España
Un programa que solo pueden comprar Gobiernos espió móviles de ERC, Junts y la CUP


Los móviles de miembros de ERC, Junts y la CUP fueron espiados entre 2019 y 2020 con Pegasus, un programa que, según su creador, la compañía israelí NSO, solo pueden comprar instituciones gubernamentales como ejércitos, servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad del Estado para investigar el crimen organizado y el terrorismo. Así lo confirman a EL PAÍS tres de estas víctimas que fueron avisadas de la intrusión por Citizen Lab, un grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto que investiga desde hace más de un año el rastreo de teléfonos de decenas de independentistas y que es pionero en detectar el uso de este software malicioso para rastrear dispositivos de periodistas, activistas y políticos. Pegasus está considerado como uno de los programas espía más potentes y sofisticados del mundo.
El sistema se utilizó también para rastrear los terminales de dirigentes de las organizaciones ciudadanas que han convocado desde hace una década las principales manifestaciones pro independencia en Cataluña, Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, además de monitorizar los teléfonos de letrados vinculados a la defensa de los condenados por el procés, según las citadas fuentes.
El móvil de Andreu Van den Eynde, abogado en el juicio del exvicepresidente de la Generalitat y presidente de ERC, Oriol Junqueras, fue hackeado en mayo de 2020 con Pegasus. Van den Eynde también defendió en esta causa al exconseller de Exteriores de la Generalitat Raül Romeva y coordinó la estrategia legal de los dirigentes de ERC Carme Forcadell, expresidenta del Parlament; y los exconsellers Carles Mundó (Justicia) y Dolors Bassa (Trabajo).
Pegasus también infectó en julio de 2020 el móvil de Oriol Sagrera, jurista especializado en Derecho Penal que colaboró estrechamente con Van den Eynde en la defensa de los acusados de ERC en el procés. Sagrera, que hoy es secretario general y número dos de la Conselleria de Empresa y Trabajo, ocupaba el puesto de jefe de gabinete de Presidencia del Parlament catalán cuando el sistema israelí se adentró en su terminal. Citizen Lab informó a Van den Eynde y Sagrera del hackeo de sus dispositivos tras un análisis técnico, según fuentes próximas a la agresión.
Los nuevos casos se suman a los nombres desvelados por una investigación de EL PAÍS y The Guardian en 2020 del entonces presidente del Parlament y segunda autoridad catalana, Roger Torrent; del exconseller de Exteriores Ernest Maragall, ambos de ERC; de la exdiputada de la CUP huida a Suiza en 2018, Anna Gabriel, y del militante del PDCAT y de la ANC Jordi Domingo. Sus terminales sufrieron ataques con el programa israelí en 2019.
Indetectable por un antivirus comercial, Pegasus es un dispositivo que permite al atacante leer mensajes encriptados, acceder a la memoria interna del móvil y pinchar conversaciones cifradas. También, robar contraseñas, descargar contenido de la nube, activar a distancia el micrófono y hacer fotos y vídeos con la cámara del terminal. Todo, sin levantar las sospechas de la víctima.
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De este modo, un usuario infectado se convierte en una especie de antena móvil, ya que la aplicación posibilita a los atacantes escuchar el sonido ambiente de su teléfono. Esta vía abrió la puerta al organismo público que intervino el móvil del letrado de Junqueras y de un segundo jurista a captar las conversaciones con sus clientes. Van den Eynde y Sagrera se desplazaron a la prisión de Lledoners (Barcelona) en 2020 en numerosas ocasiones para visitar a Junqueras y Romeva, que fueron condenados por sedición y malversación en 2019 por el Tribunal Supremo a 13 y 12 años de cárcel, respectivamente. El Gobierno indultó parcialmente a ambos y al resto de conedenados el pasado junio.
