El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa contra los líderes del procés independentista catalán, ha dejado prácticamente libre la pista de aterrizaje para el regreso voluntario a España de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que huyó a Suiza hace justo cinco años para eludir la acción de la justicia. La dirigente republicana estaba hasta ahora procesada por sedición, un delito que conllevaba elevadas penas de prisión, pero la reforma penal pactada en diciembre entre el Gobierno y ERC derogó ese delito precisamente para rebajar el castigo a los líderes del procés, y, como consecuencia, el juez Llarena dictó el pasado martes un auto en el que procesa a Rovira únicamente por desobediencia, que implica sólo penas de inhabilitación. Esto descarta sobre el papel que la número dos de ERC acabe en la cárcel, y la convierte de facto en la más clara beneficiaria de la reforma legal.

Rovira, sin embargo, sigue dilatando un eventual regreso: desconfía, dice, de la acción de la justicia y pone como ejemplo la divergencia de criterios entre Llarena y la Fiscalía. Hay, además, un motivo político, casi de índole personal, según fuentes republicanas: ante el relativo fiasco que, por el momento, ha supuesto la reforma penal para varios dirigentes independentistas —porque el Supremo no considera que se les pueda aplicar la versión atenuada del delito de malversación como pretendía el Ejecutivo—, Rovira teme aparecer como la única beneficiaria de ese movimiento, una traidora a ojos de quienes siguen considerando “exiliados” a los prófugos del procés y a quienes están pendientes de juicio en España. En similar situación que la número dos de ERC está la exconsejera de la Generalitat y actual eurodiputada Clara Ponsatí, que huyó a Bélgica con Carles Puigdemont a finales de octubre de 2017 y que ahora ha pasado también de estar procesada por sedición a estarlo solo por desobediencia, por lo que, en principio, tampoco se expone a la cárcel.

Marta Rovira no piensa por ahora moverse de Suiza, adonde huyó a finales de marzo de 2018 tras ser procesada por un delito de rebelión. En aquel primer auto Llarena responsabilizaba a la republicana, entre otras cosas, de coordinar a cientos de alcaldes independentistas para lograr que el 1-O hubiera locales disponibles para celebrar el referendum ilegal. Hasta ahora su defensa alegaba que ese procesamiento inicial por rebelión hacía imposible volver, ya que este delito implica prisión preventiva inmediata. Pese al cambio de panorama, los abogados creen que no existen certezas de que no irá a prisión una vez ponga un pie en territorio español. “Llevo cinco años acusada de un delito de rebelión, sin tener ningún tipo de notificación judicial que diga que eso haya cambiado”, insistió Rovira este sábado en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Tras la sentencia que en octubre de 2019 condenó a Oriol Junqueras y a otros ocho líderes independentistas a penas de prisión, Llarena lanzó nuevas euroórdenes contra los prófugos procesados por rebelión que estaban en territorio de la UE —incluido Puigdemont— para sustituir ese delito por el de sedición. Sin embargo, nunca dio ese paso para Rovira, pues con Suiza el cauce de una entrega no es la euroorden sino la extradición (un proceso teóricamente más largo y farragoso). Por eso, pese a que el Supremo descartó la condena por rebelión en el juicio del procés, la republicana insistía en que nada le garantizaba que no se llegara a aplicar a su caso.

Incluso ahora con la derogación de la sedición, Rovira —cuya familia se mudó con ella a Suiza— insiste en que en su situación sigue siendo incierta y que la Fiscalía contradice a Llarena. “Me dicen que me detendrían si no voy al Tribunal Supremo para ir a declarar por desobediencia pero al mismo tiempo el fiscal dice que no podría ser por desobediencia porque no se puede cambiar la imputación a través de una interlocutoria que no es de imputaciones. No tengo garantías de saber qué pasará”, afirma.

Pese a los temores de la republicana, el escrito del juez confirma dos escenarios muy distintos: sobre las dos líderes independentistas fugadas —Rovira y Ponsatí— solo pesa ahora una orden nacional de detención. Para ellas no hay orden internacional de busca, captura e ingreso en presión como la dictada contra Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Luís Puig. Esta diferencia se debe a que ellos, además de por desobediencia, están procesados por malversación, un delito pensado con hasta 12 años de cárcel. La orden de detención dictada contra Ponsatí y Rovira implica que, en caso de que vuelvan a España, solo serían detenidas para prestar declaración ante el juez e inmediatamente puestas de nuevo en libertad, según explica el propio Llarena en su último auto.

