España
El PP ofrece apoyo al Gobierno en el ‘caso Pegasus’ con condiciones en la comisión de secretos

El PP se ha ofrecido al Gobierno del PSOE, en público y en contactos más privados, para darle su apoyo y aplacar el llamado caso Pegasus, escándalo del presunto espionaje desvelado por la organización Citizen Lab a una sesentena de dirigentes independentistas catalanes y vascos que pone en jaque la legislatura. Los populares piden a cambio que la presidenta de las Cortes, la socialista Meritxell Batet, convoque cuanto antes un pleno y se constituya la comisión de secretos oficiales que lleva casi tres años sin formarse y dónde podría comparecer la ministra de Defensa, Margarita Robles, y hasta mandos del Centro Nacional de Inteligencia, a puerta cerrada y con más reservas. El PP pretende así que tras esa votación, que requiere una mayoría de tres quintos de la Cámara, se quede fuera de esa comisión el representante de EH Bildu.
El emplazamiento público del PP al Ejecutivo de Pedro Sánchez se lo hizo ayer su secretaria general, Cuca Gamarra. La número dos del PP pidió en una entrevista en Antena 3 que Batet convoque al pleno del Congreso para conformar esa comisión de secretos oficiales, también conocida como de los fondos reservados, y que celebra sus sesiones a puerta cerrada con un particular y complejo sistema de elección. “Creo que ése sería el camino para que se pueda despejar cualquier tipo de duda”, señaló Gamarra.
La secretaria general del PP aclaró así que su partido entiende que “sería bueno” citar cuanto antes esa comisión de secretos, “sobre todo por el momento de incertidumbre que se vive por este asunto”, en referencia al caso Pegasus. Y ante las exigencias de responsabilidades políticas que están requiriendo varios de los partidos socios del gobierno de coalición y de investidura en el Parlamento. Gamarra argumentó que esa comisión es el lugar donde la ministra de Defensa y otros altos cargos, así como responsables del CNI, podrían ofrecer información y explicaciones “con la máxima transparencia” posible para zanjar este caso, en el que el PP ha respaldado por ahora totalmente la posición del PSOE en el Ejecutivo y ha dado crédito a la versión de Robles sobre que siempre se ha actuado legalmente. Eso sí, Gamarra ha situado toda la responsabilidad en la presidenta de las Cortes para conformar esa comisión: “La capacidad y facultad para constituirla depende de la presidenta de la Cámara”.
La presidenta del Congreso ya ha reiterado varias veces estos días que, aunque la competencia para constituir esa comisión sea suya, no tendría mucho sentido intentar ponerla en marcha en las actuales condiciones políticas porque ha consultado en privado con los principales grupos y no cuadran ni los números ni las posiciones para que prospere.
Hasta diez partidos, con Unidas Podemos, han registrado en el Congreso una petición de comisión de investigación sobre el caso Pegasus. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, acudió este jueves al Congreso para entrevistarse en persona con los portavoces de esos grupos, concertar una estrategia de frente común y exigir responsabilidades y alguna “cabeza política”. Ocho de esas formaciones, entre las que están socios tan claves como ERC, PNV y EH Bildu —y también PDeCAT, Compromís, Más País, la CUP y Junts— presentaron ayer conjuntamente una serie de solicitudes de comparecencias.
Esos partidos persiguen que acudan al Congreso para hablar del programa malware Pegasus tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el director del Gabinete de Presidencia del Gobierno, Óscar López Águeda; la directora General de la Guardia Civil, María Gámez Gámez; el director General de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros Martín; y la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban López. Ni PSOE ni PP apoyarán la mayoría de esas propuestas. Pero no serán las últimas ni únicas actuaciones en esa línea de partidos socios del Ejecutivo.
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La comisión de secretos oficiales funciona de acuerdo a una resolución aprobada en mayo de 2004 por el entonces presidente de las Cortes, Manuel Marín, en la que en su punto tercero se precisa cómo debe realizarse su trabajo y su método de elección: “Si la materia en cuestión hubiera sido clasificada en la categoría de secreto, el Gobierno facilitará la información recabada a un diputado por cada Grupo Parlamentario. Los diputados serán elegidos al efecto por el Pleno de la Cámara por mayoría de tres quintos”. Es decir, se precisan 210 votos para formar parte de la misma. Esa es la razón por la cual hasta ahora esa comisión se montaba con el acuerdo de los dos principales partidos, PSOE y PP. Esa resolución vigente podría modificarla por otra de la actual presidenta.
