría teóricamente en manos de los vocales del sector conservador, que son diez, cuando la toma de decisiones en el pleno requiere la presencia de una mayoría absoluta de miembros del Consejo.

Harían falta, por tanto, 11 vocales, y el grupo que representa a la derecha judicial en este órgano no alcanzaría este número. A excepción, claro está, de que alguno de los ocho integrantes del bloque progresista prefiriese seguir en su puesto. De ahí la relevancia de que sean todos los miembros de este sector los que renuncien a su cargo, si lo que pretenden es generar una situación de hecho que fuerce la negociación entre el Gobierno y el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

En el supuesto de un abandono colectivo del citado grupo no podría actuar con plenitud de competencias ninguna instancia del Consejo. Desde luego, no podría hacerlo el pleno, que ya se habría quedado sin presidente, puesto que el actual, que lo es como suplente tras la dimisión de Carlos Lesmes, habría sido uno de los integrantes del grupo dimisionario. Tampoco podría ejercer todas sus funciones habituales la comisión permanente del Consejo, compuesta por siete miembros. De ellos, tres pertenecen al sector progresista, y cuatro al bloque conservador. La permanente quedaría reducida a estos cuatro, que no contarían ni con un presidente. En el Consejo hay quien cuestiona que tuviera quórum para funcionar, mientras otras fuentes consideran que en ese órgano no hay un quórum requerido.

La práctica paralización del pleno y la permanente implicaría según el criterio más extendido en el Consejo, el bloqueo de sus funciones. De las que mantiene —en materia de permisos, cuestiones disciplinarias, medidas de refuerzo de juzgados y convocatoria de oposiciones, entre otras— tras la reforma legal que implicó la prohibición de llevar a cabo nombramientos una vez caducado su mandato. El Poder Judicial lleva en esta situación desde diciembre de 2018, y los nombramientos dejaron de poder realizarse desde marzo de 2021, en que fue aprobado el citado cambio legislativo. Fuentes del Consejo señalan ahora que están pendientes no menos de un centenar de designaciones de responsables de importantes instancias judiciales por todo el territorio del país.

Esta competencia sigue sin poder ejercerse ahora, a resultas de dicho cambio legal, cuyo objetivo era dejar transitoriamente inoperativa una de las atribuciones más importantes del órgano de gobierno de los jueces. El doble objetivo perseguido con esta medida era tratar de impedir por un lado que la mayoría conservadora efectuase más o menos masivamente nombramientos de candidatos afines, y por otra parte favorecer de forma indirecta la reanudación de negociaciones entre el Gobierno y el PP con el fin de renovar el Consejo.

Este diálogo no se reabrió y el Consejo ha tenido que centrarse en las escasas competencias que le quedaron con aquella reforma para que no siguiera nombrando a los altos cargos judiciales. En esta situación, en cada pleno, incluso en esta etapa en la que no se pueden hacer nombramientos, el Poder Judicial lleva más de 100 acuerdos sobre traslados, permisos o refuerzos en los tribunales de justicia de España. Con la dimisión en bloque de los vocales progresistas, la carrera judicial podría quedar de facto prácticamente congelada en su funcionamiento.

No solo viajes de placer y estancias en hoteles de lujo. Un reciente informe del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil apunta a que el teniente general Pedro Vázquez Jarava, principal imputado en el caso Cuarteles, una de las dos causas de corrupción que ha sacudido al instituto armado en las últimas semanas, también pudo recibir mordidas de dinero en efectivo tras detectar que el alto mando ingresó en sus cuentas bancarias en un corto espacio de tiempo 45.700 euros en efectivo “cuyo origen se desconoce”.

El documento policial, fechado el pasado octubre y al que ha tenido acceso EL PAÍS, destaca la cercanía temporal de algunos de estos movimientos con otras extracciones de dinero que realizó el constructor canario Ángel Ramón Tejera de León, Mon, también imputado en la causa y que resultó beneficiario de 193 adjudicaciones del instituto armado por un valor de 3,3 millones de euros mientras Vázquez Jarava fue, como subdirector General de Apoyo, el máximo responsable de las finanzas del instituto armado. Los investigadores señalan que ese dinero pudo ser destinado por el general “a realizar distintos pagos vinculados a la compra de un inmueble” en Cádiz. En su única declaración judicial, el alto mando ha negado haber recibido “regalos”, aunque ha admitido que el empresario abonó por él billetes de avión y habitaciones de hotel.

