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España

El juez que investiga la entrada de Gali en España pide información a la Audiencia Nacional

El juez que investiga la entrada de Gali en España pide información a la Audiencia Nacional

El jefe de la base de Zaragoza dice que Exteriores dio instrucciones de no controlar los pasaportes

Avión en el que salió del aeropuerto de Pamplona el líder del Polisario, Brahim Gal, en la madrugada del 2 de junio.PABLO LASAOSA

El titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que lo informe de las causas abiertas contra el secretario general del Frente Polisario, Brahim Gali, según fuentes jurídicas. El juez quiere saber si en algún momento se dictó orden de búsqueda y detención contra el dirigente saharaui y qué hicieron los agentes de la Comisaría General de Información que lo visitaron en el hospital San Pedro de Logroño, donde estuvo ingresado entre el 18 de abril y el 1 de junio para recuperarse de una grave afección de coronavirus.

El Juzgado de Zaragoza investiga las circunstancias que rodearon la entrada de Gali en España a raíz de una denuncia por los presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación presentada por el abogado malagueño Antonio Urdiales. El juez ya preguntó al jefe del destacamento de la Guardia Civil del aeropuerto de Zaragoza por las condiciones en que se había producido la llegada del máximo responsable del Polisario, el 18 de abril, pero el mando policial se remitió al Ejército del Aire, alegando que el avión, un Gulfstream de la Presidencia de Argelia, había aterrizado en la base aérea y que las autoridades militares solo comunicaron que “el ocupante era personal diplomático (por lo tanto exento de pasar aduana), sin especificar identidad”.

A continuación, el juez se dirigió al jefe de la base aérea de Zaragoza, al que dio un plazo de cinco días para que contestara un cuestionario de nueve preguntas. En su respuesta, adelantada por El Heraldo de Aragón, el jefe de Movilidad Aérea, general José Luis Ortiz-Cañavate, explica que el vuelo llegó a las 19,25, y fue conducido a la plataforma militar, como se hace habitualmente con las aeronaves de Estado, al amparo de una autorización diplomática concedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores a la República de Argelia.

“Se recibieron órdenes por vía telefónica de la Sección de Relaciones Internacionales del Estado Mayor del Ejército del Aire de que el personal que viajaba en el avión no pasara control de pasaportes ni aduana, por lo que se desconoce la identidad de las personas que iban a bordo”, explica el escrito.

“Se recibió información telefónica de que a bordo viajaba un paciente con pasaporte diplomático argelino que venía en una camilla medicalizada y que iba acompañado de una persona”, agrega el general, quien insististe en que se desconoce la identidad de estas dos personas, que fueron recogidas por una ambulancia, ya que no se controló sus pasaportes.

En su escrito al juez, el militar que entonces mandaba la base de Zaragoza señala que existe un procedimiento reglado para controlar los pasaportes de los ocupantes de vuelos procedentes de fuera del área Schengen, pero “en este caso concreto no se siguió el procedimiento habitual debido a la orden recibida del Estado Mayor del Aire” al que, puntualiza, se la transmitió “el Gabinete de la Ministra de Asuntos Exteriores”, Arancha González Laya.

Fuentes de Exteriores aseguraron que “es práctica habitual no someter a control los pasaportes que portan los pasajeros que llegan en un vuelo oficial y, por tanto, con las pertinentes autorizaciones”. Se trata, según dichas fuentes, de “una cortesía diplomática frecuente en muchos países”, que no exime a los pasajeros de “llevar encima su documentación de viaje por si en algún momento fuese requerida por la autoridad competente”.

La presencia de Gali en España —donde permaneció hasta el pasado 2 de junio, cuando voló a Argelia—desencadenó una grave crisis diplomática con Marruecos, que el 17 de mayo abrió la frontera con Ceuta provocando la entrada de más de 10.000 inmigrantes irregulares, muchos ellos menores de edad. Aunque la tensión se ha relajado, la crisis sigue abierta y Rabat no ha devuelto todavía a su embajadora en Madrid, a la que llamó a consultas para expresar su protesta.

Fuente : El País

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