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Pegasus: relato de un rastreo masivo

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A unos les sorprendió después de la sentencia del procés en octubre de 2019 y de la ola de disturbios que se desató en Cataluña tras esa condena del Tribunal Supremo a los nueve arquitectos del desafío independentista. Hay quien recibió su visita en los prolegómenos de las negociaciones para formar Gobierno. E incluso entró en los despachos de La Moncloa, en plena crisis migratoria con Marruecos en 2020. Pegasus, el programa espía más potente del mundo, se ha colado en silencio en los terminales de decenas de políticos y activistas en España (en algunos casos, cuando estaban en el extranjero). La lista de víctimas conocidas se limitaba, hasta el pasado lunes, a personas vinculadas al movimiento independentista. Ese día el Gobierno reveló que el móvil del presidente, Pedro Sánchez, y el de su ministra de Defensa, Margarita Robles, también fueron monitorizados en 2021.

Este es el relato —aún lleno de incógnitas— del rosario de ataques (tentativas de asalto) e infiltraciones (hackeos) de un virus que, según su vendedor, la firma israelí NSO Group, solo pueden adquirir organismos gubernamentales como policías, ejércitos y servicios de inteligencia para prevenir el crimen organizado y el terrorismo.

La semana que termina ha sido vertiginosa para el caso Pegasus. El independentismo lanzó el 18 de abril una gran campaña de denuncia contra los seguimientos, que, desde el minuto uno, atribuyó al CNI. La prueba que esgrimían era un informe realizado por Citizen Lab, un grupo ligado a la Universidad de Toronto (Canadá) y especializado en ciberseguridad. En él figuraban los nombres de 63 políticos, abogados y activistas independentistas cuyos móviles habían sido dianas de Pegasus en jornadas clave para el movimiento secesionista catalán (aunque, la inmensa mayoría, no antes sino tras la fallida declaración de independencia de 2017).

La petición inicial de explicaciones por parte del Govern no tuvo eco. Pero en pocos días, en medio del choque interno en el Ejecutivo de PSOE-Unidas Podemos sobre cómo responder al escándalo, el silencio dio paso a una información complementaria: fuentes del CNI aseguraban no tener nada que ver con la lista de Citizen Lab, pero sí admitían que el organismo había espiado en algún momento, con autorización judicial, a personas vinculadas al movimiento independentista catalán. Este jueves se supo que entre esos espiados legalmente, una veintena, estuvo el actual president, Pere Aragonès. Al mismo tiempo, el Gobierno comunicó que los móviles de Sánchez y de Robles también habían sido intervenidos en 2021, un ataque que calificó de “externo” e “ilegítimo”.

El camino al 1-O. Pegasus hace años que rondaba algunos móviles de activistas del independentismo catalán, según Citizen Lab. Este grupo tiene identificados en septiembre de 2015 (pocos días después de la multitudinaria manifestación de la Diada y antes de las elecciones del día 27 donde el independentismo se impuso) intentos de entrar en el móvil del entonces líder de la entidad secesionista Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez. Ya en 2017 figuran siete registros en el móvil de Sànchez, durante los preparativos del referéndum ilegal del 1-O. Se consumaron cuatro entradas al contenido del dispositivo y tres fracasaron.

El modo operativo del software es múltiple. A veces envía sms con falsas informaciones o con enlaces a conocidos medios de comunicación, para que el usuario pinche. “El TC admite a trámite el recurso del Parlament contra la aplicación del 155″, rezaba un sms que recibió en febrero de 2018 Marcel Mauri, pero que no abrió. Mauri lideraba entonces Òmnium Cultural, después que la justicia enviara a prisión preventiva a su presidente, Jordi Cuixart, y al de la ANC, Sànchez. Un mes después, la Guardia Civil aterrizaba en la sede de la entidad en busca de ordenadores, documentos y móviles usados en los preparativos del 1-O. Pegasus intervino también, según Citizen Lab, el móvil de la esposa de Cuixart, la periodista Meritxell Bonet, durante la recta final del juicio en el Supremo, en 2019. El virus pudo escuchar así las charlas de 10 minutos que el exlíder de Òmnium mantenía a diario con su esposa desde la prisión madrileña de Soto del Real.

