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Las leyes que quiere tumbar Vox | 1.177 mujeres de Castilla y León protegidas con la norma que repudia la ultraderecha

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Cabecera de la manifestación convocada para el 2 de abril por el Movimiento Feminista en Castilla y León en Valladolid con el lema
Cabecera de la manifestación convocada para el 2 de abril por el Movimiento Feminista en Castilla y León en Valladolid con el lema «Ni un paso atrás en nuestros derechos», especialmente en lo referente a la violencia de género.NACHO GALLEGO (EFE)

El expresidente Juan Vicente Herrera, del PP, firmó con mayoría absoluta la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León. Dicha norma busca “regular aquellas medidas tendentes a erradicar la violencia de género mediante la sensibilización, la prevención y la atención a sus víctimas para conseguir su recuperación”, incluyendo a las mujeres y a quienes dependan de ellas. La norma intenta combatir agresiones físicas, verbales, psicológicas y sexuales y pretende “garantizar el derecho a la atención integral” mediante una “red de atención”. La Ley ha ayudado a miles de mujeres de esta comunidad autónoma desde su aplicación.

El informe del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo general del poder judicial registró 5.170 denuncias en el territorio en 2021, que supusieron 1.177 medidas de protección. La cifra repuntó un 8,6% tras el confinamiento, que redujo en toda España estas denuncias. La Junta, mediante el departamento de Familia, cuenta también con el Consejo regional de la mujer, que impulsa la igualdad en los órganos públicos de la comunidad y destinó 122 millones en 257 intervenciones de las 10 consejerías. Las 45 acciones para la “prevención de la violencia y promoción de la convivencia en Igualdad” dispusieron de un fondo de 3,6 millones.

El último informe de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género sobre los recursos autonómicos, elaborado en 2018, plasma que esta comunidad cuenta con tres centros de emergencia y 14 casas de acogida que ofrecieron la ayuda de 79 especialistas para más de 500 personas, incluyendo a mujeres y los menores a su cargo.

El Gobierno autonómico apoya también económicamente a las víctimas que tienen “responsabilidades familiares” con una suma equivalente a “12 meses de subsidio por desempleo cuando tuviera a cargo un familiar o menor”, una cuantía que asciende a 18 meses si son varias las personas de las que se responsabiliza.

La partida también aumenta si ella o sus allegados tienen algún tipo de discapacidad. La última memoria del Consejo económico y social de Castilla y León señala que los centros al servicio de las perjudicadas por violencia machista atendieron en 2020 a 301 mujeres y 223 menores, se asistió psicológicamente a 795 mujeres y 185 menores y que en 2020 se notificaron 3.008 llamadas a emergencias por violencia de género o agresiones sexuales, por 3.399 en 2019 y 1.110 en 2015. Desde 2003 se han registrado en España 1.136 asesinatos de mujeres, 55 de ellos en Castilla y León.

Estos datos relacionados con la violencia de género y su ley de 2010, que Mañueco reitera que “no se va a tocar”, contrastan con los relativos a las agresiones intrafamiliares, contra las que la Junta elaboró un plan en 2019, con Herrera en el poder.

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Normativa autonómica

El plan de prevención de la Violencia en el ámbito familiar, también a cargo de Familia, persigue “apoyar desde las Administraciones a las familias en cuyo seno se producen situaciones de violencia” y asume que “algunas manifestaciones” de estos sucesos “cuentan con un marco jurídico y red específica de actuación, como el maltrato infantil o la violencia de género” y cita la normativa autonómica de 2010.

Así, se centra en casos de “violencia filioparental, el maltrato a personas mayores y los malos tratos a las personas con discapacidad”, ejemplos que usa a menudo Juan García-Gallardo, vicepresidente y líder de Vox en el territorio, para reivindicar esta normativa, incidir en “tratar por igual todos los tipos de violencia, sin discriminación” y minusvalorar la repercusión de las agresiones machistas.

