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Las leyes que quiere tumbar Vox | Más de 500 fosas comunes con 7.000 represaliados contemplados con la norma de Memoria Histórica

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Familiares de 85 personas desaparecidas y asesinadas en 1936 asisten a la exhumación de una fosa común en el cementerio de Villandangos (León).
Familiares de 85 personas desaparecidas y asesinadas en 1936 asisten a la exhumación de una fosa común en el cementerio de Villandangos (León).

Vox se fijó un gran objetivo ante la carrera electoral por gobernar Castilla y León: acabar con la normativa de Memoria Histórica, que protege la recuperación de los cuerpos de miles de represaliados del franquismo enterrados en fosas comunes. La coalición de Gobierno pactada con el PP ha permitido que la extrema derecha apriete al presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y firmar un programa que eliminará el decreto de Memoria histórica de 2019 en favor de uno de “concordia” para “no dividir a los españoles” porque “la memoria es subjetiva”, según explicó el líder autonómico de Vox, Juan García-Gallardo, el pasado lunes en la sesión de investidura. Este también aseguró que la nueva orden sustituirá a la anterior, acordada por el PP de Juan Vicente Herrera, en cuanto esté lista. La comunidad cuenta con más de 500 fosas comunes que albergan a unos 7.000 represaliados por el franquismo tras la Guerra Civil.

El decreto amenazado establece subvenciones para ayudar a recuperar la memoria de los represaliados y sus cuerpos. La investigación preliminar de fosas se apoya con no más de 600 euros; la localización de los cadáveres no superará los 3.500; la exhumación con intervención arqueológica e investigación forense y antropológica, con hasta 1.200 por individuo; la identificación y el análisis de ADN, con un máximo de 1.000 por persona; y 500 como máximo por cada inhumación.

El nuevo Gobierno prevé aprobar la norma antes del 30 de junio y García-Gallardo admitió a EL PAÍS el lunes que en cuanto esté culminado el decreto reemplazará al vigente. El Decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, constituyó “el instrumento normativo dirigido a proporcionar un cauce ordenado y sistemático para desarrollar las actuaciones necesarias para recordar y honrar a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y a sus familias, así como a todos aquellos ciudadanos y entidades que llevan a cabo actuaciones dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática”. Estas bases, que reconocen a las víctimas del conflicto sin distinguir su bando, chocan contra la insistencia de Vox al decir que se trata de una orden parcial, según ha afirmado García-Gallardo para reivindicar su iniciativa: “Vamos a dejar de usar la historia para dividir a los españoles, no puede haber un decreto de concordia que trate a todos por igual y un decreto de memoria histórica que habla solo de una de las partes”.

La presente normativa sí alude específicamente a los perjudicados por la dictadura franquista, que reprimió con fuerza a los rivales de Franco o a los afines a movimientos de izquierda o a la II República. En la actual Castilla y León apenas hubo oposición al alzamiento franquista porque las provincias se unieron pronto al levantamiento, pero sí hubo severas consecuencias para quienes rechazaron el régimen impuesto. Un estudio de la Universidad de Burgos cifró en 2021 en 530 los enterramientos comunes en el territorio y unos 7.000 cuerpos, de los cuales se han desenterrado ya unos 2.000.

El decreto, ahora cuestionado hasta por el presidente Mañueco, del PP, bebe de la Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). Castilla y León reconoce, mediante el decreto autonómico, “la deuda que la Nación Española tiene con las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista” y asegura que “los poderes públicos de Castilla y León deben honrar a todos los que padecieron las consecuencias de la Guerra Civil y la dictadura franquista y sufrieron violencia por su ideología, sexo, orientación sexual, o religión, así como a sus familias, con el fin de crecer en el pluralismo, afianzar la reconciliación, y promover la concordia, la justicia, y la defensa pacífica de las ideas”. El decreto implicó crear un consejo técnico de la Memoria histórica compuesto por miembros de la Junta y representantes de las asociaciones de apoyo a las víctimas. El nombrado presidente del consejo asesor de la Memoria histórica, Ángel Hernández, prometió antes del pacto PP-Vox que si los ultras tocaban poder, él abandonaría el cargo y, aunque la web de la Junta sigue recogiendo su presencia, dimitió al poco de corroborarse la alianza y su puesto aún sigue vacío.