Espionaje previo al juicio del procés
Sagrera recibió entre enero y febrero de 2019, justo antes de que comenzara en el Supremo el juicio del procés, varios mensajes SMS que redirigían el navegador de su teléfono a un portal que —según Citizen Lab— infectaba con Pegasus su terminal. Fuentes próximas al ataque han confirmado a este periódico la recepción de estos mensajes. Las misivas maliciosas simulaban noticias y tenían los titulares “El TC admite tramitar el recurso del Parlament contra la aplicación del 155″ o “JxCAT vuelve a la carga contra ERC ante una nueva investidura”.
El organismo público que infiltró Pegasus en los terminales de Van den Eynde y Sagrera es una incógnita. NSO Group, fabricante del sistema, asegura que solo vende su programa a instituciones gubernamentales. Y que investiga si sus clientes usan su malware para una finalidad distinta a la que fue concebido, como espiar a opositores y activistas. La firma alude a su política de privacidad para guardar silencio. “Debido a la confidencialidad, no podemos confirmar qué autoridades usan nuestra tecnología”, respondió por correo la empresa a este periódico en 2020.
El enigma del atacante
El Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Guardia Civil negaron a EL PAÍS en 2020 ser clientes de NSO. Menos contundente se mostró el CNI, que indicó que siempre actúa “con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico y con absoluto respeto a la legalidad vigente”. El servicio secreto español puede interceptar comunicaciones para cumplir “funciones asignadas” y está sometido a la Ley de Control Judicial Previo de 2002. Una norma que se aprobó para zanjar el escándalo de escuchas ilegales que forzó la dimisión del teniente general Emilio Alonso Manglano en 1995 como director general del Cesid (precedente del CNI).
Para intervenir un teléfono, la directora del CNI, Paz Esteban, debe solicitar un permiso a un magistrado del Supremo asignado al servicio secreto. El juez dispone de 72 horas para contestar. Y, si acepta, debe renovar la autorización cada tres meses.
El organismo de inteligencia español no aclaró a este periódico en 2020 si usa el ciberespía israelí para monitorizar comunicaciones de dirigentes independentistas. Sin embargo, el CNI disponía en 2020 de Pegasus y tiene desde 2015 en su radar al secesionismo catalán desde la creación de la denominada Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales. Desde entonces, el servicio secreto ha jugado un papel en el procés. En 2017, informó al Gobierno de Mariano Rajoy de las leyes de desconexión del independentismo y participó en Alemania en la detención en 2018 del expresidente catalán Carles Puigdemont.
Las tretas de Pegasus para colarse en los móviles son diversas. Los teléfonos de Torrent y Maragall, por ejemplo, fueron atacados gracias a una vulnerabilidad de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, ya resuelta. El programa espía trató de pinchar sus terminales entre abril y mayo de 2019 con una llamada perdida de vídeo que no requería respuesta a través de la popular aplicación. Más de 1.400 teléfonos en el mundo fueron atacados con esta técnica.
Citizen Lab concluyó entonces que Torrent y Maragall formaban parte de un grupo de un centenar de “miembros de la sociedad civil” ―periodistas, activistas y opositores políticos― atacados con Pegasus de forma arbitraria. Un juez de Barcelona abrió en 2020 una investigación para aclarar el espionaje a Torrent y Maragall tras una querella interpuesta por estos últimos contra el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán y NSO Group.
Fundada en 2010, NSO es una de las 27 firmas de ciberseguridad punteras de Israel, un país que concentra el 40% del total mundial de las inversiones privadas internacionales de esta opaca industria. El negocio permitió a Israel ingresar en 2021 un total de 7.750 millones de euros de fondos extranjeros, según la Dirección Nacional de Cibertecnologías. La exportación de Pegasus, que requiere una autorización del Ministerio de Defensa de Israel, ha sido diana de controversias. El malware rastreaba en 2018 teléfonos en 45 países. Ruanda, Bahréin, Kazajistán, Marruecos, México, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí nutrían la lista de clientes del cíberespía, según Citizen Lab.
