Yolanda Díaz despejará en menos de dos semanas uno de los interrogantes básicos en torno a Sumar, el proyecto con el que busca recomponer el espacio a la izquierda del PSOE. La vicepresidenta del Gobierno anunciará previsiblemente el domingo 2 de abril, en un acto en Madrid, su candidatura a las elecciones generales de diciembre, según se deduce del mensaje difundido este lunes por su equipo en redes sociales. Dos años después de ser señalada por Pablo Iglesias como sucesora natural al frente de Unidas Podemos, la también ministra de Trabajo dará a conocer su decisión —sobre la que oficialmente aún no se pronuncia— justo antes de los festivos de Semana Santa en el Polideportivo Antonio Magariños de la capital. La concreción del lanzamiento, que ha ido posponiendo desde comienzos de año, llega tras una de las semanas más complicada para Unidas Podemos, en la que han vuelto a quedar en evidencia las dificultades para cerrar un acuerdo con Podemos. La exigencia del partido de Ione Belarra, que busca ser reconocido como el actor principal de ese nuevo espacio electoral, pone de manifiesto el enorme reto aún por delante.

“El próximo 2 de abril tenemos cosas nuevas que contarte”, ha escrito la propia Díaz en redes a la vez que la cuenta oficial de Sumar lanzaba un mensaje similar. Este mismo domingo la vicepresidenta ya dio pistas sobre la proximidad del anuncio. “En estos días voy a tomar, quizás, una de las decisiones más importantes de mi vida (…) Lo voy a hacer con carácter inmediato”, dijo en un acto de su plataforma en Sevilla. Según fuentes de su equipo, Díaz tiene previsto rodearse para su anuncio de representantes de distintas organizaciones sociales, parte nuclear del proceso desplegado por toda España, e invitará también a los partidos políticos que ya han estado presentes en las paradas de la gira que arrancó el pasado 8 de julio. Está por ver aún qué perfiles —y de qué formaciones— acuden finalmente. Podemos condicionó hace justo una semana su presencia en ese lanzamiento a que Díaz alcanzara antes con ellos un “pacto” de mínimos que incluya la organización de primarias abiertas para decidir las listas electorales.

Después de días de evidente tensión, la vicepresidenta hizo este domingo un último llamamiento a la unidad y parafraseó intencionadamente al exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, repitiendo expresiones que él había pronunciado en una simbólica intervención en marzo de 2019. Aquel acto en la plaza del museo Reina Sofía de Madrid, en el que también estuvo Díaz, suponía el regreso del fundador del partido tras su permiso de paternidad y el arranque de la precampaña para las generales después de la traumática salida de Íñigo Errejón. “Sé bien que es difícil sumar lo distinto, las personas que vienen de tradiciones políticas diferentes. Pero tengo claro que si aspiramos a cambiar nuestro país, cuando coincidimos en el 90% en el programa político, tenemos que estar a la altura del reto que nos ocupa, y nuestra obligación, pensemos lo que pensemos, es caminar juntas”, apeló Díaz. Cuatro años antes, Iglesias había dicho: “No es fácil juntar lo distinto, no es fácil ponerse de acuerdo con otras tradiciones políticas, pero si aspiramos a cambiar este país y estamos de acuerdo en el 90% del programa, hay que tener la suficiente altura para entender que tenemos que caminar juntos”.

Precisamente este lunes, el exvicepresidente publica un artículo en CTXT al hilo de la declaración de la titular de Trabajo en el que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de decidir las listas en primarias. “Seguir el modelo andaluz de los despachos y las filtraciones es caminar hacia el desastre”, señala Iglesias en alusión a las turbulentas negociaciones para una coalición de izquierdas en las autonómicas de junio del año pasado. En aquel caso, Podemos había celebrado sus propias primarias internas, pero el acuerdo del resto de partidos con los que se conversaba fue que IU liderara la candidatura unitaria. La organización de Belarra se resistió tanto que el pacto llegó in extremis y su formación acabó fuera del registro oficial. “Las primarias abiertas son la única garantía de que, en caso de que los partidos no lleguen a un acuerdo sobre lo que pesa cada uno, la unidad esté garantizada”, resume en su análisis Iglesias.