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Eran momentos convulsos para el independentismo postprocés. Cuando a Laura Borràs, actual presidenta del Parlament, la tanteaban para la cartera de Cultura —tras las elecciones de 2017 que arrojaron una mayoría parlamentaria secesionista—, le llegó el primer ataque en su móvil. “Era un sms que me invitaba a revisar mi historial de la Seguridad Social”, recuerda la líder de Junts. En mayo de 2019 recibió un segundo mensaje, esta vez por WhatsApp y con un enlace, supuestamente una noticia de la agencia Europa Press, antes de las elecciones europeas en las que Carles Puigdemont salió elegido. El último cebo de Pegasus del que tiene constancia Borràs llegó el 29 de julio de 2019, cuando era portavoz de Junts en el Congreso.

El juicio y la sentencia. Los informes de los expertos canadienses muestran un aumento claro en el uso de Pegasus contra independentistas cuando comienza el juicio en el Tribunal Supremo, en febrero de 2019, y tras la sentencia condenatoria, que se produjo en octubre de ese año y que fue respondida con fuertes disturbios, algunos muy violentos, en Barcelona. Mauri, por ejemplo, fue infectado en dos ocasiones durante el juicio, cuando se comunicaba a diario por teléfono con la defensa de Jordi Cuixart.

Esa sensación de sincronía entre los ataques de Pegasus y el periodo comprendido entre el juicio y la sentencia la comparte Carles Riera, uno de los cuatro diputados de la CUP víctima del virus. En su caso, la investigación de Citizen Lab ha concluido que al menos entraron cuatro veces en su iPhone con sms “muy bien hechos”, dice, en enero y febrero de 2019. No recuerda haber pulsado los enlaces. Versaban sobre la Seguridad Social, su entidad bancaria, correos y un medio que suele leer. “De entre todo, lo que más me duele es que la intimidad de mi entorno fuera vulnerada”, afirma.

La europarlamentaria Diana Riba (ERC) cuenta que su teléfono fue infectado en octubre de ese año, “justo después de la sentencia”. Viajaba de su casa de Sant Cugat del Vallès a la sede del partido cuando la llamó un asistente. Este le dijo, extrañado, que había recibido una llamada en su teléfono y que, al descolgar, escuchó la grabación de una antigua conversación entre ellos. Riba, esposa del exconsejero condenado Raül Romeva, relata que en aquellos días hablaba con los abogados sobre el recurso a la sentencia condenatoria del procés.

La líder de la ANC, Elisenda Paluzie, tuvo dos hackeos certificados de Pegasus: el primero tras la sentencia, el 21 de octubre, y el segundo en 2020. Cuenta que desde que en 2018 accedió al cargo, donde reemplazó a Sànchez, ha tenido cuatro móviles, los tres primeros infectados. Un amigo certificó el primer hackeo y Citizen Lab los dos siguientes. Uno de los cebos que recibió era un falso artículo de una revista en inglés.

Por esas fechas Pegasus también tocó la puerta del jefe de filas de Junts en el Parlament, Albert Batet. Una de las dos infecciones certificadas por Citizen Lab ocurrió en la celebración del pleno que aprobó un rechazo a la sentencia, el 24 de octubre. La otra, en julio de 2020, coincidiendo con el debate interno para la creación de Junts per Cataluña.

La investidura de Sánchez. El comienzo de 2020 fue de alto voltaje para la política española, con la incógnita de si Pedro Sánchez lograría que ERC apoyase su investidura. Los días 4, 5 y 13 de enero la víctima de Pegasus fue —según asegura él mismo— el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, entonces número dos de Quim Torra en el Govern y coordinador nacional de ERC. Recibe tres sms trampa, simulando noticias de dos conocidos medios catalanes. “Se estaba debatiendo la investidura de Pedro Sánchez y había mucha inquietud sobre cuál sería el voto de ERC”, recuerda. Citizen Lab no ha podido establecer las fechas de la intrusión, aunque considera que ocurrió.