La Consejería de Ordenación del Territorio gestionó la pasada legislatura ese decreto. El titular del departamento fue el exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea (Ciudadanos). Igea censuró el lunes en sede parlamentaria el acuerdo de Mañueco con Vox y sus cesiones en esta materia. Para Igea, “es una estupidez cuestionar algo que no había generado ningún problema: no soy sectario guerracivilista pero estábamos contentos con el decreto”. “No me ha llegado una queja en dos años y medio”, explica Igea.

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Julio del Olmo, presidente de la Asociación de Memoria Histórica de Valladolid: “El Partido Popular  juega con fuego”

 Julio del Olmo, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid.
Julio del Olmo, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid.

J. N.

Las asociaciones de Memoria histórica de Castilla y León anticiparon su rechazo al pacto PP-Vox en la comunidad con la dimisión del presidente del consejo asesor de la Memoria histórica, Ángel Hernández, reacio a colaborar con la ultraderecha. Julio del Olmo, de 65 años y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, explica que su colectivo está teniendo más representatividad “por las circunstancias de estar en el consejo asesor y en el consejo técnico”. Del Olmo censura que el PP permita que los ultras “justifiquen un golpe de Estado y una dictadura” y cree que la cuestión de la Memoria trasciende a la derecha y a la izquierda y se ciñe al respeto a la democracia. 

Pregunta. ¿Qué implica que se derogue el decreto de Memoria histórica?

Respuesta. La consecuencia del problema con el pasado reciente mal afrontado es este presente. Más que un problema de derechas o izquierdas es cuestión de creer o no en la democracia.

P. Vox afirma que esta norma habla solo de una de las partes de la Guerra Civil.

R. Un hermano de mi padre fue alférez provisional y murió en el frente de Cataluña. A los cuatro meses, su cuerpo fue recuperado y traído a su pueblo y a mis abuelos les reconocieron que murió por unos ideales y recibieron una paga como compensación por la muerte de su hijo. Ahora, 86 años después, estamos en el cementerio de El Carmen (Valladolid) descubriendo fosas de quienes fueron asesinados, los metieron ahí y los cubrieron de osarios para que siempre estuvieran ahí tapados. El contraste es enorme. Se quiere seguir justificando un golpe de Estado y una dictadura olvidando que España era democrática. 

P. ¿Cómo puede perjudicar a los familiares de las víctimas del conflicto la nueva normativa?

R. En Valladolid, por ejemplo, la mayor parte de las fosas se abrieron sin ayuda económica sino con voluntarios, antes del decreto. Llevamos trabajando 20 años y la mayoría sin ayudas, la primera vez con subvención fue en 2016 y encontramos 200 cuerpos. Si no tenemos financiación tardaremos dos años en lo que antes duraba seis meses. 

P. ¿La Memoria histórica divide a los españoles, como cree Vox?

R. Si a una persona de Vox le explicamos cómo trabajamos y tiene razonamiento nos va a comprender pero si no cree en valores democráticos tampoco entenderá nada. El PP está jugando con fuego, ellos sabrán, que miren a Polonia y Hungría.

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Díaz celebra el acuerdo de Sumar y elude el conflicto con Podemos: “España quería que nos diéramos la mano”

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Al día siguiente de cerrar en los despachos un acuerdo in extremisy nada cordial— con Podemos para concurrir juntos a las elecciones generales del 23 de julio, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha comparecido este sábado en Madrid para reivindicar en un acto público la nueva confluencia, una agrupación de 16 partidos que se autoubican en el espacio político a la izquierda del PSOE. Díaz ha anunciado que para ella la campaña empieza hoy, que su bandera será la “ilusión” y no “el miedo” a la extrema derecha, y que tiene un objetivo ambicioso: no servir de muleta a los socialistas para intentar reeditar el Gobierno progresista, sino “ganar las elecciones”. “España quería que nos diéramos la mano. Se nos exigía un acuerdo y traemos un acuerdo”, ha celebrado la vicepresidenta segunda del Gobierno, que en ningún momento ha aludido al conflicto con Podemos por la exclusión de las listas de la número dos de esa formación, Irene Montero. La plataforma seguirá negociando para “sumar más” en los próximos días, pero ya no con los partidos sino con la ciudadanía: “Con la gente de los barrios, de las zonas rurales, la gente que tiene problemas”.

