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El Parlamento Europeo recomienda calificar los asesinatos de ETA como crímenes contra la humanidad

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Una delegación del Parlamento europeo en su visita a Vitoria, el pasado mes de noviembre, para tratar 379 crímenes de ETA sin resolver.
Una delegación del Parlamento europeo en su visita a Vitoria, el pasado mes de noviembre, para tratar 379 crímenes de ETA sin resolver.Iñaki Berasaluce (Europa Press)

La Comisión de peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves un informe no vinculante sobre 379 asesinatos atribuidos a ETA que todavía siguen sin resolverse y para los que se reclama una investigación permanente hasta que se pueda ofrecer a los familiares de las víctimas un esclarecimiento de los hechos. El texto, aprobado por 27 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, aboga por “sugerir a las instituciones competentes que agoten las posibilidades interpretativas del Derecho penal, incluido el posible reconocimiento de los crímenes terroristas de ETA como crímenes contra la humanidad”. Esa calificación excluiría a tales crímenes del período de prescripción (20 años) o de posibles amnistías a sus autores.

La presidenta de la Comisión, la eurodiputada popular Dolors Montserrat, ha celebrado como “hecho histórico” el apoyo del Parlamento Europeo a las víctimas “de manera tan firme y contundente”, así como la “dureza contra los verdugos”. El informe ha contado con los votos a favor de los grupos popular, socialista, liberal, ultraconservador y euroescépticos; con la abstención de los verdes; y con el voto en contra de Izquierda. La eurodiputada liberal, Maite Pagazaurtundúa, ha señalado que “este informe supone ya, una reparación simbólica, pero hace falta ir más allá”.

Los eurodiputados socialistas intentaron el eliminar del informe la propuesta de calificar como crímenes contra la humanidad los delitos cometidos antes de 2004, por entender que no se puede aplicar con retroactividad una figura que fue incorporada al código penal español en 2003. “Entendemos perfectamente la reivindicación de las víctimas en este sentido, pero es necesario que promovamos el respeto de la legalidad”, ha señalado la eurodiputada socialista Cristina Maestre, en declaraciones recogidas por EFE. La Audiencia Nacional en España también ha descartado aplicar retroactivamente el delito de lesa humanidad.

El documento, de 41 páginas, es fruto de una petición planteada en 2016 por Miguel Ángel Rodríguez Arias, abogado de la asociación Dignidad y Justicia, que denunció ante la comisión parlamentaria el presunto incumplimiento por parte de España de su obligación de realizar una investigación eficaz en el caso de 379 crímenes de ETA, por lo que, según el peticionario, ni se ha procesado a sus autores ni se ha indemnizado a las familias de las víctimas.

En octubre de 2021, la Mesa del Parlamento Europeo autorizó a la comisión de peticiones una visita a España (realizada del 3 al 5 de noviembre de ese mismo año) para recabar información de primera mano de las autoridades españolas, de los peticionarios y de las víctimas del terrorismo. La delegación, presidida por la eurodiputada popular Agnès Evren visitó el Centro memorial de las víctimas del terrorismo en Vitoria y mantuvo reuniones en Madrid, entre otras, con representantes de las fuerzas de seguridad, del Defensor del Pueblo, de asociaciones de víctimas y expertos en terrorismo.

Los europarlamentarios fueron informados de que en los cinco años transcurridos desde la presentación de la petición solo se había resuelto uno de los 379 casos pendientes de esclarecer. “El peticionario considera que la impunidad sigue vigente y que no se ha investigado lo suficiente”. El representante de la Guardia Civil recordó que la mayoría de los atentados por esclarecer se cometieron entre 1978 y 1987, un “período de alta actividad de ETA, con asesinatos y atentados diarios”. La misma fuente señaló que en esa etapa “los procedimientos de investigación no eran tan avanzados y modernos como en la actualidad”.

