Un hombre de 37 años, delincuente habitual y con problemas de adicciones, entró el pasado viernes, en torno a las 13 horas, en la iglesia de Santiago Apóstol de Orihuela (Alicante). Se encaminó directamente hacia el altar mayor, junto al que, en una mesita anexa, encontró un cáliz de un color dorado muy llamativo. Sus maniobras alertaron a la sacristana, Águeda, que se enfrentó al intruso con ayuda de su marido, quien consiguió cerrar por fuera la puerta de la iglesia y avisar a la Policía Nacional. El ladrón fue detenido inmediatamente con el objeto robado aún en sus manos, pasó a disposición judicial al día siguiente y fue enviado a prisión. El clero oriolano está alerta, señala José Antonio Martínez, párroco de Santiago. “Nosotros tenemos los objetos de valor custodiados en una caja fuerte y hemos instalado equipos de seguridad, llevamos mucho cuidado, están entrando en todas las parroquias”, avisa.

El responsable de la iglesia oriolana subraya que los asaltos a templos son habituales, tanto en Orihuela como “en todas partes”; este año no pasa un mes sin que suceda algún caso en territorio alicantino o murciano. En enero, un hombre de 56 años y origen italiano fue detenido por la Policía Nacional por llevarse más de 1.500 euros del cepillo del monasterio de la Santa Faz, en Alicante. El mismo cuerpo detuvo un mes más tarde en Murcia a dos jóvenes, de 22 y 23 años, por el asalto a dos iglesias ubicadas en sendas pedanías de Elche (Alicante), aunque se les relaciona con una trama especializada en robos con fuerza en edificios religiosos de ambas provincias. En abril, la Guardia Civil desactivó un grupo dedicado al robo en viviendas que había reventado la cerradura de un templo con ácido sulfúrico y se habían hecho con un botín de crucifijos y cálices de gran antigüedad. Pese a ello, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil, ni siquiera el Obispado de Orihuela-Alicante, todos consultados por EL PAÍS, han activado un dispositivo especial de alerta.

Martínez cuenta como sucedió el asalto del pasado viernes. “El chico entró muy acelerado”, comenta. “Como muchos otros, tiene problemas y necesita dinero”, continúa, “y sabe dónde buscar”. El asaltante fue directamente a la zona del altar mayor, “en busca de candelabros o cualquier otro tipo de objeto de valor que se pueda vender”. Rebuscó y encontró el cáliz que el párroco utiliza habitualmente en las misas, “muy llamativo, pero de poco valor”. Águeda notó ruidos extraños y, tras detectar al ladrón, se enfrentó a él, que “la empujó y le produjo lesiones” de carácter leve. Se sumó a la disputa el marido de la sacristana, que tras forcejear para tratar de hacerse con el cáliz, “logró salir de la iglesia, cerró la puerta por fuera” y llamó al 091. “Al no poder salir, el chico se enfureció y comenzó a dar golpes por todos lados”, indica el sacerdote. Cuatro agentes de la Policía Nacional acudieron enseguida, señalan fuentes policiales, y consiguieron apresarlo. Se trata de un delincuente habitual que, días antes, había sido detenido por robar el cargador de un móvil valorado tan solo en 15,95 euros en un bazar chino. Tras pasar por el juzgado de instrucción de guardia el sábado 27, ingresó en prisión.

El arrestado no es del entorno del templo asaltado, situado en el barrio de El Rabaloche, en la antigua salida hacia Murcia, que se encuentra cerca de dos puntos conflictivos de venta de droga, indica Martínez. “Por aquí vienen muchos chicos así, que piden dinero porque tienen necesidades, pero a este no lo conocíamos”, sostiene. Santiago Apóstol es uno de los muchos lugares de culto de la ciudad que sigue ostentando la capitalidad de la diócesis alicantina. Construida en el siglo XV, y calificada como Bien de Interés Cultural (BIC), cuenta con numerosas piezas de valor, como una Sagrada Familia tallada por Francisco Salzillo en 1765 o una colección de orfebrería en la que se pueden encontrar dos cálices de auténtico valor, uno de la Orden de Santiago y otro regalado por Felipe II en 1603. “Pero estas piezas están a buen recaudo, en una caja fuerte”, declara el párroco, “y solo se sacan en ocasiones muy señaladas”.

