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Política

CC-ARI reclama al TSJ la apertura de Tribunales y el cese de privilegios

La legisladora provincial Cecilia Irazusta, y el presidente de la CC–ARI Córdoba, Gregorio Hernández Maqueda, le enviaron una carta a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Marta Cáceres de Bollati exigiendo el funcionamiento de los tribunales y la adopción de medidas de solidaridad

En la carta presentada el día de hoy, la legisladora y Hernández Maqueda manifestaron su “preocupación ante la dirección que ha tomado el Poder Judicial de la Provincia frente a la situación de emergencia sanitaria y económica que transitamos como sociedad durante la pandemia de Covid-19".

En primer lugar, remarcaron que “la paralización casi total del servicio de administración de justicia genera daños irreparables a los justiciables” y que, aunque nos encontramos ante un marco de emergencia, que incluye el aislamiento social, preventivo y obligatorio, esto “no debiera entenderse como una exoneración del cumplimiento de los deberes de todo funcionario público, más aún un juez o fiscal”.

Por este motivo, le solicitaron a la presidenta del TSJ, “el restablecimiento del servicio de administración de justicia, de manera integral y progresiva, prestando atención y cumpliendo con las pautas y recomendaciones formuladas por el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS).”

En segundo lugar, ante la notoria postura de la gran mayoría de los magistrados de no adherirse a las medidas tomadas por el Ejecutivo y la Legislatura –reducirán sus salarios por cuatro meses a partir de este mes con posibilidad de prorrogarse según dure la emergencia– afirmaron, en un pasaje de la carta, que han quedado "desfazados con respecto a los otros dos poderes", tanto por el hecho de no reducir las remuneraciones de todos los magistrados sino también por el hecho de que se encuentran exentos del pago del impuesto a las ganancias.

Por esto, los firmantes de la misiva consideraron que “todos los magistrados, sin excepción alguna, debieran renunciar o, al menos, flexibilizar ciertos privilegios adquiridos a través de los años, que terminan por provocar un legítimo enojo en el resto de los ciudadanos".

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