El pasado jueves, fuentes del entorno del president añadieron que este fue espiado también en 2019, durante los disturbios en respuesta a la sentencia. Ese día, la directora del CNI, Paz Esteban, explicó —según contaron algunos diputados presentes en la comisión de secretos oficiales del Congreso— que un teléfono de Aragonès había sido intervenido por el organismo bajo el amparo de una orden judicial. Otras 17 personas vinculadas al movimiento secesionista también fueron rastreados por el CNI con autorización judicial, según estas fuentes.

Aragonès desempolvó un viejo móvil para someterlo al escrutinio de Citizen Lab tras conocer los ataques de Pegasus destapados en julio de 2020 por EL PAÍS y The Guardian contra el entonces presidente del Parlament, Roger Torrent; el exconsejero de Exteriores Ernest Maragall; y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel. Torrent tiene dos teléfonos, uno personal y otro que usaba como máxima autoridad del Parlament. Este último sufrió el intento de hackeo a través de una videollamada perdida de WhatsApp. También recibió un sms que simulaba una noticia de una querella que la Fiscalía ultimaba en su contra. Las agresiones ocurrieron en abril y mayo de 2019. Torrent recuerda durante esos meses encuentros con representantes del Consejo de Europa para denunciar “la represión del Estado al independentismo”.

Otra persona que decidió revisar su móvil tras el caso de Torrent fue la exconsejera y ahora diputada Meritxell Serret —que huyó a Bélgica con Carles Puigdemont en 2017 y regresó en 2021—. El dispositivo era un iPhone, con un número de teléfono belga, que le entregó la Generalitat para ejercer como delegada del Govern en Bruselas. Allí participó en reuniones con eurodiputados y políticos de otros países, y mantuvo conversaciones con sus letrados belgas para organizar su vuelta. Supo que la habían espiado dos meses después de volver. “Sientes indignación. Esto ha sido como una onda expansiva que ha ido mucho más allá del independentismo”, dice. También hubo interceptaciones en territorio suizo, portugués y alemán.

El móvil del predecesor de Aragonès, Quim Torra, fue hackeado ocho veces por el centinela israelí, siempre según Citizen Lab. La infiltración se desarrolló entre abril y julio de 2020. El entorno de Torra recuerda que en ese momento estaba sobre la mesa un posible adelanto electoral, por su choque con ERC. Sin embargo, la “inmundicia”, como califica el expresident el supuesto espionaje, podría ser previa, sostienen esas mismas fuentes cercanas a Torra, que ha cambiado de línea telefónica tres veces en su paso por la Generalitat. Al acceder al cargo había dejado su número de siempre, y el segundo aparato, que era propiedad de Presidencia, fue formateado. Por tanto, fue imposible para los expertos canadienses establecer si había infecciones o intentos de entrada en esos dos primeros móviles.

“Yo daba por hecho que nos espiaban”, insiste la ya exdiputada del Parlament Elsa Artadi. “Por este mismo teléfono hablo con mi madre y con Puigdemont”, añade, tras recordar que ella nunca pinchó en los cebos que recibió, y que otros altos cargos, por precaución, optaron por usar el programa de mensajería Signal en lugar de WhatsApp. Los hábitos también le cambiaron a Míriam Nogueras, diputada de Junts en el Congreso. Dice que se ha acostumbrado a dejar el móvil en su bolso con la plataforma musical Spotify conectada cuando entra en una reunión de alto voltaje político. Aunque Citizen Lab no ha acreditado la fecha de la tentativa de intrusión en su teléfono, Nogueras cree que el centinela israelí trató de colarse en su terminal durante las semanas previas a relevar a Borràs en el Congreso, en febrero de 2021.

Las respuestas de los afectados rezuman rabia. “A mí no me han investigado, me han espiado. Y eso es vomitivo”, se queja el alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, exdiputado de Junts en el Parlement. Sergi Sabrià, uno de los cerebros de ERC, que también figura en la lista de Citizen Lab, sostiene que fue espiado cuando dirigía el grupo parlamentario, entre 2018 y 2021. “Me han confirmado 17 intentos de infiltración en el teléfono”, apunta. “Me toca la moral que accedieran incluso a las fotos de mi hija”.

