Internacional
Las afganas reviven una pesadilla tras la imposición del velo integral por los talibanes
La reciente reimposición del velo integral en Afganistán rompió con las esperanzas de un Gobierno talibán tolerante hacia las mujeres y supuso el quiebre definitivo de 20 años de derechos femeninos en el país, suprimidos poco a poco por los fundamentalistas a partir de su llegada al poder en agosto pasado y más radicalmente desde que la comunidad internacional concentra su atención en la guerra en Ucrania.
La orden para que las mujeres cubran por completo su cuerpo y rostro en público fue decretada hace una semana por el líder supremo talibán, Hibatullah Akhundzada, quien consideró al burka -que solo tiene una mirilla a la altura de los ojos- como la opción más adecuada, al tiempo que instó a las afganas a «mejor» quedarse en sus casas.
En caso de incumplimiento, la norma sostiene que los «guardianes» varones serán reprendidos por las autoridades y podrían incluso ser encarcelados, mientras que las empleadas públicas serán despedidas.
Una decena de mujeres, la mayoría con la cara descubierta, se atrevieron a protestar en las calles de la capital contra la medida, pero enseguida fueron dispersadas por los fundamentalistas islámicos.
Esta interpretación radical de la ley islámica fue también condenada por la ONU, numerosos países occidentales y activistas, como la exparlamentaria afgana y ahora exiliada Naheed Farid, quien la tildó en las redes como un «símbolo del apartheid de género».
La imposición del velo integral es el summum de una serie de restricciones contra la libertad femenina impuestas gradualmente por los talibanes, pese a sus promesas iniciales de respetar los derechos de las mujeres y no volver a la brutal represión de su primer Gobierno (1996-2001).
Durante sus nueve meses en el poder, las 19 millones de afganas se vieron excluidas del empleo -salvo algunos trabajos específicos como sanitarios o de enseñanza- y privadas de la educación secundaria y la práctica deportiva, además de estar segregadas en los espacios públicos y no poder viajar solas.
«Es como si las borraran de la sociedad. Están siendo enterradas vivas, confinadas entre muros», dijo a Télam Victoria Fontan, vicepresidenta de Asuntos Académicos de la Universidad Americana de Afganistán (AUAF).
Tras vivir tres años en el país, esta académica francesa tuvo que abandonarlo con la vuelta al poder de los talibanes, que ocuparon el campus de la AUAF en Kabul, pero continúa su labor universitaria en línea.
Aunque el centro de estudios ha ubicado a centenares de sus estudiantes en filiales de países vecinos, una parte importante permanece aún en Afganistán e intenta continuar su formación pese a la creciente pérdida de libertades y los recurrentes cortes de luz.
«Las estudiantes se sienten ahogadas y están completamente desesperadas. Sienten que están reviviendo la pesadilla de los 90 de la que le hablaron sus madres y abuelas», expresó.
«Es como si las borraran de la sociedad. Están siendo enterradas vivas, confinadas entre muros»Victoria Fontan, vicepresidenta de Asuntos Académicos de la AUAF
Este tipo de restricciones son ajenas para muchas de las jóvenes afganas, que crecieron en un país bajo la ocupación de Estados Unidos y sus aliados (2001-2021) en el que la lucha por los derechos de las mujeres fue una prioridad y gozaron de oportunidades educativas, laborales y políticas más allá de la inestabilidad reinante.
En agosto pasado, el regreso de los talibanes hizo temer la instauración de un nuevo régimen represor, especialmente con las mujeres, a las que no dudaron en humillar y ejecutar durante sus años previos en el poder por infringir su interpretación radical de la ley islámica.
Pero las ansias de reconocimiento y ayuda internacional llevaron esta vez a los extremistas a moderar su discurso y garantizar el respeto de los derechos de todos los afganos, una promesa que fueron abandonando ante el estancamiento de las negociaciones internacionales y, sobre todo, desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania.
«Ya no queda ningún derecho a sacar a las mujeres. Estamos claramente en el mismo tipo de régimen, la única diferencia es que ahora los talibanes dan entrevistas y tuitean», señaló la responsable de la AUAF, quien estimó que el futuro será «cada vez más oscuro».