La líder de la coalición de izquierdas y ministra de Trabajo ha trazado las que serán las líneas de la acción política de Sumar en esta precampaña: “Diálogo y acuerdo”. “Hoy sumamos más que ayer, pero no hemos terminado”, ha apuntado. “Hay mucha gente que está sufriendo la pérdida del poder adquisitivo y que lo está pasando mal y tenemos que avanzar con ellos”, ha insistido, antes de subrayar que en esa gente “que tiene miedo y no se fía” está la “clave del momento político” actual. Y ha enfatizado: “[Esa gente] tiene razones que debemos escuchar”. “Sumar no ha venido a agitar el miedo, a contar cuentos de terror, a agitar fantasmas”, ha prometido también, descartando una campaña basada en movilizar a la izquierda con el único argumento de frenar una posible alianza de Gobierno entre el PP y Vox.

“Vamos a decirle a una gran mayoría que la vida puede ser más fácil. Vamos a la cosa pública para hacer felices a las personas, para que no sufran”, ha proseguido Díaz. En un discurso con pocas menciones a medidas concretas, sí ha enumerado la educación y sanidad públicas, la dependencia y la Administración de justicia como ámbitos objeto de su programa político.

Las otras coaliciones políticas para el 23-J

Sumar fue la última en inscribirse, este viernes, de las 12 coaliciones políticas que concurrirán a las elecciones del próximo 23 de julio. En el resto se encuentra la CUP, que presentará candidaturas por Cataluña y Baleares; Izquierdas por la Independencia, el proyecto conjunto de ERC y EH Bildu solo para el Senado; y las exclusivamente catalanas PDeCAT-Espai CiU y Junts. Teruel Existe concurre dentro de la coalición Existe, que integra a Aragón Existe y España Vaciada. Las demás formaciones que se han registrado para presentarse juntas en las generales son extraparlamentarias.

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La absorción de Podemos

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Podemos ha sido de facto absorbido. Su impulso, por fin recauchutado bajo la paciente reorientación pragmática, menos confrontacional y nada bronca de Sumar. Dentro de esta versión civilizada de izquierda de la izquierda, podrán sus gentes adaptarse y sobrevivir: sobre todo si aceptan su papel secundario, si dejan de plantear excentricidades, batallas culturales perdedoras, señalamientos estrambóticos, exóticos insultos al universo mundo y chantajes de última hora. Sobrevivir: empeño más agradable que el inapelable suicidio de Ciudadanos, el partido casi coetáneo que desafió a los grandes desde la otra orilla.

Esta absorción por dilución llega por su mala cabeza. Podemos solo ha cosechado fiascos en la negociación recién concluida. Quiso discutir de uno a uno con la cabecera de Sumar, y al cabo tuvo que adherirse al pacto ya trabado entre todas las confluencias, y abrirse en él un hueco. Pretendió basar las cuotas de poder en resultados de elecciones antiguas y tuvo que rendirse a la evidencia de que el peso del último 28-M era insoslayable. En el último y agónico tramo exigió ir en solitario en tierra valenciana, y cosechó un sonoro ninguneo. Amagó con un engañoso referéndum de pregunta capciosa para seguir enredando tras el pacto, y se encontró frente a un ancho muro de contención. Pugnó por salvar a la soldado Irene Montero como candidata y no hubo nada. Dijo que exigía más y mejores plazas en las listas, y obtuvo los ocho puestos que ya tenía generosamente garantizados. Mayor fracaso, imposible.

Y es que su mala cabeza de fondo le llevó a habitar una ensimismada vida paralela. Fuera del mundo de los demás, autorreferencial, crédula en sus propias invenciones. Y negacionista de la realidad más aguda, su reciente desplome, en vertical. Así, encaró la negociación con la prepotencia prestada por su conducátor fundacional, erigido en escudo patriarcal de las dos ministras, tras estrellarse con las urnas de mayo por haberse fiado de su andar solitario. Así cosechó la mitad de sus anteriores votos en Aragón, la mitad en Baleares, y de nada le sirvieron los obtenidos en Valencia, más que para derrumbar la notable gobernanza de Ximo Puig con los de Compromís. Quedó autoexcluido de la Comunidad de Madrid por no llegar al suelo mínimo, dilapidando sus 161.031 votos, que quedaron huérfanos de escaños. Contribuyó decisivamente a una fragmentación del espacio de la izquierda radical en Alcalá, en Ponferrada, o en Huesca, donde el 17,88% de los votos acabó hurtado de representación. Y erosionó la imagen, las papeletas y el poder del universo progresista, añadiendo obstáculos a carrera por otro gobierno de coalición progresista bajo presidencia socialista. Otro: sin esos lastres.