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El informe final de la Comisión de Peticiones señala que “España es el Estado que ha resuelto el mayor número de atentados terroristas”, pero constata que, aun así, aproximadamente el 44% de los asesinatos de ETA siguen sin sentencia judicial. El informe parlamentario recomienda “crear una comisión de juristas encargada de elaborar un informe detallado sobre cada uno de los expedientes de las víctimas de ETA cuyos casos aún no se han resuelto”. Y sugiere que se modifique la legislación española para supeditar los beneficios penitenciarios a la colaboración de los terroristas condenados en la investigación de atentados de los que puedan tener información.

La comisión parlamentaria también pide que “se evite el enaltecimiento público de los terroristas condenados cuando salen de las cárceles, por el dolor y la victimización secundaria que conlleva para las víctimas del terrorismo”.

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La Fiscalía considera “injusta” la desimputación de la exconsejera Lucía Figar y pide encausarla por tercera vez en el ‘caso Púnica’

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Lucía Figar, en la comparecencia pública en la que anunció su dimisión como consejera de la Comunidad de Madrid, en 2015.
Lucía Figar, en la comparecencia pública en la que anunció su dimisión como consejera de la Comunidad de Madrid, en 2015.Luis Sevillano

La Fiscalía Anticorrupción no arroja la toalla en el caso Púnica y ha solicitado que se vuelva a imputar —por tercera vez— a Lucía Figar, consejera de Educación de la Comunidad de Madrid durante los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. A través de un recurso muy duro, cargado de reproches al juez instructor Manuel García-Castellón, el ministerio público califica de “injusta” la decisión del magistrado de archivar la causa abierta contra la expolítica del PP, a la que se investiga desde 2015 por pagar con fondos públicos a una de las empresas de la trama para elaborar trabajos de reputación en internet a su favor.

En su escrito, firmado por las fiscales Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez, la acusación pública considera que cuenta con suficientes indicios para sentar a Figar en el banquillo y “practicar en el juicio oral la abundante prueba recabada”. En ese sentido, Anticorrupción insiste en que la exdirigente popular maniobró para que la Consejería de Educación pagase a las compañías de Alejandro de Pedro, uno de los empresarios implicados en Púnica, por trabajos para mejorar su imagen en la web. “Uno de los cometidos era eliminar las noticias negativas que se publicaban sobre ella, como sin rubor recogían los propios informes de reputación elaborados para ella”, dicen las investigadoras en su recurso, fechado el 27 de marzo.

Las fiscales inciden en que la actividad bajo sospecha nunca ha estado relacionada con la función pública que tenía Figar por el cargo que desempeñaba, sino que perseguía un fin “privativo”. Es decir, se ejecutaban para su beneficio “personal” y “no satisfacía una necesidad pública”, como puso sobre la mesa el juez García-Castellón al archivar la causa contra la exconsejera. Además, según añade el ministerio público, se vulneró la “legalidad” al trocear los trabajos en “23 contratos menores por un importe total de 59.307,35 euros”, “alterando el proceso” de adjudicación.

“Los comportamientos descritos durante varios años, no solo fueron desviaciones abusivas y conscientes en perjuicio del erario publico, sino que de forma deshonesta se transgredieron las obligaciones de transparencia y veracidad en la gestión y administración del patrimonio público”, dice Anticorrupción en su escrito. Entre las pruebas, las fiscales enumeran “evidencias” como “facturas de compra de usuarios falsos de Twitter, manuales para su creación, registros de las claves personales de acceso a las redes sociales de Lucía Figar…”. Todo ello, añaden las investigadoras, atenta contra “el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz, recogido en el artículo 20 de la Constitución”: “Y nada recoge el instructor sobre tal derecho y la legalidad del pago de trabajos dirigidos a desplazar las noticias del cargo público con fondos públicos”, reprochan al juez.

La batalla en la Audiencia

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El magistrado y la Fiscalía mantienen una batalla en torno a la figura de la exconsejera madrileña. El juez archivó en octubre la causa contra Figar por primera vez. Pero la Sala de lo Penal le corrigió. A instancia del ministerio público, el tribunal consideró que se desimputó a la expolítica en la línea de investigación de las pesquisas sobre la financiación irregular del PP de Madrid (Pieza 9), cuando ella se encontraba realmente bajo sospecha en la Pieza 10, centrada en los trabajos de reputación online.