Batet sondeó en esta legislatura al PP y comprobó que no estaba dispuesto a permitir con sus votos que entrase en esa comisión un representante de EH Bildu. En teoría, debería haber un miembro de cada grupo y hasta ahora con un máximo de siete componentes, que luego tienen la obligación de guardar secreto de las materias que se aborden en su interior. Ni PP ni Vox se fían de Bildu y les quieren boicotear. Los populares sí estarían dispuestos a acordar votaciones con el PSOE para no vetar a Podemos, ERC o PNV, pero no a Bildu, según fuentes de su dirección.
El PP esgrime un precedente, en la constitución de esa comisión en febrero de 2012, con Jesús Posada de presidente, en el que ese partido ya vetó a un representante de ERC, Alfred Bosch, que estaba en el Grupo Mixto con Amaiur (precedente de Bildu). Los partidos votaron superando el mínimo de 210 escaños afirmativos a los otros seis candidatos, de diversas formaciones, y dejaron fuera a Bosch con 132 votos.
Dirigentes del PP del máximo nivel y cercanía al líder, Alberto Núñez Feijóo, han conversado en privado con miembros del Gobierno estos días sobre el caso Pegasus y sus consecuencias políticas, y han ratificado su confianza en las afirmaciones de la ministra Robles sobre que siempre se ha actuado conforme a la ley y con supervisión judicial, sobre todo por contraposición a las acusaciones de espionaje ilegal que creen sin fundamento ni pruebas de los socios nacionalistas e independentistas contra el Ejecutivo. El PP, ahora, querría que Robles y otros cargos oficializasen esas posiciones en una comisión del Congreso, pero de forma discreta.
Esta próxima semana tanto el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, como la portavoz de ERC-EH Bildu en el Senado, Mirella Cortés, preguntarán a Sánchez en la sesión de control en ambas cámaras: “¿Piensa el Gobierno español investigar el caso de espionaje a políticos independentistas?” y “¿Cómo piensa el Ministerio de Defensa garantizar la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a casos de espionaje?”. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, abundará: “¿Qué artículo de qué ley le impide dar datos a este Parlamento sobre el uso del programa Pegasus por parte del Estado?”.
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España
Podemos lleva al límite la negociación con Sumar

La izquierda a la izquierda del PSOE, ese espacio político que durante años ocupó casi en solitario Izquierda Unida, después amplió Podemos y ahora busca dar un nuevo salto electoral —o evitar un duro retroceso— con la marca Sumar, tiene este viernes una cita ineludible: las últimas 24 horas de una negociación contra el reloj entre la Ejecutiva de la formación de Ione Belarra y el equipo de la vicepresidenta Yolanda Díaz. El plazo para decidir si concurren en coalición a las elecciones generales del 23-J vence antes de la medianoche de este viernes y todo está en el aire. Los principales escollos están en el número de puestos de salida en las listas para Podemos y la presencia o no de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la papeleta por Madrid.
A última hora de la tarde, la dirección del partido volvió a llevar al límite la negociación al descolgarse con una propuesta para concurrir en solitario en las tres circunscripciones de la Comunidad Valenciana y con Sumar en el resto del país. Fuentes de la formación argumentan que buscan así “desatascar la situación en ese territorio”, y sortear los “vetos” que, denuncian, se imponen al partido desde Compromís, tal y como adelantó ElDiario.es y ha podido confirmar EL PAÍS. Fuentes de Sumar aseguran que “no contemplan” esta opción y algunos actores de las negociaciones interpretan el movimiento como un intento por “elevar la tensión” y tratar de conseguir mejores posiciones en las listas.