NSO también se ha visto envuelta en refriegas legales contra tecnológicas. WhatsApp denunció en octubre de 2019 a la firma israelí ante los tribunales de San Francisco (EE UU) por usar una vulnerabilidad de su aplicación de mensajería para infectar más de 1.400 móviles.
Desde el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, dueño de Amazon y de The Washington Post, hasta el entorno de Jamal Khashoggi, periodista asesinado en 2018 en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, Pegasus ha infectado desde 2016 más de un centenar de móviles de activistas, informadores y disidentes políticos.
El virus se ha usado con saña para rastrear a informadores. Una treintena de periodistas y productores de la cadena catarí Al Jazeera fueron monitorizados presuntamente por orden de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos con el sistema de NSO. Otros 22 trabajadores del diario salvadoreño El Faro fueron espiados con Pegasus desde la llegada al poder del presidente Nayib Bukele. Y, pese a la insistencia del consejero delegado de NSO, Shalev Hulio, de que su aplicación no operaba en Israel, el diario económico Calcalist reveló el pasado enero que la policía de este país utilizó Pegasus para pinchar sin orden judicial los terminales de dos alcaldes, el exconsejero de un ministro y líderes de las protestas ciudadanas de 2020 contra el entonces primer ministro Benjamín Netanyahu.
El Ejecutivo del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue otro de los ilustres clientes del controvertido centinela. Pagó en 2014 un total de 27 millones de euros por un paquete de 500 intentos de infección con Pegasus. Y los Gobiernos de Hungría, Marruecos, la India, Arabia Saudí, Ruanda y Azerbaiyán, usaron presuntamente el malware israelí desde 2016 para infectar los terminales de opositores y 180 periodistas, según una lista de 50.000 objetivos potenciales que reveló el año pasado un consorcio de periodistas coordinado por Forbidden Stories y Amnistía Internacional. La filtración incluía como posible víctima al presidente francés, Emmanuel Macron. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó el año pasado a NSO en la lista de empresas vetadas en contratos públicos. El motivo: exportar el ciberespía a regímenes autoritarios.
España
La última palabra del acusado del crimen de Lardero: “Mi intención no era matar al niño”

Francisco Javier Almeida ha pronunciado hoy la última palabra en el juicio por la agresión sexual y el asesinato del niño Álex, el crimen que presuntamente cometió en Lardero (La Rioja) el 28 de octubre de 2021: “Pido perdón a todos los que he hecho daño y a la familia”. El acusado de violar y asesinar al menor de nueve años ha expresado su arrepentimiento ante el jurado popular que ahora debe emitir si es o no culpable de estos delitos. Ha confesado que mató a Álex, pero lo hizo, según su testimonio, sin el ánimo de hacerlo: “Mi intención no era matarlo. Lo siento”. El procesado se enfrenta a una pena de prisión permanente revisable, la máxima condena prevista en España, solicitada por la Fiscalía y las acusaciones particular y popular.
Almeida ha confesado estar “arrepentido” de sus actos. Citó al pequeño Álex para que le acompañara a casa, allí le pasó “el pene por la cara” y, cuando la víctima intentó huir, le tapó la boca y le agarró del cuello, provocándole la muerte. Salió de casa de forma precipitada, siempre según la versión que ha dado hoy, y cuando fue sorprendido por la policía en las escaleras de casa, entregó el cuerpo sin vida del niño. A diferencia de su primera declaración en el mismo juicio, en la que dijo tener “una nube” que le impedía recordar con exactitud lo que ocurrió el día de autos (en aquella ocasión reconoció la violación y dijo no acordarse de cómo fue la muerte del niño), Almeida ha realizado este martes un relato mucho más preciso de los hechos. Con sus últimas palabras, ha querido dar a entender que la agresión sexual no se consumó y que la muerte del niño no fue premeditada y esta se produjo sin alevosía.
