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La autonomía del Sáhara: un plan de difícil encaje en el Marruecos de Mohamed VI

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Manifestación de saharauis en Málaga el pasado martes en protesta por la decisión del Gobierno de apoyar el plan de autonomía marroquí.
Manifestación de saharauis en Málaga el pasado martes en protesta por la decisión del Gobierno de apoyar el plan de autonomía marroquí.JON NAZCA (REUTERS)

En el Marruecos precolonial, al territorio ajeno a la autoridad del sultán se le llamaba bled es-siba, el país de la insumisión. Ese lugar incluía al Rif (norte), que en 1958 se alzó en una revuelta aplastada por el Ejército a las órdenes del entonces príncipe heredero. En 1981, 23 años después, el ya rey Hassan II, el hombre que había sometido a esa región molesta, dijo que “el día más feliz de su vida” sería cuando Marruecos tuviera un régimen como el de los länder alemanes. Aquella fue una de las primeras veces que el monarca aludió a una posible descentralización territorial, con el fin de lograr el reconocimiento internacional de la soberanía marroquí sobre el Sáhara, que Rabat se había anexionado en 1975.

Uno de los últimos intentos de Marruecos de obtener un título de soberanía sobre la antigua colonia española es el plan de autonomía presentado por Rabat hace casi 15 años y que el Gobierno español de Pedro Sánchez considera ahora la opción “más sería, creíble y realista para la resolución del conflicto”. Esta afirmación divide a quienes piensan que “no hay nada menos realista que una autonomía en un Marruecos autocrático y centralizado” —en palabras de Carlos Ruiz Miguel, catedrático de derecho constitucional y director del Centro de Estudios sobre el Sáhara de la Universidad de Santiago— de quienes confían en que si este proyecto llega a aplicarse podría cerrar un conflicto de décadas.

¿Cuál es el origen del plan? El proyecto de autonomía marroquí se presentó en 2007, cuatro años después del fracaso del Plan Baker II de Naciones Unidas, que se basaba también en una autonomía para el Sáhara que debía someterse a referéndum al cabo de cinco años. Rabat se había negado a rubricar el Plan Baker II porque la consulta incluía la opción de la independencia, y ello a pesar de que la ONU consintió incluir como electores no solo a los saharauis sino también a las decenas de miles de marroquíes cuya emigración al territorio había favorecido Rabat concediéndoles todo tipo de prebendas. El referéndum de autodeterminación del Plan de Arreglo para el Sáhara, que Marruecos y el Frente Polisario habían aceptado en 1988, dormía también en un cajón desde 1999, cuando Rabat presentó 130.000 recursos al censo de 84.000 saharauis que Naciones Unidas había concluido ese año.

¿Qué competencias reconocería al Sáhara? La redacción del proyecto marroquí de autonomía recuerda a grandes rasgos a la de los estatutos de las comunidades autónomas españolas. El plan reserva competencias al Estado, como la defensa y la política exterior, y establece atribuciones de la autonomía como la administración local, la policía local (no autonómica) y la existencia de tribunales propios. También le reconoce competencias sobre fiscalidad y “la gestión de los recursos naturales”, y prevé la elección de un Parlamento regional.

Esas competencias, sin embargo, se ven “vaciadas de contenido”, sostiene Carlos Ruiz Miguel, por otro ámbito del Estado que consagra el artículo 6 del plan de autonomía: “Los atributos relacionados con las competencias constitucionales y religiosas del rey”, un “agujero negro”, a juicio del catedrático, dado el gran poder del soberano alauí. Mohamed VI preside el Consejo de Ministros y puede destituir a sus titulares; legisla a través de decretos; disuelve el Parlamento; controla el órgano superior de los jueces, ostenta el mando de las Fuerzas Armadas y controla los servicios de inteligencia, además de nombrar a los responsables de empresas y organismos públicos claves.