El nuevo informe de Asuntos Internos recuerda que, entre 2016 y 2017, cuando Vázquez Jarava ocupaba un puesto en la cúpula del instituto armado, las empresas de Tejera de León registraron un “incremento exponencial de los contratos adjudicados por la Guardia Civil”. En ese periodo, el constructor emitió 100 facturas por un importe superior a los 1,7 millones de euros por obras en cuarteles de las comandancias de A Coruña, Albacete, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón y Valladolid. Los investigadores destacan que los mandos responsables de estas comandancias coincidieron en afirmar, en sus declaraciones como testigos, que “la adjudicación vino determinada por el teniente general”.

También en esas fechas se sitúan las siete supuestas dádivas en forma de viaje y estancias de hotel recibidas por el general y conocidas hasta ahora, entre ellas los desplazamientos en avión para asistir a las finales de la Champions League que jugó en Real Madrid en Milán y en Cardiff (Reino Unido), y el alojamiento en hoteles de Cádiz y Canarias para Vázquez Jarava y miembros de su familia. Según las facturas incorporadas al sumario, el empresario gastó 14.461 euros en estos supuestos regalos.

A esas dádivas, Asuntos Internos suma ahora supuestas mordidas en metálico tras realizar una “investigación económico-patrimonial” tanto del general como del empresario, cuya mutua amistad han reconocido ambos. El informe analiza todos los movimientos de dinero realizados por Vázquez Jarava inmediatamente antes y después de que el 11 de noviembre de 2016 adquiriese, junto a su esposa, una vivienda de 155 metros cuadrados situada en el Paseo Marítimo de Cádiz por 395.000 euros. Durante el análisis de los apuntes bancarios, los agentes han localizado 14 movimientos sospechosos de dinero en metálico por un valor total de 45.700 euros. Realizados con tan solo 11 días de diferencia y sin “causa aparente” que los justificara, los investigadores consideran este trasiego de efectivo como “indicio suficiente de potenciales operativas irregulares”.

Una sucursal de Madrid

Así, los investigadores destacan que el 7 de noviembre de ese año, que era lunes, el alto mando de la Guardia Civil ingresó 20.000 euros repartidos a partes iguales en dos cuentas a su nombre. El viernes anterior el constructor canario había extraído una cantidad cercana, 15.000 euros, de los depósitos abierto a nombre de dos de sus empresas. Esta retirada, recalcan los agentes, la hizo el empresario, que reside en Canarias, en la misma sucursal en Madrid del Banco Santander donde el general tenía abiertas sus cuentas.

Asuntos Internos describe un segundo movimiento sospechoso unos días más tarde. El 11 de noviembre Tejera de León retiró 10.000 euros de una sucursal de Ayamonte (Huelva) y, tres días después, Vázquez Jarava ingresaba en Madrid 9.700 euros en una de sus cuentas. El informe destaca que, entre ambas fechas, el general y el constructor pasaron unos días juntos en compañía de sus parejas en un hotel de Cádiz pagado por el segundo.

Las pesquisas de la Guardia Civil han encontrado además indicios de una supuesta dádiva más del general. Según detalla el informe, los agentes han constatado que Tejera de León pagó, en marzo de 2017, con la tarjeta a nombre de una de sus empresas 1.650 euros de los 15.504 euros que costó la instalación de una cubierta para la piscina que Vázquez Jarava tiene en un chalé en Alpedrete (Madrid). Asuntos Internos, que ha recuperado el resguardo de la compra, destaca que este pago se hizo a los operarios que instalaron la cubierta en la propia vivienda del alto mando, por lo que concluye que el constructor “se encontraba en el domicilio del mencionado teniente general”. Los agentes intentan aclarar aún otro pago de 3.000 euros que fue realizado con una tarjeta “cuya titularidad hasta el momento no ha podido ser determinada”.