El Ministerio de Justicia ha dado esta tarde el primer paso para iniciar una negociación con los funcionarios judiciales, que se movilizan desde abril y mantienen huelga indefinida desde el 22 de mayo para reclamar mejoras salariales y laborales. El departamento que dirige Pilar Llop ha convocado al comité de huelga el próximo 6 de junio para lo que será la primera reunión entre ambas partes desde que los funcionarios iniciaron su protesta, según han informado representantes de los trabajadores. La convocatoria se ha producido después de que, por la mañana, los funcionarios anunciaran un endurecimiento de sus medidas de presión dirigidas a la ministra de Justicia, a la que acusan de guardar un “indolente silencio” frente a su protesta.

Los funcionarios presentaron este jueves un escrito en el Ministerio en el que exigían que se convoque de forma “inmediata” al comité de huelga para buscar una salida al conflicto. Y advertían: si el Gobierno no atiende su reclamación, presentarían una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra Llop y el Secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, por vulneración del derecho fundamental de libertad sindical. Según los representantes de los trabajadores, el ministerio está incumpliendo el deber que establece el artículo 8.2 del decreto de relaciones laborales (comúnmente conocido como “Decreto de huelga de 1977″) de convocar al comité de huelga durante la duración de la protesta. “Creemos que la actitud antisindical de estos responsables políticos raya la prevaricación”, aseguraban los trabajadores en una nota conjunta de los cuatro sindicatos que promueven la protesta (CSIF, STAJ, CC OO y UGT).

Los funcionarios de justicia, un colectivo formado por 45.000 personas, dependen orgánicamente del Gobierno central, aunque la mayoría de las comunidades autónomas tienen transferida la gestión de la Justicia (todas excepto Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla). No obstante, los sindicatos han centralizado su reclamación en dos cuestiones que son competencia directa del ministerio que dirige Pilar Llop: el complemento general del puesto (una retribución de carácter básico que se fija por los Presupuestos Generales del Estado y que está ligada a las funciones que realiza el funcionario) y la Ley de Eficiencia Organizativa que tramitaba el Gobierno y que se ha quedado en el aire con la disolución de las Cortes tras la convocatoria de elecciones para el 23 de julio. Los sindicatos cifran en más de un 80% el seguimiento de la huelga, mientras los datos de Justicia (solo sobre los trabajadores de los órganos centrales y de las comunidades sin las competencias transferidas) sitúan el seguimiento este jueves en el 24,82% de la plantilla.

Los sindicatos reclaman un incremento salarial de entre 350 y 450 euros al mes, en la línea con el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y los letrados de la Administración de justicia (los antiguos secretarios judiciales) que puso fin a dos meses de huelga indefinida por parte de ese cuerpo. Ese pacto está en el trasfondo de la huelga iniciada ahora por los funcionarios judiciales. Pero entre un conflicto y otro se coló la amenaza de huelga de los jueces y fiscales y el Gobierno se centró en este asunto para evitar la protesta de un poder del Estado en plena campaña electoral. Además, la revisión de retribuciones de jueces y fiscales está regulada por ley y se estaba incumpliendo desde hace 20 años.

Pero los damnificados de esa negociación, que acabó con acuerdo, han sido los funcionarios. Justicia pospuso los contactos hasta solucionar el otro conflicto, más tarde anunció que dejaría pasar los comicios del 28 de mayo y, después, el fin precipitado de la legislatura volvió a dejar en el aire las conversaciones con los funcionarios. “Cada día que pasa sin convocatoria de reunión, queda patente el nulo interés de este ministerio por una justicia que se hunde y su clasismo y rancio corporativismo que le lleva a negar el diálogo y la negociación a 45.000 empleados públicos mientras que sí lo hace con la élite judicial”, denunciaron los sindicatos en la nota difundida este jueves.

Además de la amenaza de denuncia hacia la ministra y su secretario de Estado, los sindicatos han anunciado otras medidas con las que pretenden elevar la presión sobre el Ejecutivo. Van a dirigir un escrito al secretario general de Justicia, a los secretarios de Gobierno y secretarios coordinadores “advirtiendo que no se va a aceptar ninguna presión para que un funcionario realice funciones que no están recogidas en la ley mientras que no se retribuyan adecuadamente y para que no se realice sin su presencia ninguna actuación que tenga que ser firmada por el/la LAJ [los letrados de la Administración de Justicia]”. Esta, la asunción de labores que no les corresponden a ellos, sino a los letrados, es uno de los argumentos de los funcionarios para exigir un incremento salarial. “En caso de tener conocimiento de alguna presión sobre esta cuestión se denunciará en la instancia correspondiente”, aseguran.