¿Cómo compaginarlo con los extensos poderes del rey? El catedrático de derecho subraya que “la fuente superior de la legislación marroquí es la voluntad del rey”, ya que “sus decretos no pueden ser revocados por ninguna instancia jurídica”. Eso hace que, en la práctica, el rey “está por encima de cualquier autonomía”. El proyecto autonómico planteado para el Sáhara precisa que la más alta instancia judicial en esa autonomía sería el tribunal superior regional, pero, puntualiza, “sin perjuicio de las competencias” del Tribunal Constitucional marroquí. Mohamed VI nombra a la mitad de los magistrados de esta instancia, incluido a su presidente, que tiene voto de calidad (capacidad de desempate). La autonomía del Sáhara, concluye así Ruiz Miguel, sería “administrativa, no política”. “El proyecto no da a la hipotética región la capacidad de elaborar leyes, pues la somete a la Constitución de Marruecos, que no otorga potestad legislativa a las regiones”, añade. Marruecos tampoco ha eliminado la prohibición de los partidos regionales que rige en todo el país.

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¿Cómo se financiaría la nueva autonomía? A la politóloga Khadija Mohsen-Finan, de la universidad parisina de La Sorbona, lo que le parece “incomprensible” es que si el proyecto marroquí es la solución “más creíble” para el Sáhara, el Gobierno español “haya tardado 15 años” en darse cuenta. A su juicio, el plan de autonomía marroquí tiene “un problema de contenido: la redistribución del poder político, las finanzas y los recursos”. El proyecto enuncia que la región del Sahara dispondrá de “los recursos financieros necesarios para su desarrollo” y alude a impuestos fijados por los órganos de la región y a los ingresos “destinados [por el Estado] a la región por la explotación de sus recursos naturales”. Sin embargo, otro apartado atribuye a Rabat la competencia del “régimen y exploración” de esos recursos.

La actual legislación marroquí sobre las regiones no garantiza tampoco su autonomía financiera. En la ley orgánica de 2015 que las regula se lee, por ejemplo, que Rabat les asignará el 5% del impuesto de sociedades y el 5% del impuesto sobre la renta —en España, a las autonomías del régimen general les corresponde el 50% del IRPF y del IVA—, para “alcanzar un techo de 10.000 millones de dirhams para 2021″; unos 938 millones de euros para todas las regiones marroquíes. El economista Aldo Olcese, muy favorable al plan marroquí, sostiene que estas cantidades modestas se explican porque estamos ante una autonomía incipiente: “En España, cuando empezaron las autonomías, las transferencias eran ridículas”, subraya.

¿Qué ha pasado con el plan desde 2007? Desde que Rabat presentó su propuesta ―rechazada de forma tajante por el Frente Polisario―, han transcurrido casi 15 años sin que el documento se haya desarrollado. El texto prevé, por ejemplo, una reforma constitucional, pero cuando la Constitución marroquí se modificó en 2011 el contenido del plan de 2007 no se plasmó en ella. Sí se desarrolló lo que en Marruecos se conoce como “regionalización avanzada”, un proyecto de descentralización cuyo principal fin es dotar de un marco legal y político a la autonomía del Sáhara. Un estudio de 2017 del Instituto Alemán de Desarrollo —financiado por el Gobierno federal— reconocía avances en ese proceso pero definía sus límites como “estrechos”, debido “al destacado papel que desempeña la casa real en la monarquía constitucional”. Sus autoras califican además de “muy restrictiva” la aplicación de las reformas. Este análisis fue recogido en parte por el centro de estudios marroquí Tafra, que, en un artículo de 2018, subrayó que las leyes sobre las regiones “no dicen nada sobre el reparto de responsabilidades, competencias y recursos”.