Los 20 minutos que pasaron desde que Almeida salió ese día de su casa para dirigirse al parque donde estaba Álex, hasta que el presunto asesino fue detenido, se desarrollaron de la siguiente forma: “Yo bajé al parque, es verdad, pero no con el fin de caza, de buscar niños. Allí vi a Álex deambulando. Le dije si quería venir a casa a ver un [pájaro] agaporni para que viese lo bonito que es. Nada más. Ni le obligué, ni le forcé, ni le agarré”, ha narrado el acusado.
Almeida ha contado así lo ocurrido dentro de su domicilio: “Entramos en el portal; él subió por las escaleras deprisa y yo por el ascensor. Dentro del piso, Alex vio el pájaro y no pasó nada. En ese momento yo empecé a tener una cierta fantasía. Se dijo que metí el pene [en su boca]. Yo lo único que hice fue enseñarle el pene y pasárselo en la cara. No hay muestras de semen en la faringe ni en la ropa. No hay ninguna prueba que diga que yo eyaculé porque no tenía erección. No pudo haber esperma. No eyaculé”.
Llega el momento de explicar cómo murió Álex. El presunto asesino ha dicho que empezaron a oír “ruidos y timbrazos”: “Álex quiso huir. Le agarré de la camiseta por detrás, es verdad. Le tapé la boca y con la otra se la puse en el cuello, pero sin apretar. Porque yo no tenía intención de matar. Él se movía y por eso tiene esos roces en el cuello. En ese momento me doy cuenta de que perdió el conocimiento y lo primero que hice no fue tratar de esconderlo. Salí a pedir ayuda, con la bragueta bajada y sin abrigo. Yo bajaba por las escaleras con el niño en brazos. Cuando llegó la policía entregué a Álex, no lo escondí”.
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El acusado ha tratado de desmontar la teoría de la agresión sexual con penetración bucal, aunque su último testimonio ha chocado con el que ofreció al inicio de la vista judicial, cuando admitió que introdujo su pene en la boca del menor. También ha insistido en que la víctima actuó de forma voluntaria hasta el último momento, en que fue sujetado con fuerza por el agresor cuando trató de escapar. Y, en su defensa, ha repetido que no tenía pensado matar al niño. Lo hizo sin la voluntad de cometer el crimen, lo que no podría ser considerado penalmente como un asesinato, sino como un homicidio.
Almeida también se ha referido a la instancia que tramitó en la prisión de Logroño, en la que reconoció ser el autor de la muerte de Álex. En aquel escrito decía textualmente: “Soy el que ha matado al niño de Lardero, sé que no tengo perdón y siento el daño que he causado a la familia”. En la última sesión del juicio celebrado en la Audiencia riojana, el procesado ha explicado por qué escribió aquello: “Yo eché la instancia porque me arrepentí. No fue calculado, no. Fue de verdad”. Ha terminado su declaración, de apenas ocho minutos de duración, juntando las palmas de las manos, en señal de piedad y compasión: “Yo solo quiero decir que lo siento. No era mi intención matarlo en ningún momento. Pido perdón a todos los que he hecho daño y a la familia”.
“El perdón no vale para nada, solo aumenta el dolor de la familia”, ha asegurado Gonzalo Martín, el tío abuelo de Álex. “Hoy salimos verdaderamente destrozados. Ha sido muy duro, dan ganas de abalanzarte contra él”, ha afirmado en declaraciones a los periodistas en la puerta del Palacio de Justicia en Logroño, recogidas por la agencia Efe. Martín, quien no ha faltado a ninguna de las siete sesiones para arropar a los padres de Álex, ha constatado que el relato realizado esta jornada por el acusado ha sido “totalmente diferente al del primer día, pero los hechos están probados: es un depredador y nada más”.