En torno a las diez de la noche de este jueves, Compromís ha anunciado un preacuerdo con Sumar para concurrir juntos a las próximas elecciones del 23-J. La negociación supondrá, entre otras cosas, que los valencianistas encabecen la lista por Valencia, que era una de las más discutidas. Las condiciones del acuerdo han de pasar todavía por una ejecutiva de Compromís y por las direcciones de cada una de las tres formaciones que integran la coalición (Més en el Consell Nacional, Iniciativa en la Mesa Nacional y Verds-Equo en la Mesa de País). Además, se abrirá un plazo de votación telemática durante cinco horas para que los militantes decidan sobre el acuerdo, informa María Fabra.
Belarra anunció el jueves al final de la mañana una consulta exprés a las bases en la que reclama que respalden la negociación abierta nueve días antes y permitan que sea la dirección quien decida si habrá acuerdo electoral con la nueva plataforma. El límite para esas votaciones, obligatorias según los estatutos de la formación, termina a las diez de la mañana. El refrendo de la militancia legitimaría a los líderes para cerrar un pacto, después de días de presiones desde los territorios en favor de la unidad. Pero también da potestad a la dirección para hacer lo contrario. La pregunta, en todo caso, no se refiere a la conveniencia o no de que se produzca esa confluencia y deja en manos de la Ejecutiva la resolución final. Varios dirigentes se han mostrado a favor de la coalición en sus mensajes públicos de las últimas horas, desde la propia Belarra hasta el coportavoz nacional Javier Sánchez Serna.
“Sumidos en una ola reaccionaria de dimensión internacional, existe una posibilidad difícil, pero real, de revalidar el Gobierno de coalición y optar a una segunda legislatura que nos permita profundizar las transformaciones sociales y feministas. Esa posibilidad depende de que las fuerzas políticas agrupadas en Sumar y Podemos se presenten en una única candidatura a las elecciones generales”, reconoce expresamente la secretaria general del Podemos en un vídeo difundido en redes sociales. “Las negociaciones no están siendo sencillas y por eso quiero pedirte tu apoyo para que sea el Consejo de Coordinación de Podemos quien negocie y, en su caso, alcance el acuerdo electoral de unidad con Sumar”, añade. “El acuerdo de unidad entre Podemos y Sumar está cerca. Pero quedan muy pocas horas y necesitamos que la dirección tenga un aval democrático para acabar de cerrarlo”, difundía por su parte Sánchez Serna.
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Las negociaciones capitaneadas por el jefe de gabinete de Díaz, Josep Vendrell, han continuado a lo largo de todo el jueves y ya se han logrado adhesiones como la de Más Madrid, Chunta Aragonesista, Iniciativa del Pueblo Andaluz, AraMés, Batzarre y Verdes Equo, aunque el acuerdo definitivo está por definir. La cascada de acuerdos ejerce más presión sobre una Ejecutiva nacional de Podemos que tiene cada vez más presión desde los territorios. A las direcciones de Baleares, Galicia, Asturias, Canarias, Extremadura o Navarra se unió este jueves la voz de la coordinadora de Aragón, Maru Díaz, o la publicación de un manifiesto firmado por un grupo de dirigentes de Podemos en Cataluña que pide la unidad y una misma candidatura con Sumar. La consejera en funciones ha adelantado que no recogerá el acta de diputada y que dejará su cargo tras las generales. En esa comunidad, Podemos ha pasado de tener cinco diputados en la pasada legislatura a uno. “Ahora, más que nunca, es crucial la altura de miras, la generosidad y la humildad para preservar el Gobierno de coalición”, ha advertido en un amplio comunicado.
La consulta a las bases de Podemos y las votaciones en otros partidos retrasan la firma del acuerdo. En Sumar repiten que en ningún caso se llegará sobre la campana y marcan mucha distancia con lo ocurrido hace un año en Andalucía, cuando los plazos para conformar una coalición de izquierdas se apuraron tanto que los de Belarra acabaron fuera del registro oficial y aquello derivó en un cruce de acusaciones que lastró a la marca desde su alumbramiento. En esta ocasión las reuniones han sido constantes e intensas, defienden, y la dificultad para poner de acuerdo a casi una quincena de formaciones es inmensa.
