Un grupo de rosarinos estafados por Generación Zoe, la firma del detenido Leonardo Cositorto, presentó este martes en la Justicia local una demanda por cerca de 20 millones de pesos. El abogado penalista Jorge Resegue estimó que unas cien personas fueron perjudicadas en la ciudad, aunque la presentación que él patrocinó incluye a 15 damnificados.

Vale recordar que Generación Zoe es una organización que operaba desde hace cinco años y que se presentaba como una compañía de coaching y liderazgo pero que captaba inversiones bajo la promesa de una rentabilidad muy alta (y con criptomedas).

Cositorto estuvo prófugo un mes en el Caribe y ahora deberá enfrentar las acusaciones. Hace dos semanas fue detenido en la localidad de Juan Dolio, al este de Santo Domingo, un lugar paradisiaco que invita a los turistas internacionales y locales a explorar sus “magníficas playas de aguas transparentes” y calles comerciales. Llegó al país esposado por efectivos de la policía y fue trasladado a Villa María, Córdoba, donde quedará detenido hasta que la Justicia realice la indagación.

Cositorto fue imputado por supuestas maniobras de estafa por la Justicia federal porteña. De acuerdo con la información oficial, el empresario junto con otras siete personas acordaron “asociarse para cometer ilícitos indeterminados”. Además, el empresario es investigado por defraudación en otras causas.

La justicia tendrá que investigar si a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como esquema Ponzi o estafa piramidal, además de otros posibles delitos como captación de ahorro no autorizada y manipulación del mercado”, tal como denunció la ONG Bitcoin Argentina y otro denunciantes.

La orden de detención fue expedida contra Cositorto el pasado 21 de febrero por el Juzgado de control y faltas de Villa María, de Córdoba. En el mismo se detalla que los delitos que se le acusan son “asociación ilícita y estafa”, que se aplican a las disposiciones de la legislación penal que reprimen los delitos en los artículos 210 y 172 del Código Penal de la Nación Argentina. En el documento se detalla que la pena máxima aplicable es de 11 años de prisión, que va conforme con el Capítulo II de los delitos contra el orden público.

En la ciudad

Lo cierto es que, en Rosario, la firma había abierto a fines del año pasado una oficina en San Lorenzo al 1700. “Las ofertas que hacían tenían las características de ser compulsivas. Si ponés tu dinero ya en lugar de esta renta baja vas a tener una más grande y además conseguir otros inversores reportaba más ingresos”, detalló Resegue.

En Rosario, a diferencia de Córdoba o Mendoza, Generación Zoe no llegó a trabajar mucho tiempo. “Arrancaron en septiembre u octubre del año pasado y en febrero cortaron, entre el 17 y 19 de febrero dejaron de atender (tras los allanamientos de la firma en Villa María y el pedido de detención de Cositorto)”, dijo.

De todas formas, cerca de cien rosarinos habrían caído en la trampa. Solo por los 15 casos presentados este martes a la mañana en Tribunales la suma de la estafa llega a 20 millones de pesos. En general, a los inversores “se les generaba una cuenta tipo home banking y luego se convertían los pesos a dólares”.

Con los datos preliminares que presentó Resegue en base a los testimonios de sus clientes, la oficina de San Lorenzo al 1700 “era atendida por gente que estaba fija acá y no era Cositorto; son tres personas diferentes, una sería el encargado de la sucursal que era de Rosario, los otros dos no podemos determinar si eran empleados o formaban parte de la organización”.

La pata local de la firma acusada de estafas piramidales funcionaba en dos pisos de ese edificio céntrico. Había movimientos para mudarse a Puerto Norte pero no llegaron a concretarlo. Daban en ese lugar cursos de coach ontológicos y de educación financiera. Tenían un auditorio que era sala sencilla con sillas. “También había una ventanilla para recibir las inversiones y pagar a los que tuvieron la suerte de retirar algo de lo que habían dejado”, señaló el letrado.

El abogado agregó los damnificados son “todas las clases sociales” y que invirtieron con distintas finalidades. “Hay desde personas que han sacado créditos para poder invertir o que han invertido sus únicos ahorros para comprarse un terrenito, hasta gente que invirtió lo que le sobraba”, afirmó.