Este viernes, el directorio del ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la cuarta revisión del acuerdo, habilitó el desembolso de US$5400 millones y las reservas suben del Banco Central US$39.000 millones. Aún no hay comunicado oficial del organismo.

El desembolso sirve para engrosar las reservas y cancelar vencimientos por US$2700 millones que se postergaron.

El equipo del ministerio de Economía y el directorio del Fondo evaluó hace algunas semanas los desempeños del último trimestre del año. Además, sostuvieron que los objetos de reservas, fiscales y monetarios se cumplieron.

En la misma revisión, hablaron de un acuerdo para flexibilizar la meta de acumulación de reservas establecida en el programa original, algo que le dará un respiro al Gobierno en pleno año electoral y en medio de la fuerte sequía.

Sin embargo, cuando el FMI dio el primer visto bueno sobre la cuarta revisión, también le pidió al Gobierno “políticas más sólidas” y acelerar la quita de subsidios energéticos.

Esta semana, el Gobierno viajó a Washington para fortalecer el apoyo de Estados Unidos en el acuerdo con el FMI. Durante la reunión que mantuvieron el mandatario estadounidense, Joe Biden, su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y otros funcionarios de la Casa Blanca con el presidente Alberto Fernández y el ministro Sergio Massa, habrían manifestado su apoyo.

Luego de más de siete años de un largo y complejo proceso judicial en Estados Unidos, la jueza Loretta Preska, titular del tribunal del Distrito Sur de Manhattan, falló en el caso por la expropiación de YPF, dispuesta por Cristina Kirchner durante su segundo mandato en el año 2012.

La decisión fue favorable para la petrolera de bandera, aunque no para la Nación Argentina que deberá seguir pujando en EEUU contra el fondo Burford, que le compró el derecho a litigar a empresas privadas –que eran accionistas de la petrolera y en su momento aseguraron haber sido perjudicadas–, y cuyos derechos fueron reconocidos hoy por el tribunal.

Preska aseguró que “los demandantes eran tenedores de valores de YPF en los momentos necesarios y, por lo tanto, tienen derechos contractuales exigibles frente a la República” y que también merecían una “sentencia sumaria contra la República por sus reclamos por incumplimiento de contrato”. Presta dijo, además, que las pretensiones de los demandantes son válidas según la ley local, que usó para juzgar el caso.

Según un cálculo que hicieron los demandantes, usando el estatuto de YPF y estimando diferentes escenarios de intereses a lo largo de todo el juicio, la demanda podría tener un costo en un rango de entre USD 8.500 millones y hasta unos USD 20.000 millones. Con todo, la palabra final la tendrá la jueza.

Luego de conocerse el fallo, la acción de Burford, que cotiza en la bolsa de Londres, saltó más de 31 por ciento. El papel de YPF, en tanto, tenía un alza de 2 por ciento.

En este caso había varios pedidos de “juicio sumario” –que en la justicia de EEUU discute derechos y no hechos, o sea las responsabilidades– para determinar los niveles de culpabilidad de YPF y del Estado y también de los montos a compensar. Preska dijo que YPF no es responsable, pero que Argentina sí. Resta establecer cuál será el monto del daño provocado, algo que se determinará en el juicio. “En resumen, el Estado está condenado y tendrá que pagar. Hay apelaciones y cuando quede firme, el juicio puede tardar… un año, al menos”, destacó una fuente cercana a la causa.

“Argentina perdió, pero YPF ganó. Preska hizo lo que se esperaba: dejó afuera a la empresa del caso y fue cautelosa porque no puso el número pero fijó lineamiento para que el juicio siga en su corte y se determine la compensación económica. Habrá apelaciones, pero Burford podría pedir embargos si el país no paga o no deposita garantías”, resumió el analista Sebastián Maril.

“Es un fallo positivo para YPF porque la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del estado nacional. Con lo que sus activos están fuera de riesgo. Por otro lado, es importante destacar que no se hace lugar a todos los pedidos de los demandantes”, comentaron desde la empresa.

La expropiación fue una decisión política tomada hace una década que generó un fuerte reclamo de privados que fueron socios de la petrolera y se consideraron damnificados; la causa se cursó en Nueva York porque la empresa argentina cotiza en Wall Street.

Preska demoró la decisión casi 280 días desde que las partes involucradas –el Estado, la empresa y un estudio inglés que fue comprando el derecho a litigar de los supuestos perjudicados– terminaron de presentar sus argumentos y responder los de la contraparte. Aunque suene extraño a esta altura y luego de tanto tiempo, vale la pena recordar que hasta el momento la causa estaba en una etapa prejudicial.