Estas críticas al plan marroquí “son injustas”, rebate Aldo Olcese, que considera que el proyecto de Rabat “es la mejor opción de las que están en discusión”. Marruecos reserva al Sáhara “una autonomía calcada del modelo español”, asevera este antiguo miembro del extinto Comité Averroes, un grupo de reflexión creado por Madrid y Rabat en los años 90 para fomentar el entendimiento mutuo. Olcese, condecorado por Mohamed VI, es consejero independiente del mayor banco marroquí, el Attijariwafa Bank, cuyo principal accionista es el emporio Al Mada, propiedad de la familia real marroquí. “No se le puede negar a Marruecos que ofrezca al Sáhara una región autónoma y luego criticarlo porque el estatuto de autonomía no está desarrollado. Me consta que, si a Rabat se le permite aplicar su plan, el Sáhara tendrá tantas competencias como una comunidad autónoma española. Si Marruecos, sin tener una resolución de Naciones Unidas aprobando el plan, lo hubiera incluido en su Constitución, se le habría acusado de adueñarse del Sáhara”, defiende el miembro del Comité Averroes.

El catedrático honorario de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid Bernabé López coincide en parte con Olcese. Sostiene que el plan de autonomía de 2007 podría haber sido “un punto de partida” para una solución. Sin embargo, López deplora que se haya convertido en “una oportunidad perdida”. La razón, afirma, es que Marruecos “no se ha movido ni un ápice para hacerlo realidad”, pero también que el Frente Polisario “nunca aceptó tomarlo como base de discusión por ver en ello una claudicación que supondría aceptar la soberanía marroquí sobre el Sáhara”. “La soberanía marroquí se puede aceptar bajo condiciones muy diversas y en el mundo muchas autonomías están funcionando”, señala. Este catedrático cree que este conflicto debería acabar sin “vencedores ni vencidos”. Y para ello, subraya, cualquier solución que se plantee debería garantizar “la dignidad y la identidad” de los saharauis.

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Podemos lleva al límite la negociación con Sumar

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La izquierda a la izquierda del PSOE, ese espacio político que durante años ocupó casi en solitario Izquierda Unida, después amplió Podemos y ahora busca dar un nuevo salto electoral —o evitar un duro retroceso— con la marca Sumar, tiene este viernes una cita ineludible: las últimas 24 horas de una negociación contra el reloj entre la Ejecutiva de la formación de Ione Belarra y el equipo de la vicepresidenta Yolanda Díaz. El plazo para decidir si concurren en coalición a las elecciones generales del 23-J vence antes de la medianoche de este viernes y todo está en el aire. Los principales escollos están en el número de puestos de salida en las listas para Podemos y la presencia o no de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la papeleta por Madrid.

A última hora de la tarde, la dirección del partido volvió a llevar al límite la negociación al descolgarse con una propuesta para concurrir en solitario en las tres circunscripciones de la Comunidad Valenciana y con Sumar en el resto del país. Fuentes de la formación argumentan que buscan así “desatascar la situación en ese territorio”, y sortear los “vetos” que, denuncian, se imponen al partido desde Compromís, tal y como adelantó ElDiario.es y ha podido confirmar EL PAÍS. Fuentes de Sumar aseguran que “no contemplan” esta opción y algunos actores de las negociaciones interpretan el movimiento como un intento por “elevar la tensión” y tratar de conseguir mejores posiciones en las listas.

En torno a las diez de la noche de este jueves, Compromís ha anunciado un preacuerdo con Sumar para concurrir juntos a las próximas elecciones del 23-J. La negociación supondrá, entre otras cosas, que los valencianistas encabecen la lista por Valencia, que era una de las más discutidas. Las condiciones del acuerdo han de pasar todavía por una ejecutiva de Compromís y por las direcciones de cada una de las tres formaciones que integran la coalición (Més en el Consell Nacional, Iniciativa en la Mesa Nacional y Verds-Equo en la Mesa de País). Además, se abrirá un plazo de votación telemática durante cinco horas para que los militantes decidan sobre el acuerdo, informa María Fabra.