De nuevo, este marzo, García-Castellón volvió a dar carpetazo a la causa contra Figar. Ahora ya sí en la Pieza 10, argumentando que los trabajos de reputación en internet de los que se benefició no pueden desligarse del cargo público que ocupaba. El juez instructor expuso que no se ha “acreditado” que los servicios contratados por Educación “tuvieran un carácter exclusivamente laudatorio” de la dirigente del PP, “como si fuera un ente separado de su cargo o de la institución que representaba”.

Una tesis que, en opinión de Anticorrupción, “no se ajusta a derecho y conculca el derecho del Ministerio Fiscal a obtener la tutela judicial efectiva”. Así lo expone en su recurso, donde arremete contra “la deriva” y “contradicciones” del magistrado. El ministerio público acusa a García-Castellón de “solo dar valor a la declaración de los investigados, quienes pueden hacer valor su derecho a no decir la verdad”; de fundamentar el archivo en sentencias antiguas del Tribunal Supremo “que nada tienen que ver con los hechos”; o, incluso, de no haberse “leído” la “prueba digital” incorporada al sumario.

“En la presente causa se ha producido un giro sorpresivo. Ello sin que se expliciten los motivos o las nuevas valoraciones del instructor, lo que nos deja indefensos y socaba nuestro derecho a la tutela judicial efectiva”, afirma la Fiscalía, que se muestra sorprendida porque el juez “ha dejado de creer en todas sus fuentes de prueba”, en referencia a los informes policiales, a su propia pericial judicial y a un informe de intervención de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda.

En su escrito, además de solicitar que se revoque el archivo de la causa contra Figar, la Fiscalía pide que se vuelva a imputar a Ignacio García de Vinuesa, exalcalde del PP en Alcobendas (Madrid); a Teresa Alonso-Majagranzas, exdirectora de comunicación de ese municipio; a Pablo Balbín, ex jefe de prensa de la Consejería de Educación; a Manuel Pérez, exviceconsejero de Educación; y a Luis Sánchez, exdirector de la Fundación para el Conocimiento Madri+d.

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Belarra presiona a Díaz a un día de lanzar su candidatura: “Basta con que esta misma tarde Podemos y Sumar firmemos una declaración”

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Podemos traslada de nuevo la presión a Yolanda Díaz. En plenas tensiones por la decisión del partido de ausentarse mañana domingo de la presentación de la vicepresidenta como candidata de Sumar, el proyecto político que impulsa, si no se alcanza antes un acuerdo, su secretaria general, Ione Belarra, ha hecho un último llamamiento público. “Yolanda Díaz tiene en su mano que mañana Podemos esté en el acto de presentación de su candidatura. Una presentación largamente esperada. Basta con que esta misma tarde Podemos y Sumar firmemos una declaración en la que nos comprometamos a celebrar unas primarias abiertas al conjunto de la ciudadanía para elegir el mejor equipo posible para la próxima legislatura”, ha afirmado la también ministra de Derechos Sociales en su discurso de este sábado ante el Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano de dirección del partido.

En privado, sin embargo, ambas partes admiten ya que ese pacto no llegará antes del domingo. Pese a algunos contactos en los últimos días, las conversaciones llevan sin avances desde el pasado fin de semana. La líder de Podemos ha reivindicado también el papel de su formación como “motor de los principales cambios” en el país, y fuerza “imprescindible” para “revalidar” el Gobierno de coalición la próxima legislatura.

“Le pido a Yolanda Díaz que cerremos ya ese acuerdo y que nos pongamos juntas a hacer campaña. A recorrer España, a apoyar a los candidatos autonómicos y municipales de Unidas Podemos. Porque estas elecciones son clave para la vida de millones de personas en nuestro país”, ha reclamado Belarra. A menos de 24 horas del lanzamiento de la candidatura de Díaz, tanto Podemos como Izquierda Unida han reunido este sábado a sus direcciones en el que será su último encuentro previo a los comicios de mayo. Las elecciones locales y autonómicas abren el ciclo electoral este 2023, que terminará, según lo previsto, con las generales de diciembre.

