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Piden que los usuarios no deban asumir el costo de la restitución de los medidores de gas robados

Los delincuentes venden por apenas 30 pesos los caños de cobre que rescatan de un medidor, pero al usuario damnificado le termina costando alrededor de 20 mil pesos restablecer el servicio. Esto siempre con 35 a 50 días de demora.

El Diputado Provincial Walter Ghione presentó un proyecto en la legislatura santafesina con el objetivo de que se arbitren las medidas necesarias para que los usuarios no tengan que afrontar el costo de la reposición de un nuevo medidor y del restablecimiento del servicio. Además exige que esto último se realice de manera inmediata.

Esta iniciativa viene a atender el reclamo de miles de usuarios del servicio de gas natural, que en los últimos meses además de sufrir el robo del medidor en sus propiedades, se encuentran asumiendo gastos que no corresponden y padecen lo tedioso de tramitar la restitución del servicio.

“La situación es de gravedad porque además de la pérdida momentánea del servicio y el costo económico que representa, uno de los mayores temores es que se generen fugas o explosiones”, explicó Ghione.

Los delincuentes venden por apenas $ 30 los caños de cobre que rescatan de un medidor, pero al usuario damnificado le termina costando alrededor de $20.000 poder restablecer el servicio. Esto siempre con 35 a 50 días de demora, contratación de gasista matriculado de por medio y rogando que no le exijan realizar obras de readecuación de instalaciones o de artefactos, lo que elevaría el desembolso total a cifras incalculables e inaccesibles para una familia.

Además, por otra parte, y para evitar cualquier tragedia mayor, solicitamos la colocación de dispositivos de seguridad en las casillas de los medidores, a fin de disuadir estos hechos delictivos que generan un gran dolor de cabeza a los usuarios.

En definitiva lo que impulsamos es que se atienda el derecho del consumidor y se restituya el servicio de manera inmediata y sin ningún costo a cargo del usuario, en una tarea conjunta entre el Estado, el ente regulador y la empresa prestataria.

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