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España

Las medias verdades en sede parlamentaria de la ministra Montero sobre los impuestos en Galicia

A la ministra de Hacienda no le han pasado bien las notas en su equipo para responder en la sesión de control al Gobierno. María Jesús Montero, en la refriega con la diputada popular Carolina España sobre política fiscal y las intenciones o no del Ejecutivo de subir por decreto los impuestos en Madrid, se ha descolgado afirmando que otras comunidades gobernadas por el PP no reducen gravámenes. La ministra ha preguntado a la diputada popular «por qué no bajan los impuestos en Galicia, Castilla y León o Andalucía», para acto seguido responder ella misma que «no lo hacen como en Madrid porque su discurso es mentira» y que «el efecto que produce la capitalidad en Madrid es lo que permite que Ayuso pueda tener unos tipos más bajos», según recoge Servimedia.

Pero la realidad fiscal gallega es otra. Incluso en los presupuestos autonómicos para 2021, marcados por los efectos de la pandemia a la hora de establecer los parámetros de recaudación, el gobierno de Núñez Feijóo ha ampliado en 24 millones de euros el impacto respecto al ejercicio anterior de sus beneficios fiscales —entre ellos las rebajas impositivas—, hasta alcanzar los 472 millones de euros, según estimaciones de la Consellería de Facenda. El presidente gallego reconoció que bajar impuestos en el actual contexto era complejo, pero garantizó que su Ejecutivo no los subiría a pesar de las dificultades. Es decir, no hay una bajada de tipos en sentido estricto pero sí hay una asunción en las cuentas públicas de un mayor impacto de las medidas tributarias en vigor. Galicia es, junto a Madrid, la Comunidad que menos grava las rentas inferiores a 20.000 euros.

El margen de reducción para Galicia es muy estrecho, principalmente después del historial de rebajas fiscales aprobadas en la Comunidad desde la llegada a la Xunta de Feijóo. El propio presidente ha llegado a estimar en más de 1.200 millones el impacto de las bajadas de impuestos desde que llegó al gobierno en 2009. La primera la aprobó cuando apenas llevaba tres meses en el cargo: reducción del 50% en los impuestos que gravaban la compra de vivienda para menores de 36 años y familias numerosas.

En 2010 dio continuidad a esta política, ampliando la rebaja fiscal a los pisos que se compraban para rehabilitación. En 2013, todavía coleando las secuelas de la crisis económica global, se ampliaron estos beneficios fiscales para aquellos emprendedores que creasen empresas en la Comunidad o comprasen locales de negocio, además de compensar la subida del IVA que acababa de aprobar el Gobierno de Rajoy para determinados grupos de edad y renta.

En 2014, Galicia recortó en medio punto el tramo autonómico del IRPF para las rentas inferiores a 17.700 euros al año, pasando del 12 al 11,5%. En ese ejercicio, la gallega era la Comunidad con menor tributación de España en ese rango de renta, por detrás incluso de Madrid.

El mayor tijeretazo fiscal lo dio la Xunta en 2016, cuando de una tacada sacó adelante una nueva rebaja del tramo autonómico del IRPF —focalizado hacia rentas bajas y medias—, el impuesto de Sucesiones y Donaciones —elevando el mínimo exento de tributación hasta los 400.000 euros— y un programa específico para los tributos que afectaban al mundo rural, tanto en compraventa de viviendas como en transmisiones de explotaciones ganaderas. Se decretaba así el fin de la austeridad presupuestaria.

Dos años más tarde, en 2018, Galicia implantaba una nueva rebaja selectiva de impuestos —tanto de IRPF como de Patrimonio— pero solo para aquellos que inviertiesen en tierras y bienes rústicos que se encontrasen desaprovechados y participasen así en la dinamización de la actividad en el rural. Este alivio fiscal fue también extensible a quienes invirtiesen en la rehabilitación de inmuebles en los cascos históricos o en actividades económicas en los mismos; y no abonarían el gravamen de Actos Jurídicos Documentados aquellos que comprasen suelo industrial de las administraciones.

En 2019 se aprobó la rebaja del 8% al 7% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) en el caso de vivienda usada para uso habitual —con un beneficio estimado para 10.000 gallegos al año, principalmente jóvenes, familias numerosas y personas con discapacidad— y la bajada en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en las herencias entre hermanos. Igualmente se revirtió la subida del Impuesto sobre el Patrimonio de 2013, de tal modo que Galicia regresó a la tarifa estatal, además de incorporarse nuevas deducciones fiscales en el sector de la innovación.

2020, cuyo presupuesto se aprobó en diciembre del año anterior, fue el último ejercicio hasta la fecha con rebaja de tipos impositivos. En esta ocasión se redujo Transmisiones Patrimoniales del 7 al 5% para la compra de vivienda habitual en los concellos integrados dentro de las «zonas poco pobladas» —catalogación que incluye al 94% del territorio autonómico— y del 10 al 6% en el resto de viviendas. También se dijo prácticamente adiós al impuesto de Sucesiones y Donaciones, al elevarse el mínimo exento de los 400.000 hasta el millón de euros, lo que supondría tributación cero para el 99% de los gallegos.Fuente : ABC Diario

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