Los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación viajarán a Rosario para participar este jueves junto a integrantes del Consejo de la Magistratura y jueces federales de todo el país de un debate sobre la problemática del narcotráfico, cuya vinculación con la violencia altamente lesiva provocó parte de los 103 asesinatos ocurridos en lo que va del año en la ciudad de Rosario.

La reunión organizada por la Asociación de Jueces Federales (Ajufe) se desarrollará en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), entre las 11 y las 13.30.

Los organizadores informaron que la apertura estará a cargo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, quien estará acompañado por sus colegas Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

El encuentro de jueces, camaristas, consejeros y miembros del máximo tribunal se realizará bajo la consigna “El juzgamiento del narcotráfico”, y la selección de la sede procura dar una señal de apoyo a la Justicia Federal rosarina en materia de persecución penal del narcotráfico.

El secretario general de Ajufe, el juez federal Ariel Lijo, dijo este miércoles que “estamos muy preocupados” por lo que ocurre en Rosario y agregó que “la justicia federal no puede ser ajena al tema del narcotráfico, ser espectadora o simplemente comentarista de lo que pasa”.

Lijo, que forma parte de la organización, sostuvo en diálogo con Radio Dos que la elección de la ciudad “no es casual” y que el encuentro procura, entre otros objetivos, “apoyar a los jueces”.

“En Rosario existe la violencia asociada al narcotráfico, que es un flagelo para la gente, y el Poder Judicial debe generar respuestas y propuestas para superarlo, no solo juzgar los casos que nos llegan”, agregó el juez.

El principal problema que atraviesa Rosario desde hace una década, vinculado al tráfico y comercio de estupefacientes, radica en la violencia empleada por las organizaciones criminales que disputan ese mercado ilegal.

Según datos del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, de los 97 homicidios ocurridos en la ciudad de Rosario entre enero y abril pasados, el 84,6% fueron cometidos con armas de fuego; el 20,5% tuvo como víctimas a chicos de entre 15 y 19 años; y el 61,9% tuvo como contexto las disputas entre “organizaciones criminales” por porciones de mercado de la “economía ilegal”.

Tras la apertura del encuentro de este jueves, habrá un panel sobre la “Investigación y juzgamiento del narcotráfico” a cargo de los camaristas Javier Leal de Ibarra y Aníbal Pineda; el juez federal rosarino Carlos Vera Barros; la jueza Karina Perilli, de un tribunal Oral Penal Económico; y Miguel Guerrero, juez federal de la localidad de Eldorado (Misiones).

El cierre de la actividad estará a cargo de Lorenzetti, uno de los jueces santafesinos de la Corte.

También están invitados el gobernador provincial, Omar Perotti, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y los tres senadores nacionales por Santa Fe.

Uno de los temas a tratar es el refuerzo de la Justicia Federal en la ciudad de Rosario, que cuenta con sólo dos juzgados en materia penal, cuyos jueces -Vera Barros y Marcelo Bailaque- subrogan a la vez juzgados de San Nicolás y Santa Fe respectivamente.

De los tres Tribunales Orales Federales que existen en la ciudad de Rosario, y que se encargan de los juicios orales y las sentencias del narcotráfico, uno no tiene ningún juez nombrado.

La Cámara Federal de Apelaciones, que cuenta con dos salas de tres miembros cada una, posee dos vacantes por jubilación que no fueron cubiertas.

El lunes, el gobernador Perotti se reunió con legisladores nacionales por Santa Fe de todos los partidos para realizar una presentación conjunta con el fin de “impulsar la creación de juzgados y fiscalías federales en la provincia”, y cubrir las vacantes existentes.

Junto con Mendoza, Santa Fe es la otra provincia en la que debería implementarse el sistema acusatorio en la Justicia Federal, que hoy sólo se aplica en Salta y Jujuy.

El juez Vera Barros, que será uno de los disertantes, dijo este miércoles que “es hora de políticas públicas, de acuerdos básicos, teniendo en cuenta que la intervención judicial es una parte en un fenómeno transversal que involucra al urbanismo, la educación, el trabajo, la perspectiva de vida”.