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La Audiencia Nacional avala la decisión de Marlaska de cesar al coronel Pérez de los Cobos

La Audiencia Nacional avala la decisión de Marlaska de cesar al coronel Pérez de los Cobos

El tribunal, que corrige una sentencia anterior, descarta que Interior cometiera una “desviación de poder” al destituir al mando de la Guardia Civil

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha tumbado este martes el fallo que, el pasado 31 de marzo, concluyó que la destitución, el 24 de mayo de 2020, del coronel Diego Pérez de los Cobos como máximo jefe de la Guardia Civil en Madrid fue “ilegal” y ordenaba al Ministerio del Interior que lo restituyera en su puesto, según ha avanzado el órgano judicial a través de una nota. La decisión, que aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, es un balón de oxígeno para el ministro Fernando Grande-Marlaska, al que la oposición pidió en bloque su dimisión cuando se conoció el primer pronunciamiento judicial. Interior destituyó al coronel por “pérdida de confianza” tras filtrarse a la prensa detalles de una investigación de la Guardia Civil sobre la celebración de la manifestación del Día de la Mujer en Madrid el 8 de marzo del año pasado y su supuesta relación con la propagación de la covid-19.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha declarado este miércoles “la conformidad a derecho” del cese de Pérez de los Cobos. La sentencia, de la que ha sido ponente el juez Jesús Nicolás García Paredes y suscrita unánimemente por los cinco magistrados, estima el recurso de apelación formulado por el Abogado del Estado, en representación de Interior, y revoca la sentencia de marzo. Esta nueva sentencia invoca resoluciones precedentes para señalar las normas aplicables y los criterios que se han seguido al resolver las impugnaciones de ceses —y de nombramientos— en destinos de libre designación en la Guardia Civil, distinguiendo entre la idoneidad para ocupar el puesto, que en el caso no se discute, y la confianza depositada por la autoridad que efectuó en su momento el nombramiento y que, ante la pérdida de dicha confianza, dispone el cese, debiendo exponerse en este último supuesto los motivos de la pérdida de confianza, pero existiendo límites a la revisión judicial.

Por ello, el tribunal descarta la existencia de desviación de poder y constata que la decisión de cese tiene suficiente motivación: “Habida cuenta de que la pérdida de confianza es por la ‘no información’ del ‘desarrollo’, no del contenido de ‘investigaciones y actuaciones’ llevadas a cabo por la Guardia Civil; todo ello, en el amplio y, a veces, confuso marco operativo y de Policía Judicial”. El tribunal concluye que Pérez de los Cobos, ”habiendo quebrado la confianza, no tiene sentido la declaración de reincorporación al destino”.

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Grande-Marlaska atribuyó en un primer momento la destitución de Pérez de los Cobos a un simple “cambio de equipos”, pero en posteriores comparecencias públicas vinculó el cese a una “pérdida de confianza” por la filtración de datos contenidos en un documento policial del caso 8-M. De hecho, en el escrito con el que se comunicó su destitución se detallaba que se había tomado por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”, en referencia a aquellas pesquisas. Los agentes que realizaban aquella investigación, pertenecientes a la Comandancia de Madrid, actuaban bajo la dirección de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, quien investigaba por prevaricación al entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la celebración de actos multitudinarios en las fechas previas a la declaración del estado de alarma. La jueza archivó finalmente la causa.

En su recurso, Interior esgrimió cinco motivos para impugnar el fallo del 31 de marzo al considerar que el cese del alto mando se ajustó a la legalidad y no se produjo la “desviación de poder” que el magistrado apuntaba en su decisión. En primero fue que, en contra de lo que mantiene el juez en su fallo, el cese de un mando de la Guardia Civil cuando ocupa un puesto de libre designación, como es el de jefe del instituto armado en Madrid, no se rige por la normativa general aplicable a los empleados públicos, sino por “un régimen especial” que se justifica “en los principios de disciplina u objetividad que caracterizan al Instituto armado”. En este sentido, la Abogacía del Estado recalcaba que la destitución de Pérez de los Cobos fue “por pérdida de confianza” y, por tanto, plenamente ajustado al régimen jurídico especial aplicable a los guardias civiles.

Interior también alegó que la legislación actual “no impide” que un mando de la Guardia Civil reciba de sus subordinados información sobre “incidencias” de una investigación y que, a su vez, este “la comunique a la cadena de mando del Ministerio del Interior” sobre en todo en casos con trascendencia mediática y que implican a personas de relevancia pública, como era este caso. El escrito recalcaba que desde Interior nunca se pidió al coronel información sobre el contenido de los informes, sino únicamente que se notificara cuándo se entregaban documentos, algo que, insistía el recurso, es “perfectamente compatible con la comunicación de incidencias”. Y destaca que cuando se le pidió información fue tras la filtración a la prensa de la existencia del informe en el que se implicaba a Fernando Simón, director Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad y entonces rostro visible de las medidas del gobierno contra la pandemia. “El Ministerio del Interior se tuvo que enterar por la prensa de una circunstancia (la entrega de las diligencias) que esperaba haber conocido a través de la cadena de mando”, señala el recurso.

Pérez de los Cobos solicitó su reingreso como jefe de la Guardia Civil en Madrid, pero Interior lo rechazó a la espera de que el fallo fuera firme, por lo que el alto mando acudió a la Audiencia Nacional. “El coronel lleva sufriendo desde hace ya casi un año unos daños irreversibles y de imposible reparación”, alegaba la defensa de Pérez de los Cobos. Sin embargo, el juez desestimó el pasado mayo su petición al considerar que, si finalmente prosperaba el recurso del Gobierno, el reingreso del alto mando “produciría perjuicios” a las personas que integran la cadena de mandos de la Guardia Civil tanto en la Comandancia de Madrid como en la Intervención de Armas y Explosivos, donde está actualmente destinado Pérez de los Cobos.

Fuente : El País

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