España
El colapso del Supremo apremia a la renovación del Poder Judicial


“Imagina que en el Congreso de los Diputados se quedaran vacantes un 20% de escaños. No se hablaría de otra cosa”. La reflexión, pronunciada por un magistrado de la Sala Tercera (de lo Contencioso-administrativo) del Tribunal Supremo, ilustra la sensación que comparten desde hace meses muchos miembros del alto tribunal, donde el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la reforma legal que impide al actual Consejo hacer nombramientos de cargos discrecionales han dejado ya 13 vacantes del total de 80 plazas que tiene el alto tribunal. A partir del próximo viernes, cuando se jubila Segundo Menéndez, magistrado de la Sala Tercera, serán 14, y si las vacantes no se cubren antes de octubre, las bajas ascenderán a 16, lo que supone el 20% de la plantilla.
El compromiso entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para negociar la renovación del CGPJ ha sido recibido con optimismo en el alto tribunal, aunque el horizonte del 12 de junio marcado por el Gobierno para cerrar el acuerdo aboca al Supremo a resistir en la situación actual, como mínimo, hasta el verano. La “fecha límite”, según miembros del tribunal consultados, debería ser la apertura del año judicial, que se celebra en septiembre. “Todo lo que no sea haber recuperado entonces el funcionamiento normal será un desprecio institucional al primer órgano jurisdiccional del país, y, con él, a uno de los tres pilares del Estado”, afirma un magistrado.
La negociación entre el PSOE y el PP está llamada a cumplir la obligación constitucional de renovar el CGPJ, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018. Pero la ley impulsada por el Gobierno para evitar que el Consejo actual continuara designando los puestos claves de la magistratura ha lastrado el funcionamiento de los principales órganos judiciales, empezando por el Supremo, donde cada juez que se jubila, fallece o se marcha de forma voluntaria deja un hueco que no puede cubrirse mientras no se renueve el CGPJ. Entre los magistrados hay opiniones divergentes sobre esa reforma legal (unos la cuestionan y otros consideran que era un “mal necesario” porque el Consejo ya no estaba legitimado para hacer nombramientos), pero a medida que pasan los meses sin que se encuentre una salida, todos coinciden en la gravedad de la situación. “No se puede normalizar que el Tribunal Supremo esté mutilado ni que tenga un presidente interino”, afirma uno de sus miembros.
La situación afecta a cuatro de las cinco salas, aunque la mayor precariedad se vive en la Tercera, la encargada de resolver, entre otros, los recursos contra actos del Gobierno. A partir de la semana que viene tendrá vacantes ocho de sus 33 plazas. “Hay casi un aspecto desolador. La nuestra es la planta de los despachos vacíos. Ya hay siete y ahora serán ocho. Es triste pasear por los pasillos”, describe un magistrado.
Esta sala está organizada en secciones, en función de la materia de la que se ocupe (sanidad, economía, medio ambiente) o del organismo público implicado en el asunto que se dirime, y en algunas de ellas no podrían alcanzar ya el mínimo de cinco magistrados que exige la ley para deliberar un asunto si no se hubieran adoptado medidas de emergencia. El presidente de la sala, César Tolosa, entra desde hace meses a completar las secciones cuando no hay magistrados suficientes, pero este remedio se ha quedado corto tras las últimas bajas, lo que ha obligado a reorganizar la sala y a mover magistrados de una sección a otra. Con estas medidas, cada sección tiene ahora justo el número mínimo de jueces para deliberar. “Vivimos en un equilibrio inestable”, afirma un magistrado, que explica que cualquier baja adicional, por enfermedad o porque un magistrado tenga que abstenerse de un asunto, obliga a hacer nuevas filigranas y a tirar de compañeros de otras secciones.
A la falta de manos que implican las sillas vacías se une el incremento de asuntos que han llegado en los últimos meses a esta sala y los que quedan por llegar relacionados con la pandemia de covid-19. La Sala Tercera ha sido la encargada de revisar los recursos contra las limitaciones de derechos fundamentales decretadas por el Gobierno central y los autonómicos para combatir el virus, y ahora, pasado lo peor de la pandemia, se prepara para recibir un aluvión de reclamaciones patrimoniales de empresarios al Estado por el dinero que dejaron de ganar durante el estado de alarma que acabó anulando el Tribunal Constitucional. El Supremo estima que recibirá alrededor de 4.000 reclamaciones, lo que pone en riesgo de colapso a la sala encargada de resolverlas, según fuentes del tribunal.
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Las vacantes también afectan ya seriamente al funcionamiento de la sala Cuarta (Social), que tiene tres huecos a los que a finales de año, si el CGPJ no se ha renovado, se añadirán otras dos jubilaciones, incluida la de la presidenta, María Luisa Segoviano. La plantilla de la sala se quedaría con solo ocho magistrados —de un total de 13—, por lo que ya no podrían constituirse las dos secciones en las que habitualmente se divide para deliberar y resolver los asuntos. “Las bajas en el Supremo no afectan solo a los que lo formamos. Afectan a los ciudadanos que esperan nuestra resolución, al trabajador despedido que tiene una indemnización pendiente de cobrar, al empleado al que se le ha negado un derecho. La falta de magistrados implica que los asuntos tardarán más en resolverse”, recuerda un miembro de esta sala.