La reforma de la ley de Libertad Sexual o del solo sí es sí le ha dado una tregua al Gobierno, o más concretamente al PSOE. Ningún partido ha presentado enmiendas a la totalidad en la propuesta de cambio de la norma, según han adelantado fuentes parlamentarias a EL PAÍS. El plazo para esos trámites finalizó este sábado a las dos de la tarde. Unidas Podemos ya renunció a enmendar toda la reforma impulsada unilateralmente por los socialistas, después de meses infructuosos de negociaciones entre la ministra de Justicia, Pilar Llop, e Irene Montero, titular del Ministerio de Igualdad. El primer recuento oficial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cifrado en 721 las penas ya rebajadas a delincuentes sexuales hasta la fecha y casi un centenar de excarcelaciones.

El Congreso aprobó el pasado 7 de marzo la toma en consideración de la reforma con 231 votos a favor (PSOE, PP, Ciudadanos, PDeCAT, PNV, UPN, Coalición Canaria, PRC y Foro Asturias), 56 en contra (Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, la CUP y BNG) y 58 abstenciones, entre ellas la de Vox, que se permitió ese gesto simbólico cuando constató que la iniciativa iba a prosperar. Dos aliados habituales del Ejecutivo, Compromís y Más País, también votaron en blanco, al igual que Junts.

La postura por la que optaron los socios de la investidura en este caso ―y en concreto los reproches de ERC y EH Bildu, que se alinearon con Unidas Podemos en su negativa a la reforma y en cuestionar el respaldo del PP a la modificación― hizo que en el PSOE no descartasen la posibilidad de que pudiesen registrar enmiendas a la totalidad. Pero ese escenario se diluyó cuando se constató que el principal interesado en hacerlo, Unidas Podemos, no lo haría y optaría por la negociación en la fase de enmiendas parciales. La Moncloa tomó nota también de que los socios del Gobierno reconocieron en algunos casos que la ley podría admitir mejoras y que la coalición no podía renunciar a lograr algún tipo de consenso.

La decisión de no enmendar a la totalidad el texto presentado por el PSOE por parte de los socios habituales del Ejecutivo contribuye a rebajar la tensión en el seno del Gobierno de coalición, a la espera de la siguiente fase en la tramitación de la ley del solo sí es sí. Unidas Podemos quiere pactar enmiendas parciales con el PSOE y otros socios del Gobierno. Los socialistas siempre se han mostrado receptivos a llegar a consensos durante la tramitación. Por eso mismo causó tanto desagrado, más allá del tono que se empleó, el voto negativo de Unidas Podemos a la toma en consideración. La falta de enmiendas a la totalidad supone un respiro para el Gobierno justo a las puertas de la segunda moción de censura de la legislatura.

Esa disposición de PSOE y UP a negociar ahora en la fase de enmiendas parciales podría ayudar a recomponer las relaciones en la coalición en este año electoral y, sobre todo, con sus aliados habituales en el Parlamento, como ERC, Más País, Compromís y EH Bildu, que les pidieron precisamente en la frustrada negociación anterior que llegaran entre ellos a un consenso antes de llevar el asunto al Congreso y trasladarles ese conflicto. Ninguna de esas formaciones ha presentado enmienda a la totalidad ahora, como tampoco UP. Aquellos contactos fracasaron ante las posiciones enquistadas entre el sector socialista del Ejecutivo, que entiende que hay que corregir los aspectos indeseados que provocó la aplicación de la nueva norma por algunos jueces y tribunales, y el Ministerio de Igualdad, que encabeza Irene Montero, que achaca esos problemas a una mala interpretación de la ley.

La propuesta registrada unilateralmente por el PSOE para reformar la ley del sólo sí es sí, que es la que ahora se debatirá por la vía de urgencia, lo que hace es elevar las penas de las agresiones sexuales cometidas con violencia o intimidación y con ese cambio se recupera en gran medida el marco penal anterior en el que para dar cabida en el delito de agresiones sexuales a las conductas más leves —antes tipificadas como abusos— se rebajaron algunos castigos. Los socialistas plantean ahí un subtipo agravado de agresión en el Código Penal que se aplique a aquellos casos cometidos con violencia, intimidación o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad, lo que penaliza, por ejemplo, las agresiones bajo sumisión química.

