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Política

Se viene otra pulseada judicial entre los estatales y la Caja

Los principales gremios afectados por el recorte de hasta un 10 por ciento en las jubilaciones que superen los $ 110.789 anticiparon ayer que debatirán la pertinencia de esta medida en la Justicia provincial. La Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba anunció la medida el martes, sin previa consulta con los sindicatos.

Luz y Fuerza, La Bancaria y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem), que son los que tienen más jubilados afectados, rechazaron el ajuste previsional en ese segmento y ya pusieron a trabajar a sus abogados.

El achicamiento del 10 por ciento en esos haberes es consecuencia de la previa decisión del gobernador Juan Schiaretti de reducir su sueldo en un 45 por ciento, en el contexto de la crisis en la que están inmersas las administraciones públicas producto de la pandemia de coronavirus. Por ley, nadie puede cobrar más que el gobernador, y esto afectará también a las jubilaciones.

“Estamos consultando a nuestros abogados para hacer los amparos correspondientes”, dijo ayer Gabriel Suárez, secretario general de Luz y Fuerza, uno de los sindicatos que goza de altos salarios y que denuncia de modo permanente el déficit de la Caja de Jubilaciones.

El gremio lucifuercista sumará esta vez un nuevo episodio judicial en su pelea histórica por los recortes previsionales durante los gobiernos de Schiaretti, desde la ley de diferimiento y pasando por la ley 10.333, que redujo el haber jubilatorio al 73 por ciento del sueldo activo bruto.

“Le decimos que no al recorte, no a seguir apretando económicamente a los sectores que hoy necesitan la presencia del Estado y no que el Estado les saque recursos, como los pensionados y jubilados”, agregó Suárez.

Por su parte, el secretario adjunto de la Comisión de Jubilados del Suoem, Manolo Ávila, dijo que también evalúan ir a la Justicia.

“Ya hemos puesto esto en manos de nuestros abogados para que estudien el caso. Calculamos que recién la semana que viene tendremos la respuesta de si se puede hacer algo contra este recorte”, dijo el sindicalista. Los municipales de Capital constituyen el agrupamiento con mayor cantidad de afectados por el recorte: más de un tercio del total de los afectados pertenecen al Suoem.

“Nosotros rechazamos este recorte. Pero no es rechazar por rechazar, sino que, más allá de la situación que se está viviendo por la pandemia, los jubilados somos la parte de la población más vulnerable a este virus”, explicó Ávila.

“Los jubilados no podemos salir a protestar porque estaríamos en contra de las recomendaciones y las tenemos que cumplir por el bien de nosotros y de nuestra sociedad. Todo lo que hagamos está supeditado a lo que los abogados nos digan”, agregó.

En tanto, Raúl Ferro, dirigente de La Bancaria, coincidió con sus pares y anticipó: “Es totalmente seguro de que vamos a hacer una consulta jurídica para ver si este recorte está alejado de las reglas”.

Ferro dijo que el “primer paso va a ser que los abogados del gremio estudien la constitucionalidad” de la poda previsional que afecta al sector.

El Gobierno también dispuso que se retrasara el pago a los jubilados en mayo. El argumento oficial indica que la medida apunta a evitar aglomeración en los bancos.

Quienes perciban hasta 30 mil pesos cobrarán recién el lunes 4. En tanto, los que cobren hasta 60 mil pesos lo harán el martes 5 de mayo y el resto, que supera los 60 mil pesos, recién cobrarán el lunes 11 de mayo. Entre estos últimos, están quienes tendrán recortes.

La reducción supone un ahorro de apenas $ 95,7 millones mensuales

Casi el 37% de los jubilados que sufrirán recortes en abril pertenecen a la Municipalidad de Córdoba. Son 3.320 beneficiarios de un total de 9.032 que tendrán una reducción de hasta el 10%, como informó la Caja de Jubilaciones ayer. En segundo lugar están los jubilados bancarios: son 2.007, el 22% del total de afectados, y luego vienen los de Epec, con 1.466, el 16% del grupo con descuentos.

Para abonar abril, el organismo anunció dos cambios: el primero es que demoró el pago entre seis y 12 días para todos los beneficiarios. Siempre abona todas las prestaciones el último día hábil del mes, y este mes escalonó los pagos.

Los haberes de bolsillo de hasta 30 mil pesos cobrarán el lunes 4; los de 30.001 a 60 mil, el martes 5, y los que superen los 60 mil pesos, el lunes 11 de mayo.

Esto no es para “evitar las colas en los bancos”, ya que es un sector completamente bancarizado con poco retiro de haberes en ventanilla. Es más, quedaban unos 200 que cobraban directamente en la Caja y que con la pandemia fueron bancarizados de forma obligatoria.

Es para juntar fondos: se priorizó el pago a los activos adelantando incluso un día el pago al personal de seguridad, al que se le abonará además un extra de $ 5.000.

Hasta el 11, cuando se desembolse el mayor gasto previsional, la recaudación permitirá completar la partida.

Los 108.700 beneficios que paga la Caja demandan seis mil millones de pesos y el 8,33% de los pasivos estará alcanzado por el recorte.

El ahorro con el ajuste es ínfimo: 95.771.110 pesos, el 1,5% del gasto total de la Caja al mes. De la quita a municipales se obtienen 31,3 millones; de autoridades del Ejecutivo y Legislativo, 25,2 millones; de bancarios 17,3 y de Epec, 13,3 millones.

En promedio, los municipales capitalinos jubilados perciben un haber de 108.691 pesos. Hay 6.012 beneficiarios, de los cuales los 3.320 afectados representan más de la mitad del total de las jubilados municipales.

Los pasivos del Banco de Córdoba y del ex-Social suman 5.309, con un promedio de 92.400 pesos cada uno. Allí, el recorte afecta a 2.007 beneficiarios, el 37,8% de los pasivos de ese sector.

Los de Epec tienen un haber promedio de 98.917 pesos, prorrateando la bonificación anual por eficiencia (BAE). Son 1466 los afectados, el 43,2% del total de beneficiarios en el sector.

Los jubilados de la administración pública y organismos descentralizados afectados por el recorte son 858, el 4,74% del total de beneficiarios con quitas.

El promedio de haberes es de 111.644 pesos, con 858 jubilados en el sector. En total, hay 833 jubilados de los sectores de autoridades Ejecutivo, Legislativo y legisladores y 46 de los municipios del interior.

El recorte no afecta a los pasivos del Poder Judicial, protegidos por la intangibilidad de sus haberes que garantiza la Constitución.

Son 1.542 beneficiarios con un haber promedio de 219.911 pesos. El recorte se aplica porque la ley 8.024 establece un tope para los haberes jubilatorios que está anclado en el salario del gobernador.

Como el Ejecutivo, a través del decreto N°255/2020, recortó 45% el haber de los funcionarios en actividad, ese descuento se aplica también a los pasivos. Lo mismo hizo la Legislatura.

Así, el salario tope, que era de 201 mil pesos, pasó ahora a 110.789 pesos. Por lo tanto, no podría haber haberes que superaran ese monto.

Por el momento, el Ejecutivo dispuso “topear” el recorte en un 10%. El promedio de los descuentos será de menos de 8,5%.

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Sorpresa. Los gremialistas se enteraron del ajuste por la prensa. (La Voz)

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