Belarra anunció el jueves al final de la mañana una consulta exprés a las bases en la que reclama que respalden la negociación abierta nueve días antes y permitan que sea la dirección quien decida si habrá acuerdo electoral con la nueva plataforma. El límite para esas votaciones, obligatorias según los estatutos de la formación, termina a las diez de la mañana. El refrendo de la militancia legitimaría a los líderes para cerrar un pacto, después de días de presiones desde los territorios en favor de la unidad. Pero también da potestad a la dirección para hacer lo contrario. La pregunta, en todo caso, no se refiere a la conveniencia o no de que se produzca esa confluencia y deja en manos de la Ejecutiva la resolución final. Varios dirigentes se han mostrado a favor de la coalición en sus mensajes públicos de las últimas horas, desde la propia Belarra hasta el coportavoz nacional Javier Sánchez Serna.

“Sumidos en una ola reaccionaria de dimensión internacional, existe una posibilidad difícil, pero real, de revalidar el Gobierno de coalición y optar a una segunda legislatura que nos permita profundizar las transformaciones sociales y feministas. Esa posibilidad depende de que las fuerzas políticas agrupadas en Sumar y Podemos se presenten en una única candidatura a las elecciones generales”, reconoce expresamente la secretaria general del Podemos en un vídeo difundido en redes sociales. “Las negociaciones no están siendo sencillas y por eso quiero pedirte tu apoyo para que sea el Consejo de Coordinación de Podemos quien negocie y, en su caso, alcance el acuerdo electoral de unidad con Sumar”, añade. “El acuerdo de unidad entre Podemos y Sumar está cerca. Pero quedan muy pocas horas y necesitamos que la dirección tenga un aval democrático para acabar de cerrarlo”, difundía por su parte Sánchez Serna.

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Las negociaciones capitaneadas por el jefe de gabinete de Díaz, Josep Vendrell, han continuado a lo largo de todo el jueves y ya se han logrado adhesiones como la de Más Madrid, Chunta Aragonesista, Iniciativa del Pueblo Andaluz, AraMés, Batzarre y Verdes Equo, aunque el acuerdo definitivo está por definir. La cascada de acuerdos ejerce más presión sobre una Ejecutiva nacional de Podemos que tiene cada vez más presión desde los territorios. A las direcciones de Baleares, Galicia, Asturias, Canarias, Extremadura o Navarra se unió este jueves la voz de la coordinadora de Aragón, Maru Díaz, o la publicación de un manifiesto firmado por un grupo de dirigentes de Podemos en Cataluña que pide la unidad y una misma candidatura con Sumar. La consejera en funciones ha adelantado que no recogerá el acta de diputada y que dejará su cargo tras las generales. En esa comunidad, Podemos ha pasado de tener cinco diputados en la pasada legislatura a uno. “Ahora, más que nunca, es crucial la altura de miras, la generosidad y la humildad para preservar el Gobierno de coalición”, ha advertido en un amplio comunicado.

La consulta a las bases de Podemos y las votaciones en otros partidos retrasan la firma del acuerdo. En Sumar repiten que en ningún caso se llegará sobre la campana y marcan mucha distancia con lo ocurrido hace un año en Andalucía, cuando los plazos para conformar una coalición de izquierdas se apuraron tanto que los de Belarra acabaron fuera del registro oficial y aquello derivó en un cruce de acusaciones que lastró a la marca desde su alumbramiento. En esta ocasión las reuniones han sido constantes e intensas, defienden, y la dificultad para poner de acuerdo a casi una quincena de formaciones es inmensa.

El principal problema para Podemos era en las últimas horas el número de puestos en las listas y la inclusión de Montero por Madrid, donde también debe estar la propia Yolanda Díaz, alguien de su nuevo partido, Más Madrid e Izquierda Unida. El número de diputados con opciones de tener escaño es limitado y la elaboración de esa papeleta es de las más complejas. La controversia sobre la presencia de la titular de Igualdad se produce además en una semana particularmente dura para la número dos de Podemos, pero también para su partido, con sendos varapalos a la ley del solo sí es sí, la norma estrella del departamento de Montero y que abrió la peor crisis en la coalición a finales del año pasado. Si el martes la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas reprochaba a España los errores del texto y señalaba que la reducción indeseada de penas —ya más de un millar— “podría haberse evitado si se hubiera prestado más atención a las voces de las distintas partes interesadas”, el miércoles el Supremo avalaba esas rebajas de condenas. Quedan pocas horas y la incertidumbre sigue siendo máxima, con propuestas que pueden cambiar el mapa final del acuerdo antes incluso de que se pronuncien las bases.