El futuro que les esperaría a ambas en caso de regresar es muy similar al que han seguido ya otros prófugos del procés que decidieron poner fin a su huida tras garantizarse que solo se les perseguiría por desobediencia, como la exconsejera Meritxell Serret (también de ERC) o la exdirigente de la CUP Anna Gabriel. Ambas se presentaron voluntariamente en el alto tribunal (Serret en marzo de 2021 y Gabriel en julio de 2022) acompañadas por sus abogados, y quedaron en libertad horas después. Semanas más tarde declararon ante Llarena, quien, tras interrogarlas, dio por concluido el sumario. El Supremo envió el caso a Cataluña para que fueran juzgadas allí, como ha hecho con todos los líderes independentistas acusados por desobediencia tras el 1-O.

Las dudas de Rovira y Ponsatí, sin embargo, tienen también un componente político y personal. Pese a que la unidad independentista está hecha añicos, permanece más o menos intacto el acuerdo de no cargar contra las líneas de defensa que adopten los acusados del procés. Ponsatí, cercana a Puigdemont, siempre ha cerrado filas con la defensa del supuesto “exilio” como vía de confrontación con el Estado, y su regreso a España podría ir en contra de los argumentos con los que el secesionismo espera ganar la batalla legal en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Un regreso de Rovira, con unas elecciones municipales en ciernes, daría munición a Junts para ahondar en su idea de que el PSOE y ERC pactaron la reforma penal para salvar judicialmente a la líder de ERC y hundir a Puigdemont (que sí afronta penas de prisión).

En ERC sostienen que lo sucedido la pasada semana con el caso de Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, los principales colaboradores de Junqueras durante el procés, respalda su tesis de que sigue “el ánimo represivo contra el independentismo”. Ambos están pendientes de juicio y, aunque la Abogacía del Estado (el servicio jurídico del Gobierno) ha renunciado a acusar a Salvadó y pide penas atenuadas para Jové, la Fiscalía sigue la senda del Supremo y mantiene una petición de penas altas para ambos.

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La comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la llamada policía política del Gobierno de Mariano Rajoy comienza sus trabajos este martes, nueve meses después de ser aprobada. Desde entonces, EL PAÍS y otros medios han destapado nuevas evidencias —grabaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo o mensajes telefónicos del ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez— sobre la presunta utilización de los medios del Ministerio del Interior para numerosas operaciones ilegales contra los adversarios políticos del PP. Ningún tribunal ha castigado hasta la fecha estas actuaciones llevadas a cabo sin respaldo judicial.

El PSOE no quiere, de momento, que comparezca el expresidente del PP —a quién también persigue la justicia andorrana por la caída del banco BPA, supuestamente extorsionado por la policía española para revelar las cuentas del expresidente Jordi Pujol—. Los socialistas tienen que convencer ahora a sus socios de Unidas Podemos, quienes todavía no han tomado una decisión sobre la citación de Rajoy, y a sus aliados nacionalistas, que sí pretenden que comparezca el expresidente para explicar quién tomó la decisión desde la cúpula del Ministerio del Interior de espiar y atacar con informes falsos a dirigentes de partidos independentistas catalanes. Las sesiones más comprometidas de esta comisión de investigación podrían coincidir en el calendario con la próxima campaña electoral, que comienza el 12 de mayo.

La presidenta de la Cámara baja, Meritxell Batet, ha fijado el comienzo de los trabajos parlamentarios para este martes con la denominación de “comisión de investigación sobre las actuaciones del Ministerio del Interior durante el Gobierno del PP en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial”.

El Congreso ya dictaminó en julio de 2017, tras meses de funcionamiento de otra comisión similar, que el Ejecutivo del PP y el Ministerio del Interior que encabezaba entonces Jorge Fernández Díaz hicieron un “uso partidista” de la policía para “obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban” a ese partido y para perseguir a los “adversarios políticos”.

