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Los refugiados fuera de los focos

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Sohail Noori y sus cuatro hijos, después de tres meses en un hostal pensado para una acogida de emergencia.
Sohail Noori y sus cuatro hijos, después de tres meses en un hostal pensado para una acogida de emergencia.JUAN BARBOSA

Sohail Noori, su mujer y sus cuatro hijos son afganos, pero no llegaron a España en un avión fletado por el Gobierno. Su evacuación fue distinta y más demorada que la de los más de 2.000 compatriotas que el Ejecutivo consiguió traer sanos y salvos en agosto ante decenas de cámaras de televisión. La familia tardó unos cuantos meses en reunirse fuera de Afganistán, arreglar papeles, visados y salvoconductos hasta que, el pasado 10 de enero, llegó al aeropuerto de Barajas desde Pakistán. A ellos nadie les esperaba cuando aterrizaron. “Estábamos solos. Tenía hasta algo de dinero para un taxi, pero no sabíamos dónde ir”, recuerda.

Este antiguo colaborador de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) está desde entonces en un albergue de primera acogida estatal en un polígono a las afueras de Madrid. Este hostal de una estrella, gestionado por Cruz Roja, se considera un recurso de emergencia y aunque está pensado para estancias que no superen los 30 días, Noori y su familia llevan en él más de tres meses. Siguen esperando a que les trasladen a un lugar más estable donde recomenzar su vida, cocinar su propia comida, tener clases de español con regularidad, dejar de compartir baño con otras 15 familias o llevar a sus hijos, de 12, nueve, seis y cuatro años, al colegio.

La familia llegó a firmar su consentimiento para instalarse en Córdoba. “Mi mujer y yo estábamos muy entusiasmados: al menos íbamos a dejar el hostal y estar en un sitio más cómodo, un piso”, explica Noori. Ella, quien peor lo está pasando, llamó a toda la familia para contárselo, pero el plan se truncó rápido. “A los pocos días nos dijeron que ya no iríamos, que esas plazas serían para las personas que vienen de Ucrania”, asegura. “Los afganos que conozco que llegaron en agosto y fueron recibidos por los ministros no han tenido los problemas que tenemos nosotros. Yo, ahora mismo, no sé nada de mis planes. No sé qué esperar”. En tres meses, sus hijos solo han ido al cole diez días.

La guerra en Ucrania y sus más de cuatro millones de desplazados (se calcula que más de 110.000 han llegado a España) han desviado el foco de otros refugiados. El conflicto no ha frenado los flujos de los solicitantes de asilo a territorio español. Al contrario. Los afganos, protagonistas también de una gran operación de acogida el verano pasado, siguen llegando, así como miles de personas provenientes, sobre todo, de Venezuela y Colombia. También de Malí o Sudán.

Desde el 28 de febrero, más de 12.000 personas han registrado una solicitud de protección internacional en España, según datos provisionales de la agencia europea para el asilo (EUAA), a los que ha tenido acceso El PAÍS. España, después de Alemania, es el segundo país de la UE con más peticiones en este periodo de guerra en el que todos los sistemas de acogida europeos se están poniendo al límite. Es también el segundo país con más peticiones acumuladas en lo que va de año (28.988), un aumento del 122% respecto a 2021.

El despliegue de recursos para acoger a los ucranios ha sido extraordinario y según las últimas cifras oficiales se han habilitado más de 20.000 camas. La acogida y el papeleo funcionan sin problemas relevantes y los socios europeos se han interesado por la gestión española de esta crisis, que enorgullece al Ejecutivo. Pero el sistema de asilo sigue presentando dificultades para el resto.

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Un grupo de refugiados afganos acogidos en un hostal de Madrid.
Un grupo de refugiados afganos acogidos en un hostal de Madrid.JUAN BARBOSA

A la entrevista con Noori, se unen otros cinco afganos, huidos de los talibanes y de una de las peores crisis humanitarias del mundo, que residen en el mismo hostal. Tres de ellos aparecen en chanclas. “Hemos pedido zapatos y ropa para el frío, pero nos dicen que no tienen”, cuenta Fatima, nombre ficticio de una mujer de 49 años. La comida concentra varias de sus quejas, sobre todo ahora que mantienen el ayuno por el Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes. “La alimentación no está pensada para los que hacemos el Ramadán y somos más de un centenar de musulmanes aquí. La comida que nos dan no es suficiente para romper el ayuno de todo el día”, lamenta Sayed, que era juez en su país y que, después de dos meses en el hotel, está ansioso por reconducir su carrera en España. Sin dinero de bolsillo, tampoco pueden comprar su propia comida.

