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Confirmada la condena de siete años de inhabilitación por prevaricar al expresidente de la Diputación de Pontevedra

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Rafael Louzán, expresidente de la Diputación de Pontevedra por el PP y actual presidente de la Federación Gallega de Fútbol, durante el juicio.
Rafael Louzán, expresidente de la Diputación de Pontevedra por el PP y actual presidente de la Federación Gallega de Fútbol, durante el juicio.OSCAR CORRAL

La Audiencia de Pontevedra ha confirmado que el expresidente de la Diputación Rafael Louzán, que ejerció el cargo durante caso dos décadas, cometió un delito de prevaricación al conceder a una empresa una subvención de 86.311 euros para unas obras de mejora del campo de fútbol de Moraña que en su mayor parte ya estaban ejecutadas. Por ese motivo, ha sido condenado a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público.

La sentencia ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la defensa de Louzán y lo absuelve del delito de fraude por el que había sido condenado a dos años de prisión por el Juzgado Número 3 de Pontevedra. El fallo tampoco ha considerado que hubo fraude en la actuación del entonces director de Infraestructuras de la Diputación y el administrador y un empleado de la empresa adjudicataria del proyecto. No obstante, el tribunal los condena a cada uno de ellos como cooperadores necesarios de un delito de prevaricación, por el cual la Audiencia ha mantenido también la pena de siete años de inhabilitación.

Los jueces sostienen que el exbarón del PP y entonces presidente del partido en la provincia de Pontevedra, así como los considerados cooperadores necesarios, prevaricaron al ponerse de acuerdo “en crear y desarrollar un procedimiento administrativo ficticio para que la Diputación abonara a la empresa unas cantidades que reclamaba por obras realizadas al margen del proyecto de una obra subvencionada por el organismo”.

Sobre el expresidente de la Diputación y actual presidente de la Federación Gallega de Futbol, la sentencia incide en que Louzán prevaricó al votar a favor del acuerdo de conceder la subvención “a sabiendas de que era [algo] ilegal y arbitrario porque respondía a un artificio para, burlando las barreras de la normativa, satisfacer las reclamaciones de la contratista, infringiendo el deber de transparencia y no protegiendo los derechos de la Administración”. Contra la sentencia cabe interponer recurso de casación.

El alto tribunal provincial ha absuelto del delito de fraude a todos los condenados en primera instancia por este caso y, a la exalcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, y al arquitecto que firmó el proyecto, también del delito de prevaricación, porque entiende que la declaración de complejidad de la causa fue adoptada fuera de plazo y, por tanto, el procedimiento se dirigió contra ambos cuando ya había expirado el plazo de instrucción. Por tanto, estos dos últimos investigados han sido absueltos de todos los delitos, al igual que los dueños de las dos constructoras que accedieron a participar en el procedimiento negociado sin publicidad a sabiendas de que se trataba “de un mero trámite” para adjudicar la obra a una determinada empresa, pues solo habían sido condenados por un delito de fraude.

La Audiencia considera probado que la constructora, a la que la Diputación había adjudicado en 2011 la instalación de hierba artificial en el campo de fútbol de Moraña y otras obras en edificaciones anexas, aumentó su coste en 86.816 euros. Al tratarse de una obra ejecutada con subvención, la legislación impedía rebasar el importe subvencionado, por lo que, para hacer frente a ese pago, “se ideó un sistema artificioso, en fraude de ley, tendente a abonar a la empresa el importe que reclamaba sobre el presupuesto aprobado”. Así, en 2013 se adjudicó de forma irregular otra obra a la misma constructora por ese importe. En concreto, las mejoras en el vestuario y las gradas del campo de fútbol, a pesar de que parte de ellas ya habían sido realizadas.