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La suma de un pequeño partido insular al pacto de Coalición Canaria y Partido Popular certifica el cambio político en las islas

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El secretario general de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha firmado este jueves su incorporación al pacto de Gobierno que el martes anunciaron Coalición Canaria y el Partido Popular. Estas dos formaciones sumaban 34 escaños, dos menos de los necesarios para superar la mayoría absoluta, por lo que se han visto obligados a pactar tanto con la formación gomera como con la Agrupación Herreña Independiente.

La ASG no gestionará ninguna consejería, a diferencia de lo que sí sucedió en la pasada legislatura con el llamado Pacto de Las Flores (PSOE, Nueva Canarias, Unidas Podemos y la propia ASG), cuando dirigió la de Turismo, Industria y Comercio. En esta ocasión, el partido de Curbelo ocupará cargos intermedios y controlará las empresas públicas Visocan (dedicada a la promoción de viviendas protegidas), Hecansa (gestión de hoteles escuela) y, sobre todo, Gesplan, que se dedica a las actividades de gestión, urbanización, planeamiento y medioambiente.

La oposición a Curbelo en el Cabildo de La Gomera ha denunciado en repetidas ocasiones que la corporación insular realiza obras directamente a través de Gesplan para evitar sacarlas a concurso. Por eso, aseguró recientemente a EL PAÍS el consejero de Coalición Canaria, Christian Méndez, “Gesplan se ha convertido en una agencia de colocación. Si necesitas trabajo acudes a la tercera planta del Cabildo o hablas con el representante de la Agrupación Socialista Gomera de tu municipio. Independientemente de tu capacitación”.

En declaraciones a los medios de comunicación, el líder gomero ha minimizado el valor de gestionar una Consejería y ha incidido en que lo importante es tener una “conciencia clara” de “responder con eficacia” al trabajo que se realiza en los distintos departamentos del Ejecutivo, informa Europa Press.

La Agrupación Socialista Gomera solo concurrió a las elecciones autonómicas por la circunscripción de La Gomera, donde logró 6.112 sufragios, que le otorgaron tres escaños en la cámara regional. La ley electoral canaria favorece fuertemente a los pequeños partidos insulares para tratar de equilibrar sus desigualdades. En las islas, formaciones como PACMA (10.806 votos), Unidos Por Gran Canaria (16.760), Dragos Verdes Canarias (27.916) o Unidas Sí Podemos (34.531) lograron más apoyos el 28-M. Ninguno ha logrado entrar en el Parlamento.

Este jueves, Curbelo ha reivindicado el actual sistema electoral, el cual calificó de “extraordinario y equilibrado” porque atiende a los territorios más pequeños del archipiélago. “La Canarias que hemos construido entre todos es la que es”, aseguró recientemente a este periódico. “Dos islas donde se concentran la riqueza y la inversión, donde hay por duplicado universidades, consejerías, funcionarios y puertos. Y mientras tanto, las islas verdes [La Gomera, La Palma y El Hierro] envejecen y pierden población”.

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El candidato de Coalición Canaria y futuro presidente del Gobierno, el nacionalista Fernando Clavijo, ha descrito el pacto como el de “islas iguales”, sin “discriminaciones” presupuestarias o de recursos por el tamaño, con los mismos derechos para los ciudadanos “independientemente de donde vivan”. El presidente del Partido Popular en las islas y futuro vicepresidente del Ejecutivo regional, Manuel Domínguez, por su parte, ha señalado que el pacto sustenta “un solo proyecto y un solo programa” que tiene el objetivo de “mejorar la vida de los canarios” y para ello ha agradecido la “estabilidad” que aporta la formación de Curbelo.