El Plan se redactó con 121 medidas y 135 millones de euros para actuaciones, con proyectos de “sensibilización, formación, detección y evaluación y atención”. Cuando se presentó, se afirmó que en la comunidad de Castilla y León hubo 85 sentencias a menores por violencia hacia sus progenitores en 2017, y citaron a “encuestas nacionales” para sostener que el 0,8% de los mayores sufría maltrato familiar, el doble en los casos con dependencia.

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Mercedes González, de soñar con ser alcaldesa de Madrid a dirigir la Guardia Civil en medio de la tormenta

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―Ya sabes que cuando me dan, respondo.

El bautizado como “encuentro Pimpinela” quedará en el recuerdo como una muestra del carácter firme de la todavía delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González. Acababa de acceder a un puesto que tradicionalmente ha supuesto un trampolín para el que lo ha ostentado y tenía al lado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que en ese momento era también portavoz nacional del PP. Era su primera rueda de prensa conjunta y ella no se calló cuando el regidor criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ella tildó de “cachondeo” la respuesta de Almeida. Va a necesitar mucha de esa firmeza para el reto que se dibuja en su horizonte, el de dirigir la Guardia Civil en medio de una tempestad. González, nacida en Madrid hace 47 años, será la nueva directora general de la Guardia Civil tras la dimisión este miércoles de María Gámez tras la imputación de su marido por corrupción. Su nombramiento deja en el aire muchas cosas en Madrid.

A principios de diciembre de 2021, Mercedes González reunió a gran parte de los socialistas madrileños en una nave en el barrio popular de Villaverde para empezar a vestirse de alcaldesa. Se trataba del acto de presentación de la agrupación de Madrid Ciudad, un nuevo órgano para agrupar a los 5.000 militantes socialistas de la capital y su puesta de largo no oficial como candidata a la alcaldía. Ese proyecto se truncó menos de un año después, cuando Reyes Maroto fue designada como la cabeza de lista del PSOE. González, mujer “de carácter”, como la definen muchos de los que la han tratado, nunca expresó públicamente su decepción, pero sí lo hizo en su entorno.

Allá por 2019, González fue la persona elegida por el PSOE para facilitar el aterrizaje de José Vicente Pepu Hernández en el Ayuntamiento de Madrid, cuando fue designado candidato sorpresa de Pedro Sánchez. Número dos del exseleccionador de baloncesto, ella fue la brújula del recién llegado ante los pasillos del poder y los problemas de los ciudadanos en una ciudad tan grande y compleja como la de Madrid. Desde entonces, su peso político no hizo más que crecer.

Primero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la eligió en 2021 como delegada del Gobierno, un puesto que los partidos ven como un trampolín para la política de primera línea desde que Cristina Cifuentes lo utilizó para darse a conocer al gran público. Luego, trabajó internamente para que triunfara la tesis de que el próximo candidato municipal debía ser alguien que llevara años de trabajo en la agrupación madrileña, y no un fichaje estrella (“Se acabaron los experimentos”, decían en su entorno. “Los paracaidistas no han funcionado, se ha demostrado en reiteradas ocasiones”). Y, finalmente, dio un paso que parecía definitivo: liderar la agrupación capitalina de nueva creación para dinamizar al PSOE en la ciudad.

Aquel camino estuvo acompañado de curvas. Con Juan Lobato elegido como nuevo secretario general, González, la portavoz capitalina Mar Espinar y la edil Enma López empezaron a acaparar los focos. Eso provocó tensiones internas. Primero, cuando López se quedó fuera de la dirección regional. Luego, cuando González y Espinar parecieron optar a la candidatura municipal. Y, finalmente, cuando llegó el momento de elaborar la lista electoral para los comicios del 28 de mayo.

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Para entonces, González ya sabía que la elegida de Sánchez para aspirar a la alcaldía era la ministra Reyes Maroto. Pero quiso hacer valer su peso específico como líder de la agrupación de Madrid capital para que la lista electoral reflejara sus galones, sirviendo de protección a aspirantes que no conocía la nueva líder. Las dos políticas llegaron a un acuerdo, según una fuente con galones del PSOE. El organigrama fue incluso comunicado a los integrantes de la lista. Pero todo saltó horas después por los aires: Maroto quería a más gente de su confianza, y hubo que reordenar la lista.