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El PSC se encomienda a Pedro Sánchez para el asalto a la alcaldía de Barcelona

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El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, junto a Jaume Collboni, candidato a la alcaldía de Barcelona, el pasado día 10 de marzo.
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, junto a Jaume Collboni, candidato a la alcaldía de Barcelona, el pasado día 10 de marzo.Ceci Fimia/PSC (EFE)

La política catalana esquiva la previsibilidad. La acción de gobierno de la Generalitat se ha empantanado por la falta de apoyos de Esquerra, muy aislada por las disputas fratricidas con Junts y la CUP; y Pere Aragonès no encuentra la estabilidad tras lograr que el PSC le aprobara los Presupuestos. Salvador Illa busca jugar esa baza para que los socialistas sigan arañando espacio al independentismo. “Responsabilidad”, esgrime de manera recurrente el jefe de la oposición. En el mapa de Illa, el camino hacia la Generalitat pasa por los ayuntamientos, y el PSC tratará de exprimir la imagen de Pedro Sánchez para el empujón en las municipales de mayo. “Lo que cuenta es el candidato, pero Pedro Sánchez le da peso a la marca”, indican desde el PSC.

La gira catalana del presidente del Gobierno arranca este domingo, con un acto en L’Hospitalet de Llobregat para dar apoyo a la candidata Núria Marín, que lleva 15 años gobernando. Sánchez comparecerá al lado de Salvador Illa. Junto a ellos estará Jaume Collboni, el candidato por Barcelona. Los socialistas no esconden que la capital catalana es una prioridad. “La apuesta es Barcelona, es la madre del cordero”, subraya una fuente cercana a la dirección del PSC. Collboni tiene la misión de revertir la tendencia que se inició en 2011, cuando Jordi Hereu sucumbió ante la Convergència de Xavier Trias. “Contar con el secretario general del partido suma”, valoran desde el PSC.

Pedro Sánchez ha puesto a Barcelona como objetivo prioritario de las elecciones municipales. De hecho, la posibilidad que se maneja es cerrar allí la campaña del 28-M, como ya se hizo en las elecciones generales de noviembre de 2019. La apertura sería en Sevilla, la principal urbe con un alcalde del PSOE.

Una táctica parecida tratan de jugar los comunes. La actual alcaldesa, Ada Colau (Barcelona En Comú), buscará sacar partido de su buena relación con la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, para reforzar su imagen y revalidar su mandato. Díaz es la política mejor valorada por los ciudadanos, según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Díaz roza el aprobado con un 4,89 sobre 10, y tras ella se encuentra el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que obtiene un 4,41.

Sánchez no tiene concretada la agenda que seguirá en la campaña de las municipales, pero el PSC avanza que la visita de este domingo a L’Hospitalet no será un hecho puntual. El cinturón metropolitano de Barcelona, tradicional granero de votos para el socialismo, es una zona marcada en rojo a la hora de planificar las visitas de las figuras del partido con más tirón entre la militancia y los simpatizantes. “Aspiramos a ser la primera fuerza progresista y capitalizar la alcaldía de Barcelona también con el voto transversal”, explican fuentes de la dirección federal del PSOE.

El PSC pone de relieve que el escenario catalán ha dado un vuelco. Las soflamas independentistas han bajado de tono y los discursos más excitados pierden adeptos. Esta semana, en apenas 48 horas, el Govern tuvo que lidiar con el barullo provocado por el regreso a Cataluña de la exconsejera huida Clara Ponsatí y con la sentencia que condena a Laura Borràs por un caso de corrupción. La movilización popular en ambos casos fue discreta, pero la cascada de reacciones ha puesto a Esquerra en el centro de la diana, justo en un momento en que el Govern necesita aliados para desplegar un plan de recorte del consumo de agua ante la peor sequía en más de un siglo.

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El mosaico político se ha abierto a nuevos encajes y todos los partidos catalanes coinciden en que se verán alianzas impensables hace unos meses. “El PSC no está comprometido con el fin de la represión”, manifestó en octubre Oriol Junqueras, presidente de Esquerra. Sin embargo, su partido ha terminado abrazando al PSC para desbloquear los presupuestos y se encomienda a los escaños socialistas para aprobar medidas en el Parlament. Junts también admite que tendrá que explorar pactos con el PSC después de las municipales. El más vehemente es Xavier Trias, candidato de la derecha independentista por Barcelona, quien no esconde la buena sintonía con Jaume Collboni. En ese escenario, se disipan las dudas acerca del rédito que dan las visitas a Cataluña de cargos de peso de la política española.

