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El juez envía al banquillo a Jordi Pujol y sus siete hijos por la trama de corrupción familiar

El juez envía al banquillo a Jordi Pujol y sus siete hijos por la trama de corrupción familiar

Pedraz abre juicio oral contra el expresidente catalán, para quien la Fiscalía pide nueve años de cárcel

Una de las familias más poderosas de Cataluña durante décadas se sentará finalmente en el banquillo de los acusados. El magistrado Santiago Pedraz, instructor de la Audiencia Nacional, dictó este martes el auto de apertura de juicio oral contra Jordi Pujol i Soley, expresidente de la Generalitat, sus siete hijos y otras 11 personas —entre ellas, varios empresarios y Mercè Gironès, exesposa del primogénito Jordi Pujol Ferrusola— por la supuesta trama de corrupción que el político tejió en torno a su figura para lucrarse. La Fiscalía pide nueve años de cárcel para el antiguo líder de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

La resolución del juez Pedraz —que ya excluyó de la causa a la esposa del expresidente, Marta Ferrusola, por la “demencia severa” que padece— repasa a lo largo de 14 páginas los delitos que el ministerio público, la Abogacía del Estado y una acusación atribuyen al clan Pujol: como el de asociación ilícita, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, entre otros. El partido político Unidas Podemos, personado como acusación popular, también mantiene en su escrito de conclusiones provisionales el de organización criminal, por el que también fueron procesados los implicados en la trama.

El juez José de la Mata, que precedió a Pedraz en el puesto y emitió el auto de procesamiento en julio de 2020 tras una investigación de ocho años, describió cómo el clan urdió una red de influencias desde su “posición privilegiada” para enriquecerse hasta acumular un patrimonio “desmedido” gracias al cobro de comisiones ilegales. En esa misma línea, Anticorrupción habla de “una red de clientelismo” tejida alrededor de la poderosa familia para “repartirse cuantiosos beneficios”, fruto de los concursos públicos que dependían de las Administraciones bajo el control de CDC. Un dinero que ocultaban después a Hacienda mediante “sistemáticas operaciones de blanqueo”.

Según la investigación de la Audiencia Nacional, toda la familia formó parte de esa presunta estructura ilegal. Cada miembro desempeñaba un determinado “papel” que les permitía operar de forma “concertada”, entre otras cosas, para abrir cuentas en el extranjero y mover fondos entre ellas. La Fiscalía establece, incluso, tres niveles: en la cima de la trama se encontraba el matrimonio Pujol-Ferrusola “dirigiendo las operaciones”. Por debajo, sus hijos Jordi y Josep, para quienes el ministerio público pide 29 y 14 años de cárcel respectivamente “gestionaban los beneficios de la actividad descrita”, junto a Mercè Gironès. El último escalafón lo ocupaban el resto de vástagos (Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta), para quien solicita ocho años de prisión: “Se beneficiaban directa y conscientemente del producto de las conductas anteriores, coadyuvando a su ocultación”.

La celebración de la vista oral contra la familia, que todavía no tiene una fecha fijada en el calendario, marcará un punto de inflexión en la actualidad política autonómica y nacional. El nombre de Jordi Pujol forma parte de la historia reciente de Cataluña y España: figura clave en la lucha antifranquista y en la Transición, ocupó el puesto de presidente de la Generalitat durante 23 años y fue durante más de tres décadas el líder de CDC. Además, uno de sus hijos, Oriol Pujol, que llegó a sonar como sucesor de Artur Mas, también adquirió una enorme influencia institucional: ostentó el cargo de portavoz de Convergència en el Parlament y el de secretario general.

Depósito millonario

Pedraz ha exigido a Jordi Pujol Ferrusola que, en el plazo de 10 días, deposite 7,5 millones de euros para cubrir las posibles responsabilidades civiles que puedan derivarse en este procedimiento por los delitos contra la Hacienda Pública que se les imputan. A Mercé Gironés le pide, por su parte, 400.000 euros.

Fuente : El País

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