Marruecos insiste en cuestionar al vicepresidente de la Comisión Europea responsable de inmigración, Margaritis Schinas, por defender que Ceuta y Melilla son fronteras españolas y de la Unión Europea. El portavoz del Gobierno de Rabat, Mustafa Baitas, ha asegurado este jueves tras la reunión del Consejo de Ministros que la queja diplomática presentada por su país el pasado 17 de mayo, en la que se criticaba la postura de Schinas, fue una “clarificación necesaria al patinazo ocurrido” por sus sucesivas declaraciones durante los dos últimos años sobre la españolidad de ambas ciudades autónomas norteafricanas.

Baitas dio a entender que la posición de Marruecos sobre Ceuta y Melilla es “inevitable” a pesar del buen entendimiento que existe con España, de acuerdo con el portal digital marroquí Hespress. Según ha informado la agencia Efe, el portavoz hizo la afirmación sobre el “patinazo” de Schinas al ser preguntado por la nota verbal remitida a la Embajada de Rabat en Madrid por el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la que se informó el miércoles. En este escrito diplomático se rechazaba “categóricamente” el lenguaje utilizado por Marruecos para referirse como “marroquíes” a las dos plazas de soberanía del norte de África, según fuentes gubernamentales, que recalcaron que “las fronteras españolas, incluidas Ceuta y Melilla, están internacionalmente reconocidas”.

El nuevo roce diplomático entre Madrid y Rabat se produce después de que el Ministerio de Exteriores de Marruecos sostuviera la marroquinidad de Ceuta y Melilla en el documento enviado a la Comisión Europea para cuestionar al vicepresidente responsable de Inmigración. En el anexo de la nota verbal trasladada a la Delegación (Embajada) de la UE en Rabat se recopilaba una decena de declaraciones de Schinas calificadas como “hostiles” sobre Marruecos y, añadía textualmente, “las ciudades marroquíes de Ceuta y Melilla”. La petición de ampliación de información dirigida este jueves por EL PAÍS al Ministerio de Exteriores marroquí no obtuvo respuesta.

El portavoz del Gobierno marroquí se ha abstenido de responder directamente a la queja diplomática presentada por España y ha asegurado, en contrapartida, que las relaciones bilaterales entre ambos países están basadas en “la confianza, coordinación conjunta y respeto mutuo”, de acuerdo con una declaración citada por Efe. “Afirmo una vez más que Marruecos se enorgullece y mantiene una importante cooperación con la vecina España, basada en la confianza y en la implicación conjunta para afrontar los distintos retos, ya sean económicos o sociales”, precisó Baitar al referirse a la “nueva etapa” de los lazos entre ambos países.

Marruecos parece seguir sin atenerse formalmente al compromiso adquirido con España de “evitar todo aquello que ofende a la otra parte, especialmente, en lo que afecta a las respectivas esferas de soberanía”, según anunció el 2 de febrero en Rabat el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en alusión al Sáhara Occidental, de un lado, y a Ceuta y Melilla, de otro. Empañada por la demora en la apertura de aduanas comerciales en las fronteras terrestres comunes, la Reunión de Alto Nivel, en la que los gobiernos de Madrid y Rabat oficializaron su reencuentro hace tres meses en la capital marroquí, enfatizó la cuestión clave de la soberanía. Hasta ahora, las declaraciones reivindicando la marroquinidad de Ceuta y Melilla se habían producido por parte de políticos situados fuera del Gobierno, como el presidente del Senado, y habían sido desautorizadas por el Ejecutivo.

Desde Bruselas, la Comisión Europea ha mostrado este jueves su apoyo a Schinas. La portavoz de Exteriores de la UE, Nabila Massrali, ha defendido la importancia de la protección de las fronteras exteriores europeas como parte de un enfoque global, según informa Europa Press. “Este es el sentido de las declaraciones del vicepresidente Schinas relativas a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla”, puntualizó la portavoz.

En la Unión Europea ha llamado la atención, con una mezcla de “sorpresa y malestar”, que Marruecos haya presentado la nota verbal en la Delegación de la UE en Rabat contra Schinas dos años después de que se pronunciara por primera vez sobre la españolidad de Ceuta y Melilla. Sucedió poco después de que más de 10.000 personas irrumpieran en España a través de la frontera ceutí del Tarajal, en medio de la pasividad de las autoridades marroquíes.