El centinela que dinamitó el secreto de los abogados

El diputado de Junts Joaquim Jubert visitó más de un centenar de veces a su amigo Jordi Sànchez, exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), en las prisiones de Soto del Real (Madrid) y Lledoners (Barcelona). Sus viajes penitenciarios arrancaron dos meses después de que Sànchez pisara por primera vez el penal madrileño en octubre de 2017 por su papel en el referéndum ilegal del 1-O. “Intercambiábamos confidencias y recomendaciones de libros: Theodor Kallifatides, Leonardo Padura, Gianrico Carofiglio…”, relata Jubert.

El móvil de este parlamentario catalán comenzó a echar humo el pasado 18 de abril. “Empezaron a llamarme mis clientes del despacho de abogados tras enterarse de que fui espiado con Pegasus”, recuerda Jubert, un letrado con 35 años de oficio cuyo teléfono fue infiltrado por el programa israelí en octubre de 2019, según el laboratorio de ciberseguridad canadiense Citizen Lab. Pese a que él no defendió a ninguno de los acusados del procés, Jubert cree que se convirtió en objetivo del programa espía por su amistad con Sànchez. Una singularidad que —critica— vulneró su secreto profesional y la privacidad de las comunicaciones.

La táctica de husmear en las tripas tecnológicas de abogados fue también la treta de Pegasus para rastrear, según la lista de Citizen Lab, a los letrados del expresidente Carles Puigdemont, prófugo en Bruselas. Fuentes próximas al que fuera jefe de la Generalitat entre 2016 y 2017 enmarcan esta estrategia en una vía para cercar al entorno de un político “obsesionado” con la seguridad —y por tanto difícil de pinchar— que usa un móvil sin aplicaciones que renueva cada mes.

Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, recibió 18 sms trampa con el malware israelí entre enero y mayo de 2020. Y fue infectado en octubre de ese último año cuando ultimaba escritos en representación del exjefe de la Generalitat dirigidos al Constitucional, al Supremo y al Tribunal General de la UE. Boye también tramitaba asuntos de clientes ajenos al procés. “El espionaje vulnera el secreto profesional, la relación entre abogado y cliente… Es tan simple como imaginarse un pleito donde una parte conoce lo que el abogado de la otra habla con su defendido”, se queja.

El letrado Jaume Alonso-Cuevillas, que fue víctima de una infección de Pegasus en una fecha indeterminada, siempre según Citizen Lab, estima que el virus aterrizó en su móvil cuando manejaba información sensible sobre Puigdemont. “Han entrado en mi Dropbox [almacenamiento en la nube], han visto mi estrategia de defensa, las euroórdenes…”, lamenta este catedrático de Derecho Procesal. Alonso-Cuevillas sostiene que apareció en la mirilla de Pegasus cuando asumió la defensa del expresidente catalán, un mes antes del referéndum ilegal del 1-O de 2017. Y asegura que, desde entonces, nota “cosas raras” en su iPhone: “Interferencias, baja duración de batería…”.

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La última palabra del acusado del crimen de Lardero: “Mi intención no era matar al niño”

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Francisco Javier Almeida ha pronunciado hoy la última palabra en el juicio por la agresión sexual y el asesinato del niño Álex, el crimen que presuntamente cometió en Lardero (La Rioja) el 28 de octubre de 2021: “Pido perdón a todos los que he hecho daño y a la familia”. El acusado de violar y asesinar al menor de nueve años ha expresado su arrepentimiento ante el jurado popular que ahora debe emitir si es o no culpable de estos delitos. Ha confesado que mató a Álex, pero lo hizo, según su testimonio, sin el ánimo de hacerlo: “Mi intención no era matarlo. Lo siento”. El procesado se enfrenta a una pena de prisión permanente revisable, la máxima condena prevista en España, solicitada por la Fiscalía y las acusaciones particular y popular.

