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Alberto Rodríguez pide al Supremo que suspenda la ejecución de su condena para recuperar su escaño

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El exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, ha pedido al Tribunal Supremo que suspenda de manera temporal la ejecución de la condena de 45 días de cárcel que le impuso por pegar una patada a un policía durante una manifestación en enero de 2014 y por la que ha perdido su condición de diputado en el Congreso. En el escrito, adelantado por eldiario.es y al que ha tenido acceso EL PAÍS, los abogados del político canario cargan contra el tribunal que le juzgó por la celeridad con que ha ejecutado la sentencia, sin dejar transcurrir los plazos legalmente previstos para que pudiera agotar los mecanismos legales para oponerse a la misma.

El exparlamentario es especialmente crítico con la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de dejarle sin escaño por esta sentencia, ya que con ello considera que ha transformado “ilegalmente” la pena impuesta “por otra de distinta naturaleza y mayor lesividad”. Para Rodríguez, Batet se ha arrogado con su decisión “competencias propias y exclusivas” del tribunal que le condenó, y pide al Supremo que se pronuncie sobre esta supuesta intromisión en sus competencias. Según confirman fuentes de su defensa, el político canario aspira con esta iniciativa a recuperar su acta de parlamentario. En el mismo documento, el exdiputado deja claro que no va a pedir en ningún caso el indulto: “No existe ni se planteará”.

Rodríguez fue condenado por el Supremo el pasado 7 de octubre, con el voto en contra de dos magistrados del tribunal, a un mes y 15 días de cárcel por un delito de atentado a agentes de la autoridad y le impuso una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo. Entonces ya se plantaron dudas jurídicas sobre si la condena le impedía mantener el acta de diputado. En un primer informe —que ahora la defensa de Rodríguez esgrime en su escrito—, los letrados de las Cortes sostuvieron que la pena de inhabilitación privaba al condenado del derecho a ser elegido, pero no comportaba la inhabilitación respecto de cargos ya obtenidos.

Esta opinión fue rebatida por el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, el magistrado Manuel Marchena, que horas después de que la Mesa del Congreso rechazara en primera instancia retirar el acta a Rodríguez envió un escrito a Batet en el que le recordaba que la pena de inhabilitación debía ser cumplida. Finalmente, la presidenta del Congreso le retiró el pasado viernes el acta de diputado tras otro informe del secretario general de la Cámara, en el que se argumenta que no tenía otra opción ante el mandato del Supremo. En un primer momento, Rodríguez anunció acciones legales contra Batet por esta decisión, pero fuentes de la actual defensa del exdiputado descartan que las vayan a presentar.

La defensa de Rodríguez, que ejercen los abogados Gonzalo Boye (representante legal, entre otros, del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont) e Isabel Elbal, inciden en esta decisión de la presidenta del Congreso y, de hecho, el escrito es especialmente duro con Batet. Así, tras recalcar que pese a que la sentencia que condenaba al político no es recurrible al haber sido dictada por el Supremo, destaca que ello no le priva de la posibilidad legal de plantear el incidente de nulidad de la misma y, posteriormente, recurrir al amparo del Tribunal Constitucional, como paso previo a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (Francia). El propio Rodríguez ya había anunciado en varias ocasiones su intención de llegar a esta última instancia si se mantiene la condena.

“Teniendo en cuenta la duración de la pena impuesta y, sobre todo, las consecuencias permanentes que de su ejecución se desplegarían, parece razonable suspender la ejecución de esta en tanto en cuanto se puedan ejercitar los mecanismos sanadores que aún cabe”, argumentó el escrito para solicitar que el Supremo adopte esta medida para no privar al diputado “del derecho a la tutela judicial efectiva”. En este sentido, el escrito insiste en que “no existe ninguna razón de urgencia para la ejecución de la pena impuesta”, sobre todo cuando se trata de “una sentencia dictada siete años después de producidos los hechos”.

No obstante, el escrito solicita que, en caso de que el tribunal no acceda a esa petición, al menos “inste y advierta” a la presidenta del Congreso a que “proceda a ejecutar la pena en los mismos términos en que viene establecida en la sentencia sin que pueda realizar ninguna modificación de la pena”. “La sentencia impuesta no habilita para la adopción de tal medida [la perdida automática del escaño}”, recalca el texto, que afirma que con ello la presidenta del Congreso buscaba dar “satisfacción a la petición del partido Vox”, que en la Cámara baja pidió que se le retirara a Rodríguez de manera inmediata su condición de diputado.

Por todo ello, el escrito concluye que la decisión de Batet fue “una clara intromisión en la esfera jurisdiccional” del Supremo en la que prescindió “total y absolutamente del principio de separación de poderes”. “La sentencia, cuando así se establezca, deberá ser ejecutada, pero tendrá que serlo en sus justos y precisos términos sin que quepa transformar la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio durante el tiempo de la condena por una que conlleve la pérdida del escaño”, añade. La defensa de Rodríguez concluye pidiendo al Supremo que, si estima la suspensión de la ejecución de la pena, “se notifique inmediatamente” a la presidenta del Congreso “a los efectos legales oportunos”, en referencia a recuperar su acta de diputado.

Fuente el Pais

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