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Política

El discurso y la realidad

Alberto Fernández dio definiciones clave sobre la economía en Formosa, a 1.100 kilómetros del núcleo duro del poder en el frente que lo encumbró a la Presidencia.

En un territorio donde la actividad privada es casi nula, dijo que tienen “ideas locas” quienes proponen que el Estado sea accionista de las empresas a las que ayuda a pagar los sueldos.

Ese concepto no ha muerto entre los ideólogos de un modelo que admiran cómo China alentó las zonas económicas especiales (ZEE), una singular alianza de capital privado y público que impulsa, desde hace más de 30 años, el crecimiento del gigante asiático. La tentación del “Estado presente” (y gendarme) es fuerte entre esos dirigentes.

Para conocer cómo funciona la “economía de mercado socialista”, hay que observar los patrones culturales y de trabajo que muestra la galardonada película American Factory, producida por Michelle y Barack Obama. Los obreros terminan añorando la protección social del ¡capitalismo norteamericano!

En muchos países, grandes empresas están en manos del Estado, son eficientes y ofrecen productos industriales y servicios de alta calidad. En la Argentina, esa cultura no prosperó por varios vicios; entre otros, las decisiones políticas por encima de los principios de la conducción empresarial y por la corrupción.

Y también porque en varias empresas los empleados consideran que son sus dueños; modifican los conceptos de eficiencia y rentabilidad y no se asumen como “servidores públicos”, como se los identifica en los modelos que admiran. Hay cientos de ejemplos en el país y en Córdoba. Póngale el nombre que quiera.

La buena noticia es que el Presidente alentó una reforma impositiva que –acorde con principios tributarios modernos– haga foco en el patrimonio y no en el consumo. En la Argentina, el 80 por ciento de la recaudación está concentrado en impuestos al consumo, IVA e Ingresos Brutos, principalmente. Se grava de igual forma el gasto de quienes están en la base de la pirámide social y el del 10 por ciento más rico.

Ese objetivo forma parte de todos los gobiernos desde 1994 –¡hace 26 años!–, cuando en la reforma constitucional se incluyó la obligación de sancionar una nueva ley de coparticipación federal.

Fernández volvió a desempolvar esa idea, que en el fondo apuntaría a quitarle recursos a la Ciudad de Buenos Aires –administrada por el dirigente más valorado del macrismo, Horacio Rodríguez Larreta– y dárselos a la provincia de Buenos Aires, en manos de Axel Kicillof. Doctor en Economía, Kicillof aún no encuentra un modelo para atender la cuarentena, la pobreza y el crecimiento. En los mensajes quincenales del Presidente, expone esas dudas.

La reforma de la coparticipación sería algo así como los subsidios al transporte: nueve de cada 10 pesos van al Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), mientras el interior –Córdoba hace más de 20 días, y Rosario y Bariloche, entre otras ciudades– carece de transporte porque no llegan los subsidios.

Eliminar el Impuesto a las Ganancias a trabajadores y a jubilados tiene un enorme apoyo social y de la CGT, pero es un revulsivo para el Ministerio de Economía y para las provincias.

El temblor sacudió por igual a Martín Guzmán y a los gobernadores (el impuesto es coparticipable), luego de la fuerte caída real de recaudación en marzo, abril y la primera quincena de mayo.

La preocupación es la economía pospandemia, sobre la cual no existen señales claras por parte de un gobierno que oscila entre uno y otro discurso. Será difícil si la Argentina no tiene crédito externo por el default interminable (la negociación se extenderá ahora hasta el 12 de junio), sin ahorro interno y con una moneda depreciada.

Será necesario que Alberto Fernández recorra desde Buenos Aires otros mil kilómetros para anunciar lo que esperan los agentes económicos, sin los ruidos del núcleo duro del poder.

CFK. A la sombra del Presidente.

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