Almeida ha confesado estar “arrepentido” de sus actos. Citó al pequeño Álex para que le acompañara a casa, allí le pasó “el pene por la cara” y, cuando la víctima intentó huir, le tapó la boca y le agarró del cuello, provocándole la muerte. Salió de casa de forma precipitada, siempre según la versión que ha dado hoy, y cuando fue sorprendido por la policía en las escaleras de casa, entregó el cuerpo sin vida del niño. A diferencia de su primera declaración en el mismo juicio, en la que dijo tener “una nube” que le impedía recordar con exactitud lo que ocurrió el día de autos (en aquella ocasión reconoció la violación y dijo no acordarse de cómo fue la muerte del niño), Almeida ha realizado este martes un relato mucho más preciso de los hechos. Con sus últimas palabras, ha querido dar a entender que la agresión sexual no se consumó y que la muerte del niño no fue premeditada y esta se produjo sin alevosía.

Los 20 minutos que pasaron desde que Almeida salió ese día de su casa para dirigirse al parque donde estaba Álex, hasta que el presunto asesino fue detenido, se desarrollaron de la siguiente forma: “Yo bajé al parque, es verdad, pero no con el fin de caza, de buscar niños. Allí vi a Álex deambulando. Le dije si quería venir a casa a ver un [pájaro] agaporni para que viese lo bonito que es. Nada más. Ni le obligué, ni le forcé, ni le agarré”, ha narrado el acusado.

Almeida ha contado así lo ocurrido dentro de su domicilio: “Entramos en el portal; él subió por las escaleras deprisa y yo por el ascensor. Dentro del piso, Alex vio el pájaro y no pasó nada. En ese momento yo empecé a tener una cierta fantasía. Se dijo que metí el pene [en su boca]. Yo lo único que hice fue enseñarle el pene y pasárselo en la cara. No hay muestras de semen en la faringe ni en la ropa. No hay ninguna prueba que diga que yo eyaculé porque no tenía erección. No pudo haber esperma. No eyaculé”.

Llega el momento de explicar cómo murió Álex. El presunto asesino ha dicho que empezaron a oír “ruidos y timbrazos”: “Álex quiso huir. Le agarré de la camiseta por detrás, es verdad. Le tapé la boca y con la otra se la puse en el cuello, pero sin apretar. Porque yo no tenía intención de matar. Él se movía y por eso tiene esos roces en el cuello. En ese momento me doy cuenta de que perdió el conocimiento y lo primero que hice no fue tratar de esconderlo. Salí a pedir ayuda, con la bragueta bajada y sin abrigo. Yo bajaba por las escaleras con el niño en brazos. Cuando llegó la policía entregué a Álex, no lo escondí”.

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El acusado ha tratado de desmontar la teoría de la agresión sexual con penetración bucal, aunque su último testimonio ha chocado con el que ofreció al inicio de la vista judicial, cuando admitió que introdujo su pene en la boca del menor. También ha insistido en que la víctima actuó de forma voluntaria hasta el último momento, en que fue sujetado con fuerza por el agresor cuando trató de escapar. Y, en su defensa, ha repetido que no tenía pensado matar al niño. Lo hizo sin la voluntad de cometer el crimen, lo que no podría ser considerado penalmente como un asesinato, sino como un homicidio.

Almeida también se ha referido a la instancia que tramitó en la prisión de Logroño, en la que reconoció ser el autor de la muerte de Álex. En aquel escrito decía textualmente: “Soy el que ha matado al niño de Lardero, sé que no tengo perdón y siento el daño que he causado a la familia”. En la última sesión del juicio celebrado en la Audiencia riojana, el procesado ha explicado por qué escribió aquello: “Yo eché la instancia porque me arrepentí. No fue calculado, no. Fue de verdad”. Ha terminado su declaración, de apenas ocho minutos de duración, juntando las palmas de las manos, en señal de piedad y compasión: “Yo solo quiero decir que lo siento. No era mi intención matarlo en ningún momento. Pido perdón a todos los que he hecho daño y a la familia”.

“El perdón no vale para nada, solo aumenta el dolor de la familia”, ha asegurado Gonzalo Martín, el tío abuelo de Álex. “Hoy salimos verdaderamente destrozados. Ha sido muy duro, dan ganas de abalanzarte contra él”, ha afirmado en declaraciones a los periodistas en la puerta del Palacio de Justicia en Logroño, recogidas por la agencia Efe. Martín, quien no ha faltado a ninguna de las siete sesiones para arropar a los padres de Álex, ha constatado que el relato realizado esta jornada por el acusado ha sido “totalmente diferente al del primer día, pero los hechos están probados: es un depredador y nada más”.