Tras la designación de Maroto, González ha seguido exprimiendo sus funciones como delegada del Gobierno, con una agenda repleta de reuniones con todo tipo de colectivos. Hace un año comenzó una ronda por los distritos para hablar con representantes vecinales sobre los problemas de seguridad de los barrios. Iba acompañada del jefe superior de Policía, Manuel Soto, y en cada encuentro estaba presente el comisario de la zona. La ocupación ilegal de viviendas y el trapicheo de drogas, junto con la publicidad desmedida de prostitución en las calles, son las reclamaciones más habituales que González ha escuchado en estas reuniones más o menos informales. También ha recorrido a pie barrios como Puente de Vallecas, después de que las agrupaciones vecinales la invitaran a conocer de primera mano los problemas con los que conviven y hace unos meses paseó por Lavapiés, en un momento en el que arreciaban las críticas por la presencia del tráfico de drogas y otra delincuencia en sus calles.

Su caballo de batalla como delegada han sido las bandas juveniles, que el año pasado dejaron en la Comunidad de Madrid al menos cinco fallecidos y que este año ya se han cobrado su primera víctima. Este problema ha representado una de sus obsesiones, especialmente después del primer fin de semana de febrero de 2022, una noche trágica en la que murieron dos jóvenes y otros tantos resultaron heridos en una decena de reyertas en toda la región. “Nosotros podemos reforzar la seguridad y la prevención, pero el arma principal para batallar esta lacra es la integración y la educación”, ha repetido numerosas veces. Bajo su mandato se ha activado el conocido como plan antibandas, que ha dejado centenares de detenidos e identificados en apenas dos años, pero al que le resulta difícil frenar la captación de menores. González también puso desde el principio el foco en la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral. Mantiene una relación fluida con las representantes de las asociaciones que trabajan en este ámbito y la primera rueda de prensa que ofreció como delegada fue con motivo de la desarticulación de una red de narcotráfico que explotaba a ciudadanos colombianos.

Mercedes González “duerme muy poco y está constantemente pendiente de todo lo que se publica”, cuenta un colaborador cercano. En el acto de presentación de la nueva agrupación socialista, González, madre de una hija, habló públicamente de la enfermedad que atravesó su marido, que requirió de un trasplante. “Gracias por cuidarme y por cuidarte todo este tiempo”, le dijo ante el micrófono.

Tras nombrar a cinco delegados del Gobierno en cuatro años, Sánchez envía ahora a González a la Guardia Civil. Eso marca un antes y un después en su carrera política. No solo por el paso que da, sino por lo que deja atrás. Vinculada a la política madrileña desde siempre, no es seguro que la exedil siga al frente de la agrupación capitalina, según una fuente con conocimiento de las dudas de la dirección regional. Esa organización tiene un papel clave en los planes del PSOE para las elecciones madrileñas del 28-M. Y la continuidad de González al frente no está asegurada.

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Policía Nacional y Guardia Civil hallan más de 100.000 pastillas de éxtasis en una casa de Mijas

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Paquetes del desalijo en Mijas (Málaga).
Paquetes del desalijo en Mijas (Málaga).guardia civil

Un paquete sospechoso, un chalé en Mijas (Málaga, 89.502 habitantes) y miles de pastillas de colores. Son algunos de los ingredientes de una operación policial que ha acabado con la intervención de 53 kilos de éxtasis repartidos en unos 100.000 comprimidos. Es una de las mayores incautaciones de esta droga en la Costa del Sol, cuyo precio total supera el millón de euros en el mercado negro. Cuatro personas de nacionalidad británica han sido detenidas en la provincia malagueña como parte de una organización dedicada a adquirir, preparar y vender distintos estupefacientes. También se han incautado de casi una tonelada de hachís, 91 kilos de sustancia de corte para adulterar cocaína y medio kilo de este compuesto.