Con el foco puesto en la guerra en Ucrania, Afganistán quedó en un segundo plano para la comunidad internacional, a la que Fontan responsabilizó por la degradación de las libertades en el país asiático.
A su juicio, los talibanes están tomando partido de este contexto y aprovechando «como nunca» la ocasión para implementar sus políticas regresivas.
Una situación que podría empeorar la grave crisis económica que enfrenta el país, donde de los 39 millones de habitantes casi 20 millones pasan hambre, según cifras de Naciones Unidas.
La vuelta al poder de los fundamentalistas supuso un drástico recorte de la ayuda internacional -condicionada por los países occidentales al respeto de los derechos humanos- y el bloqueo de los activos del Gobierno afgano por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Una escasez de fondos que se vio perjudicada por el impacto en el crecimiento de las restricciones al empleo femenino, que según ONU Mujeres provocaron pérdidas económicas inmediatas de hasta 1.000 millones de dólares o hasta el 5% de la producción económica del país.
Con más de la mitad de la población que necesita asistencia humanitaria y en un contexto de inseguridad alimentaria y desnutrición, «las últimas restricciones hacen que los intentos de recuperación sean más difíciles, sino imposibles», indicó en un comunicado Sima Sami Bauhaus, directora ejecutiva del organismo.
Una opinión compartida por Fontan, quien subrayó que esta situación probablemente derive en «cero inversiones» extranjeras y, por lo tanto, no habría ningún incentivo para que el Gobierno talibán asuma compromisos con la comunidad internacional.
«Si el país se repliega a nivel económico, las mujeres sufrirán aún más», recalcó.
La académica advirtió, asimismo, que el vacío dejado por los países occidentales en Afganistán está siendo ocupado por China, que negocia con los extremistas para explotar los recursos naturales y extraer su preciada riqueza mineral, clave para la transición energética y climática.
«Va a ser un régimen totalitario con una élite intelectual y político-religiosa que va a beneficiarse de este acuerdo con China, que es totalmente indiferente a los derechos humanos, mientras el resto de la población simplemente sufrirá», opinó, tras recordar que los jefes talibanes tienen una vida totalmente distinta a la del resto del país e incluso educan a sus hijas.
«Si el país se repliega a nivel económico, las mujeres sufrirán aún más»Victoria Fontan
Para la también especialista en temas de paz y conflictos, Afganistán se encuentra actualmente en un «punto de no retorno» a nivel estratégico respecto de su futuro, en el que los opositores al Gobierno dudan entre ampliar la resistencia armada o esforzarse para seguir hablando con los talibanes.
«Creo que lo importante ahora es seguir presionando desde el exterior a los talibanes en relación a ese reconocimiento que tanto necesitan. Hacerles entender que el apoyo chino no es suficiente y que van a necesitar otros apoyos de la comunidad internacional. De lo contrario, será un infierno para las mujeres», concluyó.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aplazó este lunes el proceso de adopción parlamentaria de una polémica reforma judicial, luego de meses de protestas masivas que alcanzaron su clímax esta semana.
«Cuando hay una posibilidad de impedir una guerra civil mediante el diálogo, como primer ministro hago una pausa para el diálogo», declaró Netanyahu en un mensaje a la nación televisado al cierre de una convulsa jornada.
El premier anunció que la adopción de los distintos proyectos de ley de la reforma se aplazaba a la próxima sesión parlamentaria que se abrirá tras las vacaciones de la Pascua judía, del 5 al 13 de abril, cediendo así en parte a las exigencias de los opositores.
Inmediatamente después del anuncio, la Histadrut, la principal confederación sindical del país, proclamó el fin de la huelga general convocada unas horas antes.
El jefe de la oposición israelí, Yair Lapid, dijo estar «dispuesto a entablar un verdadero diálogo», pero solo si la legislación se detiene «totalmente».
El exministro de Defensa y ex jefe de las Fuerzas Armadas israelíes Benny Gantz, otras de las principales figuras opositoras, también expresó su beneplácito por la decisión.