La investigación judicial acreditó muchos de estos hechos denunciados por el Congreso, y el juez instructor, Manuel García-Castellón, procesó al exministro Fernández Díaz y a su número dos, Francisco Martínez, para quienes la Fiscalía pide 15 años de cárcel. Además, en los últimos meses, EL PAÍS ha sacado a la luz nuevas grabaciones del comisario Villarejo y mensajes telefónicos del ex secretario de Estado de Seguridad, que ya obran en el sumario y que apuntan a la existencia de maniobras políticas y policiales durante cuatro años para destruir a los adversarios políticos del PP y para tapar las corruptelas del partido en el Gobierno.

El pasado 28 de junio, la Mesa del Congreso, con los votos del PSOE y Unidas Podemos frente a los del PP y Vox, aceptó activar otra versión de esa comisión de investigación para profundizar en lo que se denominó Operación Cataluña, el supuesto montaje de escándalos y noticias falsas contra partidos separatistas durante el Gobierno de Rajoy. Operaciones similares del Ministerio del Interior se pusieron presuntamente en marcha desde finales de 2015 contra Podemos, que había irrumpido como tercera fuerza política en las elecciones generales de aquel año.

El PSOE no quiere citar en la nueva comisión de investigación al expresidente Rajoy, que sí compareció en la denominada comisión Kitchen, en ese caso fijada para establecer cómo se espió al extesorero del PP Luis Bárcenas y se le robaron documentos que podían incriminar al Gobierno popular. Los socialistas han perfilado ya una primera lista provisional de personas a los que quieren llamar y en ella no está Rajoy, pero sí tres de sus exministros: Fernández Díaz (Interior), Cristóbal Montoro (Hacienda) y María Dolores de Cospedal (Defensa y ex secretaria general del PP). También citarán al ex secretario de Estado Francisco Martínez y a media docena de comisarios policiales de aquella época.

El listado del PSOE no está negociado aún con Unidas Podemos ni con otros aliados parlamentarios y, por tanto, puede variar. El martes se fijará un primer plazo para presentar propuestas de nombres, que podría cerrarse ya después de Semana Santa. Las primeras sesiones podrían celebrarse a finales de abril o primeros de mayo, en vísperas de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del 28-M. Esa es la intención que dirigentes socialistas han trasladado en privado a portavoces de distintos grupos, en previsión de que el PP quiera airear al máximo durante la campaña electoral, como está haciendo ahora, el escándalo del caso Mediador o también llamado del Tito Berni, en alusión al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo.

Grupos nacionalistas

Unidas Podemos ha designado para esa comisión a los diputados Enrique Santiago e Ismael Cortés, pero todavía no tiene definido su plan de trabajo. Otros aliados habituales del Gobierno, como ERC o EH Bildu, reconocen que tienen interés en mirar más allá de las implicaciones de esa supuesta policía política del PP contra el nacionalismo. ERC, EH Bildu y Junts defienden la necesidad de que acuda Rajoy, algunos de sus ministros y muchos mandos policiales, como ya hicieron en su día para la comisión de investigación del caso Kitchen.

Esos partidos nacionalistas entienden que los implicados en la policía política o policía patriótica están muy conectados con los responsables de la Operación Kitchen, la Operación Tándem, la Operación Pisa contra Unidas Podemos o incluso con el caso del cierre de la Banca Privada de Andorra (BPA). Un juzgado de Andorra llegó a imputar al expresidente Rajoy, quien consiguió paralizar en los tribunales españoles su declaración como investigado en el país vecino. El PSOE ha transmitido a alguno de sus socios que no quiere aprovechar esta comisión para profundizar en ese escándalo.

ERC y Junts, sin embargo, sí pretenden conectar a la policía política con todas las ramificaciones de la Operación Cataluña, incluida la de Andorra, según fuentes de sus grupos parlamentarios. Y se plantean reclamar comparecientes de todo tipo en esa línea, como ya hicieron en la comisión idéntica que se impulsó en el Parlament catalán y que acabó bastante mermada ante el abandono final de la misma de toda la oposición.

ERC, que tendrá ahora en la comisión del Congreso como portavoces a Gabriel Rufián y Pilar Vallugera, pedirá que vuelva a comparecer Villarejo, y no descarta solicitar también comparecencias de ministros del Interior del PP y del PSOE, porque el polémico comisario trabajó durante varios mandatos. En Junts avisan de que pretenden “acreditar intencionalidad política al margen de la ley por parte del Estado español” e “identificar a los responsables sin límites y sin censura”, según adelanta su portavoz, Míriam Nogueras.