En la vista, el fiscal ha recordado a los miembros del jurado que en el juicio se ha contado con los testimonios y los análisis realizados por los “mejores profesionales” y que estos permiten concluir que Almeida “es un hombre de extremada sangre fría”. “Estaba tranquilo cuando fue sorprendido por la policía en la escalera y ha seguido así todo el juicio. Se han mostrado fotos horribles, el padre de Álex se derrumbó, y una psicóloga lloró. ¿Le han visto algún gesto compungido, triste, alguna angustia o empatía hacia los padres?”, ha preguntado al jurado.
Ha insistido en que, para él, Almeida es “un depredador” que buscó como “presa” a un niño pequeño por ser un “objetivo fácil”, “No mató a Álex, le asesinó”, porque hubo alevosía, al no tener el niño capacidad de defensa, ha concluido.
El abogado defensor, elegido por el turno de oficio, ha dicho que no hay ninguna duda de que el niño subió a la casa “por su voluntad” y ha rechazado que su defendido tuviera “un plan preconcebido” para matarle, porque no trató de esconder el cadáver y salió con el niño en brazos a buscar ayuda.
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España
Detenidos por apuñalar al presunto asesino de su hijo en las puertas de los juzgados de Valencia

Agentes de la Guardia Civil han detenido este martes a una pareja por apuñalar a un menor de edad acusado de haber matado presuntamente en 2021 al hijo de ambos en un parque de la población de Burjassot. Los agentes, que se encargan habitualmente de la custodia de la Ciudad de la Justicia de Valencia, han presenciado la agresión y han salido a la puerta del complejo con el fin de impedirla y de retener al padre, un hombre de 47 años, supuesto autor de los hechos, según confirman fuentes de las Guardia Civil. Después, han llamado a la Policía Nacional, cuyos agentes han sido los encargados de proceder al arresto, tanto del hombre como de la mujer, y se han hecho cargo de los detenidos porque la Guardia Civil no tiene competencia para abrir diligencias o iniciar una investigación en las dependencias judiciales, donde solo ejerce labores de seguridad.
Los hechos han sucedido sobre las 11 de la mañana cuando el joven ha ido a declarar al juzgado para que se acordaran medidas respecto a la agresión de 2021, puesto que el joven está a punto de salir del centro de menores en el que ingresó, según adelanta el Levante EMV. El joven ha recibido una puñalada en el cuello que no reviste gravedad, aunque sí ha sido muy aparatosa. Una unidad del SAMU le ha atendido y no ha necesitado ser ingresado en el hospital.
La víctima de la agresión fue detenida en diciembre de 2021 en su domicilio de Llíria, un día después de que muriera un joven de 16 años en un parque público de La Granja de Burjassot por una puñalada que le afectó al corazón. Fuentes de la investigación indicaron entonces que los dos jóvenes habían quedado en el parque por las redes sociales para pagarse.
Un grupo de adolescentes que estaba en el parque el domingo en que se produjo el presunto asesinato acudió en auxilio de la víctima, avisó al 112 e intentó taponar la herida del menor, que murió al poco de caer desplomado al suelo. “Le pusimos pañuelos en la herida para que no saliera más sangre hasta que llegó la policía”, comentó J. P., de 15 años. Un vídeo grabado por una persona que pasaba por el parque recoge el momento en que los jóvenes intentaron ayudar a la víctima y la llegada de los agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, en contra de una primara versión de los hechos que señalaba que la víctima no recibió ayuda de unos jóvenes que grabaron la agresión.
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El hijo de Obiang da plantón a Pedraz y no comparece a declarar por secuestro y torturas

Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de la Presidencia e hijo del presidente Teodoro Obiang Nguema, no ha comparecido a la citación judicial por videoconferencia a la que había sido convocado la mañana de este martes por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, según señalaron fuentes judiciales.
A la toma de declaración tampoco han comparecido Nicolás Obama, ministro del Interior e Isaac Nguema Endo, director de Seguridad. Los tres miembros de la cúpula de seguridad de Guinea Ecuatorial están siendo investigados como presuntos autores del secuestro y torturas de cuatro opositores al régimen del dictador, uno de los cuales falleció el pasado día 15 de enero en circunstancias que no han sido aclaradas.