«Más vale tarde que nunca», dijo.
El presidente de Israel, Isaac Herzog, dio la bienvenida a la pausa y dijo que era “hora de una discusión franca, seria y responsable que conducirá urgentemente a calmar los ánimos y apagar las llamas”.
Estados Unidos, gran aliado de Israel, aplaudió la medida, que «da más tiempo para encontrar un compromiso», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
En su mensaje a la nación, Netanyahu dijo que quería dar tiempo para buscar un compromiso con sus oponentes políticos sobre la polémica iniciativa, que fue una de sus promesas de campaña antes de ganar las elecciones de noviembre pasado y de asumir el Gobierno, en diciembre.
Agregó que era consciente de las crecientes tensiones en la sociedad israelí y de la voluntad de resolverlas.
No obstante, afirmó que hay una «minoría extremista» que está «desgarrando a Israel» y condenó la decisión de soldados reservistas de no servir en el Ejército en rechazo a la reforma del sistema judicial,
El domingo, miles de personas salieron a protestar de manera espontánea por las calles de la ciudad capital Tel Aviv después de que Netanyahu cesara al ministro de Defensa, Yoav Gallant, por pedir una suspensión de un mes en el proceso legislativo de aprobación de la reforma.
Tras los disturbios que se produjeron, el presidente Herzog había hecho un llamado «a detener inmediatamente el proceso legislativo».
Este lunes, una multitud -unos 80.000 manifestantes, según la prensa local- volvió a salir a la calle en Jerusalén para protestar contra la reforma.
Por la noche, una contramanifestación, con miles de participantes, tuvo lugar no muy lejos de la primera.
También hubo movilizaciones contra la reforma en Tel Aviv y en la norteña ciudad de Haifa.
«Pedimos al gobierno que detenga esta reforma de locos», dijo Keren Mimran, una manifestante de 57 años que trabaja en el sector de la alta tecnología, a la agencia de noticias AFP.
También este lunes, antes del anuncio de Netanyahu, la comisión parlamentaria de leyes votó en favor de uno de los elementos clave de la reforma: el proyecto de ley por el que se modifica el proceso de nombramiento de los jueces.
La reforma promovida por el gobierno de Netanyahu, el más de derecha de la historia de Israel, busca incrementar el poder de los políticos sobre los jueces y disminuir el rol de la Corte Suprema.
Netanyahu -que enfrenta causas de corrupción- y sus aliados ultraortodoxos y de extrema derecha defienden el cambio con el argumento de que debe equilibrarse la correlación de fuerzas entre los cargos electos y la Corte Suprema, a la que consideran politizada.
Sus detractores consideran que la reforma amenaza la separación de poderes y el carácter democrático del Estado de Israel.
El rechazo al proyecto generó en los tres últimos meses uno de los mayores movimientos populares de protestas de la historia del país.
Este lunes, las principales organizaciones patronales se distanciaron del llamado a la huelga pero pidieron diálogo para detener el proceso.
Muchas empresas privadas –bancos, aseguradoras, cadenas de ropa y de restauración– se sumaron a la huelga, en un hecho poco habitual en el país.
El paro afectó también los vuelos en el aeropuerto internacional Ben Gurión, cerca de Tel Aviv.
En un discurso televisado, Netanyahu se comprometió a «poner fin a la división», pero reiteró su determinación con hacer avanzar la reforma.
Al día siguiente, el primer ministro fue llamado al orden por la justicia, que consideró «ilegal» su intervención pública a propósito de la reforma judicial, dado que está implicado en procesos por soborno, fraude y abuso de confianza, cargos que él niega.
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Tres niños y tres adultos fueron muertos este lunes a tiros en una escuela primaria de Nashville, en el sur de Estados Unidos, por una joven que luego fue abatida por la Policía, informaron autoridades.
La joven estaba armada con «al menos» dos rifles de asalto y una pistola y abrió fuego dentro del colegio The Covenant School, dijo el vocero de la Policía de Nashville.