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España
Díaz celebra el acuerdo de Sumar y elude el conflicto con Podemos: “España quería que nos diéramos la mano”

Al día siguiente de cerrar en los despachos un acuerdo in extremis —y nada cordial— con Podemos para concurrir juntos a las elecciones generales del 23 de julio, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha comparecido este sábado en Madrid para reivindicar en un acto público la nueva confluencia, una agrupación de 16 partidos que se autoubican en el espacio político a la izquierda del PSOE. Díaz ha anunciado que para ella la campaña empieza hoy, que su bandera será la “ilusión” y no “el miedo” a la extrema derecha, y que tiene un objetivo ambicioso: no servir de muleta a los socialistas para intentar reeditar el Gobierno progresista, sino “ganar las elecciones”. “España quería que nos diéramos la mano. Se nos exigía un acuerdo y traemos un acuerdo”, ha celebrado la vicepresidenta segunda del Gobierno, que en ningún momento ha aludido al conflicto con Podemos por la exclusión de las listas de la número dos de esa formación, Irene Montero. La plataforma seguirá negociando para “sumar más” en los próximos días, pero ya no con los partidos sino con la ciudadanía: “Con la gente de los barrios, de las zonas rurales, la gente que tiene problemas”.
La líder de la coalición de izquierdas y ministra de Trabajo ha trazado las que serán las líneas de la acción política de Sumar en esta precampaña: “Diálogo y acuerdo”. “Hoy sumamos más que ayer, pero no hemos terminado”, ha apuntado. “Hay mucha gente que está sufriendo la pérdida del poder adquisitivo y que lo está pasando mal y tenemos que avanzar con ellos”, ha insistido, antes de subrayar que en esa gente “que tiene miedo y no se fía” está la “clave del momento político” actual. Y ha enfatizado: “[Esa gente] tiene razones que debemos escuchar”. “Sumar no ha venido a agitar el miedo, a contar cuentos de terror, a agitar fantasmas”, ha prometido también, descartando una campaña basada en movilizar a la izquierda con el único argumento de frenar una posible alianza de Gobierno entre el PP y Vox.
“Vamos a decirle a una gran mayoría que la vida puede ser más fácil. Vamos a la cosa pública para hacer felices a las personas, para que no sufran”, ha proseguido Díaz. En un discurso con pocas menciones a medidas concretas, sí ha enumerado la educación y sanidad públicas, la dependencia y la Administración de justicia como ámbitos objeto de su programa político.
Las otras coaliciones políticas para el 23-J
Sumar fue la última en inscribirse, este viernes, de las 12 coaliciones políticas que concurrirán a las elecciones del próximo 23 de julio. En el resto se encuentra la CUP, que presentará candidaturas por Cataluña y Baleares; Izquierdas por la Independencia, el proyecto conjunto de ERC y EH Bildu solo para el Senado; y las exclusivamente catalanas PDeCAT-Espai CiU y Junts. Teruel Existe concurre dentro de la coalición Existe, que integra a Aragón Existe y España Vaciada. Las demás formaciones que se han registrado para presentarse juntas en las generales son extraparlamentarias.
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España
La absorción de Podemos

Podemos ha sido de facto absorbido. Su impulso, por fin recauchutado bajo la paciente reorientación pragmática, menos confrontacional y nada bronca de Sumar. Dentro de esta versión civilizada de izquierda de la izquierda, podrán sus gentes adaptarse y sobrevivir: sobre todo si aceptan su papel secundario, si dejan de plantear excentricidades, batallas culturales perdedoras, señalamientos estrambóticos, exóticos insultos al universo mundo y chantajes de última hora. Sobrevivir: empeño más agradable que el inapelable suicidio de Ciudadanos, el partido casi coetáneo que desafió a los grandes desde la otra orilla.
Esta absorción por dilución llega por su mala cabeza. Podemos solo ha cosechado fiascos en la negociación recién concluida. Quiso discutir de uno a uno con la cabecera de Sumar, y al cabo tuvo que adherirse al pacto ya trabado entre todas las confluencias, y abrirse en él un hueco. Pretendió basar las cuotas de poder en resultados de elecciones antiguas y tuvo que rendirse a la evidencia de que el peso del último 28-M era insoslayable. En el último y agónico tramo exigió ir en solitario en tierra valenciana, y cosechó un sonoro ninguneo. Amagó con un engañoso referéndum de pregunta capciosa para seguir enredando tras el pacto, y se encontró frente a un ancho muro de contención. Pugnó por salvar a la soldado Irene Montero como candidata y no hubo nada. Dijo que exigía más y mejores plazas en las listas, y obtuvo los ocho puestos que ya tenía generosamente garantizados. Mayor fracaso, imposible.