El hijo del dictador había logrado eludir su declaración presencial en España alegando “compromisos públicos” que le impiden viajar y la “desproporción de hacer venir a un alto representante de un Gobierno a hacer manifestaciones”, según alegó su abogado. Pese a la oposición del fiscal Vicente González Mota y de la representación de los querellantes, el magistrado les había concedido la posibilidad de declarar por videoconferencia desde su país. Pero está mañana el letrado de Ovono Obiang ha comunicado que no comparecerían y los tres han dado plantón al juez Pedraz.
Posible orden de búsqueda y captura
La incomparecencia de los investigados provocará previsiblemente que la fiscalía y los querellantes, el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial III República (MLGE 3R), se planteen solicitar al juez que les declare en rebeldía. Esa situación puede derivar en que se dicte una orden de búsqueda y captura internacional dada la gravedad de los hechos por los que se les investiga.
La negativa de Carmelo Ovono Obiang a declarar a España confirma lo que el pasado mes de enero pronosticaron los querellantes, el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial III República (MLGE 3R), los investigadores de la policía y otras fuentes jurídicas cuando el juez Pedraz renunció a la detención policial del hijo de Obiang y a su toma de declaración inmediata. Todos aventuraron que eludirían su declaración judicial, igual que hizo su hermanastro Teodorín Obiang ante los tribunales franceses donde fue condenado por blanqueo de capitales en el caso de los bienes mal adquiridos.
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El pasado 29 de diciembre, los agentes de la Comisaría General de Información que investigaban el caso informaron al magistrado que el jefe de la seguridad Exterior de Guinea Ecuatorial se encontraba durmiendo en un hotel de Madrid donde estaba siendo vigilado. Contra el criterio de la Fiscalía, el juez ordenó que se le entregara copia de la querella y que designara abogado. Esa misma madrugada, Ovono Obiang tomó un avión a Malabo. No ha vuelto a pesar suelo español.
Semanas antes, cuando los agentes le aguardaban en el aeropuerto de Madrid-Barajas, Pedraz había pedido su detención policial, traslado al juzgado y que le requisaran su teléfono móvil y cualquier dispositivo electrónico.
Residente en España
Pese a que la defensa del hijo de Obiang afirma que no es residente en España, Ovono Obiang, alis Didi, de 44 años, está casado con una española, tiene una hija y es residente en España desde 2020. Su tarjeta de residente le exige vivir en España más de seis meses. Vive en Marbella, aunque viaja con frecuencia a Malabo, posee viviendas en Barcelona y Toledo y administra la sociedad española de supuestas actividades inmobiliarias Dereck Edita y Hermanos S.L. en Málaga..
Los principales indicios contra el hijo del dictador y los otros dos responsables de la seguridad nacional guineana se basan, entre otras pruebas, en los testimonios de dos testigos protegidos, uno de los cuales estuvo presente durante las torturas que sufrieron los opositores españoles Feliciano Efa Mangué y Julio Obama, y los ecuatoguineanos residentes en Madrid., Bienvenido Ndong y Martín Obiang. Uno de estos testigos protegidos huyó de Guinea Ecuatorial con las pruebas presentadas en la Audiencia Nacional.
Los cuatro fueron secuestrados en 2019 mediante engaños en Juva, capital de Sudán del Sur, trasladados hasta una cárcel en Guinea Ecuatorial y juzgados y condenados, a penas de 60 y 90 años de prisión, en un juicio sin garantías por un supuesto golpe de Estado, según denunció Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Obama, de 61 años, falleció recientemente. El juez Pedraz, el Gobierno español y el Parlamento Europeo han exigido, sin éxito, que se repatrie su cadáver a España al objeto de poder practicar una autopsia.
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Fuente, El Pais, www.elpais.com, Junto a su autor correspondiente .
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