En la vista, el fiscal ha recordado a los miembros del jurado que en el juicio se ha contado con los testimonios y los análisis realizados por los “mejores profesionales” y que estos permiten concluir que Almeida “es un hombre de extremada sangre fría”. “Estaba tranquilo cuando fue sorprendido por la policía en la escalera y ha seguido así todo el juicio. Se han mostrado fotos horribles, el padre de Álex se derrumbó, y una psicóloga lloró. ¿Le han visto algún gesto compungido, triste, alguna angustia o empatía hacia los padres?”, ha preguntado al jurado.

Ha insistido en que, para él, Almeida es “un depredador” que buscó como “presa” a un niño pequeño por ser un “objetivo fácil”, “No mató a Álex, le asesinó”, porque hubo alevosía, al no tener el niño capacidad de defensa, ha concluido.

El abogado defensor, elegido por el turno de oficio, ha dicho que no hay ninguna duda de que el niño subió a la casa “por su voluntad” y ha rechazado que su defendido tuviera “un plan preconcebido” para matarle, porque no trató de esconder el cadáver y salió con el niño en brazos a buscar ayuda.

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Detenidos por apuñalar al presunto asesino de su hijo en las puertas de los juzgados de Valencia

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Agentes de la Guardia Civil han detenido este martes a una pareja por apuñalar a un menor de edad acusado de haber matado presuntamente en 2021 al hijo de ambos en un parque de la población de Burjassot. Los agentes, que se encargan habitualmente de la custodia de la Ciudad de la Justicia de Valencia, han presenciado la agresión y han salido a la puerta del complejo con el fin de impedirla y de retener al padre, un hombre de 47 años, supuesto autor de los hechos, según confirman fuentes de las Guardia Civil. Después, han llamado a la Policía Nacional, cuyos agentes han sido los encargados de proceder al arresto, tanto del hombre como de la mujer, y se han hecho cargo de los detenidos porque la Guardia Civil no tiene competencia para abrir diligencias o iniciar una investigación en las dependencias judiciales, donde solo ejerce labores de seguridad.

Los hechos han sucedido sobre las 11 de la mañana cuando el joven ha ido a declarar al juzgado para que se acordaran medidas respecto a la agresión de 2021, puesto que el joven está a punto de salir del centro de menores en el que ingresó, según adelanta el Levante EMV. El joven ha recibido una puñalada en el cuello que no reviste gravedad, aunque sí ha sido muy aparatosa. Una unidad del SAMU le ha atendido y no ha necesitado ser ingresado en el hospital.

La víctima de la agresión fue detenida en diciembre de 2021 en su domicilio de Llíria, un día después de que muriera un joven de 16 años en un parque público de La Granja de Burjassot por una puñalada que le afectó al corazón. Fuentes de la investigación indicaron entonces que los dos jóvenes habían quedado en el parque por las redes sociales para pagarse.

Un grupo de adolescentes que estaba en el parque el domingo en que se produjo el presunto asesinato acudió en auxilio de la víctima, avisó al 112 e intentó taponar la herida del menor, que murió al poco de caer desplomado al suelo. “Le pusimos pañuelos en la herida para que no saliera más sangre hasta que llegó la policía”, comentó J. P., de 15 años. Un vídeo grabado por una persona que pasaba por el parque recoge el momento en que los jóvenes intentaron ayudar a la víctima y la llegada de los agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, en contra de una primara versión de los hechos que señalaba que la víctima no recibió ayuda de unos jóvenes que grabaron la agresión.

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El hijo de Obiang da plantón a Pedraz y no comparece a declarar por secuestro y torturas

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Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de la Presidencia e hijo del presidente Teodoro Obiang Nguema, no ha comparecido a la citación judicial por videoconferencia a la que había sido convocado la mañana de este martes por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, según señalaron fuentes judiciales.