Al grupo le inquieta la homologación de sus estudios y sus futuros planes profesionales porque desconocen qué deben hacer. También la asistencia médica, ya que ellos o sus familiares arrastran enfermedades como asma y diabetes. Querrían que los trabajadores sociales les ayudasen y acompañasen más para avanzar en los diagnósticos. “Hemos tenido que ir tres veces al hospital en este tiempo y en las tres me han recetado ibuprofeno”, se queja Noori. Todos transmiten la “vergüenza” que sienten de pedir cosas que consideran básicas.

En otro albergue de Madrid, Samira, nombre ficticio de un afgana que llegó a mediados de marzo con su hermana, su madre y su hermano, lamenta que les obliguen a compartir habitación y baño con una familia de colombianos, tres varones y dos mujeres. Más allá de los problemas de convivencia entre dos familias que no se entienden, las tres afganas están incómodas por la presencia de tantos hombres. “Nos da miedo ducharnos”, cuenta Samira.

Las quejas de los afganos no son raras. Es común, además, que perfiles de refugiados con un estatus social más alto o con perfiles profesionales más cualificados vean como sus expectativas se dan de bruces con la realidad de un sistema limitado. Una encuesta elaborada por un grupo de voluntarios que apoya a los afganos que trabajaron en la AECID da pistas de los principales obstáculos para este colectivo. El sondeo, realizado entre 226 afganos colaboradores de los españoles en distintos ámbitos, refleja una buena percepción general del proceso de integración y acogida, pero las peores notas se concentran, precisamente, en el alojamiento, la comida y la formación para el empleo. Las reclamaciones por la comida en centros donde los refugiados no pueden cocinar son generalizadas, según este documento.

El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, competente en la acogida de solicitantes de asilo, advierte de que algunos casos concretos no reflejan la realidad del sistema de acogida. Una portavoz afirma que el ministerio mantiene contacto continuo con las ONG en las que se delega la atención para dar respuesta a las necesidades de los refugiados. Cruz Roja asegura que ofrece “la mejor atención posible” con los recursos disponibles y señala la complejidad de adaptar un sistema finito a una demanda cada vez más creciente y a perfiles de solicitantes muy distintos a los que España recibía tradicionalmente.

Blanca Garcés, investigadora del laboratorio de ideas CIDOB, recuerda que el sistema de acogida se basa en el principio de autonomía, es decir, que los solicitantes de asilo puedan hacer su vida cuanto antes. “Una de las claves es que a más distancia cultural y menos red de contactos, más dificultades tienen para rehacer sus vidas y, cuando las dificultades son mayores, el sistema de acogida se hace claramente deficiente”, explica Garcés. “Las necesidades de acompañamiento son muy distintas en función de la proximidad cultural y lingüística de los solicitantes de asilo. No es lo mismo una familia venezolana que una afgana”, añade.

Una cita que tarda un año y tres meses

Más allá de la acogida, las numerosas quejas enviadas al Defensor del Pueblo apuntan a las dificultades de acceso al procedimiento de asilo y las demoras en la obtención de cita previa para realizar trámites, una responsabilidad del Ministerio del Interior.

En Granada, Feraidoon Zamani, otro colaborador afgano de la AECID, pide ayuda. El pasado 17 de marzo fue a comisaría a solicitar una cita para oficializar su demanda de asilo, la de su mujer y sus dos hijos, y no podrá hacerlo hasta finales de junio del año que viene. Un año y tres meses de espera. Un compatriota suyo, su mujer y sus cuatro hijos están en la misma situación. La entrevista es fundamental para admitir o no a trámite su petición y poder trabajar legalmente. También es la llave para acceder a fases de acogida de más autonomía, con ayudas al alquiler, por ejemplo, y salir así de recursos menos preparados para su inclusión social. Es, en definitiva, el trámite indispensable para reiniciar su vida.