Los responsables de una empresa de paquetería dieron la primera pista a la Policía Nacional el pasado mes de septiembre. Avisaron entonces de que había un envío sospechoso en su oficina. Los agentes del equipo de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) en Fuengirola se acercaron hasta las instalaciones para comprobarlo y la unidad canina detectó droga. Tras solicitar autorización judicial, los policías comprobaron que el sobre contaba en su interior con medio kilo de cocaína. Tras identificar al remitente, decidieron no arrestarlo pero sí poner en marcha un dispositivo de vigilancia para conocer si era algo puntual o había más movimientos similares. Poco después, la Guardia Civil interceptaba en el aeropuerto de Madrid dos nuevos envíos con el mismo origen, aunque en este caso llevaban cuatro kilos de hachís cada uno.

Los seguimientos posteriores llevaron a los policías hasta un chalé ubicado en los alrededores de la urbanización Torrenueva, al oeste de Mijas, ya camino de Marbella. Vestidos con pantalones de trabajo y chalecos reflectantes, varios hombres salían y entraban del inmueble en furgonetas de manera constante. “Habían sido identificados y en su vida laboral no había registro de ningún trabajo”, explican fuentes de la investigación, así que todo apuntaba a que se dedicaban a adquirir, preparar y distribuir distintas sustancias estupefacientes en los alredeodres pero, sobre todo, en distintos puntos de Europa, especialmente en Países Bajos. “Tenía contactos de todas las nacionalidades”, subraya uno de los agentes que ha participado en la operación. Los investigadores comprobaron también que esas personas tomaban aviones con rumbo al centro de Europa y que volvían a la Costa del Sol en vehículos cargados.

En uno de estos viajes las autoridades francesas —a petición de las españolas— intervinieron un cargamento de 91 kilos de sustancia de corte, es decir, productos químicos para alterar la cocaína. Además, hace unas semanas, los policías observaron cómo las mismas personas que simulaban ser repartidores transportaban varias maletas hasta el interior de la vivienda en Mijas, que ejercía de sede de la organización, de guardería —almacén— de la droga y de residencia de su líder. Decidieron entonces pedir la autorización judicial para el registro y, tras entrar, comprobaron que había varias cajas repletas de pastillas de éxtasis. Estaban repartidas en bolsas de plástico que guardaban entre 5.000 y 10.000, cifra que tenían escrita en rotulador. En total había más de 100.000 unidades, que sumaban 53 kilos de peso. También había 937 kilogramos de hachís y se intervinieron cinco coches, varios teléfonos móviles y 1.390 euros en efectivo. Cuatro personas fueron arrestadas por su presunta implicación en los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Uno de los detenidos en la operación.
Uno de los detenidos en la operación.guardia civil

Los investigadores se han llevado una sorpresa por la gran cantidad de éxtasis incautado en esta operación conjunta entre Policía Nacional y Guardia Civil denominada Milo-Bucle 22. El valor de esta mercancía en el mercado negro supera el millón de euros: cada pastilla tiene un precio medio de 10,5 euros, según los datos del Observatorio español de las drogas y las adicciones correspondientes al año 2022. Muchas de las unidades eran azules mientras otras eran amarillas, verdes o blancas, colores que corresponden, según fuentes policiales, a cada distribuidor. También había otras de mayor tamaño y tonalidad rosa, que los investigadores creen que podría ser cocaína, aunque aún falta la confirmación del laboratorio. Fuentes policiales aseguran que las incautaciones de éxtasis han aumentado en los últimos años en la Costa del Sol, una zona más habituada al tráfico de hachís y cocaína. El pasado mes de diciembre la Policía Nacional incautaba 56 kilos de MDMA escondidos en un velero y con destino a Argentina.

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Detenidos seis de los contrabandistas que hirieron a pedradas a dos aduaneros y provocaron un incidente con Gibraltar

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La madrugada del 2 de febrero, una persecución policial por mar a unos contrabandistas de tabaco en la bahía de Algeciras acabó con dos agentes de Vigilancia Aduanera heridos a pedradas y un agrio incidente diplomático con Gibraltar. Varios de los agresores, cuya imagen aparecía en un vídeo que circuló como la pólvora en redes sociales, han sido ahora detenidos. La Policía Nacional ha comunicado este miércoles que ha arrestado en La Línea de la Concepción (Cádiz) a seis de los supuestos traficantes, acusados de atentado grave a agente de la autoridad y lesiones. Además, mantiene una orden de busca y captura para el resto de presuntos responsables. Los hechos, ocurridos en territorio gibraltareño, motivaron una queja del Peñón, que habló de una “grave violación de la soberanía y jurisdicción británicas”.