Esta es la tercera vez consecutiva en la que la formación gomera resulta clave para la gobernabilidad de las islas. Durante el pasado mandato, la formación apoyó al presidente Ángel Víctor Torres e incluso gestionó una cartera. Durante la legislatura 2015-2019, Coalición Canaria decidió romper el pacto con el PSOE, y expulsó a sus líderes del Ejecutivo. Curbelo sostuvo aquel Gobierno de Clavijo con sus votos.

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Dimite Amparo Rubiales, presidenta del PSOE de Sevilla, tras llamar “judío nazi” al ‘número tres’ del PP

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La presidenta del PSOE de Sevilla, Amparo Rubiales, ha dimitido este jueves tras la polémica creada a raíz de sus declaraciones en redes sociales, en las que llamó “judío nazi” al coordinador general del PP, Elías Bendodo. El PSOE de Sevilla le pidió una rectificación, pero Rubiales volvió a llamar “nazi” a Bendodo en otro mensaje posterior. La política, de 77 años, es una histórica dirigente socialista que ha ocupado multitud de cargos relevantes durante las últimas décadas.

Para rectificar sus palabras, Rubiales compartió un segundo mensaje en el que decía: “Jamás debe usarse la religión, origen o etnia de alguien para la crítica política. Aunque, como en mi caso, la intención fuese señalar una grave incoherencia. Mis disculpas y corrijo: Bendodo es un nazi”. Bendodo proviene de una familia judía sefardí.

Rubiales criticó a Bendodo por haber comentado que España “es un país tan fuerte que ha aguantado cinco años de duro sanchismo, pero no es tan fuerte como para aguantar nueve años”. Su respuesta al político popular ha recibido un aluvión de críticas, sobre todo desde el PP, aunque también desde sus propias filas. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha censurado que “actitudes así no pueden tener cabida en política (…) Sé que la mayoría de militantes socialistas no las comparten (…) Nuestra sociedad está cansada de aquellos que siembran odio y enfrentamiento”, ha afirmado en la red social Twitter. En paralelo, la Federación de Comunidades Judías de España, que representa a los judíos, ha censurado las declaraciones de Rubiales.

Tras la renuncia, el PSOE la ha aceptado “para zanjar la polémica” y se ha desvinculado de las declaraciones: “Las ha realizado a título personal en sus redes sociales. La dirección del partido considera rechazables esas declaraciones y ha pedido una rectificación”, informa Europa Press. Los socialistas le han agradecido “su disponibilidad y labor en esta etapa”. Las críticas a Rubiales llegaron incluso del presidente aragonés y secretario general regional del PSOE, Javier Lambán, que ha afirmado que no le importaría “dejar de compartir militancia” con la dirigente. Lambán tachó las palabras de “absolutamente inaceptables y reprobables”.

Como histórica dirigente socialista, Rubiales ha sido vicepresidenta del Congreso, consejera de Estado, consejera andaluza de Presidencia, diputada y senadora, entre otros muchos cargos.

El PP va a presentar hoy una querella contra Amparo Rubiales por “delito de odio” en un juzgado de instrucción de Sevilla, “para que se tomen las medidas oportunas ante una actuación que no se puede consentir ni tolerar en una sociedad como la española que ha luchado para desterrar este tipo de ataques”, afirma el partido en un comunicado. Preguntado el PP por si, una vez la dirigente socialista ha dimitido, seguía adelante con la querella, fuentes oficiales del partido contestan que “si no pide perdón, no cambia nada” y por tanto siguen adelante con la querella, informa Elsa García de Blas.

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Antes, José Ramón Carmona, secretario general del PP de Málaga, de donde procede Bendodo, tildó las acusaciones de la dirigente socialista de “fruto del fanatismo”. “Este insulto no va dirigido solo a Bendodo, sino a toda la comunidad judía (…) No se puede trascender la barrera política y propiciar ataques personales de esta índola, que no afectan únicamente a la persona, sino a todo el colectivo semita”.

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