Interior no ha explicado a qué se debe el retraso exagerado en la cita de Zamani. Aunque este es el caso más grave, los plazos están desfasados en varias regiones. Según el recuento de diversos letrados dedicados a la asistencia jurídica de solicitantes de asilo, formalizar la entrevista puede costar ocho meses en Tarragona, seis meses en Las Palmas de Gran Canaria, Cádiz o Valencia, más de cuatro meses en Navarra y Málaga o tres meses en Madrid y Guipúzcoa. Además de los plazos, los abogados destacan la gran dificultad para conseguir las citas, una misión casi imposible en varias provincias. “Vamos a estar al menos un año y tres meses para obtener los derechos que otros compatriotas [llegados en agosto] obtuvieron en seis meses”, se queja Zamani. “Es mucho tiempo sin poder trabajar y tener los mismos derechos que cualquier ciudadano”.

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Muere el almirante Martorell, jefe del Estado Mayor de la Armada

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El Jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Martorell Lacave, durante un acto celebrado el pasado 22 de diciembre en Madrid.
El Jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Martorell Lacave, durante un acto celebrado el pasado 22 de diciembre en Madrid.

El almirante general Antonio Martorell Lacave, jefe del Estado Mayor de la Armada, ha fallecido este viernes en Madrid, según ha confirmado el Ministerio de Defensa. Martorell, de 62 años, ha fallecido en el Hospital Militar Gómez Ulla, donde era tratado de una grave enfermedad. En julio de 2021, fue nombrado máximo responsable de la Marina de Guerra, en sustitución del almirante general Teodoro López Calderón, quien relevó como jefe del Estado Mayor de Defensa al general Miguel Ángel Villarroya, que dimitió a raíz del escándalo provocado por su prematura vacunación de la covid.

Nacido en Bilbao el 22 de agosto de 1960, era el más joven y nuevo de los miembros de la actual cúpula militar. Ingresó en la Escuela Naval de Marín (Pontevedra) en 1979, recibiendo el despacho de alférez de navío en 1984. A lo largo de sus 39 años de carrera, ha sido comandante del dragaminas Miño y del cazaminas Turia, ha estado al frente de la primera escuadrilla de Medidas Contraminas (MCM), de la Agrupación Permanente de Medidas Contraminas nº 2 de la OTAN y del buque de asalto anfibio Castilla.

Entre sus destinos en tierra, ha sido profesor en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, jefe del Taller de Torpedos del Arsenal de Cartagena (Madrid) y ha estado destinado en tres ocasiones en el Estado Mayor de la Armada, además de dirigir el área de la UE dentro de la Dirección General de Política de Defensa del Ministerio y la Sección de Ejercicios en el Cuartel General Conjunto de la OTAN en Nápoles. Diplomado en Estado Mayor y especialista en Armas Submarinas, ha realizado numerosos cursos tanto en España como en la UE y la OTAN.

Entre marzo y octubre de 2019 dirigió la Operación Atalanta de la UE de lucha contra la piratería en el Índico y, a continuación, tomó el mando del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad. En mayo de 2020 fue nombrado almirante de la Flota. Posee la gran cruz del Mérito Naval y la de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y otras doce condecoraciones militares nacionales y extranjeras.

“Es un día muy triste para el Ministerio de Defensa, para la Armada y para todas las Fuerzas Armadas”, ha indicado una portavoz de Defensa, quien ha añadido que la ministra Margarita Robles ha dado ya el pésame a los familiares del almirante. El súbito fallecimiento del jefe de la Armada obligará a la ministra a buscarle un sustituto, retocando una cúpula militar que pensaba mantener hasta el final de la legislatura.

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Detenido un falso empresario por explotar a 12 rumanos como jornaleros “maratonianos” y “sin horario”

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Una cuadrilla de 12 hombres se deslomaba día tras día en los viñedos de Villanueva de Duero (Valladolid, 1.200 habitantes), una localidad cercana al río Duero que vive de las uvas. Al frente del grupo, un hombre que ha sido detenido por explotar laboralmente al equipo en jornadas “maratonianas sin horario establecido” y “a destajo”, según ha informado la Policía Nacional. Tanto los trabajadores como el arrestado son de nacionalidad rumana y, al contrario que en muchos de estos casos de abuso laboral sobre extranjeros, los jornaleros tenían los papeles en regla. El jefe fingía ser un empresario, aunque no tenía ningún tipo de documentación como empresario o autónomo, para proporcionar mano de obra en el campo y ejercer como intermediario entre agricultores locales y los empleados que tenía en pésimas condiciones.

