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El Gobierno se queda solo ante cómo controlar el fin del estado de alarma

El Gobierno se queda solo ante cómo controlar el fin del estado de alarma

Socios y rivales políticos piden más liderazgo y aclarar la vigente regulación jurídica

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sale a recibir al presidente argentino, Alberto Fernández, este martes antes de que ambos líderes mantengan un encuentro en el Palacio de la Moncloa.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sale a recibir al presidente argentino, Alberto Fernández, este martes antes de que ambos líderes mantengan un encuentro en el Palacio de la Moncloa.Ballesteros / EFE

El Gobierno se ha quedado solo ante cómo actuar ante esta fase decisiva que se ha abierto tras acabar el último estado de alarma. Incluso Unidas Podemos admite que haría falta un “debate complejo, jurídico, económico y sanitario”, para encontrar una solución, aunque confiesa que no procede en este ambiente de ruido, descontrol y confusión. Socios habituales del Ejecutivo cuestionaron este martes en el Congreso la carencia de liderazgo y la “irresponsabilidad” de no haber previsto este escenario. PP y Ciudadanos defienden debatir y aprobar ya sus respectivos planes jurídicos alternativos, que otros partidos ven positivos.

Tampoco hay una posición común en el Congreso de los Diputados sobre qué debe hacerse ahora para evitar la sensación de caos tras la finalización del estado de alarma el 9 de mayo. Pero las formaciones que apoyan al Ejecutivo de coalición y los partidos rivales sí coincidieron este martes, tras reanudarse la actividad en la Cámara tras el periodo electoral en Madrid, en apuntar contra la “irresponsabilidad” del Gobierno por no liderar la situación, aunque reclaman soluciones diferentes.

PNV, Más País, Compromís o el PDeCAT abogan por aplicar ahora un estado de alarma temporal y a la carta según cada comunidad hasta que se imponga la vacunación masiva. PP y Cs defienden desarrollar cuanto antes sus respectivos planes b jurídicos. Y Vox no consiente ninguna limitación añadida a las estrictamente sanitarias. En ERC y Podemos tampoco están cómodos ante las imágenes de concentraciones festivas reproducidas este pasado fin de semana por varias ciudades, pero no ofrecen salidas ni otras actuaciones viables a corto plazo.

El PSOE rechaza todas esas críticas y las propuestas planteadas, tanto de aplicar otro estado de alarma como de improvisar cambios sobre la marcha en una ley orgánica que regula derechos fundamentales. Fuentes de la dirección socialista defienden, en línea con lo marcado por el presidente Pedro Sánchez, que el panorama es muy diferente al sufrido hace unos meses (por la llegada masiva de vacunas y la bajada en la incidencia de contagios), que será aún mejor en pocas semanas y mantienen que ya se han adoptado las medidas suficientes para esperar a que España disfrute de la llamada vacunación de rebaño, que en cualquier caso aún podría tardar semanas en observarse.

Tanto Adriana Lastra como Pablo Echenique, los portavoces de PSOE y Unidas Podemos en el Congreso, defendieron ayer que el Gobierno aprobó hace una semana en el Consejo de Ministros un Real Decreto que determina la función de supervisión y “unidad de criterio” del Tribunal Supremo sobre las diferentes posiciones que pudieran resolver los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos sobre actuaciones contra la pandemia. Lastra, además, reafirmó que ahora el Gobierno central “no está preparando ninguna norma ni ningún cambio normativo porque ya existe arsenal suficiente” para encarar este momento desde cada autonomía.

Fuentes de la dirección socialista argumentan para no modificar ese criterio que algo tan excepcional como un estado de alarma no puede ni debe alargarse sin fin, que los datos del virus van a permitir más movilidad en breve y que esa apertura es imprescindible para reactivar la economía como lo están haciendo otros países y competidores europeos. Y recelan de regular solo por mayoría en el Congreso cambios en una ley orgánica ahora para no sentar un precedente que el futuro pudiera permitir, por ejemplo a una coalición del PP con Vox, variar así otras leyes básicas.

El PP, sin embargo, insiste en promover su plan alternativo y reclama ahora a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que el Gobierno agilice la posibilidad de llevar a debate su proposición de ley al respecto, que registraron de nuevo hace 15 días y que el pasado otoño cosechó un sonoro fracaso, porque la rechazaron con críticas feroces hasta Vox y CS. La portavoz del PP en la Cámara, Cuca Gamarra, rechazó más estados de alarma y sostuvo que “entre esa situación excepcional y la nada” debería haber camino para estudiar, discutir, enmendar y negociar su propuesta en favor de desarrollar un nuevo artículo en la ley vigente de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986. Y ahí incluirían más opciones para que las autonomías pudieran restringir determinados comportamientos de los ciudadanos sin toques de queda generalizados, algo que entienden solo se puede permitir con estados de alarma.

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El PNV defiende que las autonomías ya disponen de esas herramientas legales, pero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco las cuestiona. Por eso, la formación nacionalista apoyaría ahora un plan como el que defiende el PP, aunque Esteban concedió que para esos retoques “también se llega tarde”. El PNV cree así que el Gobierno debería aprobar un estado de alarma nacional por dos meses para disponer, tras la llegada masiva de vacunas, de un mapa más completo de inmunidad y pensar en ese plazo qué reformas legales podrían recabar un amplio grado de consenso.

Los portavoces de Más País y Compromís, Íñigo Errejón y Joan Baldoví, fueron duros con la imprevisión del Ejecutivo por haber generado “caos e incertidumbre”, pidieron que se presenten planes y soluciones en las Cortes y se mostraron a favor de apoyar tanto una prórroga del estado de alarma como cambios en el marco jurídico para no dar la sensación de que los responsables se “lavan las manos”. Posturas que refrendaron desde el portavoz del PDeCAT, Ferrán Bel, hasta la representante de Bildu, Mertxe Aizpurua, que acusó de “inacción” e “irresponsabilidad compartida” a todas las administraciones.

Fuente : El País

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