“Los porcentajes de «la pobreza» suben, se reducen un poco en algunos períodos, pero la gente vive siempre en las mismas condiciones materiales de exclusión. Durante principios del siglo XXI los gobiernos progresistas de la región lograron distribuir un poco mejor el ingreso, «ponerle plata en el bolsillo a la gente» y «sacar a miles de la pobreza». Pero la mayoría siguió viviendo en los mismos barrios. Sin luz, sin agua. Sin nada”, advirtió en un hilo de tuits el concejal Juan Monteverde. Asentado sobre una larga militancia social en el barrio Nuevo Alberdi, uno o el mayor de los barrios de Rosario que integran el inédito Registro Nacional de Barrios Populares, con cerca de 2 mil familias que habitan sólo en ese territorio, el edil está exultante: el pasado lunes 11 resultó un éxito la convocatoria que lanzó la comisión de Planeamiento del Concejo Municipal para constituir una “Aceleradora” de los proyectos de integración, algo que el edil narra como el principio de una política real para enfrentar la pobreza. una real solución a la pobreza. Y describe a El Ciudadano por qué: la plata está, las leyes y normativas están, la voluntad política general está. ¿Qué faltaba, entonces? El ámbito para decir que todo está pronto, y enlazar todas esas “energías públicas y privadas” en pos de un proceso común. Ese ámbito apareció y es el Concejo Municipal, que de ahora en más, un lunes por mes, se constituirá como espacio para que el entramado colectivo que se viene armando en los últimos años avance lo más rápido posible.

El censo del Renabap dice que en la ciudad existen 112 asentamientos irregulares, en los cuales viven aproximadamente 35.000 familias, aproximadamente el 15 por ciento de la población total de la ciudad. La mayor parte de estos vecindarios se formó hace más de 35 años, dice la información oficial, pero mientras pasaban las décadas la infraestructura permaneció inexistente, en gran medida por las políticas públicas para esos sectores: en los mapas catastrales figuraban como espacios en blanco, no reconocidos hasta que el censo nacional que se hizo a través de la ley 27.453, de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, les puso número y ubicación. Son 4.416 barrios en el país, su situación general es un hilo conductor que poco o nada se aparta de la situación local: en Rosario el 95% no cuenta con acceso formal a la energía eléctrica, 98% no tiene conexión con la red de agua y 97% no tiene tiene cloacas y el 99% no está conectado a la red de gas natural.

Con esos indicadores el lunes pasado se reunieron en el concejo organizaciones políticas y sociales secretarios de Hábitat de provincia y municipio, referentes de la Empresa Provincial de la Energía, de Aguas Santafesinas y de grupos de estudio de la Universidad Nacional de Rosario, sindicatos, colegios profesionales, movimientos territoriales y concejales de la ciudad. Incluso representantes judiciales estuvieron en recinto del Palacio Vasallo, ya que con la descoordinación se siguen librando órdenes de desalojo, pese al amparo que brinda la ley nacional para impedirlo. Y por zoom participó Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio Urbana del gobierno nacional, ella misma habitante de La Cava, uno de los asentamientos del Gran Buenos Aires, en San Isidro.

Todos para uno

La comisión de Planeamiento y Urbanismo del Concejo es una de las más plurales del Concejo: no hay dos de sus siete integrantes enrolados en una misma fuerza política. Según dijo a El Ciudadano su presidente, Fabrizio Fiatti, del partido Creo, del intendente Pablo Javkin, lejos de ser una traba, se convirtió en una ventaja: “Es la que permite construir acuerdos que luego van al recinto y que las normas urbanísticas se voten, en general, por unanimidad. Además, que a través de los contactos de fuerza política a fuerza política logre convocar a los actores más relevantes en cada tema”, explicó.

Así, la totalidad de integrantes estuvo de acuerdo: “La comisión decidió destinar uno de sus lunes de reunión a trabajar sobre los proyectos de intervención en urbanización, integración sociourbana, como lugar de encuentro de distintas áreas. Nos propusimos un plan de trabajo y para la próxima reunión tenemos previsto que la Municipalidad vuelque en un mapa la toda la información disponible”, explicó el edil.

Fiatti puntualizó otro papel preponderante de la comisión de Planeamiento y el Concejo en sí. Aunque todos los espacios en los cuales hay barrios populares “están declarados de interés social y por lo tanto son expropiables”, se busca no llegar a ese punto: “En nuestro caso preferimos actuar por la vía de los acuerdos”. Así se pudo avanzar, por caso, en Nuevo Alberdi, y la idea es extrapolar la estrategia, resolviendo el problema madre: la posesión de la tierra. “Generar instrumentos participativos que nos permitan, desde nuestro lugar, dinamizar los procesos”, sintetizó el edil. Y dio un ejemplo: la Oficina Municipal del Consumidor estimó que con sólo el 0,2 por ciento de la deuda del Estado nacional con Santa Fe, alcanza para extender la red de agua potable a los 112 barrios populares de Rosario.

“Las necesidades son urgentes y hay financiamiento, lo que no hay son excusas”, dijo por su parte la vicepresidenta de la comisión, Fernanda Gigliani.

La concejala de Iniciativa Popular también celebró la convocatoria de la primera reunión ampliada de Planeamiento: “Hay que celebrar este tipo de instancias para poder repensar mecanismos de intervención y remover los obstáculos burocráticos que impiden avanzar más rápidamente en la urbanización de nuestros barrios populares”, consideró..