La actuación policial se ha denominado “Operación Panas” y se ha organizado entre la Policía Nacional de Valladolid y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las pesquisas se iniciaron en septiembre del año pasado y se ha saldado con esta detención por un delito contra los derechos de los trabajadores desde la falsa posición de intermediario de “prestación de servicios agrícolas”, tal y como ha informado la Policía en nota de prensa. El 14 de septiembre una inspección en un viñedo de Villanueva de Duero sirvió para localizar e identificar a la docena de jornaleros “faenando bajo las órdenes de un empresario de origen rumano, quien actuaba de intermediario entre agricultores y trabajadores para proporcionar mano de obra en el campo”. Pronto descubrieron que era una falsa coartada y que no estaba dado de alta en el sistema de empleo así que ni cotizaba ni pagaba a la Seguridad Social.

El sujeto se hallaba en el lugar de la intervención policial y primero admitió ser “encargado y responsable” de la plantilla, que también carecía de contrato ni presencia en la Seguridad Social. Tras esta primera versión, dijo ser un trabajador más y apuntó al propietario de las tierras y trató de hacer creer que normalmente esta persona “contrataba directamente a los jornaleros” pero que en esta ocasión “debido a las circunstancias climatológicas precisó mano de obra de manera inmediata, lo que le llevó a contactar con él como intermediario”.

Los 12 hombres identificados también son rumanos. En contra de lo habitual en esta clase de operaciones, sí tenían en regla su permiso de residencia y empleo en España. Por tanto, “no existía ningún impedimento legal para su contratación y tramitar su alta como trabajadores en el sistema de la Seguridad Social”. Además de mantenerlos de forma irregular, el grupo no tenía horarios, trabajaba “a destajo” en “jornadas maratonianas” e iba siendo desplazado por distintas zonas agrarias para trabajar casi sin descanso. El supuesto empresario, que ha quedado en libertad con cargos, también les daba alojamiento en un municipio de la provincia vallisoletana del que la policía no ha dado más detalles y allí les daba un pírrico salario, dado que les recortaba gastos de vivienda, suministros, manutención y de transporte al lugar donde tuvieran que desempeñarse durante la jornada.

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Juan Enciso, exalcalde de El Ejido, condenado a cinco años de prisión por el ‘caso Poniente’

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La Audiencia de Almería ha condenado a cinco años y tres meses de prisión a Juan Enciso, quien fue alcalde de El Ejido (Almería, 87.500 habitantes) durante 20 años, por el caso Poniente, una trama de corrupción que esquilmó las arcas municipales en favor de intereses privados. Enciso, quien gobernó el municipio entre 1991 y 2011, cuando fue detenido por este caso, ha sido hallado culpable de un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, según la sentencia hecha pública este viernes. El tribunal ha condenado a 32 de los 47 enjuiciados. Entre ellos se encuentra José Alemán, exinterventor municipal, quien ha recibido una pena de siete años y medio por malversación y cohecho. La decisión judicial, contra la que cabe recurso ante el Supremo, llega casi 16 años después de la denuncia por corrupción presentada por IU-Los Verdes. El tribunal ha determinado que el municipio sufrió un perjuicio económico de 58,8 millones entre julio de 1999 y enero de 2009.

Los magistrados han considerado probado que el exalcalde y el interventor municipal, autorizaban contratos entre el Ayuntamiento y la empresa público-privada de servicios municipales Elsur, a precios desorbitados y abusivos a sabiendas y “haciendo caso omiso de sus obligaciones de fiscalización y control de los fondos públicos”. Elsur estaba participada por el Ayuntamiento al 30% y por una filial de Abengoa en el 70% restante.

El fallo subraya que, como alcalde y miembro del consejo de administración de Elsur, Enciso fue “perfecto conocedor” de las actividades ilícitas y de los entramados empresariales que se beneficiaban de la empresa mixta y del “lucro ilícito obtenido por el socio privado” por “ficticios servicios de apoyo a la gestión por los que facturaban ingentes cantidades”, en “connivencia” con Alemán, entonces interventor municipal.