Y es que su mala cabeza de fondo le llevó a habitar una ensimismada vida paralela. Fuera del mundo de los demás, autorreferencial, crédula en sus propias invenciones. Y negacionista de la realidad más aguda, su reciente desplome, en vertical. Así, encaró la negociación con la prepotencia prestada por su conducátor fundacional, erigido en escudo patriarcal de las dos ministras, tras estrellarse con las urnas de mayo por haberse fiado de su andar solitario. Así cosechó la mitad de sus anteriores votos en Aragón, la mitad en Baleares, y de nada le sirvieron los obtenidos en Valencia, más que para derrumbar la notable gobernanza de Ximo Puig con los de Compromís. Quedó autoexcluido de la Comunidad de Madrid por no llegar al suelo mínimo, dilapidando sus 161.031 votos, que quedaron huérfanos de escaños. Contribuyó decisivamente a una fragmentación del espacio de la izquierda radical en Alcalá, en Ponferrada, o en Huesca, donde el 17,88% de los votos acabó hurtado de representación. Y erosionó la imagen, las papeletas y el poder del universo progresista, añadiendo obstáculos a carrera por otro gobierno de coalición progresista bajo presidencia socialista. Otro: sin esos lastres.
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El cogollo del populismo autoritario ha quedado residualizado no por sus colegas y rivales. Sino por sus fracasos. Sucedió con Pablo Iglesias en 2021, cuando este dignamente dimitió tras perder su apuesta en la Comunidad de Madrid. Y ahora con su dúo, Irene Montero, autoderruida por su empecinamiento en sostenella y no enmendalla frente a todo y erga omnes. Y también con Ione Belarra y sus agrestes embestidas a los empresarios. Y con Pablo Echenique, el más táctico y menos ejemplar. Era arduo que su descuelgue se ejecutase sin costes. Por eso su agónico y tramposo perder no solo contrasta con la historia de ilusión de aquellos acampados del 15-M. También tizna en oscuro a la actual amplia alianza plural, bien encabezada, complemento y acicate de la izquierda mayoritaria. Pero cada día tiene su afán. El de ahora, supeditar ese duro revés en el cómo al logro obtenido en el qué. Con aplomo. Peor lo tenía Josep Tarradellas el 7 de abril de 1978 cuando salió del despacho de Adolfo Suárez sin nada en la alforja y proclamó que lo había logrado todo. Vio, vino, venció.
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España
Concordia

Una vez que la izquierda no integrada en el PSOE ha conseguido la unidad electoral, conviene apostar por la concordia. Es el reto siguiente: participar con responsabilidad en un proceso decisivo para el futuro de España y de Europa. Un proceso electoral implica la construcción de un estado de ánimo en el que no solo se nos invita a elegir una papeleta, sino también a la ilusión de acudir a las urnas para formar parte, sentirse parte, participar… Por eso se pone en juego, al lado de las simpatías políticas, la compenetración humana. Así que las justificadas críticas a las manipulaciones de algunos poderes mediáticos deben acompañarse de un ejercicio de conciencia para evitar que los comportamientos propios faciliten el circo de las caricaturas.
La figura de Irene Montero se ha visto envuelta por esa dinámica de manipulaciones en los debates de la ley del sí es sí. El circo mediático consiguió que la apuesta por una necesaria política feminista desembocara en el disparate de que la ministra es responsable del aumento de violaciones en España. Además, parece que el endurecimiento de penas sea la mejor respuesta social a un delito. El pensamiento reaccionario, poco inclinado a la educación sexual y al feminismo, se frota las manos. Lo que podía haberse resuelto con una meditación pública sobre las ventajas de la ley y los posibles errores a solucionar acabó en una dinámica de descrédito generalizado. Darle facilidades al enemigo, y utilizo a conciencia la palabra enemigo, no adversario, supone la irresponsabilidad política de perder de vista los contextos. Y el sentido de los debates depende siempre en un contexto.
Me da pena en este sentido que Podemos acompañe la magnífica noticia de la unidad con un comunicado de discordia. Y si analizamos el contexto, lo que se formula como defensa de Irene Montero acaba suponiendo una nueva facilidad para degradar su figura en el debate mediático. Enseguida resonarán mil acusaciones previsibles. Un camino envenenado porque puede empujar al sacrificio de lo que más se quiere para hacer daño al otro. Quien respete y quiera a Irene Montero no debería utilizarla para dañar a Yolanda Díaz.
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La izquierda necesita consolidar la autoridad política de la democracia para hacer frente a la impunidad avarienta de las élites y para seguir defendiendo las palabras libertad e igualdad contra las manipulaciones mediáticas del neoliberalismo. Sería un error introducir ahora en Sumar la costumbre de las peleas internas de Podemos en el Gobierno de coalición. Avanzar supone también defender lo conseguido. El mejor Gobierno de la democracia española se ha visto mediáticamente dañado por una innecesaria apariencia de inestabilidad. Será mejor que apostemos ahora no solo por el acuerdo, sino también por la concordia.
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