“Nos hemos convertido en la opción preferente de izquierdas, progresista y posibilista que puede atraer a votantes de ERC que antepongan las políticas sociales y económicas en la pandemia y por la guerra de Ucrania antes que la ideología independentista, así como de centro moderado que valoren la estabilidad, la gestión y la solución al procés”, añaden en la sala de máquinas de la campaña electoral de Ferraz.

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El secreto de Estado no podrá servir para tapar violaciones de los derechos humanos

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El secreto no podrá servir para tapar crímenes de Estado como fueron en su día las torturas a detenidos o la guerra sucia contra ETA. “La información relativa a graves violaciones de derechos humanos no podrá ser objeto de clasificación”, asegura la nueva versión de la ley de Información Clasificada, que debe sustituir a la todavía vigente ley franquista de Secretos Oficiales de 1968. A la hora de sacar a la luz secretos anteriores a la entrada en vigor de la futura ley, asegura el texto, en alusión a los documentos clasificados del franquismo o la transición, “se priorizará la desclasificación de información que pudiera afectar a graves violaciones de derechos humanos”.

El nuevo anteproyecto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, sustituye al aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto e incorpora algunas de las objeciones y sugerencias que han formulado los órganos consultivos del Estado; el último de ellos, el Consejo General del Poder Judicial, que aprobó el pasado jueves su informe. Concluida la tramitación interna, el Gobierno podría remitir ya el texto al Congreso y aún sería posible, por trámite de urgencia, sacarlo antes de que acabe la legislatura. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, responsable de la iniciativa, no tira la toalla, aunque otras fuentes gubernamentales alegan que no hay mayoría para aprobarla y que el Ejecutivo tiene otras prioridades.

La principal novedad del nuevo anteproyecto es que restringe drásticamente el ámbito de la información que puede ser clasificada y sustraída al conocimiento público, limitándola estrictamente a aquella cuya revelación suponga una amenaza o perjuicio para “la seguridad y la defensa nacional” y no para “los intereses de España”, un término mucho más genérico y ambiguo utilizado en el proyecto original. En consecuencia, ya no se podrá clasificar como confidencial información relativa al “efectivo desarrollo de las políticas del Estado”, el “funcionamiento de los servicios públicos”, las “negociaciones políticas o comerciales de España con otros Estados” o la “prevención, detección o investigación de delitos”. Eso no significa que estas informaciones sean públicas, pero no estarán protegidas por una legislación que incluye fuertes sanciones, incluso penales, para quien la incumpla.

Frente a la concepción expansiva del secreto en el texto anterior, el nuevo impone una visión restrictiva, al considerar que “la clasificación de la información tendrá carácter excepcional y deberá estar debidamente motivada, en atención a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad”.

Esta es la cara positiva del nuevo anteproyecto, pero también tienen una negativa, pues elimina la posibilidad de que periodistas, historiadores o asociaciones puedan recurrir a los tribunales la decisión de ocultar información al público. Una de las vías que abre la ley es la posibilidad de impugnar ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo la decisión de clasificar, reclasificar o desclasificar una materia. En la anterior versión se atribuía la potestad de interponer recurso contra la decisión del Gobierno a “cualquier persona directamente afectada” por la misma, pero también a quien “acredite un derecho o interés legítimo”. En el nuevo texto se excluye a este segundo grupo; del que forman parte los informadores.

Estas son las principales novedades del nuevo anteproyecto respecto al ya conocido:

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Solo el Gobierno y los ministros. La capacidad para clasificar una información se limita al Consejo de Ministros (“alto secreto” y “secreto”) y al presidente, vicepresidentes y ministros (“confidencial” y “restringido”). La lista de altos cargos a los que el anterior anteproyecto atribuía la competencia de clasificar como “confidencial” o “restringido” (directora del CNI, jefe del Estado Mayor de la Defensa y los ejércitos, embajadores, directores de la Policía y la Guardia Civil, etc) ya solo podrán “elevar propuestas de clasificación”, igual que los responsables autonómicos de los cuerpos policiales y las prisiones. Estas competencias no se podrán delegar, como antes.