Los investigadores de la comisaría de La Línea han arrestado a los presuntos agresores entre el martes y hoy, y está previsto que en las próximas horas los pongan a disposición judicial. Los seis detenidos son españoles, residentes en la localidad gaditana o sus inmediaciones, y tienen entre 19 y 34 años. Tres de ellos cuentan con antecedentes por delitos contra la salud pública, contrabando y blanqueo. La investigación, que dirige el Juzgado de Instrucción 3 de La Línea, se ha desarrollado con el apoyo de la Fiscalía del Campo de Gibraltar.

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha celebrado que “se vayan a producir acciones judiciales” y ha asegurado que la policía de la Roca ha estado en contaco con sus colegas de la Policía Nacional española, en un comunicado oficial en el que se señala que las fuerzas de orden gibraltareñas “estarán encantadas de colaborar” si se solicitan pruebas para el proceso.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 2 de febrero, en el transcurso de una persecución que acabó en la playa de Levante de Gibraltar. Los dos agentes de Vigilancia Aduanera llegaron allí después de que la lancha en la que perseguían a la embarcación de los contrabandistas se quedase sin motor y el fuerte oleaje les llevase hasta la playa. Allí, los perseguidos se liaron a pedradas contra los dos aduaneros y les provocaron heridas de gravedad en el rostro: uno tuvo que ser operado por fracturas en los huesos del pómulo y el otro sufrió rotura del tabique nasal. Amedrentados por la presencia en la playa de más de 20 contrabandistas que les golpeaban y gritaban, los agentes efectuaron disparos al aire.

La violencia contra los agentes quedó documentada por los propios agresores, que grabaron un vídeo que acabó difundido en redes sociales. En él se escucha cómo les gritan: “¡Esto es Gibraltar, este no es tu trabajo!”. Cuando los agredidos piden ayuda para volver a su patrullera, les responden: “Ahora quieres ayuda, ¿no, chivato? Búscate la vida”. Al día siguiente, Gibraltar informó de que hasta la playa acudieron cuatro agentes gibraltareños que solo separaron a los contrabandistas de los dos agentes españoles y no llegaron a detener a nadie, dada la disparidad de fuerzas, según argumentó el Gobierno gibraltareño.

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El suceso generó un incidente diplomático entre España y Reino Unido, ya que Gibraltar emitió un comunicado en el que denunciaba la “grave violación de la soberanía y jurisdicción británica” por parte de los agentes españoles, después de condenar la agresión y asegurar que se les ofreció atención médica y que ellos la rechazaron. “Las pruebas que rodean este incidente revelan una grave violación de la soberanía británica y, potencialmente, el incidente más grave y peligroso desde hace muchos años. Antes de reaccionar debemos, por supuesto, estar seguros de los hechos, pero los acontecimientos indican que la actuación de los funcionarios españoles es intolerable”, llegó a decir el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español rechazó “tajantemente” los términos de esa declaración de Picardo, “así como las pretensiones sobre una supuesta soberanía británica sobre el territorio y aguas de Gibraltar recogidas en ella”. El Ministerio de Exteriores británico aseguró que había solicitado “aclaraciones” al Gobierno español sobre el suceso.

Tras ese agrio enfrentamiento justo cuando se estaban produciendo las negociaciones para cerrar el tratado que debe regir las relaciones post Brexit entre Gibraltar y la Unión Europea —y que lleva meses sin llegar a un desenlace—, la actitud del Peñón ha sido distinta en la investigación de los ahora detenidos. Fuentes policiales españolas confirman que la operación de esta semana, denominada Revenge, ha contado con la “colaboración” gibraltareña para dar con la identidad de los culpables. Ahora los investigadores esperan poder culminar el operativo con la localización de un número no determinado de personas también implicadas en los hechos de esa noche y contra los que ya hay orden de busca y captura.

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