Cualquiera que sea el efecto de la moción de censura presentada por Vox, que se debatirá en el Congreso a partir de mañana martes, la formación liderada por Santiago Abascal ha conseguido ya un primer beneficio: blanquear su imagen como partido ultraderechista. Pese a su deriva ideológica, Ramón Tamames tiene un pedigrí inequívocamente democrático. Preso del franquismo por la revuelta estudiantil de 1956, dirigente del PCE en la clandestinidad, diputado en las primeras Cortes democráticas, padre de la Constitución, fundador de la Federación Progresista e Izquierda Unida y miembro del CDS de Adolfo Suárez, además de prestigioso catedrático y economista y autor de varias decenas de libros, alguno tan exitoso como Estructura Económica de España, que acumula 26 ediciones. Su única mancha fue usar en 1989 su acta de concejal de IU para arrebatar al socialista Juan Barranco la alcaldía de Madrid y entregársela al centro derecha (CDS y PP).

Con la autoridad moral que le confiere su trayectoria, el profesor Tamames ha recriminado que “desde el banco azul” del Gobierno “se niegue el carácter democrático a formaciones que representan a millones de ciudadanos”. “Como es el caso de mis proponentes, que no han dejado ni un momento de observar la ley y la Constitución”, ha subrayado. Según el borrador de su discurso de investidura, que adelantó el miércoles eldiario.es, Tamames se presentará en el Congreso como uno de los últimos supervivientes de la clase política que protagonizó la transición de la dictadura a la democracia y recriminará al presidente Pedro Sánchez que ponga en peligro el espíritu de reconciliación que la hizo posible cuestionando, entre otras medidas, la ley de Amnistía de 1977 que permitió saldar cuentas pasadas.

Aunque parte del discurso lo dedicará a criticar la Ley de Memoria Democrática, a la que acusa de presentar una visión “idealizada” de la Segunda República, lo que se pondrá en revisión no es la historia de la Guerra Civil y la dictadura, sino la de la Transición a la que, según Tamames, el PSOE y sus socios han traicionado. La paradoja radica en que el partido que patrocina al candidato no es el heredero del sector del franquismo que abrazó la democracia y pilotó la transición, sino del que se opuso a la misma e intentó torpedearla, incluso violentamente. Algunos de quienes han prestado su firma para proponer a Tamames como candidato ni siquiera son herederos, sino que militaron personalmente en las fuerzas políticas que intentaron hacer naufragar la frágil y recién recuperada democracia.

Por ejemplo, Juan José Aizcorbe Torra, diputado de Vox por Barcelona, portavoz en la Comisión de Trabajo y suplente de la Diputación Permanente del Congreso. En octubre de 1982, cuando el PSOE ganó por mayoría absoluta las elecciones generales, Aizcorbe se presentó como número cuatro en la candidatura barcelonesa de Fuerza Nueva, el partido del neofranquista de Blas Piñar que aspiraba a perpetuar la dictadura e instaurar en España un Estado confesional que prohibiera el divorcio y suprimiera las autonomías. Tras el fracaso de Fuerza Nueva, en 1988, se presentó al Parlamento catalán por las Juntas Españolas, surgidas de un llamamiento de Antonio Izquierdo, director del diario El Alcázar y promotor del golpe de Estado del 23-F. Su peregrinar por los grupúsculos de la extrema derecha le llevó un año después a figurar en la lista del Frente Nacional para el Parlamento Europeo. No se trataba de una fiebre juvenil, entonces ya había cumplido 30 años. Pero tendría que esperar otros 30 para conseguir, al cuarto intento, su acta de parlamentario; esta vez como número dos en la lista de Vox por Barcelona en las elecciones de noviembre de 2019.

El siguiente en esa misma candidatura era Juan Carlos Segura Just. En junio de 1980, con 20 años, fue detenido por participar en un ataque con cócteles molotov contra la sede en Barcelona de la Unión de Centro Democrático (UCD), el partido de Adolfo Suárez que hizo posible el pacto constitucional. Segura Just, miembro del Frente Nacional de la Juventud, una escisión neofascista de la rama juvenil de Fuerza Nueva, fue condenado a un año de cárcel. En mayo de 1982 resultó detenido de nuevo por la quema de la figura del rey Juan Carlos en el Museo de Cera de Barcelona, pero no fue encausado.