El principal problema para Podemos era en las últimas horas el número de puestos en las listas y la inclusión de Montero por Madrid, donde también debe estar la propia Yolanda Díaz, alguien de su nuevo partido, Más Madrid e Izquierda Unida. El número de diputados con opciones de tener escaño es limitado y la elaboración de esa papeleta es de las más complejas. La controversia sobre la presencia de la titular de Igualdad se produce además en una semana particularmente dura para la número dos de Podemos, pero también para su partido, con sendos varapalos a la ley del solo sí es sí, la norma estrella del departamento de Montero y que abrió la peor crisis en la coalición a finales del año pasado. Si el martes la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas reprochaba a España los errores del texto y señalaba que la reducción indeseada de penas —ya más de un millar— “podría haberse evitado si se hubiera prestado más atención a las voces de las distintas partes interesadas”, el miércoles el Supremo avalaba esas rebajas de condenas. Quedan pocas horas y la incertidumbre sigue siendo máxima, con propuestas que pueden cambiar el mapa final del acuerdo antes incluso de que se pronuncien las bases.
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La suma de un pequeño partido insular al pacto de Coalición Canaria y Partido Popular certifica el cambio político en las islas

El secretario general de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha firmado este jueves su incorporación al pacto de Gobierno que el martes anunciaron Coalición Canaria y el Partido Popular. Estas dos formaciones sumaban 34 escaños, dos menos de los necesarios para superar la mayoría absoluta, por lo que se han visto obligados a pactar tanto con la formación gomera como con la Agrupación Herreña Independiente.
La ASG no gestionará ninguna consejería, a diferencia de lo que sí sucedió en la pasada legislatura con el llamado Pacto de Las Flores (PSOE, Nueva Canarias, Unidas Podemos y la propia ASG), cuando dirigió la de Turismo, Industria y Comercio. En esta ocasión, el partido de Curbelo ocupará cargos intermedios y controlará las empresas públicas Visocan (dedicada a la promoción de viviendas protegidas), Hecansa (gestión de hoteles escuela) y, sobre todo, Gesplan, que se dedica a las actividades de gestión, urbanización, planeamiento y medioambiente.
La oposición a Curbelo en el Cabildo de La Gomera ha denunciado en repetidas ocasiones que la corporación insular realiza obras directamente a través de Gesplan para evitar sacarlas a concurso. Por eso, aseguró recientemente a EL PAÍS el consejero de Coalición Canaria, Christian Méndez, “Gesplan se ha convertido en una agencia de colocación. Si necesitas trabajo acudes a la tercera planta del Cabildo o hablas con el representante de la Agrupación Socialista Gomera de tu municipio. Independientemente de tu capacitación”.
En declaraciones a los medios de comunicación, el líder gomero ha minimizado el valor de gestionar una Consejería y ha incidido en que lo importante es tener una “conciencia clara” de “responder con eficacia” al trabajo que se realiza en los distintos departamentos del Ejecutivo, informa Europa Press.
La Agrupación Socialista Gomera solo concurrió a las elecciones autonómicas por la circunscripción de La Gomera, donde logró 6.112 sufragios, que le otorgaron tres escaños en la cámara regional. La ley electoral canaria favorece fuertemente a los pequeños partidos insulares para tratar de equilibrar sus desigualdades. En las islas, formaciones como PACMA (10.806 votos), Unidos Por Gran Canaria (16.760), Dragos Verdes Canarias (27.916) o Unidas Sí Podemos (34.531) lograron más apoyos el 28-M. Ninguno ha logrado entrar en el Parlamento.
Este jueves, Curbelo ha reivindicado el actual sistema electoral, el cual calificó de “extraordinario y equilibrado” porque atiende a los territorios más pequeños del archipiélago. “La Canarias que hemos construido entre todos es la que es”, aseguró recientemente a este periódico. “Dos islas donde se concentran la riqueza y la inversión, donde hay por duplicado universidades, consejerías, funcionarios y puertos. Y mientras tanto, las islas verdes [La Gomera, La Palma y El Hierro] envejecen y pierden población”.
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El candidato de Coalición Canaria y futuro presidente del Gobierno, el nacionalista Fernando Clavijo, ha descrito el pacto como el de “islas iguales”, sin “discriminaciones” presupuestarias o de recursos por el tamaño, con los mismos derechos para los ciudadanos “independientemente de donde vivan”. El presidente del Partido Popular en las islas y futuro vicepresidente del Ejecutivo regional, Manuel Domínguez, por su parte, ha señalado que el pacto sustenta “un solo proyecto y un solo programa” que tiene el objetivo de “mejorar la vida de los canarios” y para ello ha agradecido la “estabilidad” que aporta la formación de Curbelo.