A la toma de declaración tampoco han comparecido Nicolás Obama, ministro del Interior e Isaac Nguema Endo, director de Seguridad. Los tres miembros de la cúpula de seguridad de Guinea Ecuatorial están siendo investigados como presuntos autores del secuestro y torturas de cuatro opositores al régimen del dictador, uno de los cuales falleció el pasado día 15 de enero en circunstancias que no han sido aclaradas.

El hijo del dictador había logrado eludir su declaración presencial en España alegando “compromisos públicos” que le impiden viajar y la “desproporción de hacer venir a un alto representante de un Gobierno a hacer manifestaciones”, según alegó su abogado. Pese a la oposición del fiscal Vicente González Mota y de la representación de los querellantes, el magistrado les había concedido la posibilidad de declarar por videoconferencia desde su país. Pero está mañana el letrado de Ovono Obiang ha comunicado que no comparecerían y los tres han dado plantón al juez Pedraz.

Posible orden de búsqueda y captura

La incomparecencia de los investigados provocará previsiblemente que la fiscalía y los querellantes, el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial III República (MLGE 3R), se planteen solicitar al juez que les declare en rebeldía. Esa situación puede derivar en que se dicte una orden de búsqueda y captura internacional dada la gravedad de los hechos por los que se les investiga.

La negativa de Carmelo Ovono Obiang a declarar a España confirma lo que el pasado mes de enero pronosticaron los querellantes, el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial III República (MLGE 3R), los investigadores de la policía y otras fuentes jurídicas cuando el juez Pedraz renunció a la detención policial del hijo de Obiang y a su toma de declaración inmediata. Todos aventuraron que eludirían su declaración judicial, igual que hizo su hermanastro Teodorín Obiang ante los tribunales franceses donde fue condenado por blanqueo de capitales en el caso de los bienes mal adquiridos.

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El pasado 29 de diciembre, los agentes de la Comisaría General de Información que investigaban el caso informaron al magistrado que el jefe de la seguridad Exterior de Guinea Ecuatorial se encontraba durmiendo en un hotel de Madrid donde estaba siendo vigilado. Contra el criterio de la Fiscalía, el juez ordenó que se le entregara copia de la querella y que designara abogado. Esa misma madrugada, Ovono Obiang tomó un avión a Malabo. No ha vuelto a pesar suelo español.

Semanas antes, cuando los agentes le aguardaban en el aeropuerto de Madrid-Barajas, Pedraz había pedido su detención policial, traslado al juzgado y que le requisaran su teléfono móvil y cualquier dispositivo electrónico.

Residente en España

Pese a que la defensa del hijo de Obiang afirma que no es residente en España, Ovono Obiang, alis Didi, de 44 años, está casado con una española, tiene una hija y es residente en España desde 2020. Su tarjeta de residente le exige vivir en España más de seis meses. Vive en Marbella, aunque viaja con frecuencia a Malabo, posee viviendas en Barcelona y Toledo y administra la sociedad española de supuestas actividades inmobiliarias Dereck Edita y Hermanos S.L. en Málaga..

Los principales indicios contra el hijo del dictador y los otros dos responsables de la seguridad nacional guineana se basan, entre otras pruebas, en los testimonios de dos testigos protegidos, uno de los cuales estuvo presente durante las torturas que sufrieron los opositores españoles Feliciano Efa Mangué y Julio Obama, y los ecuatoguineanos residentes en Madrid., Bienvenido Ndong y Martín Obiang. Uno de estos testigos protegidos huyó de Guinea Ecuatorial con las pruebas presentadas en la Audiencia Nacional.

Los cuatro fueron secuestrados en 2019 mediante engaños en Juva, capital de Sudán del Sur, trasladados hasta una cárcel en Guinea Ecuatorial y juzgados y condenados, a penas de 60 y 90 años de prisión, en un juicio sin garantías por un supuesto golpe de Estado, según denunció Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Obama, de 61 años, falleció recientemente. El juez Pedraz, el Gobierno español y el Parlamento Europeo han exigido, sin éxito, que se repatrie su cadáver a España al objeto de poder practicar una autopsia.

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