Un ejemplo de esos abusos, narra la sentencia, es el canon anual que el Ayuntamiento debía abonar a Elsur por hacerse cargo de la conservación del pavimento, alcantarillado, distribución de agua y su depuración, alumbrado, conservación de parques, jardines y zonas verdes entre otras funciones. La previsión de ese canon para el periodo 1996 a 2008 era de 47,9 millones de euros, pero, según el tribunal, acabó multiplicada por 3,5 hasta alcanzar los 171,6 millones. También otros servicios que se facturaban aparte tenían un factor de multiplicación desmedido. La previsión de obras y servicios, por ejemplo, entre los años 2002 y 2008 era de casi 21 millones de euros, pero Elsur acabó facturando casi 39 millones. Estas diferencias entre lo previsto y lo finalmente facturado al Ayuntamiento es lo que el tribunal valora en 58,8 millones de euros de perjuicio. Parte de ese dinero, explican los magistrados, salía del consistorio para volver a los ahora condenados.

Enciso llegó a la alcaldía con el PP, pero lo abandonó la víspera de su expulsión y creó su propia formación, el PAL (Partido de Almería) en 2005. La policía registró el Ayuntamiento de El Ejido y la sede del PAL en octubre de 2009. El regidor del PAL pasó ocho meses en prisión provisional antes de quedar libre bajo fianza. El actual alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP) ha señalado que harán todo lo posible por recuperar “la mayor parte posible” de los 58 millones que estima la resolución judicial, informa Efe.

Con respecto al interventor municipal, la sentencia considera que “no solo hizo dejación de funciones”, sino que “permitió, a cambio de grandes prebendas económicas, que los hechos enjuiciados tuvieran lugar”. José Alemán, según el tribunal, “constituyó” directamente o por medio de familiares empresas con las que lucrarse “ilícitamente y así obtener fuertes ingresos” que han sido invertidos en crear “un importante patrimonio inmobiliario”, además de vehículos de alta gama, valores mobiliarios y gastos de lujo. De esta manera, según la resolución, llegó a percibir por diferentes vías cerca de 7,5 millones de euros. La esposa del exfuncionario también ha sido condenada a tres años y ocho meses de prisión, además de una multa de 431.00 euros por blanqueo de capitales.

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El exalcalde, indica la sentencia, creó una sociedad en la que ingresaron 671.000 euros, aunque “no se ha acreditado que dichos pagos encubrieran donaciones o comisiones ilícitas” en su condición de regidor municipal y tampoco “se ha conseguido prueba suficiente del enriquecimiento personal”.

El jefe del Área de Parques, Jardines y Edificios Públicos entre 1996 y 2003, que luego se convirtió en director de Explotación y Producción de Elsur, José Amate, ha sido condenado a cinco años de prisión y multa de 58.000 euros por cohecho. La resolución recoge que aprovechó su cargo para subcontratar servicios que Elsur debía prestar directamente. Según el tribunal, acudió a empresas que estaban dirigidas por su familia, como yernos y otras personas de confianza. Estos tejemanejes, dice la sentencia, permitieron a Amate ingresar más de 24 millones de euros. Su mujer, sus tres hijos y sus dos yernos también han sido condenados por malversación a 3 años y 4 meses de prisión y 9 de inhabilitación cada uno.

Casi 14 años después de la entrada de la policía en el ayuntamiento de El Ejido, todas las cifras se han visto reducidas, tanto las reclamaciones de penas, como la estimación de dinero desviado. Al comienzo del juicio, en enero de 2020, la Fiscalía solicitaba penas de cárcel que sumaban 1.545 años para el casi medio centenar de procesados y multas por 884 millones de euros. La petición para el exalcalde y el exinterventor era de 64 años de prisión para cada uno y se han quedado en algo más de cinco y de siete respectivamente. La mayor petición de pena era para José Amate, antes responsable de jardines y luego directivo de Elsur, para quien se solicitaban 97 años y que han quedado en cinco. El dinero defraudado se estimaba al inicio del juicio en 71 millones y finalmente han sido 12 menos.

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Fuente, El Pais, www.elpais.com, Junto a su autor correspondiente .
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