Las dos formaciones llegan a este cita con discursos radicalmente opuestos sobre Sumar y el papel de la organización. Mientras el partido de Alberto Garzón (IU) ve una “oportunidad” en esta plataforma y ha puesto “todo su capital político” al servicio del proyecto de la vicepresidenta, Podemos tiene aún muchas reservas. Las negociaciones entre el partido fundado por Pablo Iglesias y el equipo de la vicepresidenta, abiertas desde comienzos de año, se intensificaron en las últimas semanas, pero Podemos ha rechazado acudir a la cita si antes no se sentaban las bases de un “acuerdo de coalición” que exige la celebración de primarias abiertas. Díaz, sin embargo, ha descartado pactar la definición de este proceso ahora porque defiende que la decisión debe integrar al resto de organizaciones llamadas a formar parte de Sumar.

“Podemos es el motor de los principales cambios, transformaciones que ha vivido el país en la última década”, ha presumido la secretaria general del partido, Ione Belarra, que se ha presentado también como el partido que ha trabajado “desde su nacimiento” para construir un espacio “amplio, unido y plural”. “Es legítimo que haya algunas personas, incluso dentro de nuestro espacio político, que piensen que en la próxima legislatura Podemos tiene que jugar un rol secundario dentro del espacio del cambio. Yo pienso que no. Que la fuerza de Podemos es absolutamente imprescindible para revalidar el próximo Gobierno de coalición y seguir impulsando las transformaciones pendientes”, ha insistido Belarra, para quien “la única forma de resolver ese debate es con unas primarias abiertas al conjunto de la ciudadanía”.

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A su llegada a la Coordinadora Federal de IU, Alberto Garzón ha hecho un nuevo “llamamiento” a la formación de Belarra para que asistan a la cita de mañana, pero sin líneas rojas. “Animar a los compañeros y compañeras de Podemos, con los que precisamente vamos a las elecciones en muchísimas partes de este país, a que acudan el día de mañana como el resto de fuerzas políticas, sin ningún tipo de condición, porque ya habrá tiempo después de este acto de concretar todo lo que haga falta concretar para que los partidos políticos se sientan cómodos”, ha afirmado el ministro de Consumo. “Es lo más inteligente, lo que la ciudadanía está esperando, y para lo que está trabajando la militancia de IU”, ha reiterado.

Salvo sorpresa de última hora, la dirección estatal del partido de Belarra no estará en el acto del domingo, al que sí acudirán los responsables de la formación en Galicia y Navarra (Borja San Ramón y Begoña Alfaro) y los diputados Txema Guijarro (secretario del grupo parlamentario) y Antón Gómez Reino. También han trasmitido su apoyo la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, el vicepresidente balear Pedro Yllanes o la candidata a la presidencia del Principado en mayo, Covadonga Tomé.

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El PSC se encomienda a Pedro Sánchez para el asalto a la alcaldía de Barcelona

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El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, junto a Jaume Collboni, candidato a la alcaldía de Barcelona, el pasado día 10 de marzo.
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, junto a Jaume Collboni, candidato a la alcaldía de Barcelona, el pasado día 10 de marzo.Ceci Fimia/PSC (EFE)

La política catalana esquiva la previsibilidad. La acción de gobierno de la Generalitat se ha empantanado por la falta de apoyos de Esquerra, muy aislada por las disputas fratricidas con Junts y la CUP; y Pere Aragonès no encuentra la estabilidad tras lograr que el PSC le aprobara los Presupuestos. Salvador Illa busca jugar esa baza para que los socialistas sigan arañando espacio al independentismo. “Responsabilidad”, esgrime de manera recurrente el jefe de la oposición. En el mapa de Illa, el camino hacia la Generalitat pasa por los ayuntamientos, y el PSC tratará de exprimir la imagen de Pedro Sánchez para el empujón en las municipales de mayo. “Lo que cuenta es el candidato, pero Pedro Sánchez le da peso a la marca”, indican desde el PSC.