Policías acudieron al lugar y, tras escuchar disparos en el piso de arriba, subieron «inmediatamente» y «mataron» a la atacante, dijo el portavoz, Don Aaron
An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx
— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 27, 2023
Un rato después, la fuerza detalló que la joven tenía 28 años y era residente de Nashville, y agregó que al parecer fue alumna de la escuela donde cometió el ataque.
“Mis conclusiones iniciales son que en un momento dado ella fue alumna de este colegio, pero no estoy seguro en qué año», declaró a periodistas el jefe de policía de Nashville, John Drake.
El presidente estadounidense, Joe Biden, volvió a pedir al Congreso que aprobara su prohibición de armas de asalto tras el tiroteo de Nashville.
“Es desgarrador, la peor pesadilla de una familia”, dijo.
La primera dama Jill Biden también habló sobre el tiroteo.
“Estoy realmente sin palabras. Y nuestros hijos merecen algo mejor”, dijo durante una conferencia de la Liga Nacional de Ciudades en Washington.
Según la Policía, la joven efectuó numerosos disparos a medida que caminaba por el establecimiento, que tiene alrededor de 200 estudiantes y 40 empleados.
«Tres alumnos y tres adultos resultaron heridos de muerte», afirmó Aaron, que aseguró que no había más víctimas, informó la agencia de noticias AFP.
La escuela The Covenant tiene alrededor de 200 estudiantes y 40 empleados.
Varios funcionarios del estado de Tennessee se declararon consternados en las redes sociales.
«Estoy devastado y desconsolado por la trágica noticia», tuiteó el senador republicano Bill Hagerty.
Devastated and heartbroken about the tragic news at Covenant School. I’m grateful to law enforcement and first responders for their heroic actions. I am monitoring the situation closely, and my office is in contact with local officials & available to anyone needing assistance.
— Senator Bill Hagerty (@SenatorHagerty) March 27, 2023
El Hospital Universitario Vanderbilt de Nashville confirmó la muerte de los niños.
«Tres pacientes pediátricos han sido trasladados al Hospital Pediátrico Monroe Carell Jr. de Vanderbilt, todos ellos con heridos de bala. Los tres han sido declarados muertos tras su llegada» al centro sanitario, informó el establecimiento en un comunicado.
La Policía dijo que se había instalado un punto de encuentro para víctimas y familiares en una iglesia baptista de la ciudad.
Los ataques en escuelas se volvieron frecuentes en Estados Unidos, en parte por la facilidad de acceso al mercado de las armas, pese a varias iniciativas para restringir justamente el porte.
La reacción de Biden
En 2012 un hombre mató a 20 niños de 6 y 7 años en una escuela primaria Sandy Hook, en Newtown, Connecticut, y diez años más tarde, en 2022, un joven de 18 años acabó con la vida de 19 estudiantes y dos profesores, esta vez en la Escuela Primaria Robb, en Uvalde, Texas.
En 2018, una matanza en un colegio de educación secundaria de Parkland, en Florida, que dejó 17 muertos y 14 heridos, desencadenó un movimiento nacional, encabezado por jóvenes, para exigir una supervisión más estricta de las armas en el país.
Pese a la movilización de más de 1 millón de manifestantes, el Congreso de Estados Unidos no adoptó una ley ambiciosa porque muchos congresistas aparecen muy influenciados por la Asociación Nacional del Rifle (NRA), un grupo de presión sobre armas.
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Internacional
Francia: los sindicatos sólo dialogarán con el gobierno si retira la reforma previsional
El líder del principal sindicato francés condicionó la aceptación de una propuesta de la primera ministra, Élisabeth Borne, de rebajar tensiones a que deje de lado la impopular reforma jubilatoria aprobada por decreto por el presidente Emmanuel Macron, en pleno conflicto social.
«Si la mano tendida es rediscutir el trabajo y las pensiones, y dejar de lado de momento la reforma (…) Si estos dos temas están sobre la mesa, discutiremos», aseguró Laurent Berger, del sindicato reformista CFDT, en la cadena France 2.
En una entrevista, Borne dijo estar «a disposición» de los sindicatos para «calmar las cosas», dos días antes de una nueva jornada de huelga nacional y de protestas prevista para este martes y convocadas por organizaciones sindicales.