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El cogollo del populismo autoritario ha quedado residualizado no por sus colegas y rivales. Sino por sus fracasos. Sucedió con Pablo Iglesias en 2021, cuando este dignamente dimitió tras perder su apuesta en la Comunidad de Madrid. Y ahora con su dúo, Irene Montero, autoderruida por su empecinamiento en sostenella y no enmendalla frente a todo y erga omnes. Y también con Ione Belarra y sus agrestes embestidas a los empresarios. Y con Pablo Echenique, el más táctico y menos ejemplar. Era arduo que su descuelgue se ejecutase sin costes. Por eso su agónico y tramposo perder no solo contrasta con la historia de ilusión de aquellos acampados del 15-M. También tizna en oscuro a la actual amplia alianza plural, bien encabezada, complemento y acicate de la izquierda mayoritaria. Pero cada día tiene su afán. El de ahora, supeditar ese duro revés en el cómo al logro obtenido en el qué. Con aplomo. Peor lo tenía Josep Tarradellas el 7 de abril de 1978 cuando salió del despacho de Adolfo Suárez sin nada en la alforja y proclamó que lo había logrado todo. Vio, vino, venció.

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Concordia

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Una vez que la izquierda no integrada en el PSOE ha conseguido la unidad electoral, conviene apostar por la concordia. Es el reto siguiente: participar con responsabilidad en un proceso decisivo para el futuro de España y de Europa. Un proceso electoral implica la construcción de un estado de ánimo en el que no solo se nos invita a elegir una papeleta, sino también a la ilusión de acudir a las urnas para formar parte, sentirse parte, participar… Por eso se pone en juego, al lado de las simpatías políticas, la compenetración humana. Así que las justificadas críticas a las manipulaciones de algunos poderes mediáticos deben acompañarse de un ejercicio de conciencia para evitar que los comportamientos propios faciliten el circo de las caricaturas.

La figura de Irene Montero se ha visto envuelta por esa dinámica de manipulaciones en los debates de la ley del sí es sí. El circo mediático consiguió que la apuesta por una necesaria política feminista desembocara en el disparate de que la ministra es responsable del aumento de violaciones en España. Además, parece que el endurecimiento de penas sea la mejor respuesta social a un delito. El pensamiento reaccionario, poco inclinado a la educación sexual y al feminismo, se frota las manos. Lo que podía haberse resuelto con una meditación pública sobre las ventajas de la ley y los posibles errores a solucionar acabó en una dinámica de descrédito generalizado. Darle facilidades al enemigo, y utilizo a conciencia la palabra enemigo, no adversario, supone la irresponsabilidad política de perder de vista los contextos. Y el sentido de los debates depende siempre en un contexto.

Me da pena en este sentido que Podemos acompañe la magnífica noticia de la unidad con un comunicado de discordia. Y si analizamos el contexto, lo que se formula como defensa de Irene Montero acaba suponiendo una nueva facilidad para degradar su figura en el debate mediático. Enseguida resonarán mil acusaciones previsibles. Un camino envenenado porque puede empujar al sacrificio de lo que más se quiere para hacer daño al otro. Quien respete y quiera a Irene Montero no debería utilizarla para dañar a Yolanda Díaz.

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La izquierda necesita consolidar la autoridad política de la democracia para hacer frente a la impunidad avarienta de las élites y para seguir defendiendo las palabras libertad e igualdad contra las manipulaciones mediáticas del neoliberalismo. Sería un error introducir ahora en Sumar la costumbre de las peleas internas de Podemos en el Gobierno de coalición. Avanzar supone también defender lo conseguido. El mejor Gobierno de la democracia española se ha visto mediáticamente dañado por una innecesaria apariencia de inestabilidad. Será mejor que apostemos ahora no solo por el acuerdo, sino también por la concordia.

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