Derechos Humanos. No se podrá clasificar la “información relativa a graves violaciones de derechos humanos”, ni la que haya sido utilizada para “perseguir violaciones de derechos humanos o crímenes contra la humanidad por alguna institución nacional o internacional”. De manera confusa, el texto dice que “no se deberá destruir” –es decir, podrá destruirse— material vinculado a investigaciones judiciales o fiscales en curso; mientras que “no podrá ser destruida” la documentación que sea esencial para “prevenir, investigar, enjuiciar y sancionar cualquier conducta ilícita”.

Motivación y proporcionalidad. La clasificación de información se hará mediante una diligencia “motivada, que incluirá una justificación específica de la necesidad y proporcionalidad”. Hay que justificar por escrito cómo y en qué medida la revelación de una información puede comprometer la seguridad y defensa nacional.

Plazos de desclasificación. El nuevo texto recorta ligeramente los plazos de desclasificación automática de documentos: los “altos secretos” pasan de 50 años a 45 (se mantiene la prórroga de 15) y los “secretos” de 40 a 35 (sigue la prórroga de diez). También se reduce de 10 a nueve años el máximo de los “confidenciales” y de seis a cinco los “restringidos”. Se permite, como en el anterior texto, clasificar de nuevo un documento “motivadamente y de forma excepcional” tras haber agotado el plazo máximo; lo que abre la puerta a que haya secretos sine die.

Petición de desclasificación. Las “personas físicas o jurídicas directamente afectadas”, y solo ellas, pueden solicitar la desclasificación de una información antes de que se agoten estos plazos. La autoridad competente tendrá seis meses para responder, pero, si no lo hace, se aplica el silencio negativo.

Multas para la prensa. Uno de los puntos más controvertidos, la imposición de duras sanciones a los medios de comunicación que publiquen información secreta, se mantiene. “La difusión, por cualquier medio, de información clasificada a la que se haya tenido acceso fortuito”, fuera de los cauces legales, será castigada. Solo se suaviza ligeramente el importe de las multas: la publicación de un “alto secreto” o un “secreto” se castiga con hasta 2,5 millones de euros (antes eran tres millones); y la difusión de información “confidencial” con hasta 800.000 euros (antes un millón). Se mantiene la multa de 50.000 euros para la información de carácter “restringido”. El Gobierno asegura que los periodistas están protegidos por el derecho constitucional a la información, pero no ha querido excluirlos del cuadro de sanciones, como han reclamado las principales asociaciones de la prensa.

Papeles del franquismo y la transición. Los documentos clasificados antes de la entrada en vigor de la ley no se desclasificarán automáticamente, ni siquiera al cumplir los plazos máximos, pero sí de oficio y a petición de parte. En este caso, sí se reconoce el papel de investigadores y periodistas, pues la solicitud de desclasificación podrá presentarla “toda persona física o jurídica directamente afectada o que pueda justificar un interés profesional”. El plazo para responder será de seis meses. Si no hay respuesta, se entenderá que la petición ha sido denegada; y se podrá recurrir al Supremo.

Moratoria de un año. El Gobierno no tiene ninguna prisa en aplicar la ley. Si la versión inicial daba un plazo de seis meses, tras la publicación en el BOE, para su entrada en vigor, el nuevo texto alarga la vacatio legis a un año entero.

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Podemos y Sumar asumen que no habrá acuerdo antes del lanzamiento de la candidatura de Yolanda Díaz

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Quedan tan solo 24 horas para el lanzamiento de la candidatura de Yolanda Díaz a la presidencia del Gobierno y si nada cambia a lo largo del sábado, Podemos se quedará solo fuera de la foto. Las conversaciones se han intensificado en las últimas dos semanas para dar una salida a la crisis y evitar una imagen de ruptura, pero ambas partes asumen que el acuerdo no llegará antes de la presentación en Madrid mañana domingo. Aunque durante los últimos días se ha registrado un goteo de altos cargos y cuadros medios de la formación de Ione Belarra que trasmiten su apoyo a la vicepresidenta, la decisión implica que ni la secretaria general ni nadie del núcleo duro de su ejecutiva acompañará a Díaz el domingo. Podemos, aislado ante más de una docena de organizaciones de la izquierda estatal, autonómica y europea que sí respaldarán a la titular de Trabajo, reconoce ya su temor ante posibles efectos electorales el próximo 28 de mayo.