La gira catalana del presidente del Gobierno arranca este domingo, con un acto en L’Hospitalet de Llobregat para dar apoyo a la candidata Núria Marín, que lleva 15 años gobernando. Sánchez comparecerá al lado de Salvador Illa. Junto a ellos estará Jaume Collboni, el candidato por Barcelona. Los socialistas no esconden que la capital catalana es una prioridad. “La apuesta es Barcelona, es la madre del cordero”, subraya una fuente cercana a la dirección del PSC. Collboni tiene la misión de revertir la tendencia que se inició en 2011, cuando Jordi Hereu sucumbió ante la Convergència de Xavier Trias. “Contar con el secretario general del partido suma”, valoran desde el PSC.

Pedro Sánchez ha puesto a Barcelona como objetivo prioritario de las elecciones municipales. De hecho, la posibilidad que se maneja es cerrar allí la campaña del 28-M, como ya se hizo en las elecciones generales de noviembre de 2019. La apertura sería en Sevilla, la principal urbe con un alcalde del PSOE.

Una táctica parecida tratan de jugar los comunes. La actual alcaldesa, Ada Colau (Barcelona En Comú), buscará sacar partido de su buena relación con la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, para reforzar su imagen y revalidar su mandato. Díaz es la política mejor valorada por los ciudadanos, según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Díaz roza el aprobado con un 4,89 sobre 10, y tras ella se encuentra el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que obtiene un 4,41.

Sánchez no tiene concretada la agenda que seguirá en la campaña de las municipales, pero el PSC avanza que la visita de este domingo a L’Hospitalet no será un hecho puntual. El cinturón metropolitano de Barcelona, tradicional granero de votos para el socialismo, es una zona marcada en rojo a la hora de planificar las visitas de las figuras del partido con más tirón entre la militancia y los simpatizantes. “Aspiramos a ser la primera fuerza progresista y capitalizar la alcaldía de Barcelona también con el voto transversal”, explican fuentes de la dirección federal del PSOE.

El PSC pone de relieve que el escenario catalán ha dado un vuelco. Las soflamas independentistas han bajado de tono y los discursos más excitados pierden adeptos. Esta semana, en apenas 48 horas, el Govern tuvo que lidiar con el barullo provocado por el regreso a Cataluña de la exconsejera huida Clara Ponsatí y con la sentencia que condena a Laura Borràs por un caso de corrupción. La movilización popular en ambos casos fue discreta, pero la cascada de reacciones ha puesto a Esquerra en el centro de la diana, justo en un momento en que el Govern necesita aliados para desplegar un plan de recorte del consumo de agua ante la peor sequía en más de un siglo.

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El mosaico político se ha abierto a nuevos encajes y todos los partidos catalanes coinciden en que se verán alianzas impensables hace unos meses. “El PSC no está comprometido con el fin de la represión”, manifestó en octubre Oriol Junqueras, presidente de Esquerra. Sin embargo, su partido ha terminado abrazando al PSC para desbloquear los presupuestos y se encomienda a los escaños socialistas para aprobar medidas en el Parlament. Junts también admite que tendrá que explorar pactos con el PSC después de las municipales. El más vehemente es Xavier Trias, candidato de la derecha independentista por Barcelona, quien no esconde la buena sintonía con Jaume Collboni. En ese escenario, se disipan las dudas acerca del rédito que dan las visitas a Cataluña de cargos de peso de la política española.

“Nos hemos convertido en la opción preferente de izquierdas, progresista y posibilista que puede atraer a votantes de ERC que antepongan las políticas sociales y económicas en la pandemia y por la guerra de Ucrania antes que la ideología independentista, así como de centro moderado que valoren la estabilidad, la gestión y la solución al procés”, añaden en la sala de máquinas de la campaña electoral de Ferraz.

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