El Gobierno está desconcertado e indignado con la posición del PP sobre la política exterior española. Los populares, a pesar de las rectificaciones o precisiones posteriores —nada eficaces si el objetivo era desdecirse de lo que se había interpretado—, ha puesto en entredicho el papel del Ejecutivo en la Cumbre Iberoamericana y ha aplaudido a Francia frente a España en relación con las respectivas reformas del modelo de pensiones. Eso a pesar de que el país vecino vive días de emergencia nacional por la violencia y los disturbios que han estallado en las calles. El Gobierno de Pedro Sánchez trata de encontrar razones para comprender la estrategia de Alberto Núñez Feijóo, pero no las encuentra.

En el PP mantienen intacto su objetivo de llegar al electorado de centro o incluso centroizquierda y hacerse con votantes enojados con el PSOE. Pero los socialistas ponen muy en duda que eso pueda ocurrir si la línea de oposición incluye, con trazos gruesos, denostar al Gobierno en Bruselas por el uso y canalización de los fondos europeos y por las reformas legales, entre ellas la de las pensiones.

La crítica de Feijóo al Gobierno de Pedro Sánchez por la reforma de las pensiones, una vez pactada esta con la Comisión Europea, fue la primera alerta que sonó en La Moncloa cuando el presidente estaba de camino a la capital de la República Dominicana para participar en la XXVIII Cumbre Iberoamericana. Al tiempo, el líder del PP participaba en Madrid en un encuentro con latinoamericanos con el lema Europa es Hispania. No es habitual en España, sí en otros países europeos y en EE UU, celebrar actos por nacionalidad de nacimiento. El PP hace tiempo que se inclina por esa segmentación de origen y el trato directo con pastores de iglesias evangélicas. Lo cierto es que Feijóo, ante ese auditorio, reprochó al presidente del Gobierno que rindiera “pleitesía a autócratas”. “Irresponsable, ignorante y poco informado”: fue la respuesta de Sánchez en su comparecencia del mismo sábado en Santo Domingo. En estas cumbres el jefe del Estado de España, antes Juan Carlos I y ahora Felipe VI, es una figura de gran respeto para los mandatarios latinoamericanos, a pesar de su diversidad ideológica. El rey español jamás falta a las tomas de posesión de los gobernantes de esos países.

No ha querido Feijóo poner en cuestión la presencia de España en la cumbre de Santo Domingo, se apresuró a señalar el responsable de Asuntos Internacionales del PP, el eurodiputado Esteban González Pons. Lo que quiso decir, aseguró Pons, es que Pedro Sánchez “rinde pleitesía a autócratas a los que muestra condescendencia”. Con estas acusaciones, el PP remachó el clavo del estupor del Gobierno. Y este domingo el presidente del PP, en otro acto, insistió en que La Moncloa le manipula. No hubo tregua sino que las acusaciones subieron hasta donde no alcanza la vista. “Tienen un déficit democrático tan alto que quieren destruir a la oposición, que no haya oposición en un régimen democrático”, clamó. Quizá la ausencia absoluta de diálogo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo —cortada por el presidente del Gobierno después de la negativa del segundo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque nunca hubo interés en esa relación— puede servir a Feijóo de justificación de que no conoce la acción del Ejecutivo.

El Gobierno ha abierto la puerta a España a 90.000 venezolanos, entre ellos a figuras relevantes de la oposición a Nicolás Maduro, como Leopoldo López y toda su familia, y ofrece la nacionalidad española a todos los nicaragüenses que han sido despojados de ella por Daniel Ortega. Ni este ni Maduro han acudido a la cumbre de Santo Domingo. Sí está el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. Las relaciones con los mandatarios cubanos siempre se han mantenido, con picos de fuertes desencuentros, tanto con el PP como con el PSOE. No ha aclarado González Pons a qué presidentes se refería cuando el sábado hizo este aviso: “El domingo veremos en la prensa una foto de Sánchez con un par de dictadores y otra, de Feijóo, Díaz Ayuso y Almeida, con los amantes e hijos de la libertad”. Se refería al acto en Madrid con un millar de iberoamericanos en el que pastores de iglesias cristianas pidieron a Dios por el presidente del PP, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la capital. La mayoría de las fotografías de Sánchez de estos días son con el Rey y el resto de los presidentes de la cumbre. El Gobierno quiere creer que la expansión del PP al centro, con estos mimbres, será mínima o no se producirá.