Y repasó que lo que se busca es el acceso a servicios básicos, la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el tratamiento de los espacios públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la conectividad y la mitigación de riesgos ambientales. “A tan importante política pública que viene a saldar una deuda histórica hay que dotarla de una mayor universalidad y accesibilidad”, sostuvo.

En tanto, Monteverde fue más allá y destacó “el cambio de prioridades de lo que se venía discutiendo” que para su visión aporta directamente a cambiar “la cultura política”.

“Tenemos una ley –(histórica)– que le da derechos a los habitantes de los barrios populares sobre el lugar donde viven, por más que no sean propietarios. Y obliga al Estado nacional a empezar a hacer la integración sociourbana de esos barrios. Hoy tenemos el marco jurídico que nos permite avanzar sobre el gran problema, que es la propiedad del suelo: el 90 por ciento de los barrios están sobre el terreno privado. Hoy tenemos que la propiedad de la tierra no es una limitante, la ley está financiada y tenemos los mecanismos para avanzar. El problema que tenemos es que de las ciudades no se presentan la cantidad de proyectos que se podrían presentar. Ante esa paradoja muchas cosas no avancen con la velocidad que podrían”, diagnosticó el edil de Ciudad Futura.

Y dio un ejemplo: El colectivo La Garganta Poderosa presentó un proyecto de conexión a la red de electricidad. “Tienen el proyecto listo, lo tienen financiado, pero no tienen contacto con la EPE”, describió. La Aceleradora funcionará como facilitadora para articular a la distribuidora con la organización.

“Urbanizar no es poner más pavimento. Urbanizar los barrios populares es, al mismo tiempo y en el mismo lugar, descargar una batería de políticas integrales, concurrentes y multidimensionales que generen cambios físicos y sociales con la participación protagónica del territorio”, definió Monteverde en Twitter. De hecho, la ley 27.453 plantea que un piso del 25% de las obras en de urbanización sean realizados por cooperativas integradas por vecinos de las mismas urbanizaciones, generando así una diferencia distintiva con los mecanismos históricos de planes de vivienda e infraestructura.

En el centro de la ciudad, el problema puede ser que contratistas de dos empresas de servicios públicos rompan la misma vereda con sólo meses de distancia, para incomodidad de vecinos. En los barrios populares la coordinación es clave en razón de que en muchas zonas no sólo no hay servicios sino tampoco veredas. “Urbanizar los barrios populares no es lo mismo en cada uno: en uno puede significar conectarlo con el entorno a partir de la apertura de calles; en otro, poner agua; en otro, como el que nosotros estamos diseñando en Nuevo Alberdi, tiene que ver con un montón de políticas a la vez. La idea es que lo propios barrios diseñen qué significa urbanización”, concluyó Monteverde.

Abanico político

Además de Fiatti, Gigliani y Monteverde, la comisión de Planeamiento y Urbanismo está integrada por la socialista Verónica Irizar; la militante de la UOM Silvana Teisa, del bloque Todos Hacemos Rosario; el radical Martín Rosúa, del bloque UCR/Juntos por el Cambio, y Alejandro Roselló, de Unión PRO-Juntos por el Cambio. Entre todos, junto a sus pares de bancada o interbloques, reúnen casi el 90 por ciento de las voluntades del cuerpo legislativo. De ahí la convicción de Fiatti, quien se ubica en el monobloque Arriba Rosario, de que un consenso alcanzado en comisión puede trasladarse a la unanimidad en el recinto. Y de hecho, en la reunión del lunes 11 estuvieron presentes no pocos concejales y concejalas que no integran Planeamiento.

De igual modo es un desafío complejo logran entendimientos en el vasto entramado de actores que intervienen en las urbanizaciones, abarcando a los tres niveles del Estado, empresas públicas y privatizadas –Litoral Gas no estuvo este lunes de abril, pero sí daría presencia en la reunión de mayo–, la Universidad, sindicatos, empresarios, asociaciones civiles, y más. Todos se terminará de dimensionar con el “mapa de intervenciones” que se presentará en esa próxima convocatoria, que da cuenta de los programas que se están aplicando en los diferentes barrios por cuenta de la Municipalidad, el Estado provincial y la Nación. Incluso hay procesos que están llevando adelante las propias organizaciones sociales, concentrando fondos de programas de diferente origen

El primer punto a cubrir es que todas las familias que habitan tengan su Certificado de Vivienda Familiar, destacaron tanto Fiatti como Monteverde. Este último recordó que el documento es la llave para acceder al programa nacional Mi Pieza (www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/mipieza), destinado exclusivamente a barrios populares para financiar obras de corto alcance como mejoramiento de techos, paredes, pisos y aberturas; división de interiores; refacciones menores, y ampliaciones. Está financiado por el Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu), el fideicomiso que también costea las grandes obras de infraestructura y que se nutre a su vez del tributo al dólar turista y el Impuesto a las Grandes Fortunas.

Con obras que incluyan a cooperativas locales se hará imprescindible una capacitación y ese es uno de los capítulos que involucra directamente a la Universidad Pública y a distintos colegios profesionales y los gremios como la Uocra y Luz y Fuerza, que también estuvieron presentes en la reunión.