Las autoridades esperan «de 650.000 a 900.000» manifestantes el martes, según la Policía.
El Ministerio del Interior estimó que 1,089 millones de personas protestaron el pasado jueves (3,5 millones, para el sindicato CGT).
Durante una reunión de crisis este lunes con Borne, miembros del gobierno y dirigentes del oficialismo, el presidente liberal Macron, abogó por «continuar tendiendo la mano», según uno de los participantes.
Francia se halla sumida desde enero en un fuerte conflicto social que se agravó el 16 de marzo, cuando el mandatario liberal decidió adoptar por decreto el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030.
Desde su adopción definitiva cuatro días después, el Gobierno intenta avanzar en otros asuntos, cerrando el capítulo de esta reforma, si bien las manifestaciones, cada vez más duras, continúan.
Muestra del malestar reinante, el museo del Louvre, el más visitado del mundo, no pudo abrir sus puertas este lunes. Sus trabajadores y empleados de otros sitios culturales bloquearon su apertura.
Aunque el gobierno busca cómo apaciguar la situación y trazar una hoja de ruta sobre sus próximos proyectos, se muestra inflexible ante el rechazo popular.
«La ley de las pensiones quedó atrás», reiteró su portavoz, Olivier Véran, informó la agencia de noticias AFP.
Esta reforma, clave para el segundo mandato de Macron hasta 2027, enfrenta los recursos presentados por la oposición ante el Consejo Constitucional, que debe fallar ahora sobre su validez antes que el presidente francés pueda promulgarla
Las protestas obligaron a anular la visita del rey británico Carlos III prevista esta semana.
En su lugar, Macron mantuvo hoy una reunión de crisis con Borne, varios ministros y aliados de su gobierno, dijo la presidencia.
Las acciones de protestas continúan: liceos y universidades bloqueados, un paro en depósitos y refinerías que provoca la falta de combustible en un 15% de gasolineras o más de 7.000 toneladas de basura acumuladas en las calles de París, entre otras.
El martes, alrededor de un 30% de los maestros de primaria harán de nuevo huelga, según el sindicato SNUipp-FSU.
Y el transporte público de París y el servicio de trenes deberían registrar de nuevo anulaciones.
Cientos de personas han sido detenidas en Francia en los últimos días al incrementarse la violencia en las calles por la reforma jubilatoria, tanto en las protestas como en su represión.
La Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) reveló que se abrieron 17 investigaciones desde el 19 de enero por posibles casos de violencia policial excesiva.
En paralelo, encuestas mostraron un retroceso en la intención de voto al Gobierno.
El descontento estaría siendo capitalizado, según una encuesta de Ifop, por el partido Unión Nacional de la ultraderechista Marine Le Pen y la coalición de izquierda Nueva Unión Popular Ecológica y Social (Nupes), liderada por Jean-Luc Mélenchon.
Estas serían las dos formaciones más votadas en unas posibles elecciones anticipadas con un 26 por ciento de apoyo cada una, según el sondeo.
Los grandes perdedores serían así los partidos que apoyan a la mayoría del presidente, ya que la coalición Renacimiento de Macron caería al tercer puesto (22 por ciento, cinco puntos menos).
También caen, aunque solo un punto, el partido tradicional de la derecha francesa, Los Republicanos, que pasa de un 11 a un 10 por ciento de intención de voto.
Véran pidió ayer todas las fuerzas políticas condenar la violencia en las recientes protestas, en referencia a los graves disturbios del jueves en la última jornada de paro general contra la reforma.
Además, Véran cargó contra Le Pen y Mélenchon, por su «ambigüedad».
«Hay una continuidad entre la violencia del discurso político y la violencia expresada en la calle», reprochó.
La semana pasada, Macron reiteró que la reforma jubilatoria debe estar vigente «para fin de año».
En una entrevista con dos canales de televisión de Francia, el Presidente insistió en que elevar la edad jubilatoria de 62 a 64 años es necesario para evitar un «déficit» en la caja de pensiones en un país con una expectativa de vida creciente.
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