Esta es la tercera vez consecutiva en la que la formación gomera resulta clave para la gobernabilidad de las islas. Durante el pasado mandato, la formación apoyó al presidente Ángel Víctor Torres e incluso gestionó una cartera. Durante la legislatura 2015-2019, Coalición Canaria decidió romper el pacto con el PSOE, y expulsó a sus líderes del Ejecutivo. Curbelo sostuvo aquel Gobierno de Clavijo con sus votos.
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Dimite Amparo Rubiales, presidenta del PSOE de Sevilla, tras llamar “judío nazi” al ‘número tres’ del PP

La presidenta del PSOE de Sevilla, Amparo Rubiales, ha dimitido este jueves tras la polémica creada a raíz de sus declaraciones en redes sociales, en las que llamó “judío nazi” al coordinador general del PP, Elías Bendodo. El PSOE de Sevilla le pidió una rectificación, pero Rubiales volvió a llamar “nazi” a Bendodo en otro mensaje posterior. La política, de 77 años, es una histórica dirigente socialista que ha ocupado multitud de cargos relevantes durante las últimas décadas.
Para rectificar sus palabras, Rubiales compartió un segundo mensaje en el que decía: “Jamás debe usarse la religión, origen o etnia de alguien para la crítica política. Aunque, como en mi caso, la intención fuese señalar una grave incoherencia. Mis disculpas y corrijo: Bendodo es un nazi”. Bendodo proviene de una familia judía sefardí.
Rubiales criticó a Bendodo por haber comentado que España “es un país tan fuerte que ha aguantado cinco años de duro sanchismo, pero no es tan fuerte como para aguantar nueve años”. Su respuesta al político popular ha recibido un aluvión de críticas, sobre todo desde el PP, aunque también desde sus propias filas. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha censurado que “actitudes así no pueden tener cabida en política (…) Sé que la mayoría de militantes socialistas no las comparten (…) Nuestra sociedad está cansada de aquellos que siembran odio y enfrentamiento”, ha afirmado en la red social Twitter. En paralelo, la Federación de Comunidades Judías de España, que representa a los judíos, ha censurado las declaraciones de Rubiales.
Tras la renuncia, el PSOE la ha aceptado “para zanjar la polémica” y se ha desvinculado de las declaraciones: “Las ha realizado a título personal en sus redes sociales. La dirección del partido considera rechazables esas declaraciones y ha pedido una rectificación”, informa Europa Press. Los socialistas le han agradecido “su disponibilidad y labor en esta etapa”. Las críticas a Rubiales llegaron incluso del presidente aragonés y secretario general regional del PSOE, Javier Lambán, que ha afirmado que no le importaría “dejar de compartir militancia” con la dirigente. Lambán tachó las palabras de “absolutamente inaceptables y reprobables”.
Como histórica dirigente socialista, Rubiales ha sido vicepresidenta del Congreso, consejera de Estado, consejera andaluza de Presidencia, diputada y senadora, entre otros muchos cargos.
El PP va a presentar hoy una querella contra Amparo Rubiales por “delito de odio” en un juzgado de instrucción de Sevilla, “para que se tomen las medidas oportunas ante una actuación que no se puede consentir ni tolerar en una sociedad como la española que ha luchado para desterrar este tipo de ataques”, afirma el partido en un comunicado. Preguntado el PP por si, una vez la dirigente socialista ha dimitido, seguía adelante con la querella, fuentes oficiales del partido contestan que “si no pide perdón, no cambia nada” y por tanto siguen adelante con la querella, informa Elsa García de Blas.
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Antes, José Ramón Carmona, secretario general del PP de Málaga, de donde procede Bendodo, tildó las acusaciones de la dirigente socialista de “fruto del fanatismo”. “Este insulto no va dirigido solo a Bendodo, sino a toda la comunidad judía (…) No se puede trascender la barrera política y propiciar ataques personales de esta índola, que no afectan únicamente a la persona, sino a todo el colectivo semita”.
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