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Una exministra del PP dictará la sentencia contra los ex altos cargos sancionados por el Tribunal de Cuentas

Una exministra del PP dictará la sentencia contra los ex altos cargos sancionados por el Tribunal de Cuentas

El embargo se ejecutará en 15 días desde que se apruebe, pero el proceso administrativo y judicial puede alargarse aún años

Margarita Mariscal de Gante en el Congreso de los Diputados en 2002.

Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia del primer Gobierno de José María Aznar y consejera del Tribunal de Cuentas, será la encargada de dictar en su momento la sentencia por responsabilidad contable contra los 40 ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña que serán, más que probablemente, sancionados este martes por el Tribunal de Cuentas por supuestos gastos indebidos durante el proceso independentista entre 2011 y 2017.

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De Gante pertenece a la sección de enjuiciamiento del tribunal, y será la encargada de analizar el expediente con el “acta de liquidación” que ha elaborado la funcionaria instructora de este asunto, Esperanza García. Este será comunicado este martes a todas las partes implicadas y situará las responsabilidades económicas por encima de los 5,4 millones de euros.

La exministra De Gante, magistrada de carrera, entró en el Tribunal de Cuentas a propuesta del PP en julio de 2012. Es una de los consejeras de adscripción política que acaba ahora su mandato, en concreto el 23 de julio, y que deberá seguir en su puesto prorrogada ante la falta de acuerdo para su renovación entre el PSOE y el PP. Las cantidades que la instructora Esperanza García fije como supuestamente desviadas deberán ser consignadas en 15 días por los responsables de esas partidas presupuestarias para su hipotético reintegro al erario público. Sin embargo, el proceso administrativo y los posibles recursos ante el Tribunal Supremo pueden demorar la sentencia definitiva hasta varios años. El Tribunal, que pese a su nombre es un órgano administrativo y no pertenece al poder judicial, divide sus trabajos en dos secciones, la de Enjuiciamiento (tres departamentos) y la de Fiscalización (siete). Está presidido por María José de la Fuente, del sector conservador.

Todos esos pasos y recursos posibles, sin embargo, no bloquearían que el Tribunal de Cuentas dictamine ya la ejecución inmediata y el embargo en su caso de las sanciones económicas aprobadas este martes a propuesta de la instructora. El tribunal ostenta esa potestad de exigir la restitución al Estado del dinero teóricamente dilapidado en un margen tan corto como de 15 días, aunque los perjudicados también pueden aportar avales.

Inspección de partidas de Diplocat

En 2017, en plena resaca por la deriva unilateral del proceso independentista catalán, una comisión de las Cortes, con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos, encargó al Tribunal de Cuentas una inspección sobre una serie de partidas de dinero empleado por la Generalitat para la promoción internacional de sus intenciones separatistas (Diplocat) y en otros departamentos.

El clima y las alianzas políticas del país eran otras totalmente distintas a las actuales. El PSOE entiende ahora superada aquella fase de “castigo” a los protagonistas del procés y aboga por favorecer el “perdón, la concordia y la convivencia”, como se comprobó la semana pasada con la aprobación de los nueve indultos a los líderes separatistas por el Consejo de Ministros y como ha defendido en varias exposiciones públicas el presidente, Pedro Sánchez, contra su propio criterio de hace pocos años. El ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, hasta manifestó la semana pasada que el Tribunal de Cuentas podría estar “empedrando” el camino para el reencuentro con Cataluña, ante las exigencias evidenciadas en público en ese sentido por parte de los partidos independentistas, como ERC o Junts de paralizar el procedimiento de reintegro en la llamada jurisdicción contable.

El Tribunal de Cuentas recogió el guante indagador lanzado por la comisión mixta del Congreso y el Senado en 2017. El organismo, que dispone en su plenario de 12 vocales elegidos por los partidos en ambas Cámaras, abrió una inspección y encomendó ese trabajo a uno de sus ocho delegados instructores, en este caso la funcionaria Esperanza García. Esta culminó su función bajo la supervisión del consejero a propuesta del PP, José Manuel Suárez Robledano, que es el presidente en estos momentos de la sección de enjuiciamiento.

Ese informe técnico, redactado en estos años, es el que el Tribunal asumirá este martes, tras entregárselo a todas las partes implicadas y afectadas, tanto por las denuncias realizadas como por el posible daño a las arcas del Estado. Esa denominada “acta de liquidación”, en la que se detallarán las posibles infracciones de cada uno de los 40 ex altos cargos afectados y la sanción que les corresponde desglosada en cada caso, se remitirá también a la Abogacía y a la Fiscalía para que determinen si a partir de ahí cabe interponer alguna querella judicial.

Los recursos

El expediente de la instructora se elevará a partir de este martes a la consideración de la magistrada De Gante, como responsable del departamento I del Tribunal que tendrá que dictar la primera sentencia tras examinar a su vez las pruebas detectadas y los recursos y apelaciones que puedan tramitar y que tramitarán los perjudicados. En ese proceso puede demorarse aproximadamente un año. Será entonces cuando De Gante redacte esa primera sentencia, que a su vez tendrán que ratificar o revocar el resto de los consejeros de esa misma sala que no hayan tomado parte en ese análisis y que serán en este caso tres: José Manuel Suárez Robledano (del sector conservador) y María Antonia Lozano y Felipe García Ortíz (ambos del sector progresista y por tanto con mayoría). Esa revisión se puede retrasar otros dos o tres meses más hasta aprobarse la sentencia definitiva en el Tribunal de Cuentas. E incluso esa decisión podría ser discutida con un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que suele tardar entre uno y dos años en dilucidar.

450 trabajos al año

La función del Tribunal de Cuentas es oficialmente “la fiscalización externa, permanente y consultiva de la actividad económico-financiera del sector público” y también “el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos”. El tribunal realiza entre 55 y 60 informes anuales de fiscalización y más de 400 de enjuiciamiento.
El organismo cuenta con un presupuesto de casi 70 millones y una plantilla de 700 trabajadores, a la que se puso en el punto de mira por el alto número de empleados con relaciones familiares, una de las críticas de los partidos nacionalistas. El pleno del tribunal lo forman 12 consejeros, seis a propuesta del Congreso y seis del Senado, pactados entre PSOE y PP. Comenzaron su mandato en 2012 y acaban el 23 de julio. La renovación está bloqueada: el PP disfruta de una mayoría de siete consejeros frente a cuatro progresistas, tras la renuncia de uno de ellos y se niega a pactar el nuevo Tribunal donde perdería su poder.

Fuente : El País

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