El proceso comenzó en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner, siguió en la administración de Mauricio Macri, y comenzó a definirse durante la gestión de Alberto Fernández. Hasta la Corte Suprema de Estados Unidos fue consultada sobre el tema en 2019 y rechazó analizar el caso. Esta demanda ya había tenido cuatro fallos adversos de diferentes cortes estadounidenses y ni una sola victoria importante para Argentina.

La trama judicial concitó particular atención política en los últimos meses –en medio de un fuerte contexto de escasez de dólares– por las posibles implicancias económicas que podría tener un fallo final adverso.

Burford Capital, un bufete de acción global que cotiza en la bolsa de Londres, al que muchos compararon por su accionar como un “fondo buitre”, compró el derecho a litigar contra YPF y el estado argentino a dos ex accionistas privado de la petrolera –Eton y dos empresas quebradas Petersen, que al momento del juicio no pertenecían al Grupo Petersen de Argentina– que en su momento argumentaron que YPF debió hacer una oferta pública a los accionistas minoritarios y no sólo “arreglar” con el socio mayoritario al momento de la expropiación, la española Repsol. Ese fue el eje central de la causa.

A tres meses de la fecha límite para la presentación de las listas para las elecciones 2023, y alarmados por los últimos movimientos en Juntos por el Cambio, los principales dirigentes del oficialismo empiezan a analizar distintas estrategias para retener la Casa Rosada más allá de diciembre.

En este contexto, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, abrió la puerta este jueves a la posibilidad de ir a las PASO de agosto próximo con un candidato presidencial único, acordado en el seno de la interna del Frente de Todos, algo que hasta ahora parecía lejano dada la resistencia del kirchnerismo a apoyar el sueño de reelección de Alberto Fernández.

Consultado en radio El Destape sobre las tensiones dentro del oficialismo, Rossi respondió: “Yo soy optimista. Entiendo que con PASO o con lista única vamos a lograr el mejor escenario para ser competitivos en estas elecciones”.

“En la Argentina de hoy convergen cuatro crisis: la pandemia, la sequía, la guerra, y el acuerdo con el Fondo Monetario. A pesar de esas crisis tenemos elementos positivos para mostrar: el crecimiento económico y la baja de la desocupación. Hay que reconocer que nos falta política de precios y de ingresos”, sumó el funcionario de Casa Rosada, un día después de haber presentado, durante ocho horas, su primer informe de gestión en el Congreso en una sesión caliente, con cruces y chicanas con la oposición.

Crece la presión para que Alberto y Cristina ordenen la interna del FdT

La decisión de Mauricio Macri de no presentarse como candidato se suma a una serie de definiciones de otros dirigentes en las últimas semanas que empiezan a clarificar el panorama electoral para Juntos por el Cambio. Lo contrario a lo que sucede en el Frente de Todos donde, además de reinar una fuerte interna, no hay definiciones claras sobre quiénes competirán en las elecciones. A raíz de ello, comenzó a crecer la presión para que se reúnan el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Kirchner para apurar decisiones.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, expresó en una entrevista con el El Destape Radio: “Sin acuerdo no hay unidad, ni PASO, ni posibilidades de ganar para evitar que vuelva el macrismo. Yo laburo para esa unidad, para que Alberto Fernández y Cristina Kirchner se pongan de acuerdo todos los días y no para que se enfrenten”.

En un sentido similar se manifestó el diputado nacional del FDT, Eduardo Valdés. “Es necesario que Cristina y Alberto se sienten cara a cara. Acá no sobra nadie, tenemos que empezar a tomar decisiones en el Frente de Todos”, indicó a FutuRock.

Ambos dirigentes buscan que dos de los socios fundadores del Frente de Todos empiecen a ordenar el panorama electoral oficialista y logren calmar la interna de la coalición. Los últimos cruces dentro del FDT surgieron a raíz de la resistencia de La Cámpora ante una eventual postulación de Alberto Fernández como candidato a una reelección y la posibilidad cada vez más firme de que el candidato oficialista emerja de una PASO.

El titular de la cartera de Seguridad, Aníbal Fernández, es uno de los dirigentes que respalda firmemente esa opción. “Lo que el Presidente dice es que tiene que haber PASO porque pretende que haya un candidato elegido por una primaria y con todos los elementos que correspondan, ni dedos mágicos y como tiene que serlo”, manifestó en declaraciones a Radio 10.

Como si fuera poco, cruzó a La Cámpora con una frase desafiante: “Estoy convencido de que Alberto le gana a Cristina”.