Segura Just consiguió su escaño en el Congreso, donde mañana martes se sentará para escuchar a Tamames, en mayo de 2021, después de que el actual secretario general del partido, Ignacio Garriga, dimitiera para presentarse candidato al Parlamento catalán. Estrecho colaborador de Garriga es el poderoso vicesecretario de Organización de Vox en Barcelona, Jordi de la Fuente, exdirigente del Movimiento Social Republicano (MSR), de ideología neonazi, por el que se presentó candidato en las elecciones al Parlamento Europeo en 2010. De la Fuente fue detenido en 2009 por unas pintadas antisemitas junto a una sinagoga en Barcelona y, una década después, acusado del ataque xenófobo a un centro de menores en El Masnou (Barcelona), que dejó cuatro heridos. Admirador y prologuista de Alexander Duguin, el ideólogo de cabecera de Putin, ha colaborado con medios del Kremlin, como RT, donde ha defendido la política rusa en Ucrania. Antes de desembarcar en Vox, fue dirigente de la racista Plataforma per Catalunya (PxC), como el presidente de Vox en Barcelona, Joan Garriga, primo del secretario general del partido.

La lista de dirigentes de Vox que militaron en grupúsculos violentos de extrema derecha incluye a Jorge Cutillas, diputado de la Asamblea de Madrid y exsecretario general de Patria y Libertad, detenido en 1982 por apedrear un autobús con escolares vascos en Madrid; o Kiko Méndez Monasterio, que fue dirigente de la Alianza por la Unidad Nacional (AUN) —el grupo de Ricardo Sáenz de Ynestrillas, hijo del comandante golpista asesinado por ETA— y condenado por agredir en 1998 en la universidad a un grupo de estudiantes entre los que figuraba el que sería más tarde líder de Podemos, Pablo Iglesias.

La candidatura de Tamames también está firmada por Ricardo Chamorro, portavoz de Vox en la Comisión de Agricultura del Congreso, que en 1999 fue candidato al Parlamento Europeo por Democracia Nacional, junto a exdirigentes del partido nacionalsocialista CEDADE; y, al año siguiente, concurrió en la lista al Congreso por Palencia de España 2000, una plataforma de grupos de extrema derecha.

Pero el más destacado de los antiguos camisas azules que se sentarán junto a Tamames en los escaños del grupo parlamentario ultra es el exsecretario general y ahora vicepresidente de Vox Javier Ortega Smith, que fue militante de Falange, la versión española del partido fascista italiano, hasta los 23 años. En su libro Vox. El retorno de los ultras que nunca se fueron (Ediciones Akal, 2023), Xavier Rius Sant ha repescado los artículos que Ortega escribió en Así, el boletín de Falange Española de las JONS en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, entre 1986 y 1988. En uno de ellos, recrimina la tibieza de los nostálgicos que homenajeaban a Franco cada 20 de noviembre, pero habían renunciado a hacer la revolución nacional-sindicalista e instaurar de nuevo en España un régimen de partido y sindicato únicos.

Todo el mundo puede evolucionar ideológicamente y renegar de su pasado. El propio Tamames ha argumentado que, en realidad, nunca fue comunista y que si se afilió al PCE fue porque era la única organización desde la que se podía luchar contra la dictadura. Nunca compartió, ha insistido, ni la dictadura del proletariado ni el denominado socialismo científico.

Ningún dirigente de Vox ha hecho una autocrítica semejante. En noviembre de 2018, ya con 50 años y como secretario general de un partido que estaba a punto de entrar en las instituciones democráticas, Ortega pronunció un discurso laudatorio de José Antonio Primo de Rivera, difundido por La Marea, en el que aseguró que el fundador de la Falange combatió en los años treinta del siglo pasado a los mismos “enemigos de la patria” a los que Vox se enfrenta ahora, “aunque vayan cambiando de nombre y de formas”. A su lado se sentaban los máximos responsables de la Fundación Francisco Franco.

Cuando preguntaron al vicepresidente primero de Vox, el eurodiputado Jorge Buxadé, si se arrepentía de su pasado falangista, respondió. “De lo que me arrepiento es de haber militado en el PP”. La publicación de la noticia de que Buxadé había sido candidato por Falange Española de las JONS en 1995 y por Falange Auténtica en 1996, como podía comprobarse en listas electorales publicadas en el BOE, hizo que Vox prohibiera a EL PAÍS acceder a sus ruedas de prensa.