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El presidente del Constitucional asegura que el tribunal dictará sentencia sobre el aborto “en unos meses”

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El presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, anunció este martes en la Cadena SER que el tribunal intentará aprobar “en unos meses” la sentencia sobre la ley del aborto. Con este fin, informó, ya ha pedido al nuevo ponente del caso, el magistrado Enrique Arnaldo, que elabore un proyecto de fallo que pueda ser sometido a deliberación “en un plazo razonablemente breve”.

Esta previsión de Trevijano apunta a que el texto será debatido, y en su caso aprobado, antes de que el Tribunal Constitucional —donde el sector conservador es ahora mayoritario por siete a cinco— pueda contar a partir de junio próximo con una mayoría progresista tras la renovación de cuatro magistrados por parte del Gobierno y del Poder Judicial. Trevijano defiende una sentencia rápida con mayoría conservadora sobre la ley de plazos que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, fue recurrida por el PP aquel año y 11 años después no se ha debatido.

La segunda renovación implicará la designación de dos magistrados por parte del Gobierno y de otros dos por iniciativa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), si ha recuperado la facultad de efectuar nombramientos. Esta competencia está ahora suspendida en virtud de la ley que impulsó el PSOE para privar al Consejo —cuyo mandato terminó hace tres años— de la posibilidad de nombrar a altos cargos del aparato judicial mientras siga en funciones. A la espera de esta segunda operación de relevos, el sector conservador del Constitucional cuenta con siete magistrados, y el progresista con cinco. La correlación de fuerzas se invertirá, sin embargo, con los cambios de junio próximo, a partir de los cuales el bloque progresista contará con siete votos, y el conservador con tres.

En cuanto a sus planes inmediatos, el recién elegido presidente del tribunal de garantías, que tendrá presumiblemente el mandato más corto en la historia del órgano, detalló: “El Constitucional no puede permitir estar más tiempo sin resolver el asunto del aborto. Llevamos 11 años y creo que es una exigencia de la ciudadanía que resolvamos, y que resolvamos pronto. Creo que en unos meses tendremos un texto que se podrá someter, por lo menos, a votación, y que los magistrados serán también responsables y tratarán de hacer un esfuerzo y dar una respuesta. Lo que sí estoy de acuerdo es que con 11 años es difícil de justificar que ni siquiera haya llegado a debatirse”.

Preguntado sobre el retraso de esta sentencia, Trevijano ha manifestado: “Yo acabo de llegar a la presidencia del Constitucional. No he sido ponente de este asunto. Todo lo que afecta a la interrupción voluntaria del embarazo es siempre complejo y problemático. En España, cuando se aprobó la ley que despenaliza el aborto en una serie de supuestos, el Constitucional se fragmentó y fue el voto de calidad de su presidente, Manuel García Pelayo, el que declaró la inconstitucionalidad inicial de la ley. El segundo proyecto aprobó la despenalización en cuatro supuestos específicos, pero entre 12 magistrados hubo nada menos que cinco votos particulares en contra, y este es un contexto que sucede en los países de nuestro entorno. En Estados Unidos, hasta el año 1973 no se constitucionalizó el derecho al aborto”.

El retraso en la tramitación del recurso del PP contra la Ley del Aborto provocó en junio pasado la presentación de una querella, ya archivada por el Supremo, contra tres expresidentes del Constitucional y un exmagistrado por supuesto retardo malicioso en resolver el asunto. También se presentó una denuncia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En cuanto a la orientación que vaya a tener la ponencia, el encargado de redactarla se pronunció a través de un artículo publicado en El Imparcial en 2009. En esa tribuna, el conservador Enrique Arnaldo criticó que la entonces ministra socialista Bibiana Aído dijera que si las menores de 16 años podían casarse o tener hijos, “pueden también abortar’. “Por la misma regla de tres”, escribió el magistrado, “podrían constituir hipotecas, comprar o vender inmuebles, bonos Madoff, letras del Tesoro, trabajar en turno de noche, hacer horas extraordinarias, ser plenamente responsables en el orden penal (y no con los privilegios de la legislación penal de menores), incorporarse a cualesquiera de los Ejércitos o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¡Ah! y por supuesto, votar en las elecciones, consultas populares y referéndum varios. ¿Por qué no?”.

En cuanto a las opiniones previas de los magistrados y la posibilidad de que sirvan de fundamento para recusarlos, alegando falta de imparcialidad, Trevijano manifestó que muchos de ellos se han pronunciado antes a lo largo de su carrera sobre cuestiones de actualidad y eso no es motivo suficiente para su recusación. Añadió que ello no puede ser un obstáculo para su elección, porque lo importante y exigible es que una vez en el tribunal actúen con “independencia e imparcialidad”, sabiendo que “los magistrados tienen ideología, como cualquier otro señor de la calle”.

Los magistrados Narváez y Conde-Pumpido se han abstenido de intervenir en los recursos del procés por haber opinado sobre el asunto. Narváez comparó el proyecto independentista con el 23-F para sostener que aquél fue más grave que este.

La elección de Arnaldo

El presidente del Constitucional también ha sido preguntado sobre la reciente renovación de las instituciones, entre ellas el propio tribunal de garantías, sobre los plazos en que se ha llevado a cabo y los candidatos elegidos. Al respecto, ha manifestado que “las instituciones hay que renovarlas en tiempo y forma”. “Pero muchas veces los partidos se plantean una conducta y luego los tiempos imponen otra conducta”, ha añadido. Y en cuando a la afinidad o proximidad de los candidatos, en concreto de Arnaldo con respecto al PP, ha afirmado: “Casi todos los magistrados, o muchos de ellos, han vertido opiniones sobre algunas materias que estaban encima de la mesa del Constitucional. ¿Eso les impide formar parte del tribunal? Es difícil que un catedrático de Derecho Constitucional o de Ciencia Política, o de Derecho Administrativo, no haya escrito en los últimos años sobre la problemática del procés, o sobre la declaración de independencia, o sobre cuestiones sociales, o sobre la legislación del aborto, o sobre la eutanasia. ¿Eso impide que puedan dictar su resolución con independencia e imparcialidad? Yo creo que no. Y lo que hay que exigirles es que sean independientes e imparciales cuando se sienten a ejercer su función jurisdiccional”.

Trevijano ha admitido, al tiempo que “los magistrados tienen ideología propia”. “Faltaría más, como cualquier señor de la calle”, ha añadido. El presidente del Constitucional ha citado a la magistrada del Constitucional María Luisa Balaguer, de quien ha dicho: “María Luisa Balaguer decía en una entrevista que se puede haber pertenecido a un partido político, y luego pedir la baja y acceder al Tribunal Constitucional. Lo que hay que exigirles es que luego actúen en el tribunal con independencia. Es la grandeza de una composición plural”. En este sentido, el presidente del tribunal de garantías ha recordado que, quienes acceden a esta institución, “son juristas de reconocido prestigio con al menos 15 años de ejercicio profesional”.

Fuente el Pais

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