Del puño y letra de Videla: la historia de los millonarios beneficios estatales a los que resignará la Iglesia

La Iglesia argentina comenzará esta semana el camino de desvinculación progresiva del aporte económico que le paga el Estado, el cual sumó alrededor de 140 millones de pesos este año.

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La Conferencia Episcopal Argentina busca prescindir de la ayuda económica estatal.

Así, según consigna el diario Clarín, se pondría fin a un vínculo abrigado por un artículo de la Constitución y apuntalado por leyes fijadas hace casi cuatro décadas por la última dictadura militar.

Marco legal

Es el artículo 2 de la carta magna argentina el que señala que "el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano", amparando la potestad eclesiástica de recibir fondos de la Nación.

Tres leyes, la 21.950, la 22.162 y la 22.950 regulan este mecanismo. La primera, sancionada por el dictador Jorge Rafael Videla en 1979 señala que los arzobispos y obispos cobrarán una asignación mensual equivalente al 80 por ciento del sueldo fijado para el cargo de juez nacional de primera instancia. Por su parte, los obispos auxiliares recibirán el equivalente al 70%.

Estos montos son transferidos por la Secretaría de Culto de la Nación a la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, que luego los distribuye.

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Videla promulgó la ley que fijaba el sueldo para obispos y arzobispos.

Un año después, Videla promulgó la segunda ley, que fija un subsidio obligatorio para los sacerdotes que desempeñen funciones en zonas de frontera o desfavorecidas.

Finalmente, la tercera ley -promulgada en 1983 por el dictador Reynaldo Bignone– brindó otro subsidio mensual a cinco institutos religiosos destinados a la formación de párrocos y pertenecientes a las órdenes de los Dominicos, Franciscanos, Mercedarios Jesuitas y Salesianos.

Y si bien varios proyectos de ley en danza apuntaban a recortar o eliminar estos beneficios, por lo visto la Iglesia se adelantará y decidirá directamente renunciar a ellos.

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