Las tensiones internas afloran y algunas direcciones territoriales han evitado confirmar quiénes serán sus representantes mañana. La vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, muy crítica con la dirección desde hace años, reprochó el jueves en el Congreso que sus dirigentes no tuvieran “la capacidad política, moral, incluso personal de acompañar a una persona que ha sido compañera” durante ocho años. Este sábado se prevé que Belarra lance un último mensaje para reforzar su posición en la apertura de la reunión del Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano de dirección de Podemos, aunque el partido guarda con celo su contenido. En público, la secretaria de Organización, Lilith Verstrynge, insistía el viernes en que la decisión sobre acudir el domingo “está en manos” de Díaz y repetía su condición de firmar “una propuesta de mínimos” que incluya la organización de primarias abiertas para poder darle su respaldo. El problema, insisten en el equipo de la vicepresidenta, no son esas primarias, sino la definición del proceso, que, según estas fuentes, debe hacerse en una negociación posterior con otros partidos. El debate de fondo, en realidad, tiene que ver con el poder de cada organización en el futuro proyecto. Es decir, capacidad de decisión, puestos y recursos económicos.

Podemos, mientras, hace control de daños. La organización sostiene que Díaz y el resto de fuerzas llamadas a formar parte de Sumar (Izquierda Unida, Más País, Más Madrid, Compromís, Alianza Verde, Equo o La Chunta Aragonesista) están tratando de arrinconarla. En su opinión, la negativa a firmar un pacto hasta después de las autonómicas y municipales del 28 de mayo, donde el panorama es complejo, únicamente busca debilitar a la formación. “Tiene un plan y lo va a ejecutar”, afirma sobre la vicepresidenta una fuente del partido. “Las consecuencias van a ser graves, porque pensando en cómo minimizarnos se va a cargar los gobiernos autonómicos que ahora tenemos”, acusa en referencia a los seis ejecutivos de los que Podemos forma parte junto al PSOE y otras fuerzas desde 2019: Aragón, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias. El miedo a unos resultados a la baja, unido al apoyo explícito de algunos cargos a la vicepresidenta, incrementa el malestar en la organización. Desde el pasado fin de semana no ha habido avances en las negociaciones. Podemos niega contactos desde el lunes, aunque el equipo de Sumar asegura haber hecho algún último intento el jueves, pero sin éxito.

El “capital político” de IU al “servicio” de Sumar

Como contrapunto a Podemos, el líder de Izquierda Unida y ministro de Consumo, Alberto Garzón, va a defender este sábado ante la Coordinadora Federal de IU su apuesta por Sumar. En el borrador del informe político que tiene previsto presentar ante el órgano de dirección del partido y al que ha tenido acceso EL PAÍS, Garzón pone su capital político como “la organización municipalista de la izquierda” al “servicio” de Sumar. “El papel de nuestra organización será fundamental para que sea un proyecto exitoso y políticamente sólido”, argumenta. En la anterior reunión de la coordinadora, en enero, el ministro de Consumo propuso la creación de una mesa de partidos y primarias “proporcionales, con censo específico y por circunscripciones” para decidir las candidaturas. El texto deja también un mensaje a sus compañeros de coalición: “Ante un proceso de apertura y renovación, la primera tentación de las organizaciones inmersas suele ser el repliegue defensivo e identitario. Es comprensible, pero en Izquierda Unida optamos por encararlo como una oportunidad y no como una amenaza”, defiende. “Es una oportunidad para la clase trabajadora y los sectores populares, para el bloque de la izquierda y paras las organizaciones que lo conformamos. Estar a la altura del momento histórico pasa por ensanchar esa oportunidad”, advierte el líder de IU.

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Garzón será uno de los dirigentes que acompañe a Díaz en la puesta de largo de su proyecto mañana domingo. Junto a él, el titular de Universidades, Joan Subirats; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; los líderes de Más Madrid y Más País, Mónica García e Íñigo Errejón; el regidor valenciano, Joan Ribó (Compromís), y representantes de Alianza Verde (su líder, Juan López de Uralde), Equo, Chunta Aragonesista, Batzarre, Proyecto Drago, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía o Iniciativa del Pueblo Andaluz.

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