La posible dimisión de los ocho vocales del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está en el aire, después de la reunión que ayer celebraron en la sede de esta institución cuatro de los integrantes del mencionado bloque, los que en principio podrían tener una actitud más favorable a utilizar esta vía para facilitar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Participaron en el encuentro el presidente suplente del Consejo, Rafael Mozo, y los vocales Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga y, por videoconferencia, Pilar Sepúlveda. No se tomaron decisiones, salvo la de convocar otra reunión el próximo martes, a la que asistirían en principio los ocho integrantes de este bloque, para seguir analizando la oportunidad y la conveniencia de una renuncia colectiva.

Este primer encuentro fue propuesto por Álvaro Cuesta, quien tras la dimisión de la vocal Concepción Sáez, propuesta en su día por Izquierda Unida, consideró necesario que el grupo progresista en su conjunto se replanteara su continuidad o no en el Consejo, en una situación de progresiva degradación de la institución y dada su actual limitación de competencias, ante la falta de acuerdo para su renovación, pendiente desde hace más de cuatro años. En el propio grupo progresista, sin embargo, hay una pluralidad de opiniones que lleva a estimar difícil que prospere la idea de la renuncia en bloque. De entrada, hay al menos tres vocales que de un modo u otro han hecho llegar su criterio contrario a precipitar decisiones. Son Roser Bach, Mar Cabrejas y Enrique Lucas.

En todo caso, este debate se dará en la reunión del grupo progresista, la tarde del martes, a la que sus ocho integrantes están convocados para tratar de definir una postura “coordinada”, en expresión de Álvaro Cuesta, de cara al pleno del Consejo que tendrá lugar el jueves siguiente, día 30. Este vocal ha pedido al presidente del órgano de gobierno de los jueces que en el orden del día de ese pleno figure un punto consistente en analizar las consecuencias de la marcha de Concepción Sáez y la posibilidad de que su decisión sea seguida por otros miembros del pleno, con objeto de facilitar su renovación.

Ahora bien, en el propio grupo progresista hay quien piensa que, respetando la decisión individual de Sáez, una salida colectiva de ocho vocales como la que se ha propuesto podría equivaler simplemente a dejar en manos de los conservadores la gestión del CGPJ. En las actuales circunstancias los integrantes del Poder Judicial que permanecieran en sus puestos no podrían tomar decisiones de gran relevancia. Sobre todo, no podrían efectuar nombramientos, facultad que el Consejo tiene bloqueada desde hace dos años, al aprobarse la reforma legal que trató de conseguir por esta vía el reinicio de negociaciones para renovar la institución. Pero en el grupo progresista existe el temor de que un Consejo no renovado y en el que solo hubieran quedado los 10 vocales del sector conservador, pudiera recuperar dentro de unos meses, si el PP ganas las elecciones generales, las competencias para efectuar nombramientos, y ya sin necesidad de negociarlos internamente, con lo que podría designar a los candidatos más afines.

En diversos ámbitos del propio Consejo se conceden escasas expectativas al movimiento iniciado para tratar de propiciar una renuncia colectiva de los vocales progresistas. Desde el lado conservador, por otra parte, existe la práctica convicción de que esta iniciativa no llegará a puerto. Es decir, que no va a haber una salida en bloque del otro sector del Poder Judicial. Desde el grupo conservador se considera que la iniciativa, de prosperar, no tendría el efecto deseado de propiciar algún tipo de aproximación entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo. Y tampoco falta quien admite que si los vocales conservadores se quedan solos en el órgano de gobierno de los jueces tratarán de sacarle el máximo partido a las competencias que pudieran seguir ejerciendo.

Las complicaciones, en todo caso, están a la vuelta de la esquina. El 19 de julio se jubila, al cumplir los 72 años, Rafael Mozo. En principio, le sustituiría por razones de edad el vocal del sector conservador Vicente Guilarte, que no es magistrado, sino abogado. En el Consejo se explica que en esa condición no tiene obligación de jubilarse a una edad concreta, como sucede con los magistrados. Y hay quien imagina que un órgano de gobierno de los jueces formado por sólo 10 vocales conservadores y presidido por un jurista de la misma órbita ideológica sin límite de permanencia en el cargo podría dar lugar a un Consejo que no solo doblara, sino que llegara a triplicar el tiempo de su mandato, y lo empleara procediendo a nombramientos del mismo signo. Todos estos cálculos y previsiones —que según un vocal conservador responden a ejercicios de “justicia ficción”— forman parte de las vueltas que los vocales progresistas le están dando a la idea de dimitir en bloque.